Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1980 a 1989
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Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1980 a 1989
1981-04-21- LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-I
LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-I
La Nación, 21 de abril de 1981.
La tarea fundamental que tenemos los costarricenses es la definir el sistema de vida que queremos ahora y en los años venideros. Pienso en el hombre de Toynbee que avanza a partir de la crisis y es por ello que miro con optimismo a los años ochenta, que verán un escrutinio intenso del papel del Estado en la sociedad democrática moderna, lo que posiblemente resulte en un bienestar mayor para todos los costarricenses, al limitarse el espejismo que pretendió engañar nuestras conciencias: un freno al Estado que pretendió hacerlo todo bien y terminó haciéndolo todo mal.
Mi propuesta consiste en introducir un capítulo en la Constitución Política de la República, en el cual se limitaría el crecimiento del gasto estatal, que estaría ligado al crecimiento económico de país. De esta manera seria posible, al menos, mantener la participación relativa del Estado en la producción total de bienes y servicios por parte de los costarricenses. Se podría obtener una reducción en los impuestos, así como atenuar las presiones inflacionarias, cuyas disminuciones pasarían de ser utópicas declaraciones políticas a tangibles realidades. Esto podemos lograrlo si todos los ciudadanos estamos dispuestos a contribuir en un plan de limitación y eventual reducción del gasto estatal.
La propuesta es esencialmente la siguiente: limitar constitucionalmente el crecimiento del gasto estatal, de manera tal que el gasto de cada año dependa del gasto del año anterior, agregando un porcentaje de incremento a ese gasto en lo que aumenta la producción total del país. De esta forma, el tamaño del sector estatal no crecería más rápidamente que el tamaño del sector privado. Además, y esto es clave, si el sistema polìtico decidiera disminuir el gasto estatal en un año dado, esto reduciría el gasto del año siguiente.
El problema esencial del excesivo gasto estatal radica en que cada gasto especifico o particular es aceptado por sus propios méritos; tiene patrocinadores importantes y sensatos, pero esa misma aceptación de cada una de las partes por sí mismas, al ser ya sumadas no tiene la aceptación de esos mismos patrocinadores. Estamos de acuerdo en cada una de las partes pero no en la sumatoria del total. Por ello, es indispensable que se fije un total de gasto estatal y de ahí en adelante que se decida sobre las partes del mismo.
Muchas veces se ha sugerido simplemente balancear el presupuesto, pero esto no contribuye a resolver el problema, que es el tamaño relativo del Estado. Se podría simpatizar con los proponentes del presupuesto balanceado, pero su gran defecto consiste en que, si hay un gasto estatal equivalente a, digamos a manera de ejemplo, el 75% del ingreso de los costarricenses, entonces, a fin de financiar ese gasto sería necesario obtener impuestos en un 75% de lo que perciban los costarricenses en salarios, rentas, intereses y utilidades. Yo prefiero una organización sociopolítica en la cual el Estado, por ejemplo, gaste el 5% de la producción nacional, aún cuando el egreso esté totalmente desfinanciado, que una en que el Estado gaste el 75% del ingreso privado y el cual está totalmente financiado.
Es necesario dar algunos datos respecto al crecimiento relativo que el Estado costarricense ha tenido respecto a la producción total. En tanto que en 1957 la participación relativa del Estado respecto al Producto Nacional Bruto era del 12.8%, ya en 1979 alcanzó el 24.6%. En 22 años casi se duplicó el tamaño relativo del Estado. Y esto significa, ni más ni menos, que el Estado se va apropiando más y más del total de nuestra producción. Existen otros datos interesantes: en 1957 el total de salarios pagados en el sector público era del 16.4% de los totales de salarios pagados en el país. Para 1979, dicho porcentaje ascendió al 30.3% de ese total.
Nuestros principales grupos polìticos democráticos, con preferencias cada cual por distintos proyectos de gasto estatal, a fin de lograr cada cual lo suyo están dispuestos a apoyar o no obstaculizar o negociar entre sí sus preferencias de gasto.
Esto implica que cada una de las partes obtiene lo que desea, pero no el país, quien pierde al tener una proporción de gasto mayor que la que se consideraba deseable.
Creo que la experiencia histórica de Costa Rica nos dice que ésta no ha sido placentera en lo que al tamaño del Estado se refiere. Es por ello que una limitación constitucional al gasto estatal, ofrecería una posibilidad de enderezar lo que se nos ha desviado.
1981-04-22-LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-II
LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-II
La Nación, 22 de abril de 1981.
El problema fundamental que debe ser analizado es la competencia por recursos entre el Estado y los individuos.
Los sectores privados, al efectuar demandas por los recursos productivos de la sociedad, se caracterizan por el conflicto y la competencia en la utilización de esos recursos. Es decir, se supone que, dada una cantidad de recursos, al utilizar un ente privado más de esos factores, lo hace a costas de los recursos que emplearía otro ente privado. Y, por ello, es necesaria la eficiencia en la asignación de factores por parte del sector privado, pues, de no ser así, por la naturaleza competitiva y de lucha por esos mismos recursos, esa entidad privada tendría pérdidas, que no es lo que desea por su propia razón de ser.
Caso contrario de conflicto o competencia por recursos ocurre con la acción económica en el Estado. Los incentivos no empujan hacia la lucha interna de las partes por los recursos escasos, sino que, al contrario, surgen acuerdos internos dentro del Estado a costas de una menor participación del sector privado en el producto nacional y de una mayor participación, por complemento, del Estado en ese mismo producto. El incentivo va dirigido no hacia el conflicto interno en el Estado, sino de éste hacia la sociedad como un todo.
Con una limitación constitucional como la que he propuesto, sería factible revertir el nocivo resultado que he señalado en el párrafo anterior. Ahora sí es posible, al fijar un límite, obligar a las instituciones estatales a que compitan entre sí por los recursos escasos, en vez de la despreocupación originada en una supuesta infinita transferencia de recursos del sector privado hacia el Estado. Al terminar esta complacencia se originaría el conflicto dentro del Estado y, por tanto, se promovería la búsqueda de la eficiencia en la organización de recursos, ahora “escasos” dentro del Estado. Ya no se trataría de simplemente mayores recursos para el Estado, sino de cómo tomar más una entidad estatal a costas de la otra, fijando invariable el total de gastos.
Una de las virtudes de la propuesta de limitación constitucional del gasto estatal es que ésta contribuye a disminuir el proceso inflacionario o, por lo menos, a atenuar los efectos colaterales derivados de la inflación.
La regla casi general, especialmente en los últimos años, es que los Estados débiles acuden a la emisión de dinero a fin de financiar el gasto estatal, cuando éste excede los ingresos tributarios o a la captación de recursos por medio de bonos. Usualmente nuestros Estados no son capaces de obtener los recursos necesarios por medio de impuestos, pues no sólo esto resulta impopular y resta votos, sino también por la relativa pobreza de las bases tributarias.
Es posible diseñar la propuesta de limitación constitucional al gasto del Estado, para que introduzca un poderoso desincentivo a la inflación y esta consistiría en ligar el crecimiento del Estado al crecimiento de la inflación, de manera tal que el Estado no aumentaría su gasto en el mismo porcentaje en que crece el producto nacional, sino en un por ciento menor a lo que aumenta la inflación. Así, el Estado quedaría limitado en su incontenible crecimiento, pues a mayor inflación se penalizaría el tamaño relativo del Estado.
Uno de los problemas más serios que afronta el hombre moderno en sus relaciones con el Estado, ha sido la cantidad de recursos que recientemente éste ha obtenido por la vía de los impuestos. La limitación constitucional al crecimiento del gasto estatal, que ahora estaría ligado al crecimiento de la producción nacional y que, con la estructura progresiva del impuesto de la renta, le brinda mayores recursos que el gasto autorizado, permite utilizar dos caminos en el uso del excedente tributario: o se reduciría la usualmente ya elevada deuda estatal, contribuyendo al saneamiento de los mercados de capitales, o se disminuirán los impuestos para recaudar lo estrictamente necesario para financiar el gasto constitucionalmente permitido.
Creo que la propuesta de limitación constitucional al gasto estatal nos ofrece una oportunidad positiva para transcurrir entre la Escila de mayor inflación y el Caribdis de mayores impuestos.
1981-04-23-LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-III
LA LIMITACIÓN DEL GASTO ESTATAL-III
La Nación, 23 de abril de 1981.
Un elemento promotor de la actividad creciente del Estado es la creencia en la necesidad de la participación estatal para balancear o estabilizar la economía. Hoy día las técnicas de estabilización de Keynes, pregonadas allá por los años treinta, que brindó la base lógica a ese nuevo papel del Estado, no gozan de la preeminencia académica de que disfrutaron en el pasado y, aun en la práctica de la economía, cada vez su aplicación es menor si bien sus efectos ideológicos iniciales perduran en muchos lares.
El problema elemental es que el concepto de estabilización de la economía se convirtió en la caja de Pandora del gasto estatal. Teóricamente se justificó que la norma del gasto estatal en exceso de los ingresos tributarios fuera la máquina del crecimiento y del desarrollo y para los intelectuales era difícil ir contra ese “crecimiento y desarrollo”. Los hechos, y especialmente el fenómeno contemporáneo de simultaneidad de inflación y desempleo, han demostrado cómo el buen doctor Jekyll se convirtió en el malo señor Hyde; cómo el Estado benefactor se transformó en el gran Estado que cercena nuestras libertades; cómo el pensamiento keynesiano, que nos ofrecía el crecimiento autosostenido y siempre en ascenso, evolucionó hacia el estancamiento, la inflación y el desempleo.
La experiencia ha demostrado, casi hasta la saciedad, que constantemente se formulan declaraciones líricas y pomposas que buscan mejorar y hacer más eficiente nuestro aparato estatal y que, en la realidad, tal vez lo que se esté tratando es, quijotescamente, de derribar molinos de viento. Una reforma constitucional que limite el gasto estatal tendría varias características importantes: brindaría cierta duración, sería más mandataria, tendría un carácter extraordinario y fuera de lo común y, más importante, estaría al nivel de la autoridad máxima.
Me voy a permitir transcribir, dadas mis limitaciones en el campo de las leyes y a fin de que sirva de guía para adaptarlo a nuestro sistema legal constitucional, tal vez como parte de las Garantías Económicas del Ciudadano, paralelo inevitable de las Garantías Sociales, una propuesta de reforma constitucional que limita el gasto federal en los Estados Unidos preparado por el Comité de Redacción de la Reforma Constitucional:
Sección 1:
Para proteger el pueblo contra las cargas gubernamentales excesivas y promover políticas monetarias y fiscales sanas, los gastos totales del Gobierno de los Estados Unidos serán limitados.
a) Los gastos totales de cualquier año fiscal no se incrementarán en un porcentaje mayor que el incremento porcentual del producto nacional bruto nominal del último año calendario previo al inicio de dicho año fiscal. Los gastos totales incluirán tanto los gastos incluidos dentro del presupuesto, como los extrapresupuestarios y excluirán las redenciones de la deuda pública y gastos de emergencia.
b) Si la inflación del último año calendario que termina previo al inicio de cualquier año fiscal es mayor que el tres por ciento, el incremento porcentual permisible en los gastos totales para ese año fiscal, será reducido en una cuarta parte del exceso de la inflación sobre el tres por ciento. La inflación será medida por la diferencia entre el incremento porcentual del producto nacional bruto nominal y el incremento porcentual del producto nacional bruto real.
Sección 2:
Cuando para cualquier año fiscal, los ingresos totales recibidos por el gobierno de los Estados Unidos exceden los gastos totales, el excedente será utilizado para reducir la deuda pública de los Estados Unidos hasta que tal deuda sea eliminada.
Sección 3:
Posterior a la declaratoria de emergencia por parte del Presidente, el Congreso puede autorizar, por dos tercios del voto en ambas Cámaras, un gasto de emergencia de un monto específico en exceso del límite para el año fiscal vigente.
Sección 4:
El límite a los gastos totales puede ser variado en una cantidad específica por tres cuartos del voto en ambas Cámaras del Congreso, cuando sea aprobado por los Congresos de una mayoría de los varios Estados. La variación tendrá efecto en el año fiscal posterior a la aprobación.
Sección 5:
Para cada uno de los primeros seis años fiscales posteriores a la ratificación de este artículo, las donaciones totales a los Estados y los gobiernos locales no será una fracción inferior de los gastos totales que la de los tres años fiscales previos a la ratificación de este artículo. De ahí en adelante, si las donaciones son menores que esa fracción de los gastos totales, el límite sobre los gastos totales será reducido en un monto equivalente.
Sección 6:
El Gobierno de los Estados Unidos no requerirá directa o indirectamente que los Estados o los Gobiernos locales se comprometan en actividades adicionales o expendidas sin una compensación igual a los costos adicionales necesarios.
Sección 7:
Este artículo puede ser obligado a cumplirse por parte de uno o más miembros del Congreso en acción legal presentada ante el Corte Distrital de los Estados Unidos en el Distrito de Columbia, pero no por parte de cualesquiera otras personas. La acción legal nombrará como demandado al Ministro de Hacienda de los Estados Unidos, quien tendrá la autoridad sobre los gastos de cualquier unidad o agencia del Gobierno de los Estados Unidos, cuando sea requerido por orden de la corte de que cumpla con los señalamientos de este artículo. La orden de la corte no indicará los gastos específicos que deberán ser efectuados o reducidos. Los cambios necesarios para obedecer la orden de la corte serán realizados a más tardar antes de fines del tercer año fiscal pleno posterior a la orden de la Corte.
Espero que esta serie de tres ensayos sea útil para nuestra Patria, pues en verdad nuestra disyuntiva histórica está ya muy clara.
1981-04-30-ALGUNAS CIFRAS SOBRE CHILE
ALGUNAS CIFRAS SOBRE CHILE
La Nación, 30 de abril de 1981.
En los últimos años han surgido muchos comentarios acerca de Chile, especialmente en lo referente a los campos económico y político. En este artículo presentamos algunos datos acerca de la evolución de la economía chilena durante la década de los años setenta. Pero, antes que todo, debemos señalar que el análisis se circunscribe a fenómenos económicos y no hacen referencia al tipo específico de organización política de esa nación; sin embargo, es fundamental señalar que el gobierno del señor Salvador Allende se inició en 1970 y concluyó a finales de 1973, en que asumió el poder el actual gobierno chileno.
Una medida muy significativa de la evolución de una economía es la tasa de crecimiento real de la producción (en este caso particular el dato se refiere al producto geográfico bruto real). Ésta, durante el período 1970-1972, creció a una tasa promedio anual real de 3.7%; para el lapso 1973-1975 disminuyó a una media anual real de 4.6%, pero, para el período 1976-1980, de nuevo aumentó a un promedio anual real de 7.3%, cifra nunca vista en la historia moderna de Chile.
Otra cifra interesante de mostrar es el comportamiento de los precios o de un indicador de inflación, denominado índice de precios a nivel del consumidor. Para el período 1970-1972, la inflación media anual de Chile creció en un 43.2%; en el lapso 1973-1975 la inflación alcanzó la asombrosa cifra de crecimiento anual media de 411.2%, pero ya para el período 1976-1979 la inflación empieza a reducirse sistemáticamente, hasta alcanzar una tasa de crecimiento anual promedia de 93.6%; en especial, durante los años 1978 y 1979 fue de 40.1% y 30.3%, respectivamente. Estimaciones preliminares para 1980 la sitúan en aproximadamente un 25% anual y, para 1981, proyecciones conservadoras la fijan en un 15% anual. El esfuerzo en este campo ha sido asombroso.
Un dato importante es la relación de déficit del sector público con respecto al producto interno bruto de Chile. Para el periodo 1970-1973, fue de un promedio anual de 12.5% (en 1973 llegó al límite histórico máximo de un 23.6%; es decir, el déficit fiscal llegó a ser de casi una cuarta parte del total de la producción nacional). Para el período 1974-1979 descendió a un promedio anual de sólo 2.9%. En 1979 fue de -2.3%; es decir ̶ casi un milagro en nuestra época ̶ más bien hubo un superávit gubernamental.
Un indicador de la apertura de la economía chilena puede verse en la relación importaciones más exportaciones como porcentaje de la producción total. Para los años 1970-1973 la relación promedio de apertura fue de 24.6%. El gran impacto de una apertura al exterior se presenta en los años 1974-1979, en que el cociente aumentó a un promedio de 40.1%; destacándose el año 1979, en que fue del 48.6% del total de la producción chilena.
Una cifra bastante significativa es la inversión como porcentaje de la producción nacional de Chile. Para el periodo 1970-1973, el cociente anual promedio fue de 12.5%, alcanzándose el récord histórico de 20 años en 1972 con el más bajo cociente de tan sólo 11.8%. Para los años 1974-1980, el cociente anual promedio fue de 15.2%, obteniéndose de nuevo el récord histórico de 20 años en 1980, pero esta vez con el más alto cociente de 17.9%.
Las cifras de los cambios en las reservas netas internacionales del Banco Central de Chile también son muy significativas. La tasa media anual de cambio en las reservas netas para el período 1970-1973 fue de -0.6%; o sea, descendieron. Para el período 1974-1978, la tasa media anual de cambio en las reservas netas aumentó en +1.5%, siendo positiva esta tasa a partir de 1976. Otro dato más: en 1980 el superávit de la balanza de pagos ascendió a $1.244 millones.
Otro dato valioso es la relación ahorro financiero con respecto a la producción nacional. Este cociente para el lapso 1971-1972 fue de sólo 5.6% en promedio anual, pero ya para el período 1973-1975 había ascendido a un promedio anual de 13.1%. Pero los datos más notorios se presentan para los años 1976-1980, en que la tasa media anual fue de 48.1%, destacándose 1980, en que ascendió a 75.8% de la producción interna de Chile.
