CONSECUENCIAS NO PREVISTAS DE LIMITACIONES A LOS EXÁMENES DE TRÁNSITO PARA TENER LICENCIA PARA MANEJAR
CONSECUENCIAS NO PREVISTAS DE LIMITACIONES A LOS EXÁMENES DE TRÁNSITO PARA TENER LICENCIA PARA MANEJAR
Por Jorge Corrales Quesada
Cuando en una economía, el gobierno fija un precio inferior al de equilibrio, se presenta lo que se llama una demanda exceso; esto es, que, a ese precio fijado por el gobierno, la cantidad demandada excede a la cantidad ofrecida. Esto porque ahora la gente encuentra que el bien o servicio es más barato que antes, además de que, al tener un precio menor, podrán ingresar nuevos participantes previamente excluidos a ese mercado. Al mismo tiempo, a ese menor precio en la economía los oferentes disminuirán la cantidad de bienes y servicios que suministran al mercado.
El mercado resuelve cualquier escasez artificial resultado de una fijación de un precio mínimo, si se deja que aumente el precio, con lo cual se equilibra, a ese nuevo precio, la cantidad demanda con la ofrecida del bien o servicio.
En lo referente a los servicios que el estado ofrece de exámenes necesarios para obtener una licencia de conductor de vehículos motorizados, el gobierno, ante, tal vez, lo que es una incapacidad política para dejar que aumente el precio de dicho servicio, acude a otra alternativa: que haya filas o colas de gente tratando de obtener un cupo en el ingreso limitado a dicho examen. Esto es, se presenta una demanda exceso, lo cual equivale a una oferta insuficiente del servicio.
¿Qué me motivó a escribir esto? Que recientemente un muchacho ganó un recurso ante la Sala Constitucional para poder obtener uno de esos cupos limitados en un plazo prudencial, en vez de varios meses de esfuerzos infructuosos para poder hacer el examen de tránsito indispensable en la obtención de una licencia de conducir de motocicleta. Él labora como motociclista que lleva bienes a las casas de consumidores. Para poder trabajar y satisfacer las necesidades propias y de su familia, tenía que manejar sin licencia, exponiéndose, al hacerlo, a altas multas de leyes de tránsito.
La información correspondiente del noticiero consignó que hay muchos casos como el descrito de personas que quieren trabajar legal y debidamente, pero se lo estaban impidiendo las trabas citadas para lograr el hacer el examen requerido. Empiezo por felicitar a los magistrados de la Sala Constitucional por tan humana e inteligente decisión que le da vigencia al derecho humano al trabajo. Pero, por igual, felicito al ciudadano que tuvo la feliz ocurrencia de acudir a ese tribunal en defensa de sus derechos (y, a la vez, el derecho de todos nosotros).
En 1850, el economista francés Frédéric Bastiat presentó en su ensayo “Lo que se ve y lo que no se ve” lo que hoy se conoce en el pensamiento económico como las consecuencias no previstas, cuando escribió que:
“En la esfera económica, un acto, una costumbre, una institución, una ley no engendran un solo un efecto, sino una serie de ellos. De estos efectos, el primero es sólo el más inmediato; se manifiesta simultáneamente con la causa, se ve. Los otros aparecen sucesivamente, no se ven; bastante es si los prevemos.
Toda la diferencia entre un mal y un buen economista se limita al efecto visible; el otro tiene en cuenta el efecto que se ve, y los que hay que prever.
Pero esta diferencia es enorme, ya que casi siempre sucede que, cuando la consecuencia inmediata es favorable, las consecuencias ulteriores son funestas, y viceversa. Así, el mal economista persigue un beneficio inmediato que será seguido de un gran mal en el futuro, mientras que el verdadero economista persigue un gran bien para el futuro, aún a riesgo de un pequeño mal presente.”
Lo que el gobierno no previó con esa restricción a la oferta de citas para exámenes obligatorios de tránsito es algo que mostró el joven que ganó el recurso antes la Sala Constitucional: que, ante los costos de filas y de espera por tener una cita, había un incentivo para no sacar la licencia sufriendo la obligada espera, sino que se la “juegue” para poder trabajar. Pero, ese no fue el único incentivo a que dio lugar la improvisación estatal: también estimuló la “venta ilegal de cupos” para poder hacer dicho examen. No sólo fueron los “gavilanes” usuales que se observan en casos similares a este (compra y venta de licencias falsas, de lugares preferidos en filas para acceder a servicios de oficinas de migración, pasaportes y cédulas de identidad en ciertos momentos, o, como hace varios años, cuando se pusieron precios topes a los combustibles, de lugares de privilegio en las largas filas para conseguirlos y la irregular de boletos en actividades masivas), sino que ahora el asunto se ha sofisticado en algún grado.
