CONSERVANDO PRIVILEGIOS

CONSERVANDO PRIVILEGIOS
Por Jorge Corrales Quesada

Francamente no me preocupa que pueda haber personas a quienes les cansen mis comentarios acerca de sistemas privilegiados de pensiones en el sector gubernamental. Puede ser que llegue a aburrir al repetir tanto sobre el abuso, pero me parece que no debemos dejar que se extinga el esfuerzo cívico de la ciudadanía, en pro de justicia en los sistemas de pensiones, que otorgan prebendas a unos, pagadas por los tributos de todos los ciudadanos. No se puede dejar que impere la maldición de los tres días; aquella que dice que “en Costa Rica no hay escándalo que dure tres días.” Adecentar la cosa pública es imperativo: fácilmente la corrupción puede conducir a la disolución de un tejido social que ha costado mucho hilar.

Un ejemplo del esfuerzo de un gremio privilegiado, que ve amenazada su prebenda ante una legislación esperada en mucho gracias a la presión ciudadana (las redes han sido importantes) por frenar el abuso, es la reciente reacción del Poder Judicial y sus gremios antes la propuesta que, en cierto momento, presentaron los diputados para que la pensión de los beneficiarios de ese sistema de pensiones no fuera de un 100% del salario de referencia, sino de sólo un 85%.

Específicamente, ante una propuesta en el proyecto de los diputados para que la pensión del régimen judicial fuera el 85% de los últimos 240 salarios -excepto a quienes sólo les falte menos de 18 meses para pensionarse- en vez de lo que hoy se recibe con un 100% de los mejores 24 salarios, los beneficiarios del privilegio piden que exista un transitorio que mantenga ese privilegio (100% de los últimos 24 mejores salarios) para empleados a quienes les falte menos de diez años para jubilarse, si bien se calcularía como base a los últimos 120 salarios, en vez de los 24 de la actualidad.

En contraste, en el sistema mayoritario de los trabajadores costarricenses, el IVM de la Caja, el salario de referencia es del 60% (muy inferior al actual del 100% para el Poder Judicial e incluso que la propuesta de la Comisión Especial de Pensiones de los diputados de un 85%), si bien en ambos casos -el de la Comisión y el del IVM- la pensión es sobre los últimos 240 salarios, lo que difiere de la actual del Poder Judicial basada en 24 salarios, así como de la propuesta que hace ese gremio para quienes se pensionarían en el lapso de 10 años, que sería de 120 sueldos.

Esa ampliación del plazo de 18 meses a 10 años para que rija plenamente la propuesta de la Comisión legislativa para todos los beneficiarios del sistema de pensiones de la Corte, favorece (a costa nuestra) a 2.300 empleados, el “22.2% de la población laboral de la entidad actual” y “tendría un costo financiero de ₡70.000 millones en ese período.” Ya sabemos quién terminará pagando por ese hoyo negro...

La información básica proviene de un comentario en el periódico La Nación del 12 de agosto, que se titula “Corte quiere alargar 10 años privilegio en cálculo de pensiones: Proyecto propuesto por magistrados y gremios a los legisladores.”

Si ustedes pensaron que quitar esos privilegios iba a ser fácil, pues nos hemos equivocado. La injusticia actual tendrá que ser erradicada con mucha firmeza ante el berreo esperado.

Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 10 de setiembre del 2017.