El costo evidente del reajuste de Chile ha sido pagado fundamentalmente por el desempleo, aunque las cifras de que disponemos indican su naturaleza temporal, pues la tasa de desempleo se ido reduciendo de forma paulatina, de aproximadamente un 20% de la fuerza de trabajo en 1975 a un 12% del total a finales de la década; se estima, además, que para 1980 ascienda un 10% del total. Específicamente, la tasa de desempleo para el cuarto trimestre de 1980 fue de 10.1%, en tanto que en el primer trimestre de 1979 el dato fue de 16.5%. Los sueldos y salarios reales aumentaron en el período octubre 1979-octubre 1980 en 17.2%. Esto demuestra que Chile se orienta en la dirección correcta de solución a este serio problema.
Estos datos no han surgido de la nada. Son resultados de políticas económicas. Como hemos escuchado a algunos connotados empresarios lanzar fuertes acusaciones a los que alguna vez hemos propuesto la adopción de políticas económicas de mercado, les preguntamos, ¿por qué no invitan a algunos de sus colegas empresarios chilenos para que les narren lo que ha significado la reestructuración de la economía chilena y para que les expliquen las causas que originaron el desequilibrio?
1981-05-09-EL FALSO ESPEJISMO DEL PRESUPUESTO BALANCEADO
EL FALSO ESPEJISMO DEL PRESUPUESTO BALANCEADO
La Nación, 09 de mayo de 1981.
La sabiduría convencional, aún muy persistente en Costa Rica y compartida por muchas excelentes personas, quienes desde mucho tiempo atrás han combatido el excesivo gasto estatal, ha dictado sobre la prudencia de mantener un presupuesto equilibrado. Aún nuestra misma Constitución hace obligatoria la necesidad de obtener recursos ordinarios para hacerle frente a los gastos del Estado. Y qué decir de las múltiples prédicas de grupos como la Asociación Nacional de Fomento Económico o las de editoriales de nuestros periódicos, entre muchos otros, que nos aconsejan, con prudencia sana, que los gastos del Estado tengan “contenido real”; o sea, que se financie con impuestos. Esencialmente, lo que han buscado, como ha sido lo frecuente con muchos políticos bien intencionados, es el equilibrio en el presupuesto: que no haya déficit y que, ojalá, surja un superávit.
No es que la idea de tener un presupuesto balanceado no sea respetable. Al contrario, desde Adam Smith, quien en su libro La Riqueza de las Naciones, ya había señalado su oposición a presupuestos desbalanceados, hasta la percepción de los ecos recientes de muchos compatriotas preocupados por el elevado déficit en el gasto estatal, son síntomas de una seria preocupación del hombre libre frente al crecimiento no controlado del Estado.
La limitación fundamental que tiene el enfoque del presupuesto balanceado es que, en realidad, no contribuye a la solución del problema, que lo es el tamaño relativo del Estado. Se podría simpatizar con los proponentes del presupuesto balanceado, pero su gran defecto consiste en que, si hay un gasto estatal equivalente a, digamos, el 75 por ciento del ingreso de los costarricenses, entonces, a fin de financiar es gasto, sería necesario extraer ingresos de los costarricenses; o sea, impuestos en un 75 por ciento de lo que perciben en salarios, rentas, intereses y utilidades. Yo prefiero una organización socio-económica en la cual el Estado, por ejemplo, gasta el 5 por ciento de la producción nacional, aún cuando el egreso esté totalmente desfinanciado, que una en que el Estado gasta el 75 por ciento del ingreso de los costarricenses y el cual está totalmente financiado.
De esta manera, las políticas basadas en presupuestos balanceados en realidad permiten cualquier nivel de gasto siempre y cuando existan tributos que lo respalden; en verdad lo que deseamos es un límite al crecimiento del Estado y no que éste sustraiga recursos de los individuos para satisfacer sus necesidades.
Es más, lo probable es que la simple decisión e balancear el presupuesto más bien podría conducir a un mayor gasto estatal. Esto porque, ante una situación inflacionaria, que significa la obtención, al menos en un principio, de mayores ingresos nominales, aunque no reales, y debido a la estructura progresiva del impuesto sobre la renta, permite que proporcionalmente el fisco reciba más recursos y, por la lógica del presupuesto balanceado, esto implicaría aumentar el gasto. El Estado tiene así una patente de corso para gastar.
El concepto de presupuesto balanceado tiene otro problema. Si bien es difícil, y así debe reconocerse desde el principio, tratar de controlar un lado de la ecuación (el gasto estatal), más difícil será el intento de controlar simultáneamente el otro miembro de la igualdad (o sea, también los impuestos). Y es apropiado señalar, sin pretender lucir como un escéptico, que no debemos despreciar a priori la habilidad de las estructuras burocráticas de generar artificios que se traducen en gastos y que, en realidad, aparentan ser otra cosa.
Por todas las razones que he enunciado, creo que el mejor intento para limitar al Leviatán surge no del concepto de presupuesto equilibrado o balanceado, sino más bien por la vía de la limitación constitucional al tamaño del Estado.
1982-07-04-EL REGRESO DEL OLEODUCTO
EL REGRESO DEL OLEODUCTO
La Nación, 04 de julio de 1982.
Pueden surgir varias interpretaciones acerca del notorio cambio experimentado por algunos grupos nacionales, en la actitud hacia una posible construcción de un oleoducto interoceánico en Costa Rica.
Destaca lo sucedido con el otrora partido opositor, Liberación Nacional, en el que, al encontrarse gobernando al país, al menos algunos de sus más connotados miembros han expresado un apoyo muy decidido a favor de la instalación del oleoducto, en tanto que se opuso férreamente a ello en un pasado reciente. De este viraje, por supuesto, se excluye a Don José Figueres, quien desde una primera instancia expresó entusiastamente su aprobación a dicha construcción. Algunos podrán formular la hipótesis de que ya no tiene objeto poner obstáculos a lo que hubiera sido una destacada obra de la desaparecida Administración Carazo y que, por tanto, ahora la buena fortuna llega a las puertas de un gobierno liberacionista el cual cosechará todas las ganancias políticas derivadas del famoso oleoducto. Esta explicación supone una mezquina interpretación politiquera de Liberación Nacional, la cual contrasta con un supuesto beneficio nacional que se obligó a dejar de lado en la pasada administración.
La explicación anterior acerca del cambio de actitud ante la instalación del oleoducto no es la única. Así, puede argüirse que al estar más informado el ciudadano común acerca de la grave situación económica del país, ahora existe un mayor aprecio de los resultados económicos derivados del proyecto, en comparación con supuestos costos sociales (posibles conflictos militares, destrucción del medio ambiente, entre otros) que se originan por la instalación y operación del oleoducto en Costa Rica. Esto significa que los grupos opositores a la instalación del oleoducto en el país ahora sí lo ven como algo económicamente conveniente para la nación, aún cuando continúan conscientes y fieles creyentes en los resultados apocalípticos que algunos compatriotas vaticinaron, en caso de que el oleoducto se construyera en nuestro país.
Una tercera explicación de la variación de opiniones comentada es que se ha dado un proceso de maduración de la idea del oleoducto en Costa Rica, de manera que algunos de los mitos tejidos alrededor de su instalación han mostrado su verdadero rostro pleno de supersticiones y de hechicería, por lo que el proceso educativo experimentado se refleja, entonces, en una redefinición de las actitudes, de tal forma que ahora lógicamente los grupos son conscientes de su actitud positiva hacia el proyecto.
Creo que es muy posible que cada una de las tres explicaciones brindadas contribuya a formular la nueva actitud hacia el oleoducto, sin demérito de que algunos, a quienes el periodista Penabad, defensor de la instalación del oleoducto, llamo “conservadores”, continúen en su posición tradicional de “oponerse por oponerse”, a que Costa Rica al igual que tantas otras naciones del mundo pueda tener un oleoducto. Dado lo anterior, es factible que, para algunos, sea el interés politiquero el que aconseja bajar la cerviz ante el oleoducto, en tanto que, para otros, la alternativa a escoger por el país es clara y definida: el oleoducto nos da las divisas, el empleo y otras cosas necesarias para la supervivencia económica nacional –aunque para ellos el oleoducto sigue siendo “malo”. Y, finalmente, otros consideran que muchos grupos –que deseo sean la mayoría– racionalmente han decidido brindar su apoyo a la instalación del oleoducto en el país, por ser éste lógicamente conveniente para los intereses nacionales, una vez que las criticas lanzadas en el pasado han mostrado ser más que todo resultado de la ciencia-ficción y no del análisis técnico indispensable.
Dentro de la serie de mitos ensamblados alrededor de la posible construcción del oleoducto en Costa Rica, destaca el de la amenaza militar a que en consecuencia quedaría expuesta la nación. Incluso se mencionó que nuestro país podría ser víctima propicia para que se lanzara en su territorio una bomba nuclear que destruyera al “bendito” oleoducto. Es muy posible que este argumento fuera propuesto por ingenuos que consideran que, de no existir un oleoducto en Costa Rica, en una guerra nuclear –el holocausto final– se eximiría el país de sus resultados. O que cándidamente consideran que constituye un blanco militar de importancia vital, que puede requerir de una bomba atómica para su destrucción en caso de un conflicto nuclear. Esto último no pasa a ser una simple inocentada, pues para destruirlo –no es más que un tubo a pocos metros de la superficie de la tierra– se requiere tan sólo de un arma convencional, además de que dicho oleoducto jamás tendrá la importancia estratégica que sus opositores desean adscribirle. Me parece que este argumento más bien ha sido planteado como parte de una campaña de defensa de la “integridad” de Nicaragua, mientras se la entregaba a fuerzas extra-continentales. Después de todo, el oleoducto podría convertirse en un cinturón de castidad para Costa Rica ante la ejemplar “democratización” del vecino.
Entre los potenciales efectos nocivos del oleoducto se mencionó la catástrofe ecológica que se ocasionaría por un esporádico derrame de petróleo en nuestras costas. Si bien se puede estar de acuerdo en que tal derramamiento tiene graves efectos sobre la vida natural en el país, el argumento ha sido mal planteado. En primer lugar, la probabilidad de que el oleoducto –el tubo– estalle o sufra una grave fisura que riegue el aceite es sumamente pequeña. El mundo está recorrido por oleoductos y muy rara –rarísima– vez se ha visto que dejen escapar petróleo en cantidades sustanciales que afecten el medio ambiente.
En segundo lugar, el mayor riesgo de daño a la ecología sobreviene en el proceso de transporte marítimo del petróleo. Al aproximarse los barcos a las costas, en medio a veces de un mal tiempo, es cuando han surgido los accidentes que sobrecogen al espíritu humano. Nadie desea, a pesar de las mejoras tecnológicas recientes para corregir los daños, que un “Torrey Canyon” derrame su carga aceitosa en nuestras costas. Ahora bien, ¿cuál fue uno de los resultados de la oposición frenética que hubo hace un par de años en contra de la instalación del oleoducto en Costa Rica?
Que ahora esté en proceso de construcción en Panamá a lo largo de la frontera con Costa Rica. Esto significa que los barcos que traen el petróleo de Alaska para descargarlo en el puerto del Océano Pacífico y que luego se envía en otros barcos a la costa este de los Estados Unidos a partir de la terminal atlántica del oleoducto, recorren todas nuestras costas elevando enormemente el riesgo del daño ecológico a nuestro país. Como dice el pueblo: al que no quiere caldo, dos tazas. Panamá se quedó con las divisas, con el empleo y los negocios del oleoducto y Costa Rica asumió el riesgo mayor a su medio ambiente y, para los que creen en el “problema nuclear”, con los resultados derivados de la proximidad del oleoducto a la frontera costarricense (la radiación de una bomba atómica no reconoce el límite entre Panamá y Costa Rica).
El país debe de inmediato, ya sea por conveniencia politiquera, por razones de supervivencia económica o por un convencimiento racional de sus virtudes, proceder a evaluar seriamente la posibilidad de instalar un oleoducto. Nada más me permito aconsejar que la decisión de quién hará el proyecto sea efectuada con toda claridad. Por ejemplo, públicamente debe invitarse a todos los interesados potenciales a que planteen alguna propuesta al país y, una vez evaluadas económicamente las distintas opciones mediante los estudios de factibilidad apropiados, proceder a llevar a cabo aquel que satisfaga de la mejor manera posible al interés nacional de construir un oleoducto en Costa Rica.
1982-07-26-SINDICALISTAS CONTRA COSTA RICA
SINDICALISTAS CONTRA COSTA RICA
La Nación, 26 de julio de 1982.
Lo que algunos líderes sindicales criollos ̶ enfatizo, algunos ̶ hacen en los Estados Unidos contra nuestro país les impone un nombre: malos patriotas. Resulta que allá ciertos grupos sindicales (la AFL-CIO) la emprendieron contra el movimiento solidarista e intentaron que su gobierno actuara contra Guatemala, nación adonde aquél se había extendido. Al caer el gobierno anterior y llegar al poder el antiguo procurador de los derechos humanos, señor Ramiro de León, por supuesto que la AFL-CIO no supo adónde meterse, pero rápidamente se acordaron que el solidarismo se originó en nuestro país y prestos actuaron contra nosotros.
Ante la declinación paulatina del sindicalismo y la voluntad mayoritaria de nuestros trabajadores de agruparse en el solidarismo (lo que nos les impide pertenecer a sindicatos, lo que pasa es que no los quieren), nuestro país se convirtió en el objetivo de la AFL-CIO, la cual ha actuado allá y aquí para que los Estados Unidos nos sancionen mediante una prohibición de nuestra exportación hacia aquel país.
Por supuesto que, de tener éxito, esos pocos líderes del sindicalismo criollo, los cuales públicamente han apoyado las gestiones de la AFL-CIO en los Estados Unidos, provocarían un enorme daño a todos los costarricenses quienes veríamos seriamente menoscabado nuestro modo de vida básico.
Como actualmente en los Estados Unidos no está muy claro el rumbo de sus políticas, es apropiado que nuestros más de 3,3 millones de costarricenses y con una fuerza de trabajo de 1,2 millones de trabajadores, empiece a recoger firmas en todos los pueblos, calles, empresas, ciudades y sitios, para mandárselas, con un lacito de libertad, a quienes en Estados Unidos pretendan perjudicarnos. ¿Qué impacto creen ustedes que tendría allá esa reacción de nuestro pueblo ante la nefasta presión de sus aún poderosos sindicatos?
La verdadera organización laboral y la empresarial deben empezar de inmediato, antes de que sea tarde, a promover esta acción cívica y, de paso, que los dirigentes de cierto movimiento político nacional recuerden a sus achichinques, la Rérum Novárum, que no pueden anteponer el interés egoísta de su grupo ̶ las diputaciones, mi amigo, las diputaciones ̶ y perjudicar tan bárbaramente al país como un todo.
1982-12-01-LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN-GASTO E INGRESOS PÚBLICOS
LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN: GASTO E INGRESOS PÚBLICOS
La Nación, 01 de diciembre de 1982. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 83-85.
La próxima visita del Presidente Ronald Reagan a Costa Rica justifica exponer algunas de las políticas económicas que el mandatario norteamericano ha puesto en marcha o que, al menos, ha pretendido implantar en su país., También permite analizar la naturaleza de otra decisiones que se ha propuesto llevar a cabo durante su actual administración y que, posiblemente, tal vez hasta requiera de un segunda oportunidad como jefe del gobierno de los Estados Unidos.
Primero que nada, es indispensable recalcar que el presidente Reagan es un liberal. Liberal en el sentido correcto de la palabra, tal como la entiendo el costarricense. En los Estados Unidos, en cambio, la expresión liberal más bien define al social-estatista, al dirigista, al creyente en que sea el Estado el que logre los objetivos que se consideran deseables para el individuo. El liberal, cree, al contrario, en la libre acción voluntaria, espontánea, no coercitiva, no planeada por el Estado, por la cual esas mismas personas determinan los arreglos necesarios para el logro de la felicidad humana. En los Estados Unidos, a los creyente en la libertad, en el extenso sentido del término, se les ha llamado conservadores (así se define al presidente Reagan), en tanto que allá los liberales son más bien los promotores de las restricciones a la libertad, pretendiendo sustituir la libre actuación individual por la concentración del poder en manos del Estado u otros organismos supraindividuales. El presidente Reagan es un liberal, tal como lo conoce el costarricense y, por lo tanto, no es un social-estatista, ni un social-demócrata, ni un dirigista, ni un intervencionista.
Una vez aclarado lo anterior, como paso siguiente procedo a exponer los fundamentos básicos de las políticas económicas del presidente Reagan, a la que algunos llaman “reaganomics”.
Existe en estos momentos una visión distinta en la Casa Blanca de lo que tradicionalmente han sido los papeles del gasto público y de los impuestos en la economía nacional. Es así como el actual presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Reagan, el economista Martin Feldstein, apropiadamente señala que “está en camino una importante revolución en el pensamiento económico: un retroceso de las ideas keynesianas que han dominado la política económica durante los últimos 35 años” (The Public Interest, No. 64, verano de 1 981).
El presidente Reagan, desde el inicio de su administración, tomó como caballo de batalla la reducción de los impuestos y del gasto público del gobierno federal de los Estados Unidos, como manera de estabilizar el serio problema inflacionario que aquejaba a su nación y cuya secuela inevitable, de desempleo constituye la dificultad mayor para el éxito de la posible política económico del señor Reagan.
