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2011-03-22-ASÍ SE GASTAN NUESTROS FONDOS
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ASÍ SE GASTAN NUESTROS FONDOS
La Extra, 22 de marzo del 2011.
Los ciudadanos debemos estar atentos al gasto que efectúa el estado, pues son fondos obtenidos principalmente por vía de impuestos. Esto es significativo en instantes en que el gobierno propone un paquete de aumento de gravámenes ante la Asamblea Legislativa. Pero también la oportunidad no debe ser la regla que defina nuestra actitud vigilante, sino porque aquellos dineros son producto de un esfuerzo muy grande que los ciudadanos llevamos a cabo para ganarlo y también porque el uso que el estado haga de esos recursos impide que lleve a cabo alguna otra actividad que bien podría ser más rentable que la escogida.
Quiero referirme a dos temas de gasto público. Uno trata del uso de vehículos en el estado. El ICE tomó una buena decisión al frenar a tiempo la compra de, creo, unos 256 vehículos nuevos. La medida se basa en que la situación económica del país no es la adecuada para tal gasto y que era mejor reparar o mejorar el mantenimiento de los carros existentes que comprar nuevos. Ojalá esta acción la imiten otras entidades del estado y no sólo en cuanto a vehículos, sino en muchos otros gastos. En el campo de la publicidad algunos entes podrían moderarse. El SNAA, cada rato paga páginas enteras dedicadas al autobombo o a felicitar a quienes son partícipes de sus acciones, sin que ello importe un bledo ni agregue valor alguno, excepto para politiquillos mediocres quienes creen que así aumentan sus puntos electorales.
Más interesa lo sucedido con dos nuevos vehículos de lujo AUDI que la Casa Presidencial pensó adquirir para sus dos vicepresidentes. También se detuvo su compra, pesando de nuevo el argumento de que la situación del país no lo permite. Pero, ¿es que se justifica tan lujoso gasto para ciertos funcionarios? Hoy poseen carros muy caros y tal vez el único pecado es que no son del año. Parece que no hay mejor forma de gastar la plata; algo que dé un mayor beneficio al ciudadano en vez de suavizar el asiento del burócrata. Resulta que ya le están buscando la vuelta al palo: se ha dicho que, si se cambian por unos cuantos vehículos viejos del gobierno, se podrían adquirir. El negocio está en que quien los recibe a cambio no tiene que pagar los impuestos de esos vehículos viejos. La movida es posible al eximirse a sí mismo el estado del pago de gravámenes. ¿Suena feo, verdad? ¿Por qué mejor simplemente no comprar esos nuevos carros de lujo y ahorrarle plata al pueblo?
El segundo tema de gasto público tiene que ver con la reacción gubernamental ante la multitudinaria manifestación de los sindicatos estatales en contra del paquete de impuestos y a la vez por mayores salarios. Con toda razón la Presidenta expuso tan ilógica posición sindical. Dijo que cómo se iban a oponer a más impuestos y a la vez pedir mayores salarios, si para poder dar esos aumentos eran necesarios más recursos. Eso es cierto, pero también el mensaje presidencial de trasfondo es muy claro: la Presidente ya está diciéndonos cómo va a gastar los mayores recursos que planea obtener con el paquete tributario. No es cierto que el propósito sea reducir el déficit; ese es un pretexto. La verdad es que quiere más plata para gastar más fondos, los cuales pagamos todos los ciudadanos.
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2011-03-29-LA COMMEDIA NON È FINITA
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LA COMMEDIA NON È FINITA
La Extra, 29 de marzo del 2011.
Trataré de explicar de la forma más sencilla en qué consiste una obra pública por concesión. Es un arreglo financiero mediante el cual un oferente privado (el concesionado) recibe el encargo de construir una obra (la concesión) por un monto establecido (con provisiones para variaciones). A cambio, el concesionado recibe ingresos por cobros o peajes, definidos según los costos y la inversión, que les hace a los usuarios que se estima utilizarán la obra concesionada. Según esos ingresos, así dura la concesión que se otorga, tal que permita recuperar la inversión más un cierto rendimiento y tomando en cuenta los costos de operación de la obra durante la concesión.
