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1986-05-12-FALSAS PROMESAS
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FALSAS PROMESAS
La Nación, 12 de mayo de 1986.
Es muy común que los políticos formulen promesas con el único propósito de ser incumplidas. ¿Quién sabe qué seria de muchos de nosotros, criticones aficionados, si ese espécimen del zoológico humano, el político engañador, siquiera el camino del dinosaurio y del dodo? Tal vez sería la mejor muestra de que el hombre puede construir su quimera paradisiaca en este mundo terreno.
La información brindada por ciertos amigos acerca de un hecho reciente, son una prueba palmaria más de esa actitud proclive de ciertos funcionarios o gobernantes, de decir una cosa para precisamente hacer todo lo contrario. Ciertamente no me refiero a los pactos suscritos entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Mundial acerca de reducir los aranceles, ni para detener una burocracia galopante que se hincha con cada gobierno que pasa, ni tampoco hablo de las eternas pérdidas del Consejo Nacional de Producción, pérdidas incurridas por todo un pueblo para promover a unos cuantos.
Estoy hablando de algo más sutil y que se ha mantenido bastante tapado en nuestro medio. Me imagino que la ciudadanía costarricense ha oído decir a las autoridades de este gobierno –escribo esto en la era de la cornucopia y de la abundancia futura– que privatizarían las empresas gubernamentales, pues no sólo eran contrarios –Anfistas conversos– al estado empresario sin ton ni son, sino que también esa decisión le permitió al gobierno del señor Monge percibir una hemorragia de dólares del gobierno de los Estados Unidos. Después de todo, el amable señor Reagan veía en la administración social-demócrata nacional un émulo en chiquito del viraje estatizante de los MItterand-europeos: el gobierno social-estatista se revirtió de la era socializante epitomizada en la ley Prieto, para convertirse en un supuesto ansioso vendedor de empresas estatales.
Aunque algún escéptico podría señalar que la administración Monge privatizó al blanco paquidermo de ALUNASA como caso único, pudiendo haberlo hecho con todas las demás del repertorio de CODESA, todo parecía indicar que ciertamente se trataba de un proceso impostergable y, en especial, de cumplimiento de un compromiso señalado ante los costarricenses y, sobre todo, con el estadounidense que nos ha transferido, vía impuestos, los frutos de sus esfuerzos para que los ticos nos quitáramos de encima las jáquimas que nos autoimpusimos.
Ahora bien, una de las formas ya conocida por las autoridades gubernamentales de deshacerse de sus empresas estatales o más bien de disminuir su inversión en tales empresas, consiste en que el Estado no participa cuando la empresa estatal aumenta su capital. De esta forma, dado el nuevo capital aumentado, la participación del Estado disminuye, lo cual es deseable, si efectivamente se desea que estas actividades vayan paulatinamente quedando en manos privadas.
CODESA era dueña del 40 por ciento del capital accionario de la Bolsa Nacional de Valores –esto es aparte de su total propiedad de un puesto que negocia en tal bolsa.
Recientemente se duplicó el capital de la Bolsa Nacional de Valores y se les ofreció a los accionistas existentes que aportaran el capital en su parte proporcional, de manera tal que su participación relativa no variara. Esto es, si CODESA no aportaba lo que le correspondía, su participación social se reduciría, conceptualmente, a un 20 por ciento del total.
Sin duda alguna, se estaba en presencia de una manera elegante de reducir la intervención del Estado en actividades empresariales típicamente de naturaleza privada.
Lo sorprendente de esto fue que CODESA, se me ha informado, aportó el capital necesario para mantener su proporción en la empresa Bolsa Nacional de Valores. La lección que podemos derivar de esto tantos creyentes en la voluntad estatal de proseguir con la privatización, es que nos encontramos en presencia de una prueba clara y concreta, de que tal promesa tan sólo era útil para que los “gringos” les soltaran más plata al gobierno de Costa Rica.
Vaya tomadura de pelo que nos dieron a tantos…
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1986-06-13-PARA VERDADES, EL TIEMPO
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PARA VERDADES EL TIEMPO
La Nación, 13 de junio de 1986.
Muchas veces debe dejarse que pase mucho, pero mucho tiempo, para darse cuenta de la bondad de aquel decir: las ideas tiene consecuencias.
Recuerdo en el prefacio al libro de Robert. L. Schuettinger y Eamonn F. Butler, Cuarenta Siglos de Controles de Precios y Salarios, que David Meiselman se preguntaba ¿por qué, refiriéndose al control de precios, a pesar de los fracasos repetidos, los gobiernos, con el apoyo aparente de muchos ciudadanos, continúan con esa práctica?
Por supuesto que la realidad de la repetición ad nauseam del error podría provocar cierta angustia en algunos ante tan evidente desidia de los políticos; pero, sin embargo, de vez en cuando, aquí en nuestro pequeño terruño se presentan manifestaciones de personas de valía, quienes van corrigiendo errores de antaño.
Claro que hay mucho de cierto aprecio por la enseñanza de parte de mi persona que me mueve a mostrar cierta satisfacción incapaz de ocultar, pero, aparte de mi muy limitada naturaleza mortal, también se tiene un corazón que recuerda luchas por ideales en años pasados.
A finales del mes de mayo, el doctor Fernando Naranjo, Ministro de Hacienda, en conferencia de prensa señaló que consideraba que era muy importante que Costa Rica revisara su política de cargas sociales, pues ellas elevaban el costo de la mano de obra y nuestro país así perdía competitividad internacional.
Estas palabras del colega Naranjo me hicieron recordar una vieja lucha que diera en el pasado, allá por los inicios del año de 1973, para que el proyecto de Asignaciones Familiares no fuera financiado por un impuesto a la planilla. La batalla la perdí, aunque más bien creo que la perdió el trabajador costarricense.
Lo divertido es que en aquel entonces, el amigo Naranjo señalaba ante mi crítica al financiamiento propuesto, que no era correcto que ello fuera a provocar desocupación, lo cual implícitamente suponía que la cantidad demandada de trabajo no habría de disminuir.