La pregunta que inmediatamente surge es, ¿cómo, si el presidente Reagan siempre ha abogado por el equilibrio del presupuesto estatal, es posible, entonces, disminuir los impuestos, lo cual, se presume, reduce las entradas con el consecuente aumento del déficit presupuestario? Detrás de esta concepción tan opuesta al keynesianismo del establishment estatista, se encuentra no sólo la idea del economista Arthur Laffer de que la estructura tributaria de los Estados Unidos ya ha castigado tanto la producción, que una reducción de las tasas tributarias más bien la estimularía en un grado tal que los impuestos que recauda el Estado resultarían ser mucho mayores (unas tasas de impuestos menores aplicadas sobre bases mucho más amplias redundaría en recaudaciones más elevadas). También, existe simultáneamente una concepción acerca de la conducta del gasto del Estado, la cual se fundamenta en que éste gasta más, entre más ingresos percibe. De esta manera, resulta que la única forma de poder reducir el gasto del Estado lo es por una reducción de los ingresos que éste recibe.
Lo anteriormente expresado tiene una gran trascendencia para la apropiada comprensión de la actual política económica nacional, pues los proponentes de última hora a favor del presupuesto balanceado ̶ aquellos quienes en el pasado siempre gustaron de ser los grandes amigos del exagerado gasto público ̶ hoy día tratan, y así lo hacen, de cerrar la brecha entre los ingresos y los gastos aunque, de nuevo con espíritu estatista, sólo por el aumento de los tributos impositivos. De aquí que, aunque ahora prediquen el equilibrio del presupuesto estatal, el que sea por medio de un aumento de las recaudaciones de los impuestos, lo que va a provocar es que puedan disponer de más dinero para gastar, y esto no les va a forzar a reducir el gasto público, si desean hacer una realidad sus propuestas para equilibrar al fisco. El presidente Reagan, por éstas entre otras razones, ha endosado una sugerencia para que los Estados Unidos limiten constitucionalmente el crecimiento del gasto estatal. Sólo de tal manera podrá atarse al Leviatán. Quienes en Costa Rica hemos propuesto ideas como éstas, únicamente hemos encontrado el silencio de quienes definen la política económica actual, tal vez ello se deba a que en realidad no creen en un Estado limitado, sino que, al contario, confían tan sólo en un Estado que disponga de recursos casi ilimitados para poder gastarlos.
1982-12-02-LA ECONOMIA DEL PRESIDENTE REAGAN-MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN
LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN: MEDIDAS CONTRA LA INFLACIÓN
La Nación, 02 de diciembre de 1982.
La reducción de los impuestos y del gasto estatal que el Presidente Reagan ha propuesto y llevado a cabo en su país, es parte complementaria del segundo elemento característico de su programa económico: la lucha contra la inflación.
Al iniciar su gobierno, el Presidente Reagan señaló a su pueblo que el enfrentamiento con la inflación iba a ser doloroso y que, lamentablemente, esa enfermedad, una vez arraigada en la economía, tardaba bastante tiempo en ser erradicada. Enfatizó, de igual manera, que el ajuste económico requerido necesariamente habría de provocar desempleo temporal en la economía norteamericana, precio que tendría que pagar la nación por los desafueros del gasto público y de emisión monetario que los social-estatistas del pasado habían llevado a cabo (¿Se acuerdan cuando Nixon proclamó que “ahora todos somos keynesianos”?).
A inicios de la administración del Presidente Reagan, se enfatizó en que las propuestas de la denominada economía del sector de la oferta (supply-side economics) contribuirían a la reducción de la inflación. Esto, en apariencia, hizo surgir un conflicto con los seguidores del llamado monetarismo (asociado fundamentalmente con las ideas del profesor Milton Friedman), quienes mantienen que el fenómeno inflacionario es de naturaleza esencialmente monetaria. La realidad es que no existe un conflicto de fondo entre los dos enfoques y, más que todo, de lo que se trata es de énfasis distintos en los resultados económicos a lo largo del tiempo. Las denominadas políticas económicas del sector de la oferta (a las cuales me referiré posteriormente), como tales no tienen efecto sobre la tasa de crecimiento de los precios, sino, más bien, sobre el nivel de precios. Esto es, no afecta la tasa de aumento de estos a lo largo del tiempo; o sea, no influye en la tendencia, sino sobre el grado o nivel en que se encuentran los precios. De aquí que en el largo plazo los enfoques de la economía de la oferta contribuyen a reducir los niveles de precios. Sin embargo, para que los precios no continúen creciendo, como resultado de una política monetaria estabilizadora es necesario controlar el crecimiento del dinero en la economía.
Dado lo anterior, aún cuando se ha criticado la volatilidad con que se ha conducido la política monetaria por parte del Banco Central de los Estados Unidos (llamado Sistema de Reserva Federal), ésta ha sido puesta en marcha recientemente de una manera cautelosa, lo cual evita los excesos inflacionarios de los creyentes en el keynesianismo, que tantos estragos aún causan en la economía norteamericana. Esa conducta monetaria mesurada, con un crecimiento bajo de los medios de pagos, ya ha permitido una reducción notoria de la inflación en los Estados Unidos, en donde, a partir de un crecimiento del índice de precios de aproximadamente un 15 por ciento anual en 1980, se ha reducido a una tasa estimada para este año del 5 1/2 por ciento anual. La introducción de la confianza que el ciudadano mantiene sobre la conducción apropiada de la política monetaria, al observar cómo las autoridades de la Reserva Federal se han resistido a las presiones de los grupos interesados en la existencia del crédito fácil y del expansionismo monetario, se ha reflejado en la reducción de las expectativas inflacionarias que el público mantiene, lo cual facilita el ajuste necesario para disminuir la tasa de crecimiento del nivel de precios.
La lección que de ello los costarricenses podemos derivar es que, sí queremos lograr la estabilización del crecimiento de los precios en nuestro país, es requisito indispensable que nuestro Banco Central conduzca su política monetaria fundamentada en un crecimiento bajo y estable de la oferta de dinero. Igualmente, que resista las presiones políticas para lograr el financiamiento de gasto publico por medio de una mayor emisión de dinero, así como las de aquellos quienes pretenden reducir artificialmente las tasas de interés, con el consiguiente efecto de lograr una mayor inflación, así como un empeoramiento en la mala distribución del ingreso. Por lo tanto, debe apoyarse cualquier esfuerzo por parte de las autoridades bancarias centrales por mantener una política monetaria sana, aunque ello sea a costa del interés particular que se tenga en un momento dado. Esencialmente es en nuestro Banco Central, cuyos directores supuestamente han de mantener su plena autonomía e independencia, en donde radica el éxito posible en la lucha anti-inflacionaria, pues de fracasar en tal esfuerzo no habrá forma por la cual se podrá evitar la debacle de nuestra economía, prosiguiendo el mismo cauce en que naciones sudamericanas se han visto inmersas.
La reducción dramática de la inflación en los Estados Unidos bajo la administración Reagan nos brinda una excelente lección sobre la forma de combatir ese flagelo de la humanidad. Por supuesto, para poder luchar contra la inflación, nuestras autoridades no sólo deben de manifestarse contra ella sino también aplicar las medidas correctas, aunque ello signifique lanzar por la borda ideas social-estatistas mantenidas en el pasado.
1982-12-03-LA ECONOMIA DEL PRESIDENTE REAGAN-EL SECTOR DE LA OFERTA
LA ECONOMÍA DEL PRESIDENTE REAGAN: EL SECTOR DE LA OFERTA
La Nación, 03 de diciembre de 1982.
En los dos artículos anteriores hice referencia a dos de los puntuales básicos de la política económica del Presidente Reagan; en primer lugar, una reducción de los gastos e impuestos que percibe el Estado y, en segundo término, un crecimiento estable y bajo de la oferta de dinero en la economía. Con ello se pretende, fundamentalmente, reducir las serias presiones inflacionarias que han venido afectando a la economía norteamericana, con su secuela de altos niveles de desempleo.
El tercer fundamento de la política económica del Sr. Reagan descansa en lo que se ha dado en llamar economía del “Sector de la Oferta”. Esencialmente, se basa en tres ideas alternativas a las del keynesianismo tradicional acerca del desempleo, la formación de capital y del activismo estatal en la economía.
Al contrario de la concepción tradicional social–estatista, que considera que el desempleo es producto de la insuficiencia de demanda en la economía y que, por lo tanto, la receta para reducir el desempleo es aumentar la demanda en la economía, especialmente por un incremento del gasto del Estado, la tesis propuesta por los llamados economistas del sector de la oferta (y lo cual no es nada nuevo en el pensamiento económico) es que el desempleo surge esencialmente por la existencia de incentivos inapropiados para brindar empleo, así como por la presencia de barreras artificiales impuestas por el Estado. De aquí que uno de los propósitos, parcialmente llevado a cabo por el Presidente Reagan y obstaculizado en gran parte por dificultades políticas impuestas por los sectores social-estatistas del Congreso de los Estados Unidos, ha sido la corrección de los incentivos económicos hacia el logro de un mayor esfuerzo laboral, en vez del estimulo al ocio que tenían.
También dentro de este enfoque, el Presidente Reagan ha logrado un desmantelamiento parcial de una serie de restricciones a la producción que el Estado había impuesto sobre sus ciudadanos. Pero tal vez lo más importante es que las políticas monetarias y fiscales proseguidas por la Administración Reagan, se han orientado, en gran parte, a evitar que ocasionen de nuevo el grave daño de la década de los setenta: un activismo fiscal y monetario erróneo bajo el prurito de que así se creaba empleo, lo cual provocó, en realidad, la inflación y el desempleo simultáneos en la economía de los Estados Unidos, algo que era inexplicable bajo la tradicional teoría económica keynesiana, que es el fundamento ideológico de los social-estatistas.
En lo que se refiere a la concepción intervencionista acerca de la formación de capital y de su papel en la economía, nos dice el profesor Martin Feldstein, destacado economista cercano al presidente Reagan, que “el efecto más directo del pensamiento keynesiano ha sido retardar el proceso de formación de capital… hay no sólo falta de interés en los beneficios potenciales de la acumulación de capital, sino también franco temor al ahorro excesivo” (The Public Interest, N.64, verano de 1981). De aquí que la administración Reagan busque revertir la tendencia (debido a la inspiración keynesiana de los gobernantes) por la cual la tasa de ahorro de los Estados Unidos ha estado muy por debajo de las otras naciones, lo cual ha afectado al crecimiento de la productividad de la economía durante los últimos años. Para lograr este objetivo, el presidente Reagan ha mantenido una política firme de tasas de interés reales positivas –esto es, que se retribuya al ahorro y no que se estimule el consumo– así como también una disminución de las tasas marginales del impuesto sobre la renta, con el fin de estimular al ahorro, a la inversión y a la asunción de riesgos en la economía. Igualmente, la administración ha propuesto profundas reformas al sistema del Seguro Social, el cual, debido a su diseño, constituye un fuerte desestímulo a la formación de ahorros en la economía estadounidense.
Finalmente, el tercer elemento sujeto a revisión bajo la presidencia del Sr. Reagan, es la creencia keynesiana social-estatista en la virtud del activismo estatal para resolver todos los problemas sociales y económicos de las personas, utilizando para lograr estos objetivos no sólo los mecanismos fiscales de impuestos y gastos, sino también la creación de innumerables instituciones reguladores de la acción humana. Los resultados de los excesos en este sentido se han hecho patentes en los Estados Unidos (al igual que en Costa Rica durante las últimas década) lo cual ha provocado una actitud de mesura, especialmente por parte de la administración Reagan, frente a las supuestas virtudes del Estado para resolver los problemas socio-económicos de los ciudadanos. De aquí que se recurra, con un mayor énfasis que en años previos, a las virtudes de los mercados, los cuales reflejan la acción deseada por parte de la personas, para resolver más eficientemente sus problemas en comparación con lo que se lograría por medio del activismo estatal.
Dentro de las políticas económicas del presidente Reagan algunos buscan eliminar una serie de regulaciones estatales sobre la libre actividad de las personas, como una expresión contundente de la fe en la acción individual, aunque si bien falta mucho aún por hacer en este campo, como lo sería, por ejemplo, la eliminación de proteccionismo de su economía. Debe reconocerse que la apertura de la barrera arancelaria de los Estados Unidos hacia los países del área del Caribe, propuesta por el presidente Reagan, ha sido dificultada por sectores realmente conservadores en contubernio con social-estatistas demócratas dentro del Congreso de los Estados Unidos, aunque el Sr. Reagan, luchador incansable por sus ideas, continúa interesado en lograr el beneficio del comercio exterior para las naciones de la región caribeña.
Los liberales de Costa Rica le damos la bienvenida al Presidente Reagan, cuyas políticas económicas nos indican con optimismo que está utilizando “buena economía”. Sus ideas, obstaculizadas en la práctica tanto por la reacción proteccionista como por lo social-estatistas, nos sirven en gran parte como fuente de análisis de nuestra actual situación económica. El hecho de que social-demócratas del pasado ahora cuestionen sus ideas erróneas pretéritas e incursionen en los campos del liberalismo, debe de llenar de regocijo a los amantes de la libertad, quienes debemos estimular cualquier despertar que conduzca hacia esos rumbos. Con igual complacencia debemos recibir en nuestro país al liberal Presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.
1983-02-24-LA MITOLOGÍA DEL TIPO DE CAMBIO
LA MITOLOGÍA DEL TIPO DE CAMBIO
La Nación, 24 de febrero de 1983.
Tal vez la característica económica más destacada de la gestión del gobierno del Presidente Monge, sea el notorio descenso que ha experimentado el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. Así, de los 65 colones que había que dar por cada dólar en mayo de 1982, en esta fecha el tipo de cambio es, aproximadamente, de 45 colones por dólar. Tan destacado descenso en el valor del dólar puede ser explicado por varias razones, entre ellas, por una repatriación de capitales nacionales que habían salido al exterior ante la incertidumbre existente a principios de 1982, por un aumento de préstamos del exterior, tal vez debido al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por la mayor inclinación de este gobierno, en comparación con el anterior, hacia los Estados Unidos o bien por un aumento de nuestras exportaciones o un descenso de nuestras importaciones o, tal vez, por una disminución del crecimiento de los precios internos que la gente espera que suceda en el futuro.
Algunas de las anteriores explicaciones pueden tener cierta validez; pero en todo caso su significación no será analizada aquí, sino que, más bien, lo que se hará es brindar algunos consejos al actual gobierno, ya no tan social-demócrata y sí más liberal, a fin de evitarle un serio daño a la economía costarricense cuando se presenten, posiblemente, varios hechos que pueden dar el traste con la vigencia de un tipo de cambio de ¢ 45 por dólar (o menor, como lo quieren algunos).
Hay varios elementos que inducen a pensar que el tipo de cambio no va a sostenerse en su posición actual (y menos descender, como lo pretenden ciertas personas) y que la casi inevitabilidad de una devaluación adicional, puede dar el traste con las expectativas de estabilidad en la economía que actualmente mantienen muchas personas, especialmente fundamentadas en la mesura del Presidente Monge y de su Ministro de Hacienda en la conducción de la política económica. Esencialmente han adoptado un principio básico que los liberales costarricenses han venido manifestando desde hace bastante tiempo: que el crecimiento del Estado, al amparo de la filosofía social-estatista, tarde o temprano había de provocar una seria situación de deterioro de nuestro país. Las creencias en que la emisión de dinero constituye un estímulo para producir, en que el Estado es un buen y eficiente empresario en casi todos los niveles de actuación económica, en que el proteccionismo es el esquema que asegura la riqueza popular, entre otros dogmas de fe, finalmente han sido aceptadas como incorrectas y por ello las prédicas de algunos social-demócratas del pasado, nos recuerdan los manifiestos de siempre de la ANFE. En buena hora el pensamiento liberal (al menos en lo económico) es ampliamente expuesto como el fundamento económico de gran parte del programa de estabilización del actual gobierno.
Sin embargo, con el fin de evitar un daño mayor al país que el sufrido en los últimos tiempos, debe meditarse seriamente acerca de si la actual política económica proseguida conduce efectivamente a una estabilidad del tipo de cambio, como la vigente. Es necesario tener presente que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (la receta) está diseñado de manera tal que la inflación (la fiebre o calentura) de Costa Rica, que en 1982 ascendió a aproximadamente un 90%, había de llegar a ser de un 50% en 1983 y que, en función de esta premisa, las polìticas de gasto público (de impuestos y de endeudamiento), así como de emisión de dinero, han de ser congruentes con dicho crecimiento previsto de los precios, y así definido en el acuerdo antes dicho. Esto es, la medicina aplicada para reducir la calentura o fiebre se hará de manera paulatina, gradual y no de una sola vez, a manera de choque eléctrico. Por supuesto que todo esto tiene una relación sumamente estrecha con el tipo de cambio del colón con respecto al dólar, por las implicaciones que el ajuste gradual tiene sobre el crecimiento de la oferta de dinero y el comportamiento del gasto público.
Lo anterior puede verse de varias maneras: una de ellas es que si la emisión de dinero (y gasto público y endeudamiento) de Costa Rica, de acuerdo con los lineamientos del Fondo Monetario, ha de provocar una inflación que resulta ser bastante más elevada (se estima en un 50% en el acuerdo) que la de los principales países con los cuales nuestro país realiza su intercambio comercial (la inflación en los Estados Unidos es de un 4%, en Japón, el 7 ½ %; en el Salvador, 12%; en Honduras, 35%; en Guatemala, 20%, como ejemplos), se requiere necesariamente una redefinición de nuestra paridad cambiaria. De no ser así, nuestros costos, respecto a los de los otros países, serían muy altos, lo cual provoca un descenso de nuestras exportaciones y un correspondiente aumento de las importaciones. Por ejemplo, este resultado daría el traste con el tipo de cambio actual existente, a no ser que la nación disponga de suficientes reservas de divisas, las cuales son ya virtualmente nulas y con poquísimas posibilidades de incrementarse.