Destaco la importancia crucial que tiene en el diseño de una concesión de obra pública la verificación de los ingresos obtenidos por peajes durante el período en que se otorga. Porque si, por ejemplo, los ingresos del flujo de tránsito son menores que los estimados al definir la concesión, su duración se extendería por un tiempo mayor al inicialmente definido. Por lo tanto, es crucial que el estado que otorga la concesión resguarde los derechos contractuales de los ciudadanos (dueños en última instancia del valor de la obra concesionada), asegurándose de que las cuentas de ingresos declaradas sean las exactas. La autoridad encargada de administrar la concesión (el Consejo Nacional de Concesiones) debe asegurarse, desde el inicio de la operación de la obra concesionada, que los ingresos sean los exactamente correctos, debiendo disponer de un indispensable mecanismo de control. Sin éste es obvio que podría haber un incentivo para que el concesionado subestime los ingresos de los peajes y así disfrutar de ellos por un período mayor al contratado al principio.
La Contraloría General de la República no le falló a los ciudadanos al señalar que, si bien el concesionario reportó ingresos por los peajes de la Autopista a Caldera por un poco más de $39 millones, “el Consejo Nacional de Concesiones no se encuentra en condición de avalar esto, debido a que no estableció los procedimientos correspondientes para la verificación de estos ingresos desde la entrada de operación de la primera sección de la carretera (9 de junio de 2009)”. No hay confirmación de cuánto ha recaudado Autopistas del Sol durante ese lapso y, si el monto es subestimado (por las razones que sea), significa que, todo lo demás constante, el estado debe ampliar el plazo de la concesión.
Es increíble que se abriera la autopista el 9 de junio de 2009 sin que el Consejo de Concesiones tuviera los instrumentos para controlar cuánto sería el ingreso efectivo. ¿Será que, apresurados por abrir la carretera, no pensaron que ese irresponsable olvido podría dar lugar a una erosión de los derechos del fisco; esto es, de los ciudadanos? Si es así, este acto parce aproximarse a un daño fiscal, posiblemente punible. De aquí el título de este comentario: “La Comedia Aún No Termina”. Los irresponsables continúan por allí, dando vueltas, y el desbarajuste total de esta concesión, tan importante para el país, sólo puede servir para aquello de “río revuelto, ganancia de pescadores”. ¡Qué lástima!
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2011-04-05-ASUSTANDO CON EL COCO
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ASUSTANDO CON EL COCO
La Extra, 05 de abril del 2011.
Si de algo puede haber servido la discusión pública en torno a la concesión de obra de la Autopista a Caldera, fue provocar una reciente visita de un especialista chileno que vino a comentar ante algunos diputados por qué es que en su país las obras públicas por concesión han sido exitosas. Lo más interesante es que, aparentemente, vinieron al país traídos por diputados del Partido Liberación Nacional, hoy convertidos en defensores de la concesión de obra a Autopistas del Sol
Una lección importante de la experiencia chilena es que el aprendizaje ha sido duro, pero ello no ha servido como excusa para que sus autoridades hayan dejado de asumir públicamente y legalmente sus responsabilidades cuando las concesiones han sido mal diseñadas, otorgadas u operadas. Desde hace mucho tiempo en nuestro país se ha conocido la experiencia chilena. Recuerdo el libro de 1992 La Privatización en Chile, en que se expone la reforma estatal chilena por dos grandes partícipes de él: Dominique Hachette y Rolf Lúders, quienes, junto con otros importantes actores, luego vinieron a Costa Rica traídos por el otrora activo CINDE, como partícipes de un seminario público en que mucho se conversó acerca de la concesión chilena. Personalmente escribí en 1998 un folleto para ANFE titulado La Conveniencia de las Privatizaciones, en el cual planteo algunas consideraciones a favor de la concesión de obra pública, que, de paso, siempre ha sido apoyada por ANFE, principalmente por principios y no por oportunismos.
Hacen bien algunos diputados en refrescar el tema, pero ojalá conduzca a evitar los graves, pero sumamente graves, errores incurridos en la concesión de la vía a Caldera. Lograrlo es primordial, si se quiere conservar la concesión de obra como una forma viable de desarrollar nuestra infraestructura. El mayor enemigo de la concesión en la provisión de obra pública es cuando se hace irresponsablemente -permítanme decirlo- en mucho estimula dudas de todo tipo, que dan al traste con un buen concepto.
Recordando al personaje de tiras cómicas, Pogo, cito: “Hemos visto al enemigo, y somos nosotros
mismos”.