Hoy día (me rehúso a decir “hoy en día” como ahora les ha dado por decir repetidamente a los politiquillos del momento) don Fernando, atinadamente, señala el efecto nocivo de gravar a los salarios, lo cual encarece nuestro factor de producción relativamente abundante. Pasó el tiempo el cual me dio la razón, y el buen análisis económico se mantuvo. Tan sólo le deseo éxito al doctor Naranjo en tan útil cruzada.
Por otra parte, en el editorial del periódico La Nación del día 2 de junio del presente año, al referirse a la nueva política gubernamental de fijación de salarios en el sector privado, se menciona que “los salarios llegaron a constituir un factor de costo inflacionario por crecer en términos reales más rápidamente que la producción”. Es un error suponer que los aumentos de salarios es un factor de costo causal de inflación, como se deduce del párrafo transcrito y de la lectura del editorial.
Sigue siendo una de las proposiciones más establecidas en Economía, que la inflación es un fenómeno originado en el crecimiento excesivo de la cantidad de dinero.
Los proponentes de que la inflación tiene su origen en un aumento de los costos, deben tener presente lo que una vez señaló Irving Fisher: “Obviamente no es suficiente una explicación de un alza general de los precios, que simplemente explica un precio en términos de otro precio”. (Stabilizing the Dollar in Purchasing Power, p. 3). Evidentemente el salario no es más que otro precio, el del trabajo.
Tan sólo espero el paso del tiempo, para que se deje de lado la creencia de que los aumentos salariales son causa de inflación: su causa, más bien, esta vivita y coleando, frente a la esquina de Radio Monumental.
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1986-06-15-ACERCA DE DOS CONCEPTOS DE LIBERTAD
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ACERCA DE “DOS CONCEPTOS DE LIBERTAD”
La Nación, 15 de junio de 1986. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 242-245.
Creo que el artículo de Patricia Rodríguez, “Dos conceptos de libertad”, publicando en la página 15 del 29 de mayo pasado, contribuye notoriamente, por vía de comparación, a elevar la calidad intelectual de esa página. No sólo nos aleja un poco de la modorra de la mediocracia, sino que azuza al pensamiento, lo cual ya es meritorio; alejar el oportunismo no deja de ser una virtud en nuestro medio.
La clara diferencia que establece entre la concepción de libertad, tal como lo entiende Locke en contraste con Rousseau, contribuye a resolver la preocupación externada por Lord Acton en la introducción a su Historia de la Libertad en la Antigüedad. “Ningún obstáculo ha sido tan constante, o tan difícil de vencer, como la incertidumbre y confusión en lo que toca a la naturaleza de la libertad. Si los intereses hostiles le han traído mucho daño, las falsas ideas le han traído mucho más”.
Parte del problema está en el uso del concepto de “libertad negativa”. Hobbes concretamente define que “la libertad, significa propiamente, la ausencia de oposición; por oposición doy a entender impedimentos externos al movimiento” (Leviatán, capítulo XXI). En el lenguaje común o usual, la palabra “negativa” tiene una connotación peyorativa o derogatoria, que le resta aprecio al verdadero sentido de libertad como un negativo.
Sin embargo, creo que es mayor la confusión que introduce, al menos en mi limitada mente, la ensayista Rodríguez, cuando concluye lo siguiente: “ … debe tenerse en cuenta que, en nuestros tiempos, hablar solamente de libertades negativas es irresponsable, debido a la cantidad de necesidades sociales que debe llenar el Estado, sobre todo en países en que sus ciudadanos, por el nivel de educación alcanzado y por la inexistencia de un campo efectivo para la realización individual, todavía necesitan esa ayuda”.
Hay varios aspectos que comentar aquí. En primer lugar, no me queda claro por qué hablar solamente de libertades negativas es irresponsable. Considero, al contrario, que el concepto de libertad negativa es la única forma posible de tratar el tema, sin caer en lo que la ensayista Rodríguez llama el iluminismo de los creyentes en la libertad positiva, por el cual imponen su verdad a quienes incluso no la entienden.
Me parece más bien que es una posición razonable o responsable la expresada por Friedrich Hayek, en su libro, Law Legislation and Liberty, en que nos recuerda de que “la razón fundamental por la cual lo mejor que un gobierno puede dar a un gran sociedad de hombres libres, es negativo, es la inalterable ignorancia de una sola mente, o una organización que pueda dirigir la acción humana, sobre la multitud inmesurable de hechos particulares que debe determinar el orden de sus actividades. Tan sólo los tontos creen que lo saben todo, pero hay muchos de ellos. Esta ignorancia es la causa por la cual el gobierno puede tan sólo asistir (o tal vez hacer posible) la formación de un modelo o estructura abstracto en el cual las varias expectativas de los miembros, aproximadamente, hacen juego las unas con las otras, a través de hacer que esos miembros observen ciertas reglas negativas o prohibiciones que son independientes de propósitos particulares”.
Todo lo anterior, nos conduce no sólo a evitar ese mal uso de “negativo”, sino que también impide los intentos constructivistas por los cuales se pervierte el ideal básico de la libertad como ausencia de coacción.
El segundo aspecto de la conclusión del interesante ensayo de Patricia Rodríguez, y lo cual no me cuadra en mi pobre mente, es cuando señala que “hay una cantidad de necesidades sociales que debe llenar el Estado”. Tal vez sea mi deformación de economista y lo que me mueve a pensar que, al contrario, existe infinidad de necesidades sociales que son satisfechas por las personas actuando libremente y que, más bien, es la intervención del Estado lo que muchas veces impide que las partes contraten libremente (en lo cual ambas partes ganan).
Ahora mismo se me ocurre pensar la infinidad de necesidades sociales –esto es, en el conglomerado humano– que cotidianamente me satisfacen los más variados caracteres individuales y que, me parece, preferiría no fueran sustituidos por la acción estatal: mi mecánico que arregla mi carro, mi carnicero que me vende carne, mi panadero que me suple el pan, mi pulpero que me vende tantas y tantas cosas. Ni para qué seguir dando ejemplos que estoy seguro serán multiplicados por los lectores.
Tampoco me aclara mucho que tal ayuda estatal se tenga que brindar cuando, como indica la ensayista Rodríguez, no exista un nivel de educación elevado de los ciudadanos o que no haya un campo efectivo para la realización individual.