Otra forma de ver el mismo problema es que sí la oferta del dinero nacional crece más que la oferta de divisas (suponiendo dadas las demandas), los precios de una moneda en términos de la otra no se pueden mantener. El colón va a perder valor (devaluarse) en comparación con el dólar.
Dados los comentarios anteriores, la aseveración mitológica del Presidente Fait de que el tipo de cambio debe ser ¢32 por dólar (¿por qué no 1 a 1?), debe interpretarse como contradictoria con lo que eventualmente serán los hechos: una devaluada paridad cambiaria y la consiguiente pérdida de la credibilidad en el gobierno actual, la cual va a ser muy, pero muy, déficit de recuperar.
El consejo positivo que se le puede brindar al actual gobierno es que defina una política de ajuste del tipo de cambio, de manera tal que éste se ajuste según sean las posibilidades para exportar; o sea, que nuestra moneda no se revalúe, impidiendo satisfacer las necesidades de exportación por una pérdida de nuestra posición competitiva en los mercados internacionales. La contradicción de la actuales polìticas económicas de simultáneamente fijar un tipo de cambio (y más aún de pretender bajarlo), con una expansión de la oferta de dinero y del gasto público consistentes con una inflación interna mucho mayor que la del resto del mundo, hará explosión y entonces sí se podrá lamentar el no haber realizado el ajuste prudente, necesario y requerido. Debe, de una vez por todas, buscarse la consistencia y eliminarse la contradicción en las políticas.
1983-03-07-UN MITO QUE NO SE CORRIGIÓ
UN MITO QUE NO SE CORRIGIÓ
La Nación, 07 de marzo de 1983.
En un reciente artículo titulado “La mitología del tipo de cambio”, que se publicó en este periódico el 24 de febrero, escribí lo siguiente: “Tal vez la característica económica más destacada de la gestión del gobierno del presidente Monge, sea el notorio descenso que ha experimentado el tipo de cambio del colón con respecto al dólar. Así, de los 65 colones que había que dar por cada dólar, en mayo de 1982, en este fecha el tipo de cambio es de, aproximadamente, 45 colones por dólar”.
La afirmación anterior está incorrecta y agradezco a un buen amigo, quien, muy temprano el mismo día en que salió la publicación antes citada, me llamó por teléfono para corregirme por tan seria equivocación. Resulta que, a principios de mayo de 1982, cuando el Gobierno actual asumió el poder, el tipo de cambio era de, aproximadamente, 48 colones por dólar y no fue sino hasta mediados de agosto, tres meses y medio después, cuando alcanzó la suma de, más o menos, 65 colones por dólar. De aquí que si comparamos la cifra de principios de mayo con la de aproximadamente 45 por dólar de esta fecha, en realidad el descenso que la paridad cambiaria ha tenido durante esta administración, es relativamente muy pequeña.
Esta última afirmación, sin embargo, debe ser calificada de acuerdo con lo observado durante el período de marras. Alguien puede alegar que el alza de mayo a agosto de 1982 fue provocada por los impulsos que ya tenía el tipo de cambio, así como por la estructura institucional heredada del gobierno anterior y que, por lo tanto, es un mérito de la actual administración el descenso que posteriormente ha tenido el tipo de cambio. Sin embargo, alguno más desconfiado puede considerar que el Gobierno actual dejó primero que el tipo de cambio continuara su ascenso entre mayo y agosto de 1982, para después devolverlo al valor que tenia al principio y, entonces, así acreditarse políticamente una victoria (tal vez pírrica a largo plazo) en la lucha contra la devaluación.
A mí, para sus propósitos, me da igual cualquiera que sea la explicación de ese fenómeno. Lo que más me preocupa es la creencia de algunos en que el tipo de cambio puede, necesariamente, mantenerse e incluso reducir cuando el país esta empeñado en un esfuerzo de estabilización de la economía, por medio de un ajuste inflacionario y gradual proceso en el cual los precios internos se espera que crezcan más rápidamente que los de los países con los cuales realizamos nuestro intercambio comercial, lo cual eventualmente requiere un ajuste de la paridad cambiaria; esto es, una devaluación.
La creencia en que algunas autoridades pueden manipular a su arbitrio el tipo de cambio es un ejemplo más del mito por el cual ciertos individuos creen que pueden, en realidad, determinar la conducta humana, de manera tal que se creen capaces de diseñar el comportamiento del hombre. Por ello, con esa visión de ingenieros sociales, consideran que fijar el tipo de cambio se resume en decir “que sea tal y tal” y que con eso basta para resolver el problema. No se dan cuenta, pues va contra su supuesta capacidad casi sobrehumana que presume el control de la conducta de los demás, de que el tipo de cambio es simplemente un resultado de fuerzas, de corrientes, de flujos, en un proceso en el cual las personas actúan, cada una según su interés particular, y se determina un precio que concilia los diversos intereses y capacidades. Esto es, hay un mercado en el cual el tipo de cambio es un resultado de fuerzas.
Los creyentes en el determinismo y en el activismo social consideran, como corolario de su mitología, que el tipo de cambio es una variable, una herramienta, a ser utilizada según su diseño o deseo de estabilización (o desestabilización) de una economía. Y olvidan que el tipo de cambio es reflejo del comportamiento, entre otras cosas, de la oferta de dinero en la economía y que, en tanto ésta siga creciendo, posiblemente ni el santo más bondadoso con el país va a poder evitar una eventual devaluación. Y cuando surja –violenta, grande y cruel ̶ el pueblo va a perder la confianza en las autoridades y ya, tal vez en ese entonces, no habrá árabes a los cuales echarles la culpa de nuestros propios errores, como ha sido la costumbre en los últimos años por parte de ciertos políticos. Una vez más, doy las gracias al amigo, quien certeramente corrigió mi previo error.
1983-03-17-REFLEXIONES SOBRE EL SEL-TAC-FODEC
REFLEXIONES SOBRE EL SEL-TAC-FODEC
La Nación, 17 de marzo de 1983.
Llámese SEL, TAC, FODEC o lo que se quiera, la verdad es que estamos en presencia de un ejemplo del dicho de que “es una misma mona, pero con distinto rabo”. En última instancia lo que pretenden es que los patrones hagan efectivo el pago de las prestaciones a sus trabajadores y que esos fondos, despojados del uso que de ellos los empleados podrían hacer libremente, pasen a ser utilizados por la burocracia estatal, por más que ella nos aparezca disimulada.
El sistema vigente de las prestaciones es, en realidad, un sustituto para un seguro de desempleo, Algunos individuos, libre y voluntariamente, han decidido utilizar esos recursos para diverso fines que ellos consideran deseables. El movimiento Solidarista, sin coacción ni obligatoriedad de afiliación santificada por el Estado, ha logrado en mucha empresas satisfacer las necesidades de los trabajadores por medio de de los fondos de prestaciones y cesantía. El éxito del movimiento, creo, radica en su carácter voluntario, libre y espontáneo, de manera que el día en que sea obligatorio para algunos grupos de trabajadores, podría iniciarse el deterioro de ese excelente ejemplo exitoso de libre acción voluntaria.
Con el SEL, TAC O FODEC, el Estado pretende despojar a los trabajadores de la propiedad de esos recursos. No sólo existirá una peligrosa politización del buen uso de los recursos de los trabajadores, sino que más de un empresario, avivato y bien conectado, dueño de empresas quebradas, hará lo indecible para que sean “traspasadas” a los trabajadores. De esto hay que cuidarse, pues puede explicar la vocación negociadora de algunos empresarios, quienes, más que el bien del trabajador, lo que buscan, como es lógico, es su propio beneficio particular. Por supuesto, el Estado será el que facilitará ese proceso de traspaso.
Si lo que se desea es transformar por medio de una ley al actual sistema de cesantía por otra alternativa, hecho que en sí debe ser sumamente meditado, creo que lo conveniente es que simplemente se les den esos fondos a los trabajadores y que ellos dispongan ̶ son inteligentes, el solidarismo lo demuestra ̶ libremente de sus dineros, y que no se los expolie el burócrata de turno.
El SEL, TAC o FODEC, además de expropiar a los trabajadores de sus sueldos, va a significar un aumento de los impuestos a fin de poder pagar la parte correspondiente a los trabajadores del Estado y, por otra parte, va a provocar un aumento en los precios de los productos. Por ello, si al menos los recursos de la cesantía se los dan a los trabajadores, podrían hacer frente a esos nuevos gravámenes (más impuestos y alza en los precios); en cambio, si se los despoja de sus recursos, el pobre trabajador tendrá albarda sobre aparejo, quedará doblemente sacrificado.
Los social-estatistas nos dieron el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para resolver el problema de la pobreza. Los social-estatistas nos dieron las Asignaciones Familiares pare resolver el problema de la miseria y la desnutrición. Los social-estatistas nos quieren dar ahora el SEL/TAC/FODEC para, supuestamente, darle propiedad al obrero. Yo pregunto a los trabajadores si, con todas estas experiencias paternalistas de los social-estatistas de Costa Rica, ¿están dispuestos a que sus fondos se los tome el Estado? Si no es así, entonces deben luchar por lo que les pertenece y no dejar que lo que tanto esfuerzo les ha costado, sea el pasto en donde se regocijen las sagradas reses políticas de nuestro país. El trabajador no debe permitir que se convierta en el que ha de pagar el festín de quienes administran sus dineros. Son los trabajadores quienes deben disponer de las remuneraciones a sus esfuerzos. De no ser así, pasarán de ser unos trabajadores libres a siervos de la gleba, esclavos de quienes administran sus platas y deciden qué hacer con ellas, Hay cosas fundamentales que están en juego.
1983-04-08-QUE SIGA EL VACILÓN
QUE SIGA, QUE SIGA EL VACILÓN
La Nación, 08 de abril de 1983.
Cada vez que el bien intencionado y poco acatado Ministro de Hacienda, don Federico Vargas, brinda una opinión acerca de la situación fiscal del país, ya sabemos lo que nos va a decir, pues su exposición sigue un ritual claro y definido.
Primero que nada don Federico nos habla del gran esfuerzo realizado por las autoridades para equilibrar el déficit del presupuesto, debido a los exorbitantes aumentos de impuestos, así como por ciertas medidas tendentes a reducir el gasto público.
A continuación don Federico nos anuncia que esa reducción del gasto tan sólo se ha dado en ciertos sectores del Estado y que en las instituciones autónomas (sin nombrarlas y sin darnos cifras), aún prima la impresión de que el país está en los años de las vacas gordas, desoyendo el consejo de don Federico de que la frugalidad en los egresos es una condición indispensable para tener éxito en la política de estabilización económica, en que se ha empeñado el Gobierno.
Luego don Federico nos explica que, si no se equilibra el presupuesto, habría emisiones monetarias inflacionarias que tanto mal le hacen al país y que, como el gobierno actual no quiere esa inflación, tendrá que buscar nuevos recursos para financiar al fisco.
Inmediatamente después don Federico nos menciona que existe el deseo manifiesto del gobierno de no aumentar el desempleo en el sector público y que, como las entidades autónomas no quieren reducir el gasto, entonces habrá que poner nuevos impuestos, a fin de brindar los recursos necesarios para que la maquinaria estatal continúe funcionando y no se tenga que despedir a sus empleados.
Corolario. Ya una subcomisión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó más y nuevos impuestos. Se van a gravar las ganancias de capital, los dividendos, las remesas al exterior, los ingresos de las personas físicas y se ampliará la cobertura del impuesto sobre la renta. Y, por supuesto, no se les olvidó poner un impuesto sobre los premios de la lotería nacional.
En verdad la situación fiscal del país es grave. Pero el problema es que al enfermo se le quiere curar, matándolo y como en este país casi todo lo negocian ciertos sectores, ya veremos como, muy posiblemente, todos estos impuestos serán aprobados dada la cómoda mayoría de diputados con que cuenta el partido gobernante. (“Necesito muchos diputados para poder gobernar”).
Lo contradictorio de toda esa situación es que, en primer lugar, casi todos los funcionarios de este gobierno hablan de reducir el gasto público, pero no lo hacen. Se vuelven puras palabras. Sucede exactamente lo mismo cuando le dicen al país que se necesita exportar y producir y lo que inmediatamente hacen es llenar de impuestos a todo tipo de actividad productiva y, en especial, a aquella dedicada a la exportación. De veras que no se les puede entender.
En segundo lugar, quienes arguyen que no debe reducirse el gasto estatal para no crear desempleo en el sector público, bien saben que los nuevos e incrementados impuestos reducirán, en última instancia, el empleo en el sector privado, O sea, que en verdad lo que quieren es que continué la burocracia estatal (que es muchas veces la fuente de su poder), aunque sea a costas de la extinción del empleo privado.
Aparenta ser la hora de que ciertas entidades, especialmente las obreras, las que verán desaparecer sus fuentes de empleo, impidan que se negocie “todo” en este país. De otra forma, mientras siga el vacilón con el gasto público el desempleo y la inflación serán voraces comensales de nuestras mesas.
1983-04-30-LA ECONOMÍA CHILENA EN UNA DÉCADA
LA ECONOMÍA CHILENA EN UNA DÉCADA
La Nación, 30 de abril de 1983.
Hechos recién sucedidos en el campo económico en Chile, me motivan a realizar un breve análisis acerca de la evolución de la economía chilena a partir de los años setenta a la fecha.
Esta exposición cubre específicamente varias secciones, que serán desarrolladas en varios artículos. El primero se refiere al Gobierno de Allende, el cual concluye con su caída en setiembre de 1973. El segundo describe las principales políticas económicas aplicadas durante el gobierno de Pinochet hasta la crisis de 1981 ̶ 1982. El tercero hace una evaluación de los resultados a esa fecha. En cuarto lugar, se analiza lo que en el campo económico han sido los factores cruciales en la explicación de la crisis chilena, y, finalmente, se comenta la forma en que las autoridades han decidido encararla y se compara, a grandes rasgos, con la actual situación de la economía costarricense.
Se puede aseverar que durante el gobierno de Allende (1970-1973), simplemente se intensificó en Chile el socialismo estatista que primaba desde los años treinta. Las principales características económicas de ese intervencionismo estatal pueden resumirse en las siguientes:
1. Un tipo de cambio sobrevaluado y mantenido artificialmente por esquemas proteccionistas, tanto arancelarios como no arancelarios (tales como cuotas de importación, subsidios a las exportaciones, entre otros)
2. Tasas de interés reales negativas, con el fin de que las autoridades puedan asignar, según su gusto, el crédito preferencial, dar subsidios a ciertos sectores, etcétera.
3. Fijación de precios, especialmente de los alimentos y de otros bienes relacionados con una supuesta “canasta básica” del consumidor o asalariado.
4. Políticas salariales orientadas a mantener los salarios en términos reales y redistribuir los ingresos ante la presencia de serios procesos inflacionarios, así como evitar que esos mismos incrementos salariales se conviertan en la fuente de la inflación.
5. Crecimiento y ampliación de la cobertura del Estado paternalista en el campo de los beneficios sociales.
6. El creciente sector público tuvo déficit financiados fundamentalmente por emisiones de dinero, así como por préstamos externos.
7. Con el fin de asignar los recursos según fuera el deseo estatal, se utilizaron esquemas de subsidios, cuotas, regulaciones, etcétera, los cuales en muchos casos tenían exenciones específicas.
A las anteriores características generales, presentes en todos los regímenes posteriores a la Gran Depresión, el gobierno de Allende tuvo algunas propias, las cuales son necesarias describir:
8. Reactivación de la economía que se encontraba en recesión a fines de los años sesenta, por medio de fuertes incrementos en el gasto público y en los niveles de salarios.
9. Incremento en el control de sectores de la economía (entre 1971 y 1973 el gobierno se apropió de casi 500 empresas).
10. Incremento en la porción de salarios como proporción del ingreso nacional.
11. Aceleración del proceso de reforma agraria iniciado por Frei (entre 1971 y 1973 se expropió una cuarta parte del total de la tierra agrícola chilena).
12. Reducción de la tasa de crecimiento de los precios lograda supuestamente por medio del control de precios, de la fijación del tipo de cambio y del congelamiento de las tarifas de servicios públicos.
De la anterior, es fácil colegir lo que en realidad terminó por suceder: a la caída de Allende la economía era un desastre. Las cifras siguientes pueden dar una idea clara de los resultados del experimento de Allende. Al terminar el período, la inflación era de aproximadamente 1.000 por ciento anual; el déficit del gobierno central era de más del 20 por ciento del Producto Nacional Bruto; el tipo de cambio en el mercado negro era de más de 10 veces el tipo oficial; las reservas internacionales netas eran negativas; la producción agrícola se había reducido a los niveles de principios de los sesentas; el Producto Nacional Bruto real y los salarios reales estaban muy por debajo de los niveles de 1970; la inversión estaba paralizada y las escaseces de numerosos productos eran la norma. En síntesis, las contradicciones inherentes a las políticas económicas de Allende hicieron explosión a finales de 1973.
1983-05-06- LA REFORMA ECONÓMICA CHILENA
LA REFORMA ECONÓMICA CHILENA
La Nación, 06 de mayo de 1983.
La naturaleza del marco político chileno bajo la administración del Presidente Pinochet, permitió un mayor grado de libertad en la aplicación de las políticas económicas, en comparación con, por ejemplo, un régimen como el nuestro. De esta forma, el factor político no puede esgrimirse como razón para la no aplicación de ciertas políticas económicas, en el alcance y profundidad requeridos, al menos en el grado en que usualmente se limita en nuestra nación.
La reforma económica chilena comprendió fundamentalmente a tres áreas: apertura al exterior, estabilización de la inflación y reestructuración del sistema financiero.