Por ello el comentario radial del diputado Víquez, de que las críticas a la concesión a Caldera provienen de enemigos del concepto de la concesión, es equivocado, por decirlo “en suave”, o una falsificación, por decirlo como debe decirse. Somos muchos quienes a lo largo de los años hemos estado a favor del régimen de concesión de obra pública, pero no podemos estarlo cuando hay irresponsables que hoy se esconden, sin dar cuentas a los ciudadanos de por qué las cosas fueron tan mal hechas como se hicieron. Usar como justificación para un vandalismo político el que los críticos son opositores ideológicos de la concesión a Caldera, es una muestra de arrogancia sin par y, sobre todo, de desfachatez al tratar de justificar lo injustificable, además de que no se observa la actitud mencionada en quienes con razón la critican ¿Cómo va verse con respeto, sin tufo de servilismo, a quien es capaz de enrostrar con falsedad la crítica sana a que debe estar sometida toda autoridad pública?
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2011-04-12-BRAVO DOÑA MAYI
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¡BRAVO, DOÑA MAYI!
La Extra, 12 de abril del 2011.
Doña Mayi Antillón, Ministra de Economía, tomó una decisión por la cual me permito felicitarla. Decidió bajar el arancel a la varilla de acero importada de un 14% a un 5%. Esta rebaja de un 9% es resultado de gestiones realizadas por cámaras empresariales del sector de la construcción y muestra que la reducción arancelaria es una forma viable de mejorar la situación de los consumidores y de estimular actividades productivas que necesitan salir de la recesión actual, que se refleja principalmente en bajos niveles de empleo.
Pero el mérito de aquella decisión descansa en la Ministra Antillón, quien calladamente les ha dado una buena lección de Economía a otros profesionales de esa materia que hoy participan del gobierno y que han olvidado el costo que para el costarricense tiene el proteccionismo arancelario. El día de la firma del decreto que reduce el arancel se dijeron cosas muy valiosas y que no deben dejarse de lado. Se mencionó que la reducción del costo de la varilla alentaría la demanda de construcción de viviendas, provocando un aumento deseable de la inversión. Asimismo, se dijo que esa mayor demanda provocaría incrementos en el empleo del sector, particularmente afectado por la caída de la economía nacional y por el descenso de la inversión extranjera en el área de la construcción, resultado de la recesión mundial. Por supuesto, también estuvo presente la idea de que el consumidor costarricense podría ahora encontrar un producto más barato y de buena calidad, al provocarse una competencia deseable a los cuasi-monopolios existentes en el país debido a una elevada protección arancelaria.
Aquí deseo hacer un punto y aparte, pues hay agoreros que han dicho que el efecto positivo para los consumidores de esa reducción arancelaria va a ser pequeño, porque casi el 80% del mercado de la varilla es adquirido a empresas nacionales, que no reducirán su precio al bajar el arancel. Precisamente lo que esa baja arancelaria va a provocar es que “tengan” que disminuir aquel precio, porque al poder traerse la varilla más barata desde el exterior, el productor nacional protegido tendrá que rebajar el suyo para así conservar su clientela, ya sea bajando sus costos o sus utilidades monopólicas. Lo importante es que exista la posibilidad de que se pueda importar la varilla libremente, sin trabas, sin burocracia ni restricciones innecesarias, para así, tal vez sin proponérselo, se termine favoreciendo al consumidor. La competencia os hará libres…
Termino, atrevido que soy, dándole un consejo a doña Mayi: Así como “osó” reducir el arancel proteccionista para aumentar la inversión, el empleo y favorecer al consumidor, hágalo con otros productos. ¡Rebaje el arancel proteccionista de un 36% al arroz; reduzca el de un 65% a la leche y derivados, así como el 40% que hoy paga quien importe pollo; baje el de un 45% al azúcar y también el 15% del aceite comestible, tan sólo para citar algunos ejemplos! Viera cómo les ayudaría eso a los pobres ticos, tan afectados por la falta de inversión, de empleo y de precios más bajos. Doña Mayi: ¡nada más atrévase, que el pueblo se lo agradecerá!
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2011-04-19-TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA
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TROPEZANDO CON LA MISMA PIEDRA
La Extra, 19 de abril del 2011.
Conocemos el dicho “tropezar dos veces con la misma piedra”. Es lo que el gobierno hace con su decisión de restringir una vez más el libre tránsito de los costarricenses. La limitación a partir del próximo mes, anunciada por el MOPT ante el alza en los precios internacionales del petróleo, no debe analizarse con ligereza: esa medida no resuelve el problema y más bien tiene efectos contrarios a los que se propone lograr.