Si se parte de que no existe un “nivel educacional adecuado”, entonces, ¿qué nos puede garantizar que los gobernantes que nos imponen su libertad positiva –esto es, su voluntad y sus gustos– tengan el nivel necesariamente superior al de la población como un todo? Y, aún si así lo fuera, ¿no podría darse aquello de que en país de ciegos el tuerto es rey? Pero, tuerto, al fin y al cabo. Pero, aún más, si no existe un ser humano superdotado quien pueda tener todo el conocimiento de hechos particulares que determinan el orden social, entonces, ¿no se estaría en presencia de un gigante con pies de barro –el Estado– el cual pretende, con la ignorancia propia de los humanos y de sus instituciones, sustituir la infinidad de decisiones dispersas de miradas de individuos, cada cual muy posiblemente con un conocimiento superior de lo concreto que el que posee el todo planificador totalitario?
Finalmente, cuando la autora Rodríguez menciona la necesidad de asegurar un campo efectivo para la realización individual, es necesario señalar que el concepto de libertad al cual nos hemos venido refiriendo, tanto este servidor, como la distinguida ensayista, trata no del problema interno de la libertad de albedrío (freedom of will), sino del problema externo de la libertad de acción del hombre, que es algo político. Así “en tanto interpretemos la libertad como autonomía, no cruzamos el umbral de la política; no porque la autonomía no sea esencial, sino porque es una presuposición subjetiva de la libertad política”, nos dice Giovanni Sartori en un excelente ensayo “Liberty and Law”, en el libro The Politicization of Society. Yo me atrevo a agregar que Sajarov es libre en el Gulag. Libertad de conciencia, bajo barras; así queda clara la diferencia de conceptos.
En resumen: el ensayo de Patricia Rodríguez no debería quedar inadvertido, más que todo por lo claro y coherente de la explicación. A veces uno se entristece porque ensayos como el de Rodríguez, entre otros, queden sumergidos en los fangales de la mediocracia. Pero, algunas flores nacen; la interesante exposición de Patricia Rodríguez es una de las que estimulan a sacudir las mentes ociosas.
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1986-06-19-UN VALIOSO ESFUERZO EDITORIAL
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UN VALIOSO ESFUERZO EDITORIAL
La Nación, 19 de junio de 1986.
Editado por las generosas manos de María Rosa de Bonilla, recientemente vio la luz la obra Colección de Leyes y Decretos Administrativos, producida por la firma de esta plaza, Cultur Art.
Esta edición está caracterizada por el buen gusto y excelente presentación, que imprime un goce intelectual a su lectura, al mismo tiempo que nos acerca a un placer visual y, simultáneamente, nos muestra ser de una enorme utilidad práctica para el ciudadano deseoso de laborar en áreas afines a las relaciones entre el hombre y el Estado.
En numerosas ocasiones los profesionales y los empresarios y, en general, los ciudadanos, nos vemos enfrentados en nuestras tareas a una serie de interacciones con el Estado, por lo que nos involucramos en un conjunto de normas y procedimientos que regulan los sistemas administrativos de nuestro país. Es por ello que esta valiosa colección de leyes y decretos nos facilita la comprensión y actuación en esa importante relación con la cosa pública.
La imprenta hace tratable mucho de nuestro actuar cotidiano en este complicado campo: el libro comentado tiene la virtud de ser una obra de consulta indispensable para el análisis de una serie de temas, los cuales se presentan ordenados y, muy especialmente, al día en lo que trata de la legislación relevante.
Así, por ejemplo, incorpora un capítulo dedicado a normas arancelarias que son vitales para cualquier persona activa en el campo del comercio internacional. Esta sección del libro culmina con el actual Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano, que es el intento más reciente de los países del área para racionalizar sus esquemas tributarios sobre las importaciones. Además, se incluye el provechoso Anexo A de dicho Convenio, el cual contiene, entre otras cosas de importancia, todas las partidas arancelarias con el correspondiente nuevo impuesto ad valorem sobre el valor CIF de las importaciones.
Igualmente conveniente es el llamado Anexo B al Convenio de referencia, el cual se presenta en la obra que comento. Este anexo define los elementos integrantes del llamado “Precio Normal”, que se emplea por las autoridades aduaneras en la aplicación del impuesto ad valorem antes mencionado, así como los procedimientos necesarios para la determinación de los valores aduaneros.
También es importante disponer de la legislación conocida como Código Tributario, el cual se incorpora en la obra de recopilación a que nos referimos. Este código constituye la norma general del derecho tributario del país, por lo cual surge evidente la importancia que para el ciudadano tiene su conocimiento.
No debo omitir mencionar que el libro comentado incluye toda la legislación cardinal en lo que trata de la contratación administrativa con el Estado, tanto en lo que se refiere a la Ley de Administración Financiera como al Reglamento de la Contratación Administrativa, al igual que las regulaciones para ajustes de precios de los contratos de construcción con empresas nacionales.
Debe mencionarse finalmente que, además de otros documentos importantes que incluye la obra, posee una presentación de concordancias que facilita enormemente el trabajo del lector, además de un útil índice de toda la legislación presentada en esta importante recopilación.
Sin duda laguna, la obra Colección de Leyes y Decretos Administrativos se ha de convertir en un compañero inseparable para muchos profesionales ligados a diversas empresas y en labores de asesoría, así como de aquellos ciudadanos deseosos de contar con un conjunto ordenado de normas que regulan el área jurídico-administrativa.
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1986-07-10-ADAM SMITH DIRECTOR DE ADUANAS
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ADAM SMITH, DIRECTOR DE ADUANAS
La Nación, 10 de julio de 1986.
Interesado en las gestiones de muchos costarricenses para arreglar nuestro sistema aduanero, que vio su epítome en la intervención del Ministro de Hacienda, don Fernando Naranjo, y con el deseo de ayudar en los buenos propósitos que al respecto se tiene en mente, acudí a aquella fuente de saber tan útil como es el pensamiento de Adam Smith. Posiblemente al hacerlo corría el riesgo del prejuicio ̶ aquello de que como se trata de liberales, liberaloides o neoliberales, debía ipso facto descartarse ̶ pero, pensé, que, tal vez algunas sugerencias Smithianas podrían ayudar en el esfuerzo nacional que encabeza el Ministro de Hacienda.