La apertura comercial al exterior se caracteriza por una reducción drástica de los aranceles, los cuales, de un promedio del 84 por ciento sobre el valor de las importaciones en 1974, se redujeron gradualmente a una tasa única (y casi generalizada) del 10 por ciento en el segundo semestre de 1979. Paralelo al proceso de desmantelamiento del proteccionismo, se liberó la casi totalidad de precios controlados (había más de 3.000 productos con el precio fijado en 1973) a fin de permitir el libre funcionamiento de los mercados. Igualmente, se dio una apertura casi sin restricciones a la inversión extranjera directa y con un sistema de tipo tarifario, instituido a fines de los setentas, se permitió el ingreso de capitales al país (mayor encaje de acuerdo con la menor duración del préstamo), que sustituyó controles cuantitativos previamente existentes.
La política de apertura comercial estuvo en un inicio acompañada de una serie de reajustes en los tipos de cambios, proveyendo, a través de devaluaciones programadas, un incentivo para el crecimiento de las exportaciones que no fueran de cobre. Sin embargo, hacia mediados de 1979, las autoridades decidieron fijar el tipo de cambio en 39 escudos por dólar, a fin de que la inflación externa e interna pudieran converger hacia un nivel determinado. (Se trata de lograr, además, introducir una mayor predictibilidad a los precios de los bienes comercializados internacionalmente). En el caso de las exportaciones, si se exceptúa el cobre, éstas se duplican entre 1973-1974; las exportaciones industriales por sí solas se triplicaron. De 1974 a 1977 las exportaciones industriales se triplicaron en valor. En 1978, las exportaciones, excluyendo el cobre, crecieron en un 10 por ciento en términos reales.
En lo que respecta a la política anti-inflacionaria, la virtual eliminación del déficit del sector público hacia 1975 permitió que el crecimiento de la oferta de dinero fuera cada vez menor y no pudo serlo más por la gran entrada de fondos de corto plazo, la repatriación de capitales y el enorme incremento en las exportaciones no-tradicionales. Pero ya para 1976 la política monetaria se convirtió en la herramienta principal de la lucha anti-inflacionaria. El rápido descenso en el crecimiento de los precios se reflejó en una baja de las expectativas inflacionarias, lo cual se tradujo en un aumento de la demanda de dinero, lo que permitió a las autoridades moverse con mayor flexibilidad hacia la restauración de los niveles normales de liquidez en la economía. (La inflación se llegó a reducir, de la asombrosa hiperinflación de 1973 de casi un 1.000 % anual, a un 5,7% en agosto de 1982).
Sin embargo, la decisión de que el instrumento para combatir la inflación lo fuera la política monetaria, fue posteriormente (hacia mediados de 1979) ligada más bien a la definición acerca del tipo de cambio. Esto es, determinó que, al congelar el tipo de cambio con libertad de importación, los precios internos no podrían crecer más rápidamente que en lo que crecen los precios internacionales. (Esto se conoce como el enfoque monetario de la balanza de pagos). Es decir, del enfoque monetario de economía cerrada se utilizó el concepto de que la inflación interna era un resultado, ya no de la política monetaria interna, sino de las variaciones de los precios internacionales y de los cambios en el tipo de cambio. Si este último permanece fijo, entonces se igualan los cambios en los precios internos con los de los precios internacionales.
Otra área objeto de profunda reforma económica fue la financiera. Al caer Allende la mayoría de la banca era propiedad del Estado. El nuevo gobierno restauró la propiedad privada de ésta. Igualmente, dentro de la política financiera puesta en práctica, se liberó el tipo de interés a fin de que cubriera la tasa de inflación; también se suprimieron los controles de cartera y el plazo mínimo de los préstamos. De la misma manera, se abrió el mercado financiero a la banca internacional, la cual, de un banco que operaba en Chile en 1973, pasó a 12 bancos internacionales en 1981. Se esperaba que la reforma financiera permitiera los niveles de ahorro, así como la ampliación del crédito disponible para el sector privado, tanto proveniente del exterior como del interno.
Debe destacarse que, hacia 1975, la recesión mundial puso en seria prueba al naciente esquema económica de Chile, pues no sólo el precio del cobre sufrió un colapso (el precio real promedio del cobre en el período 1974-1978 era un 40% menor que el de los años 1971-1973), sino que también cesaron las fuentes de recursos externos. Esto provocó un descenso del 12% del Producto Geográfico Bruto de Chile. Sin embargo, tal como se verá en un posterior artículo, la economía chilena logró salir airosa de la seria recesión de los años 1975-1976
1983-05-09-RESULTADOS ECONÓMICOS EN CHILE
RESULTADOS ECONÓMICOS EN CHILE
La Nación, 9 de mayo de 1983.
Uno de los problemas derivados de la apertura comercial proseguida por Chile fue el elevado desempleo generado por la reasignación de los factores productivos, debido a la necesidad de reajustar las expectativas y de absorber la nueva información necesaria para dedicarse a nuevas actividades que estimulen la demanda de trabajo. Adicionalmente, la enorme reducción de la burocracia estatal y un crecimiento de la oferta de trabajo (debido a las nuevas posibilidades de consumo e ingreso de la población chilena), provocaron una elevación de las tasas de desempleo.
Para aliviar la situación anterior, el proceso de reajuste arancelario se hizo en forma gradual, además de que se llevaron a cabo programas específicos de reajuste laboral, incluyendo subsidios transitorios al desempleo y programas de reentrenamiento de los desocupados. Igualmente, para mantener la continuidad empresarial, a las empresas que, por insuficiencias del mercado interno de capitales, sufrían problemas de reajuste se les brindó crédito que les permitiera readecuar sus actividades. En todo caso, la tasa de desempleo bajó casi de un 20 por ciento en 1976 a un 10,8 por ciento en 1981.
El crecimiento del Producto Geográfico Bruto de Chile fue bastante elevado, a pesar de que en el lapso 1973-1975 decreció en un promedio de 3,3 por ciento, debido al arrastre de la época de Allende y a la seria recesión internacional. Así, en el período 1976-1979 el crecimiento fue de más del 7 por ciento anual y en 1981 ascendió a 5.3 por ciento. (Entre 1973 y 1980, la economía creció en un 26 por ciento).
En lo que respecta a los salarios reales, no fue sino hasta 1978 cuando llegaron a ser equivalentes a aquellos de 1970. En 1981 aumentaron en un 7 por ciento. Debe señalarse que, a partir de 1974, los incrementos en los salarios estaban ligados al crecimiento del índice de precios al consumidor; pero el ajuste salarial se efectuaba en correspondencia con el crecimiento de los precios sucedido varios meses atrás. De esta manera, existía un rezago en los ajustes automáticos del salario nominal a la inflación que mantuviera los niveles de salarios reales.
Hacia mayo de 1975 se liberó de todo control al tipo de interés, como parte fundamental de la reforma financiera de Chile. Como resultado los tipos de interés se elevaron, cubriendo el crecimiento de los precios pero con el inconveniente de que las tasas de corto plazo se elevaron mucho en términos reales, debido muy posiblemente a la fuerza y a la intransigencia de las expectativas inflacionarias, que han tenido cierto atraso con respecto a los descensos efectivos en los precios, así como también por la variación en el esquema del comercio internacional, que introdujo incertidumbre en los sectores empresariales y, tal vez, a colusión entre un número limitado de instituciones.
Otros resultados interesantes del período son los referentes al comercio exterior. Chile tuvo una posición neta de reservas de -230 millones de dólares en 1973, a finales de 1978 era de +617 millones de dólares y de +2.340 millones de dólares en 1973 se elevó a 5,1 miles de millones de dólares en 1980. Al 30 de junio de 1982, las cifras, no enteramente comparables con las anteriores, ascendían a 13,5 miles de millones de dólares. Entre 1973 y 1980 el comercio exterior de Chile casi se cuadriplicó.
Finalmente, es importante destacar el logro obtenido en la situación fiscal del gobierno chileno. En tanto que en 1973 el gasto público era el 44,9 por ciento del Producto Geográfico Bruto; en 1981, llega a ser del 25,1 por ciento. El déficit en cuenta corriente en 1973 fue el 12 por ciento del Producto Geográfico Bruto y a partir de 1975 se obtuvo un superávit en ese rubro. No sólo esto se logró por la reducción radical del gasto público, como parte de la política de trasladar al sector privado la mayoría de las decisiones de asignación de los recursos, sino también por incrementos en los impuestos y en los precios de los servicios públicos, además de la privatización de empresas en manos del Estado.
1983-05-18-LA CRISIS IRRUMPE EN CHILE
LA CRISIS IRRUMPE EN CHILE
La Nación, 18 de mayo 1983.
Ya en 1981 hay evidencias de crisis en la economía chilena. No sólo hay una declinación de los flujos de fondos externos, sino que las tasas reales de interés a corto plazo sufren un serio aumento en comparación con las del año previo. El Estado interviene ocho instituciones financieras y uno de los conglomerados más importantes experimenta graves dificultades. Por otra parte, el déficit de la balanza comercial asciende a 2.600 millones de dólares, reflejando tanto la falta de competitividad de las exportaciones chilenas, como el estado recesivo del comercio internacional, especialmente en el precio del cobre. Aún así, la economía chilena no parece verse afectada seriamente por la recesión internacional. De esta manera, el Producto Geográfico Bruto crece en un 5,3 por ciento y la inflación es de sólo 9,5 por ciento. En aquel año las reservas internacionales aumentan en otros 70 millones de dólares. Por otra parte, la tasa de desempleo baja a un 10,8 por ciento y los salarios reales aumentan en un 7 por ciento. EL fisco muestra en 1981 un superávit del 1,6 por ciento del Producto Geográfico Bruto. Por otra parte, ese año concluyó con una deuda externa a mediano y largo plazo de 12,6 miles de millones de dólares (creció en un 33.4% por ciento en el año), la que, sumada a la de corto plazo, da un total de 14,7 miles de millones de dólares.
En 1982 la situación ya es bien distinta. El Producto Geográfico Bruto disminuyó en aproximadamente un 13 por ciento con respecto al año anterior y, visto en términos per cápita y en dólares, se redujo en un 25 por ciento con respecto al año 1981. La producción industrial decayó en un 18 por ciento. La tasa de desempleo asciende de nuevo al 20 por ciento y el índice del salario real se reduce en un 16 por ciento con respecto al año previo. Muchas empresas sufren serias pérdidas de capital y poseen un endeudamiento mayor que el conveniente. Se inician, igualmente, negociaciones con el Fondo Monetario Internacional a fin de obtener los recursos financieros necesarios para solventar la mala situación. En resumen, la economía chilena sufre una grave crisis.
Varios factores pueden aducirse para explicar por qué una economía, previamente boyante como la de Chile, sufre tan serio descalabro. Varias de esas causas se deben a la situación recesiva de la economía mundial. Dentro de estas últimas debe destacarse el elevado tipo de interés internacional, cuyo servicio requería una proporción muy elevada de los ingresos por exportaciones y por préstamos al exterior. Por otra parte, estos recursos externos cesaron de llegar al ritmo que tuvieron en los años 80 y 81. Adicionalmente, el precio del cobre, principal fuente de ingresos de exportaciones de la economía chilena, llegó a niveles sumamente bajos, casi nunca vistos desde la post-guerra. El precio del cobre en 1982 tuvo un descenso del precio en dólares de más de un 15 por ciento. En tanto que durante el período 1975-1982, el precio promedio de la libra de cobre, en términos de dólares de 1982, fue de 97 centavos, en 1982 fue de 67 centavos.
La economía chilena perdió la competitividad internacional debido, principalmente, a dos decisiones internas de política económica. Una de ellas fue la fijación del tipo de cambio y, la otra, la indexación de los salarios. Esta última decisión estaba orientada a mantener los salarios reales de los trabajadores, de manera que el salario nominal se incrementaría según aumentara el índice de precios al consumidor. Sin embargo, este último usualmente es obtenido con cierto retraso. El problema se presentó cuando Chile tenia salarios reales compatibles apenas con los costos de oportunidad que le permitieran competir eficientemente en los mercados internacionales y, a pesar de que la inflación del momento estaba creciendo a tasas sumamente bajas, en comparación con, por ejemplo, las del año anterior, el ajuste indexado del salario nominal tomaba en cuenta el aumento mayor de la inflación del año previo. Así, Chile estaba aumentando fuertemente los salarios reales y esto puso a muchos de sus productos fuera de los mercados internacionales.
La fijación del tipo de cambio tuvo un efecto similar. En un momento dado, el escudo chileno tuvo una revaluación muy fuerte, de manera tal que se inhibieron las exportaciones chilenas y se estimuló la importación. El gran flujo de capitales del exterior hacia Chile ocultó durante los años 80 y 81 la sobrevaluación de la moneda nacional. Por supuesto, en la balanza comercial negativa se reflejó esta valoración artificial.
Estas dos causas, resultados del diseño de políticas internas, provocaron que uno de los factores explicativos del gran crecimiento económico de Chile a partir de 1975-1976, las exportaciones, ya no brindaran el mecanismo requerido para absorber la mano de obra excedente. Por supuesto, el tipo de cambio terminó por reajustarse, abandonándose la paridad arbitraria de 39 escudos por dólar. (La devaluación fue de casi un 90 por ciento; bastante parecida a la de Venezuela en dicho año).
Otro elemento causante de la seria recesión chilena fue la existencia de tipos de interés reales sumamente elevados y variables. Esto provocó, como era de esperar, una decisión de posponer los proyectos de inversión y, por lo tanto, afectó seriamente la capacidad de crecimiento de la economía chilena. Este fenómeno había sido detectado por una misión del Banco Mundial a Chile en 1977, la cual recomendó que “… en vista de la existencia aún de distorsiones en el mercado financiero, la misión cree todavía que puede haber existido, y puede aún existir, un caso a favor de fijar un tope a las tasas de interés real. El propósito no es el de reintroducir un subsidio de capital, sino para tomar en cuenta que las circunstancias inusuales de los años recientes, crean distorsiones en los mercados, que tienden a inhibir los niveles de inversión necesarios y deseables para llevar a cabo los objetivos de crecimiento de Chile” (p. 272). La tasa media de interés real fue del orden del 40 por ciento anual en el período 1975-81, variando entre el 12 por ciento y el 120 por ciento.
Un problema relacionado con el mercado financiero de Chile fue su gran concentración. Esto es, la competencia en los mercados financieros fue muy restringida. En períodos en que Chile tuvo una política crediticia restringida, muchos recursos financieros fueron utilizados, no en la creación de nuevos activos, sino en la adquisición de existentes. El Gobierno de Chile se vio obligado a intervenir alguno de estos conglomerados, quienes se prestaban casi exclusivamente dentro de sus propios grupos. La misión del Banco Mundial antes dicha urgió “…a las autoridades a que revisaran las regulaciones y leyes vigentes relacionadas con los lazos de propiedad y administración dentro del sector financiero y entre él y otros sectores…” (p. 272).
Lamentablemente, las autoridades chilenas no corrigieron a tiempo estos defectos y, tal como se verá en el próximo artículo, muchas de las medidas tomadas más bien son contraproducentes para el logro de una recuperación.
1983-05-28-LOS NUBLADOS DE LA ECONOMÍA CHILENA
LOS NUBLADOS DE LA ECONOMÍA CHILENA
La Nación, 28 de mayo de 1983.
Las recientes decisiones del gobierno chileno para hacer frente a la crisis no parecen augurar buenos resultados, Evidentemente, los prospectos para este año y para los próximos, dependen de la capacidad de las autoridades para restaurar la confianza en el país, así como de la evolución de la situación económica internacional.
Por otra parte, correctamente se ha reajustado la paridad cambiaria, la cual ya no será fijada como anteriormente sucedió, sino que se mantendrá un tipo de cambio que permita la reactivación de la exportaciones, De hecho, la devaluación de casi un 90 por ciento y con una inflación de un 20 por ciento, ha resultado en una tasa real de cambio bastante elevada, lo cual se espera que origine un aumento en al exportaciones y en la actividad industrial sustitutiva de importaciones. Igualmente, se considera que la devaluación, en conjunto con programas de trabajos públicos estatales (gasto que de algún lado tendrá que financiarse), conducirá a una reducción de los elevados niveles de desempleo.
Las elevadas tasas reales de interés durante 1981 y 1982 reflejaron las condiciones monetarias estrictas y la decisión de que ellas fueran el mecanismo de ajuste económico por vía de la reducción del gasto que ello induciría. Tal reducción supuestamente provocaría bajas en los precios y los salarios, provocando la competitividad de las exportaciones y disminuyendo las importaciones. Sin embargo, por rigideces a la baja en precios y salarios y por la formación de expectativas sobre una eventual devaluación del tipo de cambio de ese entonces, tal ajuste en los precios y los salarios no se dio. Más bien, la reducción de gasto se tradujo en una disminución de la demanda de dinero y, por ende, aumentó violentamente la demanda interna.
El cambio en la política de intereses consistió en una reducción de su tasa real, así como en la presentación de reformas legales que introdujeran un mayor grado de competencia en el sector. Las autoridades buscan mantener tasas de interés moderadamente más elevadas que las tasas internacionales, dado el déficit de capital de Chile, a fin de atraer recursos externos y evitar la salida de capitales nacionales.
En el campo tributario se ha estimulado la inversión gravando relativamente más el consumo, en tanto que se exime al ahorro. Esto es, las nuevas leyes se concentran en gravar los ingresos destinados al consumo, en tanto que se elimina la imposición al ingreso que es ahorrado e invertido. La recapitalización de las empresas se hará más rápidamente al eximirse la imposición sobre las utilidades reinvertidas.
En el campo salarial, se ha definido una política que propenda a lograr el máximo nivel de empleo posible, en compatibilidad con la reactivación de la economía internacional. Debido a serios problema que provocó el esquema de indexación de los salarios en 1982, se restauró el sistema de negociación directa entre empresa y trabajadores, en el cual la base mínima para nuevas convenciones colectivas será los salarios mínimos y los beneficios sociales y no el anterior esquema de indexación y de ulterior negociación colectiva.