En el pasado primero el gobierno nos dijo que la restricción se debía a los altos precios internacionales del petróleo, pero luego, tal vez para lograr la aprobación de la Sala Cuarta, nos dijo que se justificaba por las enormes presas que ocasionaban los arreglos a algunas vías en mal estado de la capital. Ahora vuelve con el mismo cuento, con la misma arrogancia de creer que puede definir a su gusto la conducta de todos los ciudadanos. En su esencia, el asunto es sencillo. Los costarricenses tenemos que trabajar y la limitación al tránsito afecta seriamente esa labor de asegurar plata para los hogares. Al limitársenos circular por algunas vías, buscamos otras, aunque eso signifique que tengamos que manejar por calles distintas de las más directas que el estado hoy nos prohíbe usar. Terminamos gastando más tiempo útil -no directamente productivo sino en tránsito hacia los trabajos- y posiblemente sin ahorrar gasolina, al tener que desviarnos tanto. Para las empresas, la restricción significa mayores costos de transporte y de producción, por ende menores ventas y precios más elevados. No entiendo, sino es por una obcecación casi ciega, cómo es que las autoridades no se dan cuenta de que esa limitación al tránsito aumenta los costos, que de alguna manera se toman en cuenta y se trasladan al consumidor.
Al afectarse la producción, el empleo, la inflación y provocar mayores costos, provoca una caída de los ingresos reales de las familias. Y todo por la pretensión de lograr una menor congestión en las zonas prohibidas, pero que en realidad provoca simultáneamente mayor congestión en áreas no restringidas.
Trataré de explicar lo absurdo de la medida tomada por el gobierno. Ustedes saben que han venido subiendo los precios internacionales de la harina, el maíz, el sorgo, la soya, el acero, el café, los granos, entre muchos otros. Si la restricción de la circulación se hace, según el gobierno, para restringir el consumo encarecido (una forma de proteccionismo), ¿por qué entonces no limitar la importación de todos esos productos antes citados, que también han estado subiendo mucho de precio? Con ello se evitaría la salida de divisas, que es lo que en última instancia intenta lograr este gobierno. Pero no es limitando el consumo, como busca el estado, como se resuelve el problema de escasez mundial del petróleo. Al contrario: más bien es una medida profundamente dañina para la economía nacional y por ende del bienestar del ciudadano.
NOTA. Fue repetido por error de La Extra el 20 de julio del 2011.
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2011-04-26-LA SEPARACIÓN DE PODERES-PRIMERA PARTE
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LA SEPARACIÓN DE PODERES-PRIMERA PARTE
La Extra, 26 de abril del 2011.
En esta ocasión opino acerca de la decisión tomada por un grupo mayoritario de diputados para integrar el directorio de este año de la Asamblea Legislativa, que en el previo había sido controlado por la fracción mayoritaria del Congreso; esto es, por Liberación Nacional.
Un principio generalmente aceptado en los sistemas democráticos es la separación de poderes dentro del estado. Creo que nadie mejor que James Madison lo desarrolló, al exponer que “para asegurar un debido fundamento para esa separación y ejercicio propio de los diferentes poderes del gobierno, que hasta cierto sentido es aceptado por todos como algo esencial para preservar la libertad, es evidente que cada departamento gubernamental debe tener una voluntad propia y, en consecuencia, deberá constituirse de forma que los miembros de cada uno de ellos deberán tener tan poca influencia como sea posible en el nombramiento de los miembros de los otros poderes.” Y agrega que “de adherirnos rigurosamente a este principio, requeriría que todos los nombramientos para las magistraturas del poder ejecutivo, legislativo y judicial, deberán de extraerse de la misma fuente de autoridad, el pueblo, a través de canales, pero sin comunicación alguna entre sí.” (The Federalist, No. 51, 347, 6 de febrero de 1788).
La separación de poderes dentro del gobierno tiene como fundamento la salvaguarda de la libertad ciudadana. Siguiendo a Montesquieu, el balance que se logra entre los tres poderes modernos, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, permite frenar el abuso a que podría dar lugar si ese poder en su totalidad fuera controlado por alguien o un grupo específico. Se supone que mediante una serie de frenos y contrapesos, ningún poder podrá imponerse sobre los otros del gobierno; esto es, que ningún poder sea supremo. La Constitución define las atribuciones correspondientes a cada uno de los poderes que conforman el Estado.