Al empezar a revisar algunos libros, ¡vaya menuda sorpresa que me llevé! Por supuesto que el preclaro liberal, enemigo del mercantilismo y del social-estatismo, tenía algunas buenas recetas para nuestra enfermedad aduanera, que posteriormente brindaré. Pero lo que no sabía o recordaba era que Adam Smith en los últimos años de su vida fue director de aduanas en Escocia.
¡Traición a los liberales: el sumo sacerdote de los despreciables “laseferianos”, casi en el ocaso de su vida, no dudó en trocar sus ideales opuestos a las exacciones por un bien remunerado salario de empleado público y, peor aún, como aduanero encargado de poner impuestos ̶ obstáculos, trabas, barreras ̶ al libre comercio, de cuya bondad dos había convencido!
Se requiere de la calma de tirios y troyanos. Aparte de la buena remuneración del cargo ̶ evitaba, en apariencia, la tentación ̶ de seiscientas libras esterlinas al año, de las buenas de esa época, Smith pudo, en los últimos años de su vida, al asumir se cargo en Edimburgo, estar cerca de sus amigos y, en especial, de su madre enferma, pues, tal vez, ser soltero de por vida le provocaba una soledad incómoda.
Pero, después de todo se busca la consistencia de las ideas: Adam Smith no predicó que se eliminaran totalmente las tarifas y las aduanas. Sus quejas principales ̶ y vean lo actuales que son ̶ eran acerca de la arbitrariedad e impredecibilidad con que se imponían los aranceles, además de los altos costos de la administración de tales impuestos y de cómo se manipulaban para favorecer a monopolios y grupos de privilegio: algo así como nuestros exentos o exonerados de hoy.
Las reglas tributarias de Adam Smith ̶ certidumbre, conveniencia, no arbitrariedad, pago proporcional a sus habilidades, costos de administración bajos ̶ continúan engalanando los textos importantes de finanzas públicas.
Y la puesta en práctica de Adam Smith, el hombre, el director de aduanas, desde Panmure House en Edimburgo, de algunas de estas ideas le alegraron de cómo durante su administración se logró reducir el costo de recaudación de los impuestos, sin que tuvieran que aumentar ni las tasas ni los impuestos. Simplemente: mayor eficiencia.
Por supuesto que Adam Smith no consideraba inmoral per que se adquirieran bienes de contrabando. En su clásico La Riqueza de las Naciones escribió:
“…No mucha gente tiene escrúpulos acerca del contrabando, cuando sin perjurar, encuentra alguna oportunidad segura y fácil de hacerlo. Pretender tener algún escrúpulo acerca de la compra de bienes de contrabando… sería visto en la mayoría de los países como una de esas piezas pedantes de la hipocresía, que, en vez de ganar crédito con alguien, sirve tan sólo para exponer a la persona afecta a hacerlo como un pícaro mayor de lo que es la mayoría de sus vecinos.”
El embrollo que se ha hecho con nuestro sistema aduanero no creo que pueda ser resuelto, como algunos han sugerido sin llegar al meollo del asunto, en vez de revolotear en el marasmo de las indefiniciones, con la buena intención de colocar ángeles en vez de humanos, con revisar los papeles, con hurgar en procedimientos ahora obsoletos para cambiarlo por otros mejores. Cierto es que, con la excepción de la imposibilidad angelical, todas estas medidas contribuyen en algo a resolver el problema. Pero ello equivale a aliviar los dolores del cáncer sin extirpar al cangrejo. Tal vez para lograr lo último nos sirva de guía el consejo del aduanero Smith, quien de nuevo, en La Riqueza de las Naciones, indicó:
“Altos impuesto, algunas veces al disminuir el consumo de los productos gravados, y otras veces al estimular el contrabando, frecuentemente dan lugar a una recaudación menor para el gobierno que la que se obtendría con impuestos más moderados.”
Aquí está la lección: como escolares podemos beneficiarnos de la enseñanza. Ahora, a ponerla en práctica sin titubeos, vacilaciones o flaquezas.
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1986-07-18-MONSEÑOR ARRIETA NO APROBARÍA MI CURSO
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MONSEÑOR ARRIETA NO APROBARÍA MI CURSOLa Nación, 18 de julio de 1986.
En diversas ocasiones el pastor de la grey católica, monseñor Román Arrieta, ha intervenido públicamente en asuntos acerca de los cuales es tan limitado como cualquier otro ser humano. Sin embargo, por su condición de jefe de la Iglesia Católica sus palabras tienen una enorme trascendencia para muchos costarricenses.
En un pasado algo reciente, su preclara actividad política en favor de un partido determinado levantó preocupación en la conciencia de muchos ciudadanos ̶ buenos católicos, por lo que puedo saber ̶ acerca de si al mantener un afecto político por otra agrupación, ello les trasladaba a un campo distinto al del abrigo de la madre Iglesia.
Después de todo, la hiperactiva participación partidaria del jefe del catolicismo costarricense a favor de un grupo concreto, no dejó de incomodar a quienes mantenían opiniones muy distintas, tal vez tan sólo obscurecidas por la ambición del poder. Muchos de estos buenos católicos costarricenses consideran que la función de un sacerdote atañe, principalmente, en su esencia, a temas de naturaleza religiosa y no de política electoral partidista.
Monseñor Arrieta, tal vez presionado muchas veces por esa misión de comentarista semanal y deseoso de no faltar en ese apostolado, recientemente hizo algunas prédicas de naturaleza económica. Lo triste del caso es que ̶ como humanos limitados que somos ̶ nos explica las cosas de una manera tal que aparenta conocer mucho del tema, cuando en realidad impresiona su desconocimiento del mismo.
El primer sábado de este mes, Monseñor decidió referirse en su charla semanal al tema de los salarios ̶ tema trascedente en estos instantes de arduas negociaciones entre partes interesadas. Y dijo, entre muchas otras cosas, más o menos lo siguiente, después de aconsejar cautela en las solicitudes de los sindicatos para aumentar los salarios, porque de no ser así, “habría una fuerte emisión de dinero: la oferta aumenta, la demanda baja y los precios se elevan”.