Estas fueron en esencia las propuestas formuladas por las autoridades chilenas en octubre de 1982. Pero, posteriormente, se han introducido otras políticas que harán más difícil la recuperación de la economía chilena. Principalmente, el fantasma del proteccionismo recorre el país y los aranceles han s ido aumentados, no por razones de política anti-dumping, sino más bien para volver a otorgar rentabilidad privilegiada a las empresas sustitutivas de importaciones. Esto afectará negativamente a las exportaciones chilenas al encarecerse los factores productivos por el proteccionismo, con la consiguiente pérdida de ventajas comparativas, además de desviar inversiones hacia el ahora relativamente más rentable sector sustitutivo de importaciones, en comparación con las actividades de exportación.
Otras políticas de dudosa capacidad de éxito son la reimposición de medidas cambiarias tendentes a reducir el uso de las reservas, además de que se presentarán déficits fiscales del gobierno central de -2.4 por ciento del Producto Doméstico Bruto, del cual se espera un leve aumento en 1983. Sin embargo, las autoridades aún mantienen la voluntad de reducir el gasto público, ya que el esfuerzo por reactivar el empleo por medio de trabajos públicos lo será por sustitución de gastos estatales hacia proyectos que absorban mano de obra.
El gobierno chileno, por otra parte, ha entrado directamente al rescate de empresas en la insolvencia, interviniéndolas y readecuando sus obligaciones. Desde noviembre de 1981, por ejemplo, ha intervenido doce instituciones financieras, de las cuales tres fueron ulteriormente vendidas y las nueve restantes liquidadas sin pérdidas para los depositantes o prestamistas extranjeros, cubriéndose las pérdidas principalmente por la vía de la emisión de dinero.
En síntesis, el panorama muestra que los nublados del día permanecerán durante bastante rato. En todo caso, no parece ser el fracaso de un modelo “liberal”, sino más bien la conjunción de la aplicación de políticas erróneas con la seria crisis de la economía mundial, lo que explica los graves problemas actuales de la economía chilena. La lección que las políticas y sucesos económicos de esa nación sudamericana pueden brindar a Costa Rica, es muy útil. Debe recordarse que la fijación del tipo de cambio, la indexación de salarios y los tipos de interés reales sumamente elevados fueron decisiones internas, propias, de las autoridades chilenas, las cuales explican mucho del fiasco económico.
Actualmente en nuestra nación, en apariencia, los tipos de interés reales son muy elevados y, acerca de eso, las autoridades (y los políticos oportunistas) ya han solicitado al Fondo Monetario Internacional que dé la aprobación para su reducción. En lo que se refiere al tipo de cambio, se ha elevado artificialmente el valor de la moneda nacional en comparación con el dólar y la pérdida de competitividad internacional que ello ocasiona, ya ha dado sus amargos frutos: las exportaciones continúan declinando y ya se empieza a restaurar la importación a los niveles previos. De la misma manera, la política salarial, al menos en el sector privado, y con cierto retraso en el sector público, como lo pueden aseverar los maestros, ha proseguido un sistema da ajuste que toma en cuenta los incrementos de los precios, aunque no formalmente se utilice un método de indexación. Incluso, es posible que en fechas recientes los aumentos en los salarios nominales sean mayores que los incrementos de los índices de precios.
La lección que podemos derivar de la experiencia chilena es sumamente valiosa, tanto para aprender lo exitoso, como para evitar costosos errores. Pero, tal vez, lo más importante es deducir de ella que la recuperación de una nación de las pesadillas social-estatistas es larga y dolorosa. La libertad se pierde fácilmente, pero después cuesta mucho recuperarla.
1983-06-01-EL OMINOSO SILENCIO PETROLERO
EL OMINOSO SILENCIO PETROLERO
La Nación, 01 de junio de 1983. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 145-146.
¿Desde hace cuánto tiempo sabe el estimable lector que los precios del petróleo que compra Costa Rica sufrieron una fuerte baja? Sin embargo, el monopolio estatal de RECOPE aún no reduce los precios de los productos derivados de éste. Por supuesto, RECOPE ha de argüir que tal decisión depende del SNE (Servicio Nacional de Electricidad), pero, para el sufrido usuario, esto es de poca monta. En última instancia RECOPE y el SNE tienen un mismo patrono: el gobierno de Costa Rica. Esto significa que si los precios de los derivados del petróleo no han disminuido, es porque el Estado no lo ha querido hacer.
Es muy posible que la posposición o indolencia en reducir el precio de los derivados del petróleo tenga una razón esencialmente fiscal. Una vez más el Estado utiliza a RECOPE para que se convierta en una proveedora de recursos al fisco. De esta manera, se tiene un nuevo impuesto sin que la Asamblea Legislativa, que aparentemente ni pincha ni corta, haya tomado la decisión de imponer un nuevo gravámen en el país, función que constitucionalmente le compete en forma exclusiva. Incluso ya se escucha el runrún de que, lo que RECOPE logre por el sobreprecio de los derivados del petróleo, se utilizará para financiar el gasto de un ministerio por naturaleza devorador de recursos. En todo caso, el gobierno pone impuestos sin que la Asamblea Legislativa tenga nada que ver con ello (y eso que se juró respetar a la Constitución), que es lo más grave de toda esta situación.
Es importante destacar la desidia con que la opinión pública ha analizado este asunto. Esa dejadez intelectual sirve principalmente para acicatear la voracidad fiscal, para estimular la arrogancia burocrática “laseferiana” y para fomentar el desaliento de aquellos que aún creen que los impuestos sólo los puede fijar un poder legislativo. No se ha escuchado la voz de quienes con frecuencia se oponen al abuso y al atropello estatal y el mutismo de los polìticos opositores es aún más deprimente. El Estado recopiano se está haciendo inmune a la crítica, porque ella ahora está ausente.
Sin embargo, la reducción de los precios habrá de llegar, aunque tardíamente, y lo será en el momento en que sea necesario un golpe político, que tal vez haga olvidar como un soporífero el dolor de algún nuevo impuesto sobre la espalda del costarricense El “timing” es importante para el político; ni las rebajas ni las alzas de los precios deben ser realizadas si no lo son en el momento apropiado. Si se trata de una reducción debe capitalizarse políticamente tal bendición popular; si es un alza que pase lo más desapercibida posible, aunque no lo sea en la conciencia del burócrata.
A pesar de esa esperanza “electorera”, la bellaquería intelectual de los que deciden la rebaja permite la forja de ciudadanos de primera y de segunda categoría. Si usted tiene un Toyota de gasolina, por ejemplo, y lo usa para trabajar, pues usted no es productivo, según el burócrata. Sin embargo, si es afortunado y el azar lo ha favorecido con disponer de un Mercedes Benz de diesel, que lo usa para pasear, pues sí es productivo, de acuerdo con el político de turno. En dos palabras, a tanto tico que utiliza su carro de gasolina para trabajar o simplemente para ir al trabajo se le considera improductivo y por ello de acuerdo con el burócrata no debe estimularse el uso de sus vehículos con una reducción en el precio de la gasolina.
Se reducirá el precio del búnker, del diesel y de otros derivados, pero la gasolina muy posiblemente se mantenga igual o casi al mismo precio. Esto satisface la conciencia dirigista y retorcida del burócrata que discrimina arbitrariamente. Debemos preguntarnos ¿con qué autoridad se mantiene un sobreprecio a la gasolina?; ¿desde cuándo este precio excesivo, que es un impuesto, simple y llanamente, fue objeto de la bendición constitucional del Poder Legislativo? La respuesta afónica del burócrata y la vacía inquisitoriedad del ciudadano, supuestamente interesado en la cosa pública, podrían concatenarse en lo de siempre: el ciudadano amarrado frente al Estado devorador de hombres y conciencias.
1983-06-25-LA GRAN CONSPIRACIÓN
LA GRAN CONSPIRACIÓN
La Nación, 25 de junio de 1983.
Es posible que este artículo ocasione que algún funcionario gubernamental manifieste que la conspiración de las extremas contra la institucionalidad del país, prosigue en una desenfrenada carrera hacia el suicidio colectivo.
Ni me he reunido en recóndito sitio con ese “conjurado extremista”, aunque no sé si de la izquierda o de la derecha, don Rodolfo Solano Orfila, ni tampoco me gusta abusar de mentalidades esquizofrénicas con delirio de persercusión, por lo cual, de una vez por todas, me sacudo de la acusación de sedición en que se me pueda implicar y hago caso al llamado del presidente Monge para formular una crítica sana al Poder Ejecutivo.
Con esta advertencia, de que no hay trama ni complot alguno, por esta vez hago referencia a la situación de la política gubernamental relacionada con el sector externo, pero, propiamente, en el campo administrativo. Parto, por supuesto, de que es deseable allegar más divisas al país, por medio de las exportaciones y de las inversiones privadas extranjeras. Igualmente, supongo que sí, por razones administrativas, no existe coordinación de las políticas del sector, entonces se está en presencia de un problema gubernamental deseable de corregirlo.
Como resultado de la importancia vital que para la actual administración tenía, y tiene, la generación de divisas en el país, se creó el Ministerio de Exportaciones y se decidió que la encabezara un experimentado administrador, el Dr. Mario Carvajal. Por cierto, don Mario parece haberse encaminado en su tarea por rumbos correctos, aún cuando le falta la parte más difícil de su gestión, cual es la puesta en práctica de sus ideas expresadas en diversas ocasiones.
A inicios de la Administración Monge, el anterior Ministerio de Economía, Industria y Comercio fue dividido en dos instituciones. Una de ellas, el Ministerio de Industria, Energía y Minas y, la otra, el Ministerio de Economía y Comercio. Esta última es la que interesa. Las direcciones que componen a ese Ministerio son las siguientes: Estadísticas y Censos, Comercio Interior, Integración Económica y Comercio Exterior. Aquí surge lo interesante: dos direcciones, la de Integración Económica y la de Comercio Exterior esencialmente tratan de asuntos relacionados con el intercambio internacional de bienes y servicios, que es una función a ser satisfecha por el recién creado Ministerio de las Exportaciones. Tal vez es conveniente que esas dos direcciones sean absorbidas por la institución que preside don Mario Carvajal y que el Ministerio de Economía y Comercio sea reducido al de Estadísticas y Fijación de Precios.
Igualmente, algunos organismos públicos encargados de las políticas de inversión extranjera están paralizados. El Centro para la Promoción de las Exportaciones y el Instituto Costarricense de Turismo son los entes públicos encargados de las decisiones de inversión en el país de los pensionados e inversionistas extranjeros. Sin embargo, Migración, que depende del Ministerio de Gobernación, quién sabe basada en qué leyes impide la entrega de pasaportes costarricenses a extranjeros que quieren invertir en Costa Rica, haciendo caso omiso a una situación de hecho: que es muy difícil que alguien invierta una fuerte suma de dinero en un país en el que espera residir, si ni tan siquiera tiene la certeza de que se le otorgará un documento que le permita entrar a ese país. Es urgente que este asunto se defina, pues otras naciones de América Latina buscando aliviar la crisis sí inteligentemente atraen a esas inversiones extranjeras.
Para que no se crea que esto es un complot, hago mías las palabras no sé por quien pronunciadas: “Cualquier cosa, menos la renuncia”, aunque en mi caso sea a la libre expresión, y no a la chamba gubernamental.
1983-07-01-PAUL VOLCKER, EL MONETARISTA
PAUL VOLCKER, EL MONETARISTA
La Nación, 01 de julio de 1983.
Al volverse a nombrar al Sr. Paul Volcker, en esta ocasión por el republicano Reagan y en la anterior, por el demócrata Carter, como Presidente Ejecutivo del Banco Central de los Estados Unidos (Chairman of the Federal Reserve Board), mi estimado amigo y director del periódico La Nación, don Eduardo Ulibarri, me sugirió que escribiera algo acerca de tan destacado monetarista. Y esa invitación sí me causo un tremendo lío, pues, por ejemplo, el profesor Milton Friedman ha escrito varios artículos sobre el supuesto no-tan-monetarista Volcker, por lo que, en realidad, declaro mi ignorancia sobre el grado de “pureza” monetarista del Presidente Ejecutivo del Banco Central de los Estados Unidos.
Gracias a don Eduardo y The Wall Street Journal logré saber que el Sr. Volcker cree que “un crecimiento monetario excesivo nos pondría de regreso en la misma situación insatisfactoria de expectativas inflacionarias más profundamente arraigadas y de un mayor escepticismo acerca de la habilidad de nuestra nación para manejar sus asuntos económicos”. Esto califica al señor Volcker dentro de algunas de las variedades de monetarismos que, según un reciente artículo, se extienden desde los estilos radicales o exagerados, hasta los convencionales (¿?), pasando por los asimétricos y los de metas variables (sigo confundido).
Creo que, más que referirme al nombramiento del Sr. Volcker, es conveniente reseñar algunas de las proposiciones fundamentales de la llamada escuela monetarista, sin dejar de señalar que ésta no es nueva, ni es una invención del Fondo Monetario Internacional (FMI), ni del imperialismo yankee, pues los más puros monetaristas suelen encontrarse en la China Roja y en la URSS, y que, desde el siglo XVIII las ideas monetaristas tenían ya un papel importante en el pensamiento político-económico.
En general, los monetaristas han enunciado cuatro proposiciones de carácter científico; esto es, sujetas, con todas las limitaciones del caso, a la comprobación del método científico, que tratan de explicar, tres de ellas, cuál es la relación entre el crecimiento de la cantidad del dinero y el crecimiento del gasto agregado, la producción real y los precios y la cuarta propuesta acerca de si es factible controlar el crecimiento del dinero; esto es, si es posible aplicar política monetaria.
En primer lugar, en general los monetaristas sostienen que existe una relación permanente y estrecha entre el crecimiento de la cantidad de dinero y el aumento del gasto total de la economía.
En segundo lugar, los monetaristas afirman que la inflación es un fenómeno esencialmente monetario. Esto es, que el crecimiento sostenido de la generalidad de los precios tiene, básicamente, su causa en un aumento constante de la cantidad de dinero en la economía.
En tercer lugar, los cambios bruscos, de corto plazo, en la cantidad de dinero producen variaciones en la producción real, pero que, en el largo plazo (no aquel en que “todos estamos muertos”, sino en el que se refiere a una sucesión de cortos plazos), no existe relación entre un aumento en la cantidad de dinero y en la producción real, sino tan sólo con los precios.
Finalmente, se supone que las autoridades monetarias son capaces de controlar la tasa de crecimiento del dinero. De no ser así, las tres proposiciones anteriormente expuestas no tendrían importancia práctica alguna.
Ahora bien, en un reciente artículo de los economistas Dallas S. Batten y Courtenay C. Stone, ambos del Banco de Reserva Federal de San Louis, se analiza la vigencia de las cuatro proposiciones fundamentales monetaristas, aplicadas a la evolución de la economía norteamericana (Lamentablemente, en Costa Rica, ni siquiera el Banco Central tiene un modelo macroeconómico monetarista). Ambos autores concluyen que, al “contrario de recientes rumores acerca de la muerte del monetarismo, encontramos que las cuatro proposiciones puestas a prueba fueron tan válidas y útiles durante los últimos tres años, como lo fuera en los 20 años previos”.
En todo caso, para volver a la petición del amigo Ulibarri de referirme al nombramiento del señor Volcker como Presidente del Banco Central de los Estados Unidos, es muy evidente su éxito en la aplicación de una política monetaria estricta en el control de la inflación, la cual se redujo, de un 14% al asumir por primera vez su cargo, a cerca de un 4 por ciento a la fecha. Por supuesto, este es otro éxito del monetarismo; lo difícil para el Sr. Volcker ahora es cómo, ante la expectativa de grandes déficit gubernamentales, puede mantener la recuperación de la economía norteamericana, sin que se inicie otra vorágine inflacionaria. Muy posiblemente el Sr. Volcker continúe en su lucha contra la inflación apretando el freno monetario y urgiendo mesura en el gasto público.
1983-07-12-LA FRONTERA TRIBUTARIA
LA FRONTERA TRIBUTARIA
La Nación, 12 de julio de 1983.
Existen diversas opiniones acerca de cuándo un país se dice ha llegado al límite en los impuestos que puede cargar sobre sus ciudadanos. Al menos en el campo de los economistas, todas las explicaciones aducidas no satisfacen, pues no explican plenamente cuándo se puede afirmar que una nación llegó al límite tributario.
Posiblemente por ello sea mejor hacerle caso al Presidente de la República, cuando don Luis Alberto nos señala que ya en Costa Rica no se pueden poner más impuestos. Tal vez él tiene presente la famosa rebelión anti-impuestos de la fiesta del té de Boston a finales del siglo XVIII, que fue precursora de la independencia de los Estados Unidos o bien la reciente revuelta, llamada de la proposición XIII, por la cual los ciudadanos del estado de California obligaron a sus autoridades a bajar los impuestos territoriales.
Pero, más que todo, creo que el Presidente de la República tiene en mente que más impuestos ocasionarán una seria reducción del esfuerzo productivo del país, elemento vital en el proceso de recuperación de nuestra economía. Claro que por esfuerzo productivo del país no debe entenderse únicamente a la creación de nuevas empresas o el incremento de la producción de las existentes, sino primordialmente el hecho de que mayores impuestos inciden negativamente en la oferta de trabajo y en la formación de ahorros, fundamentales en el proceso de inversión. Lo anterior quiere decir que la abstención del consumo (ahorro), ya no le rinde tanto beneficio a quien lo practica y que, al mismo tiempo, cualquier esfuerzo adicional que realice significa que el Estado proporcionalmente le quita más y más a la persona. Esto tiene como corolario que la producción, en vez de aumentar, tienda a disminuir, lo cual no desea, aparentemente, el Presidente Monge.