Estoy de acuerdo con Hayek en que, para que un sistema democrático pueda llevar a cabo adecuadamente sus funciones, debe organizarse bajo líneas partidarias, en donde puedan ser responsables de conducir el gobierno y, por ende, ser llamados a cuentas por los ciudadanos. A la vez, es necesario que exista una oposición organizada que “vigile y critique y ofrezca un gobierno alternativo si la gente está insatisfecha con el que está en el poder” (Law, Legislation and Liberty, Vol. 3, p. 23).
Esta insatisfacción es la causa usual de que en un sistema parlamentario se cambie al gobierno, pero en una democracia no parlamentaria, como la nuestra, tal posibilidad no existe, pues las elecciones se efectúan sino hasta cada cierto período. De aquí que podría verse la posibilidad de que un grupo de legisladores, diferentes del partido que por sí solo es mayoría, decida asumir dicho poder mediante el control de su directorio, resultado de una insatisfacción políticamente percibida a causa del ejercicio que se hace del poder y del cual forma parte aquella fracción mayoritaria. Pero ¡ojo! con la compra-venta de voluntades y la traición: ambos factores tan humanos.
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2011-05-03-LA SEPARACIÓN DE PODERES-SEGUNDA PARTE
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LA SEPARACIÓN DE PODERES-SEGUNDA PARTE
La Extra, 03 de mayo del 2011.
En mi comentario previo analicé la decisión de un grupo de diputados de conformar una mayoría para lograr el control del directorio legislativo. A partir de la idea de que una separación efectiva de poderes dentro del estado es deseable para garantizar la libertad ciudadana, pudiera ser que sea la deseable por diversas razones.
Primera: que un mismo partido controle los tres poderes que constituyen el gobierno tiende a erosionar el sistema de frenos y contrapesos. En la práctica del acuerdo partidario suelen surgir concentraciones indeseables, lo que contradice el principio superior de la salvaguarda de la libertad de los individuos.
Segunda: en un cuerpo legislativo compuesto de diversas facciones nada requiere que su control pueda ser logrado por una coalición de ellas. Ser facción mayoritaria per se no concede derecho alguno a presidir el poder legislativo.
Tercera: dado que cada cabeza es un mundo, es posible señalar que cada diputado es independiente y vota según le plazca. Normalmente lo hace de acuerdo con su fracción, pero puede disentir. Nada impide que un grupo de personas que difiere en temas concretos coincida en asuntos considerados cruciales o esenciales y así conformar una fracción que, agrupándolos, actúe en defensa de esos intereses primordiales. Esto suele suceder en sistemas parlamentarios, pero puede darse en sistemas legislativos como el nuestro.
Cuarta: las leyes, dictadas en una Asamblea con un directorio integrado por una coalición de facciones, pueden hacerse conformes con la apreciación que tiene la ciudadanía al constituirse tal directorio. Podría valorar que la concentración del poder vigente dentro del estado pone en peligro su libertad, concentración que incluso puede ir mucho más allá del ámbito político-partidario, pues la derrama (spill over) se extiende a entidades estatales diferentes del legislativo, ejecutivo y judicial, como las instituciones autónomas, además de entes para-gubernamentales e incluso privados. Legislar para preservar la libertad ciudadana y frenar la concentración del poder son principios fundamentales para un buen accionar de un directorio legislativo.
Cierto cualquier desempeño de un cargo o ejercicio dentro del sector público implica una responsabilidad; es la otra cara de la libertad. El nuevo directorio deberá dar cuentas de sus actos ante la ciudadanía, lo cual es esperable. La decisión de las fracciones minoritarias para conformar una mayoría es un gran paso en el desarrollo de nuestro orden democrático y de libertad. Quiera Dios que la compra-venta de valores y voluntades que suele hacer el poder concentrado no dé al traste con tan loable objetivo.
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2011-05-10-DE VOTOS Y DOS COSAS MENORES
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DE VOTOS Y DOS COSAS MENORES
La Extra, 10 de mayo del 2011.
La reciente elección del directorio de la Asamblea Legislativa ha tenido cosas buenas. La más importante es haberme motivado a pensar acerca del voto. Sí, porque el tema de si esa votación debería haber sido secreta o pública estuvo rondando todas las discusiones que allí se dieron. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de brindar mi opinión.