Como profesor de la materia en la Universidad de Costa Rica ̶ y creo que cualquier estudiante de elementos de Economía así lo debe saber, por lo menos en mi curso ̶ debo aconsejar a mis estudiantes y al público en general que no presten atención al Monseñor Arrieta metido en lides de economista. En primer lugar, el efecto de la emisión excesiva de dinero en la economía es precisamente lo contrario de lo indicado por Monseñor Arrieta: provocaría un aumento en la demanda agregada y hasta puede pensarse que una disminución en la oferta, pero, en todo caso, es por ello que aumenta la generalidad de los precios. En segundo lugar, si fuera cierto lo que dice por Monseñor ̶ que un aumento en la cantidad de dinero provoca un alza en la oferta y una baja en la demanda ̶ ello más bien lo que provocaría sería una reducción de la generalidad de los precios; esto es, lo contrario de la inflación.
En realidad no tengo interés en darle una lección de elementos de Economía a Monseñor Arrieta. Más bien me veo motivado a hacer este artículo por dos razones: la primera de ellas, que debo aconsejar a mis actuales y futuros alumnos de Economía que sean escépticos ̶ escépticos sanos ̶ acerca de mucho que se dice acerca de esta materia y que, aún cuando algunos pueden saber mucho de otras cosas, son tan humanamente limitados en otras, lo cual es necesario recordarlo. En segundo lugar, creo que es conveniente que a Monseñor Arrieta se le respete por su condición de sacerdote, pero, por supuesto, no por la de economista: ojalá que a este fin contribuya este sacerdote con mesura y silencio de sabio.
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1986-08-07-UNA NOTA AL PIE DEL ATÚN
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UNA NOTA AL PIE DEL ATÚN
La Nación, 07 de agosto de 1986.
El reciente debate en la Asamblea Legislativa acerca del llamado contrato atunero, llamó mi atención por diversas razones. En esta oportunidad quiero referirme a una de ellas, cual es la cita que la presidenta de la Asamblea Legislativa, doña Rosemary Karpinsky, hizo de la obra de Sir Henry Maine, Gobierno Popular.
Da la casualidad que, en el momento en que don Rosemary hacía tal referencia, motivado por la lectura de la recopilación de don Fernando Volio “Democracia: valores y principios”, me encontraba sumergido en ese libro de Sir Henry Maine. Por ello, cuando doña Rosemary mencionó la obra más connotada del inglés, de inmediato me propuse leer con más cuidado lo escrito por él.
Pero todo el asunto más bien me confundió. Veamos qué fue lo que la presidenta de la Asamblea Legislativa dijo: “…como apunta Sir Henry Maine en su obra Gobierno Popular, la democracia supone que el mejor de los modos de decidir los asuntos públicos, los de mayor importancia, es plantear tales cuestiones a todo el pueblo o una parte de lo que más ampliamente sea posible. Y continúa doña Rosemary con sus propias palabras: “Eso significa la formulación de política por la mayoría que sea directamente por los votantes mismos o indirectamente por sus representantes electos, mediante voto mayoritario…”.
Debo confesar que busqué y busqué en mi edición del libro (Popular Government, Liberty Classics, Indianapolis, 1976) las palabras exactas que citara doña Rosemary y, lamentablemente, nos las encontré, muy probablemente debido ello a mi mala naturaleza detectivesca, pero, en todo caso, el no hallazgo es irrelevante para mis consideraciones, por lo que parto, para despejar el camino, de que efectivamente la afirmación hecha por doña Rosemary es propiedad de Sir Henry Maine.
Donde sí hallo un problema en la referencia de la presidenta de la Asamblea Legislativa es en su deducción de que lo expresado por Maine “significa la formulación de política por la mayoría que sea directamente por los votantes mismos o indirectamente por sus representantes electos, mediante voto mayoritario.” Doña Rosemary pretende mostrar que la afirmación de Maine necesariamente conduce, y basta leer su intervención de ese día en la Asamblea Legislativa, a que la política se formula con el voto mayoritario, precisamente de mitad más uno (doña Rosemary habla de “mayoría absoluta de votos presentes”).
Lamentablemente, de lo presuntamente dicho por Henry Maine no se deduce lo que concluye doña Rosemary, además de que sir Henry no parece haberse mostrado en sus escritos como gran aficionado a sistemas políticos de votación que deciden por “una mitad más uno”.
Así, primeramente, aún si fuere cierto, como supuestamente lo señala Maine, que “la democracia supone que el mejor de los modos de decidir los asuntos públicos, los de mayor importancia es plantear tales cuestiones a todo el pueblo o una parte de lo que más ampliamente sea posible”, no se deduce necesariamente de ello que la simple mayoría ̶ mitad más uno, como lo propone doña Rosemary ̶ sea lo que irrestrictamente formula la política.
Es concebible que, si bien pueden plantearse los asuntos públicos lo más ampliamente posible, perfectamente en una democracia ellos también pueden decidirse por algo más que una supuestamente virtuosa mayoría de mitad más uno. Abundan los tratados, entre los cuales, puede deducirse, está el propio libro Gobierno Popular de Sir Henry Maine, en los que se especifica la necesidad de ciertas votaciones calificadas para evitar el error de una presuntamente justa, por derecho propio, mayoría de mitad más uno.
Además, basta citar algunas de las ideas de Henry Sumner Maine acerca de la democracia, para que nos ayude, aún más, a comprender el non sequitor de doña Rosemary. Así, él señaló que “…cuanto más se comprueban las dificultades de los gobiernos de multitudes, y cuanto más cuidadosamente se examinan las influencias que actúan sobre ellos, más fuerte crece la duda acerca de la infalibilidad de legislaturas electas popularmente”. (P. 183, “The Age of Progress”, en Popular Government).
Igualmente, Maine señala que “…cuando esta mayoría multitudinaria es llamada al Gobierno para el propósito de que promueva su propia felicidad, se hace ahora evidente que, independientemente de la enorme dificultad de obtener alguna conclusión de una multitud de hombres, no hay seguridad de que esta multitud sabrá cuál es su propia felicidad, ni cómo puede ser promovida.” (P. 171, “The Age of Progress”, en Popular Government).
