1975-01-24- LA LEY DE DESPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
LA LEY DE DESPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
La Nación, 24 de enero de 1975.
En estos días se debate en la Asamblea Legislativa la llamada Ley de Protección al Consumidor.
A pesar de tener un nombre tan llamativo, me recuerda la leyenda de la cegua, que tras un bello rostro de mujer escondía dientes horripilantes.
El gobierno aduce que, con el fin de detener el proceso inflacionario en Costa Rica, es necesario poner coto a los llamados especuladores, pues estos son los culpables de las alzas en los precios de los artículos. Con este fin en mente, el Estado cree que congelando los precios de los artículos se va a acabar la inflación. Este es otro engaño que se le hace al pueblo: el alza de los precios es un reflejo, es un resultado, tanto del excesivo aumento de la cantidad de dinero como del excesivo gasto público. El alza en los precios es un resultado y no una causa; por ello, mal hace en engañarse a la gente diciéndole que la inflación se va a detener si se congelan los precios. Un ejemplo semejante sería tapar totalmente una olla que está sobre el fuego, el cual terminaría por explotar si no se que quita el fuego o si no se deja una válvula para que escape la presión. Los precios son esa válvula y no es sino bajando la llama del fuego como se detienen esas presiones. Así, en tanto el Estado no tome las medidas monetarias y fiscales restrictivas, tendremos más y más presión sobre los precios.
El adefesio llamado ley de protección al consumidor va a lograr lo opuesto a lo que pregona en su nombre. Al fijar precios un burócrata, que muy posiblemente no conozca nada del asunto, va a hacer que no se produzca eficientemente, puesto que impide que haya un incentivo para que la economía canalice los recursos hacia aquellas actividades en que son más necesitados. Es más, si no se cubren los costos de producción, se dejará de producir. Uno no es tan tonto como para no darse cuenta de que los precios tan bajos que pagaba el Consejo Nacional de la Producción a los campesinos por sus frijoles, fue la causa de que escasera tanto ese grano. Pero ahora el Estado, que nunca termina de meter las patas, va a cometer el error en grande: fijar precios tanto a los artículos que se producen, como a los mismos factores que se utilizan en la producción. Imagínese Ud., apreciado lector, ¿qué haría si el Estado decide fijarle un salario de un colón por mes? Obviamente es mejor, como me comentaba un amigo, irse a Cahuita de hippie y dedicarse a vivir de la asignación familiar a costas del pueblo costarricense. Pues bien, estimado lector, la ley de protección al consumidor deja al arbitrio del Estado fijar los salarios que le vengan en gana y poner precios máximos que podrían llevar a la ruina a cualquier productor y, por ende, al desaparecer el productor, se acaban los artículos y el pobre consumidor, por enésima vez, sale pagando los platos rotos.
La ley, además, crea juntas de vecinos que se encargarán de vigilar que los precios sean justos. Aquí se está alborotando un panal, pues ¿quién asegura que no habrá razones personales, políticas, ideológicas y de cualquier otra índole para acusar injustamente a algún comerciante? Es más, perfectamente un comerciante que desee competir con otro deshonestamente, puede plantar a un espía suyo en el negocio del competidor para que incorrectamente eleve los precios y ocasionar así la intervención policíaca con el transtorno consiguiente. En síntesis, estaremos a merced del temor, la desconfianza y la arbitraria intervención gubernamental. Un vez más, que no nos agarren dormidos, ya hemos tenido bastantes experiencias recientes o ¿es que queremos más?