Sin embargo, el contraste entre la opinión que sobre este tema ha enunciado el Presidente de la República y la actuación de los diputados de su fracción, es evidente. El Presidente pugna por no aumentar los impuestos y los diputados lo primero que hacen es recetar una dosis cada vez mayor de gravámenes. Ejemplo reciente de ello es aquél sobre las remesas al exterior, así como uno, hipócritamente disimulado, que fija un impuesto adicional de ¢200 por vehículo (para esos señores progreso es que los ciudadanos anden en burro).
La situación anterior obliga a meditar sobre los alcances de esa actitud evidentemente conflictiva:
1.- O bien el Presidente veta ambas leyes y hace válida su afirmación de que no se le pondrán más impuestos a los ciudadanos costarricenses,
2.- o, alternativamente el Presidente firma ambas leyes, con lo cual su credibilidad, que hasta ahora esencialmente se mantiene, sufre un claro y serio deterioro.
Por otra parte, los diputados podrían:
1.- Resellar el veto que, como alternativa, puede haber ejecutado el Presidente, con lo cual se suscita una situación de conflicto frontal entre el Gobierno y su fracción liberacionista en la Asamblea; o
2.- no resellar el veto, con lo cual el país estaría seguro de que el Presidente de la República continúa controlando a sus propios diputados. (Se acuerdan: “Necesito muchos diputados para gobernar”.
Para terminar hay una duda que me salta al instante de escribir este artículo: se ha afirmado que el impuesto sobre las remesas va a rendir aproximadamente 400 millones de colones a ser utilizados en programas de, supuestamente, ayuda a la niñez. Por otro lado se ha dicho que los niños beneficiados con el programa son, aproximadamente, 400 mil. Lo anterior significa que se le dará, o gastará, en cada niño, mil colones. Con esta suma sabemos bien que quien más se beneficiaría son los burócratas encargados de los programas de ayuda a la niñez. Esto provoca que, en última instancia, los más entusiastas proponentes del programa sean aquellos encargados de ponerlo en práctica. Los padres de los niños podrían contribuir a resolver el problema evitando traer más hijos al mundo, aunque, después de todo, ese nuevo gasto público terminará por encarecer más la vida del costarricense, quien por tanto ahorrará en la fertilidad.
1983-07-23-VIVE LA FRANCE SOCIALISTA VIVE LA FRANCE SOCIALISTA
La Nación, 23 de julio de 1983.
Decía Jean François Revel en su brillante libro El Estado Megalómano que “… todo socialista consecuente extraería, por el contrario, del examen de las críticas de derecha, una preciosa enseñanza; a saber: que toda llamada crítica de izquierda que apela a los hechos, aunque sean estos una disminución pasajera de los humildes, es en esencia una crítica de derecha… Sean cuales fueren, y vengan de donde vinieren, las críticas al socialismo son, pues, de derecha. Y esto implica el corolario de que nunca son dignas de ser tomadas en consideración”.
Lo que aquí en Costa Rica observamos con cierta fruición ideológica, si tomamos en cuenta la opinión del social-demócrata o socialista François Mitterrand acerca de los problemas políticos del área centroamericana, es como el patrocinio del Primer Ministro francés se orienta hacia las fuerzas marxistas de Nicaragua y de El Salvador. A su vez le niegan a su colega de la Internacional Socialista, el Partido Liberación Nacional, gobernante en Costa Rica, y al Partido Liberal de Honduras, también afecto a ella, el cariño y amor fraternal que se presupone es parte de esa especie de Tratado de Asistencia Recíproca ideológico, de que tanto hacen gala los social-estatistas de nuestra patria.
No es nada extraño que mucha de la explicación de ese nuevo amor de los “internacional-socialistas” franceses por el gobierno de Nicaragua y por los guerrilleros comunistas salvadoreños, sea encontrada en una especie de vuelta a la tierra o retorno a los orígenes marxistas que caracterizan a los social-demócratas del mundo. Puede ser, por otra parte, que alternativamente también esos franceses vean en el conflicto de América Central, una especie de guerra de liberación de esos pueblos contra la opresión y el imperialismo yankee (el mismo que los liberó de los nazis) y que, por lo tanto, el apoyo de los socialistas franceses por los movimientos marxistas en el área sea simplemente una extensión de la conciencia social y de la justicia y equidad que caracteriza, supuestamente, al pueblo francés.
Como creo que hay mucha explicación en esta última hipótesis acerca de la conducta observada por el gobernante social-estatista francés, en lo que a los sucesos de Centro América se refiere y, como según dicen algunos, yo no tengo conciencia social, ni interna ni internacionalista, estoy decidido a probar que esta última afirmación no es enteramente correcta, se me ocurre postular una sencilla idea que tal vez hará palidecer a los hermanos de la rosa socialista, aunque si bien calza con la actuación reciente de ese gremio político: crear un Comité Costarricense de Solidaridad con la Liberación de Córcega.
Córcega es una colonia de Francia: su pueblo, sus costumbres e identidad son distintos a los de la metrópoli. Este es uno de los argumentos aducidos en pro de la independencia en Córcega. Francia le niega el derecho al pueblo corso de darse su propio gobierno, de aquí que los heroicos guerrilleros insulares están dispuestos hasta sacrificar su vida, con el objeto de rescatar a la patria corsa de la invasión francesa. Francia tiene instaladas allí sus tropas con el fin de evitar que el pueblo corso logre satisfacer su aspiración de disponer de su propio gobierno. La bota militar imperialista impide y cohibe el derecho a la autodeterminación del pueblo. También hay prisioneros polìticos (y si no los hubiera, al igual que en Costa Rica, pues hay que inventarlos), cuyo delito único ha sido la posesión y utilización de armas para la liberación de su pueblo.
En todo caso, lo imperdonable históricamente es que “Francia” haya mandado a matar (al destierro) al hijo favorito de la isla: al gran emperador Napoleón. Es por ello que nosotros, los aborígenes del primitivo mundo centroamericano, debemos de luchar con ahínco por la liberación de Córcega y devolver a la patria a su legítimo gobernante: el Príncipe Napoleón. Tal vez el socialista Mitterrand (o alguno de sus a láteres) lleve este caso a la Internacional Socialista, donde estoy seguro se le dará un tratamiento igual al que han brindado a Puerto Rico: descolonización a la fuerza del imperialismo yankee. De no ser así, debemos recordar al social-estatista francés, que los casos de Córcega y de El Salvador son muy parecidos, pues, a pesar de la enorme distancia, simplemente nos obliga a exigir consistencia, Monsieur Mitterrand.
1983-08-05-LAS LIBRERÍAS Y LA LITERATURA DE IZQUERDA
LAS LIBRERÍAS Y LA LITERATURA DE IZQUIERDA
La Nación, 05 de agosto de 1983.
Un día de estos se me ocurrió ir a dar una vuelta por alguna de las céntricas librerías de San José, en busca de un libro de Jean François Revel que me había recomendado entusiastamente un buen amigo.
Una vez allí sufrí una gran desilusión por el hecho de que tres empleados desconocían totalmente el nombre de tan famoso escritor contemporáneo. Pero mayor fue mi sorpresa cuando decidí buscar personalmente un libro de economía política que pudiera interesarme, y lo único que logré encontrar en esa sección fue una pléyade de obras de autores de izquierda. Así, por ejemplo, está gran parte de la literatura publicada por la Editorial Siglo XXI, la cual produce obras de Mandel, Poulantzas, Debray, entre muchos otros; allí también se encuentran muchas obras de la Editorial Grijalbo, la que posee libros de Shishkin, Engels, Kopnin, Borisov, Makarova y muchos otros más.
Caso interesante es el de alguna de la literatura editada en Costa Rica, como es la del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), que se supone sintetiza el pensamiento de la iglesia izquierdista. También en los estantes están las obras de la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA), la cual edita obras de simpatizantes izquierdistas, como Carcanholo, Almendárez, Posas, Quijano y muchos otros más y, en evidente simbiosis que a muchos llama la atención, aparecen otros de los izquierdistas Assmann, Gorostiaga, Hinkelammert, Trinidad y otros más, que resulta del esfuerzo conjunto del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) y de la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA). Como se dice: Dios los cría y el diablo los junta.
Normalmente estos autores izquierdistas lanzan sus iras de Júpiter tonante contra el sistema de mercado, el mismo que les protege anónimamente de la eventual coerción que puede ejercer contra ellos un Estado que no comparta sus opiniones. Es decir, sus vidas de autores, la difusión de sus ideas, su permanencia intelectual en el medio, persisten gracias a que hay una demanda (esa tan despreciada por los socialistas) de sus obras y que hay algún empresario (eso aún más despreciado por los socialistas) dispuesto a satisfacer esa demanda de los lectores. ¿Se concibe acaso que este autor, liberal por más señas, pueda vender libremente, sin ninguna coacción, sus libros por medio de librerías privadas en esos paraísos marxistoides, a los cuales son tan afectos los socialistas de la región? Creo que no podría hacerlo. Tal como dice el lema: Dios protege a los inocentes. En este caso, podríamos decir: el mercado protege a los socialistas.
Antes de que a algún termocéfalo se le ocurra decir que estoy abogando porque se retiren los libros de izquierda de los anaqueles de las librerías, deseo manifestar que, al contrario, quiero que existían más editoriales privadas dedicadas a la publicación de obras de cualquier tipo y naturaleza ideológica. Lo que sí me preocupa es saber que la Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA) es mantenida, en parte, por los fondos de las universidades centroamericanas, entre ellas la Universidad de Costa Rica. Ésta, en última instancia, es también financiada con fondos de los contribuyentes nacionales, por lo cual resulta que EDUCA publica libros de clara ideología izquierdista, con fondos proporcionados parcialmente por el pueblo costarricense. Me pregunto si queremos los ticos financiar esa literatura izquierdista.
El contraste es evidente: los libros izquierdistas de EDUCA se venden gracias al sistema de mercado que tanto combaten y, al mismo tiempo, la literatura izquierdista de EDUCA es, en parte, financiada por los capitalistas (entre muchos) que pagamos los impuestos. Así, ¿quién no…?
1983-08-20-JORGE CORRALES CENSOR DE LIBROS
JORGE CORRALES, CENSOR DE LIBROS
La Nación, 20 de agosto de 1983.
Mucho agradezco a don Sebastián Vaquerano que haya salido en defensa de la labor editorial y de pluralismo ideológico de la empresa Editorial Universitaria Centroamericana (EDUCA). En particular, mi agradecimiento se basa en que se sirvió leer mi artículo del día 5 de agosto de 1983, titulado “Las librerías y la literatura de izquierda”, pues ya había perdido la fe en que se le prestara atención a las opiniones que en nuestro país a veces algunos nos servimos expresar.
Pero vayamos al grano y analicemos la respuesta del Sr. Vaquerano. En primer lugar, atribuye a que no esté suficientemente informado para la formación de las opiniones que expresé sobre EDUCA. Y tal vez el Sr. Vaquerano tenga razón, porque no fui suficientemente explícito en mi artículo de que las obras de EDUCA que conozco son, fundamentalmente, aquellas de las denominadas ciencias sociales, que comprende economía, política, sociología y otras similares, en tanto que no hago referencia a las de teatro, poesía, literatura, etcétera, publicadas por la Editorial y cuyos nombres, amablemente, se sirvió reseñar el Sr. Vaquerano.
En segundo lugar, entre lo que más me interesa destacar está la afirmación del Sr. Vaquerano, la cual dice que “…a partir de 1980 se ha venido aplicando una política de disminución progresiva del subsidio otorgado por las universidades miembros del CSUCA hasta alcanzar, en este año, el autofinanciamiento pleno“. He aquí uno de los aspectos más importantes de la respuesta del Sr. Vaquerano, pues él reconoce que ha existido un subsidio, que aunque nos diga proviene de las universidades, en realidad es del costarricense, el centroamericano, en general, quienes han pagado el baile. Y temo que la editorial, y tomo deliberadamente este ejemplo, cuando editó la obra de mi apreciado ex profesor, Claudio Gutiérrez, “Teoría del método en las ciencias sociales”, no buscó la aprobación de quien ha pagado el baile: de quien ha brindado los recursos para EDUCA.
Por ello, lo más importante no es tanto la ideología del autor, sino que se utilicen fondos de una colectividad para producir obras, las que tal vez no le interesen a esa misma colectividad. Yo, como pagador de impuestos, podría preferir el libro de don Claudio, o el de mi otro ex profesor, don Constantino Láscaris, a las obras de Carcanholo o de Almendárez o de Posas o de otros, pues en última instancia soy yo, al igual que todos los que pagamos impuestos, quienes deseamos que se nos publique lo que preferimos.
Lo anterior se lograría si EDUCA fuera, como lo va a ser en este año, según dice el Sr. Vaquerano, una empresa privada en su forma de operación; esto es, sin subsidios públicos. En este caso, se publica lo que se demanda, lo que desea leer el lector y no lo que crea que prefiere, según el editor.
En las editoriales subsidiadas, si el editor se equivoca en la satisfacción de las necesidades del lector y publica obras que éste no desea, el editor sabe que la hacienda pública, el subsidio, el impuesto que pagamos, le permitirá encubrir su error, pues no quiebra y pierde su patrimonio. Esto no sucede con la actividad privada, sin subsidio, como es la nueva EDUCA a que se refiere el Sr. Vaquerano, pues sus publicaciones quedan sujetas al consumidor soberano. De manera que sólo me queda desearle suerte a esta nueva EDUCA y espero que podrá verse cómo indefectiblemente el mercado terminará por proteger al inocente, por medio de esa anonimidad y libertad que nos es tan querida a los liberales.
La respuesta del Sr. Vaquerano me gustó, hasta el último párrafo. Hasta entonces, sí guardaba respeto por las ideas, tal vez equivocadas, de este autor. Pero adonde no me agrada es cuando irónicamente me pide que revele “el título de las obras (que) a (mi) juicio… EDUCA no debió haber publicado en virtud de las concepciones políticas de sus autores”. Esta deleznable petición presupone que mi carácter deja de ser liberal, y más bien busca tratarme como un Torquemada renacido o mejor, como un piricuaco sandinista encargado de censurar al periódico La Prensa. Aquí se equivoca de plano el Sr. Vaquerano: en última instancia me importa un bledo cualesquiera sean las obras que publique EDUCA; eso sí, las de la nueva EDUCA, la que, dice el Sr. Vaquerano, alcanzará en este año el autofinanciamiento pleno. Pero en cuanto EDUCA publique obras que no son de mi agrado y se utilice mi dinero por vía de impuestos para financiar su edición, sí me verá inquieto y vigilante. Por supuesto, soy soberano en mi decisión de comprarlas o no, como sucede en un régimen de libertad de mercado. Por ello pregunté en mi artículo anterior si queremos los ticos financiar esa literatura izquierdista. El único precio que pensé tendría que pagar por formular esa majadera inquietud era “que a algún termocéfalo se le ocurra decir que estoy abogando porque se retiren los libros de izquierda de los anaqueles de las librerías…”
En todo caso, lo único que el Sr. Vaquerano quiere es darme el cargo poco honroso de censor de libros, aunque eso es más típico de un retrógrado oscurantista o de un estatizador socialista, de esos que ahora pululan por todos los rumbos, y no de este liberal, quien desea que sea el consumidor el que determine cuáles son los libros que han de publicar los editores, quienes así quedan sujetos a los riesgos empresariales derivados de sus propias acciones.
1983-08-26-UN ARTÍCULO QUE DEBE ANALIZARSE
UN ARTÍCULO QUE DEBE ANALIZARSE
La Nación, 26 de agosto de 1983.
Varios días han pasado desde que el respetado economista Dr. Eduardo Lizano F., publicó en esta misma página un excelente artículo en que expresa, con el resumen requerido, un conjunto de ideas acerca de las posibilidades de crecimiento de la economía costarricense en un futuro relativamente cercano. Lamentablemente, por esa especie de modorra intelectual que ha invadido a muchos de ese gremio cuasi taumatúrgico, denominado “economistas”, las ideas de don Eduardo no han venido a más.
Tal vez me ilusionó la posibilidad de que en un casi inoperante Colegio de Economistas, cuyos directores, de vivir en el siglo XIII, determinarían que la tierra es plana, según resultado exclusivo de una encuesta que practicarán en su gremio, podría dedicar algo de su “valioso” tiempo al análisis de las ideas expuestas por don Eduardo. De la misma manera, pensé que tal vez los egregios economistas liberacionistas, especialmente algunos de los social-estatistas aún vigentes en ese partido, tendrían deseos de dedicar algunas octavillas al análisis de las revolucionarias (para nuestro enclenque medio) ideas del economista Lizano, especialmente por proceder ellas de uno de los intelectuales liberacionistas más destacados en su medio, y eso que no son muchísimos. Pero no, todo sigue igual en esta villa, en donde hasta la tradicional expresión de ideas en los periódicos, en este caso, volvió a la tierra del camposanto.
Me atrevo, para no dejar pasar esta oportunidad, a presentar algunas ideas que tiene relación con lo expuesto por don Eduardo en su artículo de reciente aparición, como es el papel de las exportaciones del país, a la luz de ciertas políticas económicas que está llevando a cabo el actual gobierno, así como en el marco de las propuestas del Banco Mundial para una reforma estructural de la economía nacional. Para efectos de este análisis, se puede partir de que las exportaciones son vitales en la recuperación de la economía del país y, a pesar de que numerosas naciones están en el mismo juego, que el esfuerzo del país se debe centrar en la colocación de ciertos montos aparentemente manejables de nuestras exportaciones. Sin embargo, existen tres políticas económicas proseguidas por el gobierno actual que conspiran contra el logro de ese objetivo.
