ROBERT E. WRIGHT-LIBRE EXPRESIÓN
La mayor fragilidad del tirano se da cuando el pueblo es libre de expresarse. Por eso, una de las primeras medidas que aquel toma es eliminar la libertad de expresión de los ciudadanos.
LIBRE EXPRESIÓN
Por Robert E. Wright
American Institute for Economic Research
10 de mayo del 2021
NOTA DEL TRADUCTOR: Para utilizar los ligámenes de las fuentes del artículo, entre paréntesis y en azul, si es de su interés, puede buscarlo en su buscador (Google) como robert e. wright american institute for economic research expression May 10, 2021 y si quiere acceder a las fuentes, dele clic en los paréntesis azules.
El título está en un doble sentido, pensado tanto como sinónimo de la frase nominal “libre expresión,” así como una petición normativa relacionada con una declaración afirmativa de que “quienes toman decisiones políticas deberían liberar la expresión de restricciones innecesarias.” Liberen a Willy, por supuesto, pero, también, ¡liberen la expresión!
El presidente Biden nos estaba exactamente en lo correcto al decir que “ninguna enmienda a la Constitución es absoluta.” La Primera Enmienda simplemente reconoce el derecho natural absoluto de los estadounidenses para expresarse libremente, por si mismos y sin temor a la interferencia gubernamental, ya sea directa o indirecta por medio de regulación corporativa. La gente que entiende la Constitución, el quid de la jurisprudencia angloestadounidense, y On Liberty [Sobre la libertad] de John Stuart Mill, distingue entre el derecho a usar una herramienta, ya sean palabras o armas de fuego, y los usos para los que esa herramienta sirve.
Así que, a diferencia del presidente de Estados Unidos, uno puede, y, de hecho, debería, gritar “fuego” en un teatro lleno si, en efecto, el teatro está envuelto en llamas. No obstante, las restricciones contra gritar “fuego” cuando no hay llamas, no son acerca de limitar la libertad de expresión per se, sino, más bien, acerca del perjuicio, los daños causados a otros debido a una expresión creíble de una declaración falsa.
Similarmente, prohibir el fraude no es acerca de proscribir cierta expresión, es acerca de criminalizar los daños que defraudadores infligen sobre sus víctimas. Y víctimas son, debido a lo que los economistas llaman información asimétrica. Quien asiste y es cliente del teatro no puede fácilmente saber cuáles afirmaciones de “fuego” o “venta” por liquidación son creíbles y cuáles no, así que, en algún grado, la protección es meritoria. En otras palabras, el contexto es crucial.
Por lo general, las cortes han mantenido la noción de que las empresas pueden hacer afirmaciones amplias acerca de sus proezas de negocios -incluso algunas empresas afirman en sus nombres propios que son la compañía más importante, lo que sea que eso significa, en su ámbito o región- pero no promesas específicas acerca de la eficacia, en particular la eficacia a largo plazo, de ciertos productos. Los consumidores no pueden valorar a un costo bajo las últimas afirmaciones, pero pueden lograr lo primero descansando en reputaciones de marcas, garantías, calificaciones, descuentos, comentarios, muestras, lo que la gente dice, etcétera, cuando hace sus decisiones de compra.
Así que, al contario del New York Times, los políticos tienen un derecho en la Primera Enmienda de decir lo que quieran. Sólo los costos que sus afirmaciones crean pueden limitarse constitucionalmente y esos son, por lo general, mínimos, pues nadie en su sano juicio toma los pronunciamientos políticos al pie de la letra. En su papel como votantes, así como en su rol como consumidores, los estadounidenses no necesitan de protección antes afirmaciones políticas generales, en el tanto haya un mercado abierto para la información y que existan ideas.
De lo que los estadounidenses sí necesitan es ser protegidos de políticos y burócratas en funciones, con información superior acerca de las causas y consecuencias de acontecimientos y políticas. Esta es la razón por la que tanta gente, de Izquierda y Derecha, propone más transparencia por la vía de leyes de libertad de información, cámaras adheridas al cuerpo (¿por qué, en todo caso, de todas maneras, limitarlas a la policía?), leyes de integridad de datos gubernamentales, etcétera, y de por qué, también, muchos ven una necesidad urgente de mayor rendición personal de cuentas de quienes hacen políticas y burócratas. Así que, un aplauso para Eric Adams al prometer protegerse a sí mismo si llega a ser el siguiente alcalde de la Cuidad de Nueva York.
En resumen, cada estadounidense debe decidir, independientemente, los méritos de reclamaciones contrapuestas. Así como se les debe permitir a los estadounidenses decidir si gastan dólares escasos en productos desde la A hasta la Z, por si “mercado” no tiene sentido, a ellos se les debe deben permitir decidir, independientemente, si gastan sus votos escasos en D o I, L, o R, a no ser que “democracia” pierda su sentido.
Si los estadounidenses ya no más pueden discernir información entre alta y baja calidad, pues el sistema educativo ha fracasado en alimentar sus proclividades naturales hacia un pensamiento independiente, entonces, el sistema educativo debe mejorarse, no que se elimine la libertad de expresión. Una de las tendencias que más me inquietó en mis casi treinta años de carrera en la educación superior, fue la erosión lenta de la libertad académica y la libre expresión en nuestras universidades, instituciones que se supone eran las mejores para promover la investigación independiente.
