LA BENDITA PRESCRIPCIÓN

LA BENDITA PRESCRIPCIÓN

Por Jorge Corrales Quesada

Tal vez porque la información vio la luz en La Nación del 8 de agosto, titulada “Caja archiva caso contra exjefes por crisis de hace diez años,” en medio de una nueva huelga en la Caja, este relato fue sobrepasado por acontecimientos más recientes.

Obviamente no se está contra el derecho de los individuos a la prescripción de acusaciones en casos como este, pero, la pregunta que uno siempre formula es ¿por qué las autoridades no actuaron a tiempo, antes de llegar al período de prescripción?

Resulta que, a fines de la década pasada, se tomaron decisiones por parte de funcionarios de alto nivel que presuntamente ocasionaban un serio daño a las “sostenibilidad financiera de la CCSS.” Eso fue entre el 2008 y el 2009. Esas decisiones dañinas se presentan en la actualidad, si bien de otra forma, pero siempre sobre lo mismo: beneficios laborales entre los que se menciona un “aumento del tope de cesantía y de anualidades,” además de un incremento “en la base salarial no profesional y la creación de plazas nuevas.” (Me imagino que todo esto, sucedido en la administración Arias, se dio en el marco de un aumento del gasto público para aliviar supuestamente la crisis iniciada a fines del 2008, mejor conocido como Plan Escudo).

Ante esas actuaciones, la Caja llevó a cabo un procedimiento administrativo a nueve funcionarios de la Caja, pero, ante la petición de algunos de los afectados en cuanto a que tal procedimiento ya había prescrito (en el caso, pasado más de cinco años sin resolverse), el caso fue archivado, según un informe técnico legal. Los informes necesarios de la Auditoría se pasaron ante “las autoridades superiores administrativas de la Caja desde el año 2012” y que el traslado de cargos les fue notificado a los investigados “entre el 24 y el 28 de mayo de 2019,” el plazo prescribió. Qué sabia es la frase que podría aplicarse del Chapulín Colorado: “fue sin querer queriendo!,” pues es claro que, por muchos años, en tiempo, no se decidió nada acerca de esas acusaciones y las consiguientes responsabilidades. ¿Por qué la dilación?

Según decisión de la Junta Directiva de la Caja del 4 de abril de este año, se “ordenó la instrucción de esa investigación con base en una acusación” presentada ante el Ministerio Público, la que trata de 75 hechos llevados a cabo entre el 2008 y el 2009.

Como resultado de la decisión de acoger la prescripción mencionada, se ordenó “el cese de medidas cautelares” a los imputados y la reinstalación en su puesto a “tres de ellos a partir del 5 de agosto,” según notificación de 1 de agosto.

El medio indica que, en el momento de la publicación, no se conoce el estado de aquella acusación planteada ante el Ministerio Público.

Qué difícil es que, cuando altos funcionarios toman decisiones que causan daño a la entidad pública en donde laboran, lo que en última instancia se trata de fondos públicos, puedan ser responsabilizados por esos hechos. En especial molesta cuando se deja que las acusaciones correspondientes simplemente prescriban…

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 5 de setiembre del 2019.