Por la obtención tan difícil de citas para acceder al examen para obtener la licencia y que las reservaciones se logran mediante contactos electrónicos, han hecho que surjan “empresas” privadas que han montado el negocio de obtener una cantidad significativa de citas a lo largo del tiempo y por adelantado, que luego las venden a sus clientes. Esto es entendible en el caso mencionado de que agencias dedicadas a la enseñanza de conducción de carros “acaparan” esas citas en el sitio electrónico del Tránsito y luego las vendieran a clientes de sus escuelas, quienes las necesitan y no las pueden obtener en el tiempo deseado mediante el sistema de reservaciones actual citado.
En tal caso, los precios a los clientes son asunto a negociar, me imagino, formando parte del paquete completo de enseñanza de manejar, conciliando los intereses de las empresas de enseñanza con las necesidades de relativa urgencia y preferencia de los conductores potenciales. En este sentido, hay un beneficio en este mecanismo de “mercado” que, sin duda, es preferible a la manera usual por la que cada persona que necesita el examen debe conseguir por sí solo su cita para la prueba.
Pero, hasta aquí no se acaban los incentivos, perversos o no, resultantes de la medida de limitación de la oferta del servicio por parte del estado. Hay casos de gente que logra multiplicidad de cupos y los ofrece en venta, tal vez a un precio menos que el cobrado por aquellas empresas referidas en el párrafo previo: sólo se pide un depósito previo en alguna cuenta (o en efectivo) a cambio del cupo, pero este cupo no existe: la estafa se logra ante la necesidad urgente y hasta la ingenuidad de los clientes.
Asimismo, no me consta, pero existe la posibilidad de que funcionarios encargados de citas a los exámenes, e incluso los que hacen los exámenes, de “aprobar” con un buen resultado mediando la compensación adecuada. O sea, ante la necesidad de asignar oportunamente los cupos restringidos para los exámenes (y los resultados de ellos) es posible que se abran espacios para la corrupción.
Todas las anteriores son consecuencias no previstas [o, tal vez, hasta previstas por debajo] de la restricción estatal a la oferta del servicio. Cabe, ahora, proponer medidas que supuestamente resolverían en algún grado la situación ampliamente comentada.
Una obvia, pero políticamente posible que sea inviable, es que el estado utilice el mecanismo de los precios para atender la demanda exceso: esto es, aumentar el precio del examen,” para que así alguna cantidad de personas prefiera no “comprar” el servicio ahora más caro. Pero, el monopolio estatal en el servicio continuaría existiendo y no resuelve del todo el problema de la demanda de personas que necesitan dicha licencia, aunque sea al costo de ser detenido por violar la ley al manejar sin licencia.
La alternativa es lograr un aumento en los espacios para obtener un cupo para el examen. Ello se podría lograr aumentando los horarios de las pruebas, lo que, sin embargo, podría requerir, además de ciertos arreglos físicos a las actuales instalaciones, también un mayor gasto gubernamental por la ampliación de la jornada, que conceptualmente tendría que ser cubierto, si no es posible políticamente que lo sea el examinado, por los ciudadanos contribuyentes como un todo.
De aquí que una posible mejor alternativa sea abrir el espacio para que empresas privadas en distintas zonas del país puedan realizar dichos exámenes, mediante un contrato con el estado en cuanto al cumplimiento de los parámetros de dichas pruebas. No se necesita que sea un servicio monopolizado, sino que esté sujeto a resultados según el contrato mencionado (ello para evitar “falsos” exámenes fáciles por los que, y su aprobación, el usuario simplemente pagaría por ellos).
Este esquema no sólo ha dado resultados relativamente aceptables con la revisión de las condiciones físicas de los vehículos, sino, también, aunque sigue siendo un monopolio, como se ha hecho mediante entidades como el Banco de Costa Rica, para la renovación de una licencia o de un pasaporte.
Publicado en mis sitios en Facebook jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 1 de setiembre del 2022.