Para terminar, Maine nos recuerda que democracia es “simplemente y solamente una forma de gobierno. Es el gobierno del Estado por los muchos, opuestos, de acuerdo con el antiguo análisis griego, a su gobierno por los pocos y su gobierno por uno. El límite entre los pocos y los muchos y, de nuevo, entre las variedades de los muchos, es necesariamente indeterminado, pero, después de todo, la democracia permanece como una simple forma de gobierno…”. (P. 80, “The Nature of Democracy”, en Popular Government).
Tal vez a doña Rosemary le hubiera resultado más útil emplear los argumentos expuestos por Rousseau o Bentham para justificar su “mitad más uno” como norma de votación en la democracia, pero no a Sir Henry Maine, quien precisamente se caracteriza por su escepticismo ante el moderno fenómeno político de la democracia y la susceptibilidad a que evolucione hacia una dictadura, como mucho nos lo recuerda el caso de Napoleón.
Así, el demócrata Maine, al que nos refiere doña Rosemary, no duda un instante en señalarnos que “…algunas veces ha pensado que uno de los principales inconvenientes que tiene la democracia moderna es que, mientras da a luz al despotismo con la mayor facilidad, no parece ser capaz de producir una aristocracia, aunque es la forma de ascendencia política y social de la cual hasta ahora ha surgido todo progreso.” (P. 1990, “The Age of Progress”, en Popular Government).
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1986-08-18-EL OCASO DEL SOCIALISMO
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EL OCASO DEL SOCIALISMOLa Nación, 18 de agosto de 1986.
Parece ser inevitable que, después de un amanecer, surge el atardecer. No me importa si se le quiere llamar privatización o liberalización, si por ello se refieren a la toma de medidas liberales o, como despectivamente les llaman, aunque al mismo tiempo sean sus férreos promotores, decisiones “liberaloides”. Tal vez sea mejor decirle pan al pan y vino al vino: se trata de la incorporación gradual de medidas capitalistas en nuestra organización económica, caracterizada hasta la fecha por esquemas socialistas y, particularmente, por lo que don Constantino Láscariz en su libro Desarrollo de la Ideas Filosóficas en Costa Rica, una vez llamó el “Socialestatismo”.
El apego por los esquemas socializantes, basados en la acción estatal que reemplaza al actuar individual, al fuerte control de la economía por parte del gobierno y a la inclinación por la propiedad colectiva de los medios de producción, estimulado en el pasado reciente por algunos, ha sufrido un giro bastante interesante durante los últimos días y hoy se les observa tomando medidas económicas orientadas a la promoción de la iniciativa individual, estimulando el uso de los mecanismos del sistema de mercado ̶ que paradójicamente aún ciertos caracteres llaman “vil dejar que la oferta y la demanda determinen el precio” ̶ así como enfatizando la propiedad privada en vez de la estatal y la búsqueda de utilidades como rector de la ciencia económica y social, en muchos casos.
Recuerdo cuando no hace mucho tiempo en las aulas de la Universidad de Costa Rica, no únicamente en las de la Escuela de Economía, la moda intelectual consistía en el impulso de esquemas socializantes, tales como reforma agraria integral, universidades necesarias, programas globales de planificación central o “dirigisme”, la necesaria y “justa” fijación gubernamental de multiplicidad de precios, algunos de ellos sumamente importantes en la economía, como los salarios, tipos de interés, alquileres, entre otros, todo ello dentro del marco ideológico socialista de la acción colectiva que suplanta la acción individual, especialmente en el campo de la economía. (De paso, si algún lector desea confirmar esta impresión, le recomiendo la lectura de un ensayo de la figura más destacada del pensamiento social-estatista de ese entonces, Rodrigo Facio, “Autoridad y Libertad”, el cual se puede encontrar en la recopilación de Fernando Volio, Democracia: Valores y Principios).
Un largo, meándrico, y sobre todo costoso camino ha tenido que recorrer nuestro país para que los apologetas del nuevo orden, aquellos quienes previamente atacaban esas mismas políticas y aún lo hacen cuando se trata de desprestigiar a los defensores permanentes de las nuevas ideas, en estos momentos, de distintas formas y en buena hora, promueven esquemas orientados a que sea el mercado y no la suficiencia del presunto omnisapiente planificador, el que asigne los recursos productivos escasos en diferentes actividades alternativas y que defina todo tipo de políticas económicas del país.
Un ejemplo concreto de un cambio oportuno es la nueva política anunciada por el gobierno de la República en torno a CODESA. La aplaudo, pues creo que revierte un pecado original. La propuesta adelantada consiste en la venta o liquidación ininterrumpida de las empresas de CODESA, la no realización de nuevas inversiones ni la puesta en marcha de empresas estatales adicionales, así como que la entidad no contraerá nuevas obligaciones ni brindará nuevos avales. Queda en manos del segundo Vicepresidente de la República, don Jorge Manuel Dengo, vigilar porque estos tres grandes lineamientos sean efectivamente llevados a cabo por las autoridades de esa empresa gubernamental.
Me siento alegro de que no sea el intervencionismo y el paternalismo de la Ley Prieto, promovida por el social-estatismo de hace varios años, el que prime, sino que, al contrario, los vientos de liberalización se entronicen en la casa de los dinosaurios blancos. Sumamente orgullosos deben sentirse quienes ahora, al igual que algunos en el pasado lo estimulamos, intentan que la empresa privada sea la que asuma las funciones empresariales del Estado, personificadas en CODESA, así como que algunas autoridades, quienes ni siquiera el riesgo individual desean asumir, sean objeto de su liquidación y desaparición terráquea.
Quiero brindar un par de consejos a estos promotores de medidas liberalizadoras. En primer lugar, aún dentro de su propio seno político encontrarán enemigos, algunos nobles, frente a frente, en tanto que otros, ocultos en el oportunismo politiquero harán lo indecible para que fracasen en su bien orientado propósito. Las burocracias, agarradas de la carne del presupuesto estatal como garrapatas succionadoras, se opondrán a los esfuerzos de privatización, sin duda alguna pensando en su propio interés y empleo y clamarán por la desaparición de los puestos, los cuales en primera instancia nunca deberían de haber sido creados. Muchos cercanos proveedores y asesores de esas empresas estatales también formarán parte del coro del “statu quo”, que únicamente les garantiza una renta económica de recursos provenientes del erario.