Como ciudadano libre y con derechos he ejercido el del voto en muchas ocasiones. Carácter especial tienen las elecciones para presidente, diputados y munícipes. En ellas tengo la oportunidad de escoger a quien me dé la gana, de acuerdo con mi conciencia y mis convicciones, a sabiendas de que, quien salga electo, posiblemente tomará decisiones que afectarán a toda la ciudadanía, al igual que a mí. Mi voto en dicha elección debe ser totalmente privado y nadie debe intervenir en él; es mi derecho y no el de otros conocer cuál es mi escogencia. Sólo yo tengo por qué saber de mi decisión en ese momento. La privacidad, el secreto, es lo que asegura mi libertad para escoger. El tirano no se entera así de cuál es mi elección y, por tanto, no están en juego mi salud, familia, vida o haberes. Se requiere que mi voto sea secreto para poder escoger en libertad y sin tener que dar cuentas a nadie de mi decisión.
Los diputados los elijo yo. Los escojo para que me representen en sus decisiones, Representantes se les llama. Yo necesito conocer cuáles son las decisiones que toman, ya sea para aceptar lo hecho o para rechazarlo. Ese es el juego de dar cuentas. Si vota de forma que, por lo general, me satisface, entonces, lo apruebo. Caso contrario, lo repudio. Siempre deben explicarme el porqué votan en la forma en que lo hacen. Así los puedo valorar, juzgar y aprobar o rechazar. Es su obligación hacia mi persona, el ciudadano que los eligió para votar en mi nombre, representándome, cuando fuere el caso en la Asamblea. No hay razón para que su voto no sea público, única manera por la cual me informo de cómo fue que escogieron votar. La oscuridad del voto secreto se presta no sólo para evadir sus responsabilidades hacia mí, sino también para que se den cosas impropias e indebidas y deshonestas en la conformación de su decisión y que las rechazo por promover conductas corruptas que deben eliminarse de una vez por todas.
Todo voto legislativo debe ser público (aceptaría que sea secreto sólo cuando tengan que votar por la destitución de un compañero y ello porque tengo sentimientos hacia la amistad, aunque a veces sólo sea tan falsa como la que a veces se ve entre diputados).
Por ello hago dos sugerencias, que tal vez puedan aprovechar los diputados del bloque opositor ganador del directorio legislativo. Primera, que el voto legislativo sólo sea público y no secreto y, segunda, que en las elecciones nacionales de diputados yo no tenga que votar por una papeleta que impide al pueblo escoger por quién es que vota y que oculta adscribir responsabilidades a quienes se elije. ¡Quiero saber quién me representa! Eso sí es democracia y no la alcachofa política que hoy tenemos.
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2011-05-17-DES-ESTÍMULO AL AHORRO
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DES-ESTÍMULO AL AHORRO
La Extra, 17 de mayo del 2011.
Me imagino que ha escuchado la prédica frecuente de autoridades políticas, algunos filósofos y moralistas y periodistas, así como economistas, entre otros, enfatizando la necesidad de reducir el consumo (consumismo, le suelen llamar) de los costarricenses, para así lograr un mayor ahorro. Ejemplo fue la reciente devolución de los fondos de capitalización laboral, que dio lugar a una extensa y apropiada campaña en favor del ahorro y en contra del gasto.
Como país, Costa Rica, comparada con otras naciones y regiones del mundo, ahorra relativamente poco. Si vemos el ahorro doméstico bruto como porcentaje del correspondiente producto interno bruto (medida generalmente utilizada), encontramos lo siguiente: En el 2010, el mundo ahorró un 23% del producto mundial bruto; el Hemisferio Occidental un 20% de su PIB; las economías en desarrollo y crecimiento un 32%; los países asiáticos en desarrollo un 45%, mientras que los Estados Unidos apenas un 12% de su PIB y la Unión Europea un 19%. No encontré datos comparables para ese mismo período, pero, por ejemplo, para el período 1998-2000, mientras Honduras y Panamá ahorraban un 21% de su PIB, Costa Rica lo hacía en sólo un 17%. En fechas cercanas Costa Rica en un año ahorró apenas un 13% de su PIB. Comparativamente estamos rezagados y lo peor es que esa baja formación de ahorros incide en una poca inversión, que se traduce en un menor valor de producción e ingresos en el futuro, que el que se lograría si la formación de ahorros fuera mayor.