La libertad de expresión se ha deteriorado a un grado tal en la educación superior de Estados Unidos, que importantes académicos, de Izquierda y Derecha, recientemente formaron la Alianza para la Libertad Académica (AFA por sus siglas en inglés) para hacer retroceder la cultura de la cancelación en ciudades universitarias y administradores torpes, mediante libros claves acerca de la importancia de la libre expresión y comentarios en páginas editoriales y otras formas de publicidad. La membresía del coautor de la Declaración de Great Barrington, Jay Bhattacharya y de otros estimados científicos, le da esperanzas a uno, así como lo hace la impresionante lista de economistas de alto nivel que la han firmado. Lo que más impresiona es ver abogados litigantes que se han unido al movimiento. Puede ser que juicios de calidad vengan rápidos y furiosos como la franquicia del cine.
Pero, con profesores no radicales ahora virtualmente extintos en muchos campos, incluyendo Historia y Sociología, muchos de los pocos que aún quedan han sido alejados en años recientes mediante prácticas nefastas hace poco expuestas por el James G. Martin Center for Academic Renewal, permanece elusiva la diversidad intelectual requerida para imbuir los hábitos de un pensamiento en verdad independiente. Con matrículas universitarias aun desplomándose, puede que Estados Unidos tenga que empezar de nuevo, si bien no desde la base, entonces, al menos, con un sistema paralelo que abrace la libre expresión, en vez de silenciarla.
Entidades sin fines de lucro, como la AFA, el Martin Center, y los grandes tanques de pensamiento podrían desempeñar un mayor papel en la resucitación de la libertad académica, y la libertad de expresión, más generalmente. Como lo hace ver la AFA, “un ataque en alguna parte a la libertad académica es un ataque a la libertad académica en todas partes.” No obstante, las leyes de empleo imponen barreras regulatorias en las instituciones más grandes, en especial aquellas con personal de apoyo, administradores e incluso miembros de sus juntas directivas, que puede que no entiendan o apoyen la misión única de cada institución.
Muchas regulaciones al empleo buscan reducir daños que pueden ser causados por información asimétrica, y, en especial, poder asimétrico,
De nuevo, no es la expresión per se la que es altamente restringida, sino los daños causados por la expresión que conducen a acuerdos obligados quid pro quo o a una ruptura del fideicomiso fiduciario.
Pero, un cumplimiento rígido con la ley de empleo puede tener un efecto que enfría la discusión abierta de ideas, necesario para un avance en el entendimiento de asuntos sociales complejos. ¿Cómo puede uno evaluar los méritos relativos de políticas alternativas, relacionadas con, digamos, discriminación de género o religión, si los investigadores temen por sus empleos al siquiera mencionar el tópico?
Obviamente, los investigadores en instituciones de política necesitan un espacio institucional o físico, análogo a una clase universitaria, o un salón de profesores, en donde puedan hacer preguntas, lanzar ideas hacia otros, y compartir hallazgos sin temor a la retribución. Ellos necesitan el equivalente de un salón intelectual en donde las hipótesis pueden mencionarse y evaluarse por colegas con base en sus méritos empíricos y lógicos. Para evitar su abuso, un moderno salón en el sitio de trabajo debería ser protegido de las restricciones usuales de Recursos Humanos, al reunirse en un espacio especial en horas específicas, para que quede claro a todos los involucrados que cualquier punto de vista expresado es para propósitos de discusión, a fin de avanzar en el entendimiento de quienes están conversando. Como Las Vegas, lo que sucede en un salón, debe quedarse en el salón para que sea de ayuda a fines intelectuales, que es la misión crucial de la institución.
El American Institute for Economic Research (AIER) está desarrollando un salón de cultura, que enfatiza la libertad de expresión como uno de los pilares claves de la institución, gracias a su fundador, E.C. Harwood, cuyas ideas el presidente Franklin D. Roosevelt intentó censurar, pues desafiaban los principios esenciales del así llamado Nuevo Trato. La expresión más pública del compromiso de AIER con el empirismo, la racionalidad y la libertad de expresión es su política editorial, que puede encontrarse aquí. Como casi todo en el sitio en la red de AIER, se puede copiar o adaptar libremente por cualquiera, al costo, bajo, muy bajo, de un grito adecuado.
La declaración de objetivos de la AFA es incluso una fuerza más convincente de la defensa de la libertad de pensamiento. Explica que la AFA busca contrarrestar las presiones sobre empleadores para que ataquen “a empleados cuyos puntos de vista, declaraciones, o enseñanzas ellos puedan desaprobar o que les disgustan.” Si bien no endosa un contenido específico, busca defender el “derecho de sus miembros para decir lo que ellos creen que es cierto y estar libres de coerción o presión para que afirmen o parezca que afirmen lo que va en contra de sus creencias.”
En resumen, la Constitución de Estados Unidos expresa derechos humanos, no los otorga. Los derechos, en especial, los afines expresados en las primeras dos enmiendas, brindan un acceso igual a herramientas importantes y no tienen un límite. El gobierno puede penalizar a aquellos encontrados, después de un debido proceso, de haber abusado deliberadamente de herramientas como la expresión (o las armas de fuego) en detrimento de otros, pero no pude limitar Constitucionalmente la disponibilidad de esas herramientas cruciales sólo porque alguna gente los puede usar para causar daño. Las mejores políticas reducen las asimetrías de información o de poder, en vez de exacerbarlas, y eso usualmente significa liberar la expresión, no excluir ideas o gente que las expone.
Robert E. Wright es compañero sénior del American Institute for Economic Research. Es (co) autor o (co) editor de más de dos docenas de libros importantes, series de libros y colecciones editadas, incluyendo The Best of Thomas Paine (2021) y Financial Institutions publicados por el AIER. Robert ha enseñado cursos de negocios, economía y de política en la Universidad Augustana, la Escuela Stern de Negocios de la Universidad de Nueva York, la Universidad de Virginia y en otras partes desde que obtuvo su PhD. en historia de la Universidad del Estado de Nueva York en Buffalo, en 1997.
Traducido por Jorge Corrales Quesada.