En segundo lugar, un problema serio que enfrentarán esos ciudadanos responsables del manejo de fondos públicos, es la necesidad de que las medidas liberalizadoras en su sector, formen parte de un esquema necesariamente más amplio dentro del aparato estatal. Así, por ejemplo, poco valdrá que se intente incorporar la iniciativa individual en FERTICA, si, al mismo tiempo, el Estado fija arbitrariamente el precio de los fertilizantes en el país. Las iniciativas individuales funcionan precisamente porque desean obtener utilidades y, por consiguiente, aborrecen las pérdidas. Ello es lo que mueve a ser eficiente. En contraste, el administrador estatista no tiene ese incentivo. (Confirmar al propio Gorbachov, quien en el epítome de su nación socialista ha dicho que los administradores deben buscar esquemas de “descentralización” ̶ el eufemismo de por allá ̶ a fin de que la economía soviética pueda crecer).
Es por ello que si el Estado, por algún otro lado y por otras medidas contradictorias, frenan ese estímulo creador de la iniciativa individual, de nada valdrá el esfuerzo nacional en busca de la eficiencia. Y, aunque no me lo perdonen los estatistas de oficio, debo señalar que esa actitud de dependencia del paternalismo del Estado se hace presente en ciertos grupos, quienes algunas veces se escudan en ̶ ¡qué falta hace don Constantino Láscariz en esta mediocridad! ̶ , que algunos tienen cierto aire de “porecitos (sic)”, para que se les exima del vigorizante aire competitivo, cuya omisión se traduce, tarde o temprano, en costos mayores para la colectividad como un todo y en los que no se debería de incurrir como principio.
Finalmente, muchos costarricenses debemos ser conscientes de que estas nuevas fuerzas liberalizadoras ̶ y que se vayan silenciando los que con desprecio hablan de “liberaloides” ̶ no son irreversibles. Lo mejor que les podría suceder a ciertos enquistados socializantes es que sus mismos compañeros de partido fracasen en sus intentos. Ello exige dos cosas: primeramente, que quienes no forman parte de ese grupo gubernamental que impulsa los cambios liberalizadores, estén prestos a señalar cuando faltan medidas complementarias a las impulsadas o bien cuando es más palabras que acciones lo que se propone. Ya en el pasado se ha sufrido de medidas liberalizadoras a medias, que han servido para que los enemigos de ellas se apeguen a presuntos fracasos para desprestigiar las ideas de libertad. Pero, en verdad, no fracasa lo que no se pone en práctica. Las personas medianamente preparadas y cultas deben plantear claramente lo que falta en un programa liberalizador como el observado, para que así tenga éxito y no se vaya a culpar de su fracaso precisamente por lo que se omite.
En segundo lugar, quienes en verdad creen en los buenos propósitos por parte de las autoridades gubernamentales a que nos hemos referido y que, por el contrario, no se trata de una nueva forma de exprimir el erario de los Estados Unidos y al de agencias multilaterales de ayuda, deben ser consistentes, persuasivos, perseverantes y, sobre todo, librados de dogmas partidarios, para promover exitosamente las ideas comentadas. Muchas veces es mejor que se diga: de algo sirvió y no de que de algo se sirvió.
Las nuevas autoridades de CODESA y la política sobre ella anunciada por este gobierno deben contar con nuestro apoyo y, sobre todo, con buena suerte: los escollo son muchos y los enemigos desde adentro, son más.
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1986-08-27-IDENTIDAD GOBIERNO-PARTIDO
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IDENTIDAD GOBIERNO-PARTIDO
La Nación, 27 de agosto de 1986.
A veces se presentan ciertos acontecimientos ante los ojos de las personas, sobre los cuales vale la pena que puedan dedicarles un momento de su reflexión, a fin de que se logren evitar males mayores que los actuales en la conducción de la cosa pública.
Un hecho significativo se presentó recientemente en la televisión, en el programa Fuego Cruzado, durante un debate entre los doctores Miguel Ángel Rodríguez y Carlos Manuel Castillo. En el curso del diálogo, el economista Rodríguez manifestó su preocupación ciudadana porque ciertas cifras, que allí indicó, mostraban un alto grado de financiamiento bancario al gobierno, en la época crucial de finales de la campaña política recién pasada, lo cual pudo haber influido en la victoria política de un grupo específico, Don Miguel Ángel Rodríguez señaló que, de ser así, se haría evidente una práctica muy peligrosa, cual es la identificación del gobierno de la República con un partido político, hecho que incluso corre a contrapelo de nuestro ordenamiento jurídico. El Dr. Rodríguez fue mesurado en sus aseveraciones y dijo que valía la pena que se investigara la posibilidad de que hubiera sucedido el problema que expuso, tal como lo estaba haciendo cierto grupo de diputados del principal partido de oposición.
Harto sorprendente, al menos para algunos, resultó ser la reacción del interlocutor, don Carlos Manuel Castillo, ante las aseveraciones de don Miguel Ángel Rodríguez: don Carlos Manuel dijo que de ser cierto lo que don Miguel Ángel señalaba, pues en buena hora, porque eso significaba que se hubiera elegido al Partido Liberación Nacional en contraste con el Partido Unidad Social Cristiana, para proseguir gobernando.
En Costa Rica una de las principales características de su régimen jurídico es precisamente la necesaria separación entre el gobierno de todos los costarricenses y el interés concreto o particular de un partido político específico. A la par nuestra, en Nicaragua, se puede observar lo que significa para la libertad ciudadana, la identificación entre el gobierno de la República y el partido político sandinista. México es otro ejemplo evidente ante nuestros ojos.
Sin duda alguna, la concepción totalitaria que en ese momento exhibió don Carlos Manuel Castillo al identificar al gobierno con el partido, más puede atribuirse a una torpeza que, espero, a un deseo patente de usar los recursos públicos, por medio del gobierno, en beneficio del partido de su preferencia, pues, de ser así, significaría una aspiración de extirpar tradiciones democráticas que a los costarricenses nos ha costado muchos años forjar.