A como están las cosas, debería preocuparnos cualquier política gubernamental que más bien des-estimule la formación interna de ahorros, pero precisamente ese es el resultado de su intención de aumentar los impuestos que hoy se cobra por los intereses de los ahorros financieros, elevándolos de un 8% a un 15%. El mensaje es claro: deje de ahorrar pues lo voy a castigar y, más bien, vaya y consuma sus ingresos. Menos ahorro y más gasto...
Para mitigar en algo la medida tributaria propuesta, es posible que los bancos aumenten lo que pagan de intereses (como lo hicieron cuando se elevó el impuesto cobrado a los intereses en dólares de cero a un 8%). Pero lo trasladarán a lo que cobran en préstamos, medida errada en momentos en que la economía ni siquiera logra recuperarse de su caída de los últimos años.
O sea, el gobierno prosigue un doble sin sentido. Castigará tanto el ahorro como pedir prestado para nuevos emprendimientos empresariales, a la vez que estimula el consumismo. Ni siquiera puedo decir “por eso estamos como estamos”, pues lo que vamos a estar es peor. Menor ahorro, menor inversión, menor crecimiento, menor ingreso familiar y menor empleo. Todo ello para lograr que pueda haber un mayor gasto público. ¡Qué lindo, verdad!
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2011-05-24-SE AGOTAN LOS TLCS
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¿SE AGOTAN LOS TLC’S?
La Extra, 24 de mayo del 2011.
A veces me da la impresión de que los tratados de libre comercio que últimamente está firmando Costa Rica es poco lo que aportan al bienestar del consumidor nacional. Hace unas tres décadas se firmaban acuerdos comerciales que eran simples listas de intercambio comercial entre países. Eran un alivio defectuoso ante un proteccionismo rampante, sin apertura alguna de nuestras fronteras a algún producto que pudiera competir con la producción doméstica. Dicho sistema productivo provocaba una enorme pérdida de bienestar a los consumidores, promovía monopolios domésticos, estimulaba una baja productividad, generaba bajos ingresos y empleos mal pagados y, en general, creaba una cultura productiva dedicada a favorecer a algunos a costas de otros, gracias a la protección brindada por un estado cómplice a quienes acudían pidiendo favores, aunque así actuara en contra del bienestar ciudadano.
Eso cambió con el proceso de apertura comercial del país, en mucho caracterizado por amplios acuerdos comerciales entre Costa Rica y algunas naciones, en donde el intercambio trajo competencia a mucha producción interna, que se vio obligada a cambiar hacia actividades en las que fuera más eficiente, al tiempo que se pudo ampliar su exportación a los mercados internacionales producto de esa mayor eficiencia. Hoy, sin subsidios, Costa Rica exporta a muchas naciones más de 3.500 productos diferentes. Y el consumidor disfruta de más, mejores y más baratos bienes y servicios.
Claro que este cambio no se dio sin angustias y el esfuerzo empresarial para reconvertirse debe reconocerse sin mezquindades. La competencia ha sido buena y ha estimulado ese cambio para mejorar. Sin embargo, esa motivación comercial externa ha ido declinando recientemente y ahora los TLC’s parecen convertirse, de nuevo, en simples listas de intercambio de bienes que no compitan con la producción interna protegida. Por ejemplo, en el TLC con Perú concluido hace poco, Costa Rica impidió que Perú exportara bienes como papas (Perú es la Madre Tierra de las papas), café, leche, arroz, pasta, cebolla, cerveza, tomate, azúcar, loza sanitaria, cables eléctricos, carne, pollo, aceites, entre otros bienes que siguen siendo beneficiarios de la cultura proteccionista. Al consumidor se nos impidió poder adquirirlos más baratos. Estos “nuevos” TLC’s parecen buscar sólo como aumentar la exportación y no la importación; esto es, obstaculiza un crecimiento del bienestar del consumidor. Sigue presente el proteccionismo, aunque lo tratan de disimular diciéndonos que es un “acuerdo de libre comercio”.
Parte del problema de un colón sobre-valuado, que hoy afecta la producción nacional, se resolvería de restablecerse una mayor neutralidad en el tipo de cambio, en el marco de un comercio libre y no bajo un proteccionismo que impide importar. Pero, de estos asuntos, tampoco las autoridades gubernamentales se atreven a hablar.