Espero que lo que el señor Castillo afirmó en ese programa de la televisión no sea una prueba clara de lo que H. L. Mencken escribió una vez: “Lo que subyace todo esto, creo, es un sentido profundo del antagonismo fundamental entre el gobierno y el pueblo al cual gobierna. (El gobierno) es interpretado, no como un comité de ciudadanos escogidos para llevar a cabo los asuntos comunales de la población como un todo, sino como una corporación separada y autónoma, dedicada principalmente a explotar a la población para el beneficio de sus propios miembros”. (H. L. Mencken, A Mencken Chrestomathy, citado en Murray N. Rothbard, “H. L. Mencken: The Joyous Libertarian”, The New Individualistic Review, Vol. 2, No. 2, verano de 1962, p. 18).
Lo que preocupa es que, casi simultáneamente a lo actuado por don Carlos Manuel Castillo, el diputado don José Miguel Corrales había lanzado por la prensa la admonitoria expresión de que Liberación gobernaría por veinte o treinta años más. Es por ello que los ciudadanos debemos estar conscientes de los deseos en el uso de los fondos del gobierno para la entronización de un partido gobernante hasta el fin de los siglos, lo cual parece habernos sido anunciado por estos dos políticos.
Puede esperarse que. tanto don Carlos Manuel Castillo, como don José Miguel Corrales, reciban algunos consejos de sus copartidarios deseosos del mantenimiento del pluralismo en nuestro país, acerca de lo que podría esperarse con la vigencia de un gobierno identificado con un partido político en Costa Rica, como ellos dos parecen desearlo. Además, de parte de la generalidad de la ciudadanía deberá brindarse un profundo rechazo a los deseos hegemónicos de estos dos simples costarricenses más.
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1986-09-26-PROMESAS FIRMADAS
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PROMESAS FIRMADASLa Nación, 26 de setiembre de 1986.
La publicación en La Nación del día 24 de setiembre del llamado “Manifiesto de Santa Cruz”, entre otras cosas solicita que la anunciada política gubernamental sobre el sector agrícola incorpore el “contenido económico de los decretos vigentes del gobierno anterior”.
En verdad resulta interesante la situación que el actual gobierno enfrenta, como resultado de algunas decisiones tomadas por la administración anterior, amén de algunas propias, y que se relacionan con el cumplimiento de ofrecimientos firmados por las autoridades gubernamentales ante grupos específicos de presión.
No me interesa referirme al tema de la política agrícola en sí ̶ ese es otro arroz ̶ sino a la actitud de los gobiernos de ofrecer y hasta de firmar documentos por los cuales se comprometen al logro de ciertos objetivos concretos, lo cual muy posiblemente les permiten aplacar presiones momentáneas, en tanto que posponen las decisiones políticamente espinosas y que tristemente son las que tiene que asumir ante el pueblo un gobierno que se precie de responsable.
Si algún grupo de presión bloquea alguna calle a fin de lograr, por ejemplo, que se construya cierta carretera, verbigracia la del Atlántico o el suministro adecuado y seguro de agua en la frontera sur, casi de inmediato para tratar el tema se forma alguna comisión gubernamental, generalmente de nivel intermedio, en la cual no participan los jerarcas máximos, quienes así se cubren ante un posible fracaso de las negociaciones.
Como resultado de esa comisión se firma alguna promesa de cumplimiento por parte del gobierno y así se satisfacen las peticiones de la comunidad involucrada. Aquí ya sí aparece firmando el jerarca máximo, quien, después de los abrazos de rigor, regresa a su mullido sillón ministerial a meditar cómo logrará cumplir lo firmado o bien cómo le dará vuelta a las promesas para acarrearlas hasta el fin de siglo.
Lo que sucedió con los agricultores a finales de la administración anterior tiene ribetes que lo clasifican dentro de la comedia politiquera usual del ministro del gobierno liberacionista, quien, como parte de su esfuerzo para elegir al candidato de su partido político ̶ a confesión de parte me siento relevado de las pruebas ̶ procede a firmar una serie de decretos por los cuales se otorga a los agricultores todo tipo de ayuda financiera y bancaria entre otras cosas. Lamentablemente las autoridades del Banco Central callan sobre la imposibilidad de cumplir con lo que el gobierno central firmó y las ilusiones de los créditos baratos, de las tasas de interés subsidiadas, la posposición ad infinitum de las deudas con los bancos y toda la pulpería de donaciones baratas, de las que el gobierno, con habilidad digna de los mejores magos del mundo, puede hacer gala y regalo en época de elecciones, sólo se reflejan en pupilas con signos de colones, pues yo no sirven las deudas en dólares.
Y cuando las ilusiones pasajeras se muestran en la cruda y esplendorosa realidad, surge la petición, una entre muchas otras más, para que se dote de contenido económico al ofrecimiento insatisfecho. Dotaciones que sin duda alguna provendrán del bolsillo de todos y cada uno de los costarricenses. Así todo resulta hasta divertido.
Sin embargo, no contaban con que también el gobierno anterior firmó otras promesas y precisamente no con quien votaba, sino con quien le proveía mucha de la plata que casi le iba a asegurar el fin último del gobernante: retener el poder.
Existe un convenio entre el gobierno de los Estados Unidos de América y el gobierno de Costa Rica para la venta de productos agrícolas, dado en San José de Costs Rica el 29 de noviembre de 1985 y que debe estar en algún archivo de la Asamblea Legislativa, con la firma de las mismas autoridades que posiblemente endosaron los anteriores ofrecimientos a los agricultores, Bueno, lo interesante es que en este convenio, conocido popularmente como P. L. 480, y por el cual se nos dio mucha de la plata necesaria para la comedera del país, se lee lo siguiente:
“El CNP y el MEC (Ministerio de Economía y Comercio) eliminarán todos lo subsidios para granos básicos en cada nivel de transacción. En otras palabras, el precio de venta a los mayoristas, detallistas y consumidores, cubrirá al CNP todos los costos de adquisición, transporte, manejo y gastos administrativos y financieros relacionados con los granos básicos. Dichos subsidios se eliminarán a más tardar el 31 de diciembre de 1986”.
Bueno, queda ahora por ver si también se cumplirá esta promesa firmada por las autoridades gubernamentales, aunque se alegará que se trataba de otros caracteres, pero… si el gobierno sigue siendo el mismo.