La primera de ellas es la fijación de un precio a las exportaciones. Esto es, la determinación del tipo de cambio a un nivel menor que el vigente en el mercado, lo cual retarda cualquier proceso de exportaciones. La existencia reconocida de insuficiencia de divisas para satisfacer su demanda al precio vigente, es la mejor prueba de que el valor oficial de nuestra moneda es mayor que el verdadero. Debe proseguirse, en este sentido, una política económica que no fije el precio artificial a las exportaciones, si es que se desea incrementarlas.
En segundo lugar, sorprende que si las autoridades gubernamentales quieren exportar más, ellas mismas carguen constantemente de impuestos a la exportación. Tal vez ello resuelva un problema fiscal, pero ese enfoque parcial, tarde o temprano, se constituirá en una barrera a las exportaciones, lo cual se supone es el corazón del programa, si es que lo hay, de recuperación de la economía nacional.
Finalmente, el proteccionismo vigente sigue tan campante como Johnny Walker. La protección arancelaria se traduce en un impuesto a las exportaciones, al encarecerse el costo de los factores productivos, al ser artificialmente dedicados a la producción interna, lo cual excluye su utilización en el proceso de exportaciones.
Creo que, en tanto no se entre de lleno a la revisión de la política económica proseguida por el actual gobierno sobre el tipo de cambio, los impuestos a las exportaciones y la revisiòn del proteccionismo, nuestro esfuerzo será inútil, así como el de intelectuales de valía como don Eduardo Lizano. Con ello, lamentablemente, no se beneficiará el país de la recuperación de la economía norteamericana, surgida gracias a las políticas no social-estatistas sino liberales del Presidente Reagan.
1983-09-03-LA MISMA MONA, CON DISTINTO RABO
LA MISMA MONA, CON DISTINTO RABO
La Nación, 03 de setiembre de 1983.
Si bien aún no ha concluido el sainete de los aumentos salariales del sector público, es bueno, por aquello del registro, referirse a varios aspectos de tan trillado espectáculo.
Cuando se planteó el aumento de los salarios (merecido o no, no es este el caso) de los empleados del Instituto Nacional de Seguros, el Ministerio de Hacienda, preocupado por el efecto disparador que sobre el gasto público total significaba su aprobación, se opuso a ello, como igualmente lo hizo el Consejo Económico y, tengo entendido, la Procuraduría General de la República. Pero, como la cuerda política siempre se rompe por lo más delgado, el Consejo de Gobierno aprobó el aumento de ¢450 al mes que propugnaba el INS, puesto que sí se tenía contenido económico suficiente.
El anterior rompimiento del naipe provocó que otros grupos de asalariados, los de la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) y los del Banco Nacional, alegaran que, en tanto existieran suficientes recursos propios en sus instituciones, el aumento podría exceder a los ¢450 en que, se suponía, estaba plantado el gobierno de la República. Caso sorprendente fue el del Banco Anglo, cuyo Presidente de la Junta Directiva, el Sr. Araya Westover, manifestó por la Prensa Libre, aunque algo hermético, que de un aumento mayor de los ¢450 mensuales ya la Casa Presidencial tenía conocimiento.
En un giro de 180 grados, la lenidad mostrada por las autoridades gubernamentales en el caso de las barricadas anti-ICE, se vio transformada en una firme posición de que no se aceptaría ningún aumento mayor de los ¢450 para los empleados públicos. Y hasta aplausos cosechó esa posición tan guayacana. Pero como a veces los políticos pretenden engañar a todo el mundo, todo el tiempo, se hace necesario formular unas observaciones acerca de los “acuerdos” logrados por el gobierno con los grupos huelguistas.
Se ha mencionado que tanto a los maestros como a los trabajadores de RECOPE, no se les aumentará el salario en más de los ¢450 mensuales, como era la posición totémica del gobierno, pero ello lleva adicionado un incremento debido a la nueva escala salarial que se aplicaría. ¿Estaremos en presencia de una misma mona, pero con distinto rabo? He aquí las preguntas de fondo: ¿Cuánto le costaba al país un aumento de ¢1.500 mensuales solamente y cuánto le cuesta ahora con uno de ¢450 mensuales más la nueva escala salarial? ¿Tendrán los acuerdos negociados un efecto sobre la emisión de dinero, con el consiguiente efecto inflacionario? ¿Están estos aumentos comprendidos dentro de los lineamientos acordados con el Fondo Monetario Internacional? ¿Se aumentarán los impuestos para financiar este incremento en el gasto público? ¿Tendrán efecto estas alzas salariales sobre los precios que se les cobran a los usuarios de los servicios públicos, tales como electricidad, luz, agua, teléfonos, gasolina y diesel? ¿Repercutirá esta nueva política salarial sobre el monto de la deuda pública? Esperamos que a estas preguntas no se les apliquen aquello de quien calla, otorga.
1983-09-24-EMPECEMOS A ACLARAR LO DE NUESTRA NEUTRALIDAD
EMPECEMOS A ACLARAR LO DE NUESTRA NEUTRALIDAD
La Nación, 24 de setiembre de 1983.
La tan traída y llevada neutralidad de Costa Rica en los conflictos internacionales poco la he entendido, explicación que se debe encontrar en mi grave falta de conocimiento del derecho internacional. Es por ello que me tengo que declarar ignorante acerca de la conveniencia de que nuestro país se declare neutral bajo los lineamiento (o, apenas, esbozos) expresados por nuestras autoridades.
Sin embargo, como ciudadano costarricense tengo la intención de formular algunas preguntitas sencillas, a lo cual tengo todo el derecho, pues es mi neutralidad de costarricense la que se está definiendo. Debo, antes de hacerlas, aclarar que, tal como lo han dicho los gobernantes actuales, no se trata de una neutralidad ideológica, pues el país comparte los principios de la democracia occidental. Es decir, el fondo del asunto es el concepto de nuestra neutralidad ante los conflictos bélicos.
Primera pregunta: si somos miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), por el cual, según entiendo, la agresión de algún país extra-regional contra uno de América, significa que esa agresión la es contra todos los del continente; entonces, si, por ejemplo, la U.R.S.S. ataca a Brasil, ¿permanecería neutral Costa Rica desde el punto de vista bélico? Supongo que lo de asistencia recíproca se refiere a que la agresión contra una de las naciones americanas es eventualmente repelida por las armas y hombres y mujeres de todos los demás países firmantes del pacto.
Segunda pregunta: si la respuesta a la pregunta anterior es un simple y llano “sí”, ¿no significa, entonces, que, de hecho, nos estamos saliendo del pacto de asistencia recíproca?
Tercera pregunta: si partimos de que la posición esbozada en la introducción a la primera pregunta, es la que Costa Rica mantiene ahora, entonces, ¿si Costa Rica es agredida por una potencia extranjera, debemos esperar con certeza que las demás naciones de América envíen sus tropas para defendernos de la agresión extranjera?
Pregunta final: ¿qué previsiones, bajo el alero de la declaratoria de neutralidad objeto de estos comentarios, ha tomado nuestro gobierno si, “por si acaso o por lo que sea”, Nicaragua invade a Costa Rica?
Espero que, por favor, alguien aclare estos nublados que cruzan mi mente, pues el silencio, ese ominoso silencio tan frecuente en Costa Rica, no sirve como respuesta.
1983-10-01-REFORMA BANCARIA
REFORMA BANCARIA
La Nación, 01 de octubre de 1983.
En estos días se han formulado algunos comentarios acerca de las virtudes de nuestra banca estatizada. Algunos de ellos son favorables a ésta; los más propugnan por la existencia simultánea y en igualdad de condiciones de la banca comercial privada.
Desde hace ya bastante rato, casi desde que se inició el actual gobierno, se creó una comisión encargada de evaluar nuestro sistema de banca nacionalizada. Dicha comisión no ha formulado aún ninguna opinión concreta acerca de esos entes financieros, aunque miembros prominentes de ella sí han efectuado comentarios públicos, supongo que en carácter personal, que lo llevan a uno a la conclusión de que las cosas no parecen estar lo bien que creen algunos.
En todo caso, al menos los comentarios que realizó el Lic. William Hayden, bastante conocedor de asuntos financieros, tanto ante un grupo de empresarios reunidos en la Sala Kamakiri, como ante un conjunto de personas en los salones de La Nación, y que este periódico reprodujo recientemente, me obliga a pensar que ojalá dicha comisión fuera ampliada, para que tenga el aporte de gente familiarizada con asuntos bancarios y que, ciertamente, no formen parte del grupo político en el poder.
Actualmente la comisión mencionada está compuesta por personas todas sumamente capaces y conocedoras, algunas en un grado mayor que otras, de los asuntos financieros de nuestra banca estatizada. Personalmente, conozco a gran número de ellos, así como también estoy enterado de su afiliación política: todos son liberacionistas.
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Me he puesto a pensar que la situación de nuestra banca puede ser tan crítica, que su solución va a exigir el concurso de muchos costarricenses (tal vez algo de ese consenso, del que a veces nos habla el Presidente Monge). Es por ello que no entiendo por qué sólo liberacionistas conocedores de asuntos financieros integran dicha comisión. Un mal pensado podría imaginar que lo que se trata es de hacer lo que hace el gato con sus heces: echarle tierra o esconderla. Pero creo que esta concepción ofende la calidad profesional de los integrantes de esa comisión.
Tal vez, sea, más bien, que en el gobierno actual, que fue el que nombró la comisión mencionada, se considera que los únicos capaces de diagnosticar sobre nuestro sistema bancario son los liberacionistas (ah, criatura mía) y que los de otras tiendas políticas no conocen del asunto o no están capacitados para ello. ¿No creen los amigos lectores que tal vez esa comisión se vería enriquecida con la presencia de no liberacionistas conocedores de banca, como por ejemplo, don Álvaro Hernández Piedra, don Miguel Ángel Rodríguez, don Jorge Guardia, don Alberto Di Mare o don Oscar Barahona, entre otros? No puedo pensar que hasta para evaluar un sistema bancario nacional (que, de paso, para bien o para mal, es responsabilidad de todos los costarricenses) se requiere del sectarismo político y no necesariamente del aporte inteligente de ciudadanos afectos a diferentes tendencias políticas, distintas de la actualmente gobernante.
1983-10-14-EL SOLIDARISMO REGRESA A LA TIERRA
EL SOLIDARISMO REGRESA A LA TIERRA
La Nación, 14 de octubre de 1983.
En los funerales de los cristianos, normalmente, al regresar a la tierra para no volver jamás al mundo de los vivos, se destacan sus virtudes humanas. En el jargón de la Asamblea Legislativa, cuando se envía un proyecto de nuevo al estudio de la Comisión respectiva, sin que se estipule su retorno obligado a la votación en el plenario de la Asamblea, se dice que a ese proyecto se le ha dado un entierro de primera clase. Creo que hay cierta similitud entre el regreso a la tierra de los seres vivos y el entierro de primera clase, entre coros de algunas hipócritas alabanzas, sucedido recientemente con el proyecto de la ley para dar marco legal adecuado al movimiento solidarista.
La actitud de los comunistas frente al solidarismo es explicable, pues muestra lo contrario del dogma marxiano de la inevitable lucha de clases, que es la savia intelectual de algunos de Pueblo Unido y sustento de otros, quienes aunque se dicen profesar en otro partido político o ser independientes, en realidad son corifeos del rojismo criollo y de la internacional. Una vez más, don Arnoldo Ferreto, quien debe ser nombrado “diputado del año”, por el poder y control que se ha mostrado ejercer sobre nuestra Asamblea Legislativa, quien recientemente logró evitar la condena por la inmisericorde destrucción de un avión civil de pasajeros por una paloma de la paz soviética, pudo manipular el envío a Comisión del proyecto de ley para el solidarismo.
En todo caso, si descontamos la ya prevista posición de los camaradas, sí vale la pena analizar la de algunos políticos criollos, quienes, al menos en esa reciente sesión de la Asamblea Legislativa, regaron verde bilis contra ciudadanos deseosos de evitar que el Estado se apropie de sus haberes.
La liberofobia de algunos (subrayo, algunos) diputados de Liberación Nacional tiene su sustento en una especie de “yoísmo” social, sin la cual no les es posible concebir ninguna acción social humana que surja espontáneamente y no como resultado de sus actos deliberados. Esto es, creen que la sociedad sólo puede tener un orden, si es dictado por el poder ejercido de algún individuo y jamás como algo no planificado o dirigido. Ejemplos abundan: uno, el obrero costarricense no sabe o no ahorra, si no es por la existencia del Banco Popular, creación de “algunos”. Dos, los costarricenses no pueden o no ejercen la caridad privada: ello debe socializarse por medio de “mí” creación, del IMAS. Tres, los obreros no pueden ser dueños de sus prestaciones, porque las botan o bien, si desearán ser dueños de empresas, el “Partido” debería crear algo, y llámelo SEL, TAC, FODEC o lo que sea, para resolver esa espontánea y “anómala” libertad de contratación.
Claro, lo que pasa es que estos señores “creadores del orden social”, presuponen que el mundo organizado y civilizado existe porque ellos lo crearon, tal vez debido a que identifican a la sociedad con el Estado: el Estado es la sociedad. No pueden concebir, entonces, que el movimiento solidarista haya visto la luz como resultado de la libre y espontánea negociación entre las partes. Patrones y trabajadores se ponen de acuerdo para resolver sus problemas, capitalizar, crear riqueza, actuar en la empresa y hasta llegar a ser dueños de ésta. Y de ello, ningún partido, así como ningún político, quienes desearían ponerle la placa de “obra de su administración”, pueden reclamar la paternidad del solidarismo. Han sido ciudadanos privados, más o menos anónimos, quienes no han querido caer en las garras de la demagogia politiquera, que con suma frecuencia hiere nuestros oídos.
Creo que los solidaristas se han enfrentado, tal vez sin quererlo, con ese monstruo devorador de nuestras conciencias: el social-estatismo paternalista. Los solidaristas han demostrado ser afectos a la libertad y no a la coacción; al libre albedrío y no al paternalismo esclavizante. Cuando los vuelvan a buscar, recuérdenles cuáles son los principios que orientan al solidarismo. Así, aquellos que pretenden cancelárselos tan sólo porque son contrarios a sus designios social-estatistas, podrán darse cuenta de que el hombre libre en nuestro país aún existe, a pesar de que estos no les deben nada a los nuevos fariseos del Poder. Porque pronto vendrán donde ustedes… dentro de dos años.
1983-10-19-NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR
NUESTRA POLÍTICA EXTERIOR
La Nación, 19 de octubre de 1983.
En verdad que algunos liberacionistas connotados nos confunden cuando tratan el tema de nuestra política exterior. Debo ser claro que de ese embrollo se excluye al canciller, don Fernando Volio, quien, al contrario de algunos de sus copartidarios, ha sido diáfano, concreto y definido en lo que se refiere a nuestras relaciones externas.
Poco antes de dar inicio el actual gobierno, un prominente ministro me comentó que, ante el desastre económico y financiero que heredaban de la Administración Carazo, la recuperación y estabilidad la lograrían con la ayuda, principalmente, de México y Venezuela. Se traslucía de esa opinión que la solidaridad financiera la esperaban encontrar en los entonces ricos países petroleros de América Latina, dejando en un segundo plano a los Estados Unidos, que tradicionalmente había sido el proveedor de los préstamos blandos, las donaciones y los obsequios. Por otra parte, de los organismos internacionales se esperaba que continuaran en el desempeño de papel “positivo”, tal como se había mostrado hasta la fecha.
¿Cuál fue la sorpresa de ese Ministro? Pues que la economía mexicana se fue a pique y que Venezuela está a punto de brindarle compañía abismal. (Nótese que Carazo no estuvo gobernando a México, ni a Venezuela. ¿No será que el problema no es tanto de personas, como de ideologías? Los liberacionistas social-estatistas mejor omiten opinar acera de este conflicto intelectual). Por supuesto, el tío Sam, sonriente y caritativo, nos tendió la mano. Casi apuesto a que mi amigo social-estatista ahora le prende velitas al gobierno norteamericano, en tanto que ha relegado casi al olvido la ayuda económica de los pobres, pero solidarios, países ex ricos de América.
Así son las cosas para algunos políticos liberacionistas, quienes antes no podían ver a los “gringos yankees”, ahora no saben, por dicha, qué hacer con ellos. Y menos aceptaban los verdes a un gobierno republicano, pues todas sus simpatías se volcaban hacia Franklin Delano Roosevelt, pasando por John F. Kennedy, hasta llegar a Carter. Pero jamás se “tragaban” a un gobierno liberal republicano. Reagan era, para algunos liberacionistas, expresión del capitalismo de mercado llevado al extremo y, por tanto, contrario a sus ideas social-estatistas. Para bien del país algunos han cambiado de parecer acerca del Sr. Reagan, aunque tal vez lo sea más en apariencia que en realidad. Si pudieran votar en las próximas elecciones en los Estados Unidos, lo harían con gusto por Mr. Mc Govern, de la izquierda política norteamericana o bien por el sindicalista Mondale, en tanto que al Sr. Reagan le brindarían la sonrisa cuando reciben la ayuda.
A mí don José Figueres ya no me sorprende. Últimamente es bastante consistente. En una entrevista en el noticiero de Canal 2 se dejó decir que si los Estados Unidos querían tumbar a un gobierno (el nica) que lo hicieran directamente, pero que se dejara de pagar mercenarios (probablemente se refirió a los contrarrevolucionarios), que ya estaban pasados de moda. En la pantalla de televisión se observaba el rostro de don Oscar Arias, detrás del anciano ex presidente. No pude descifrar si la mirada de don Oscar era de simplona aceptación de lo que decía el señor Figueres o si, más bien, se trataba de un rostro de poco disimulado dolor, aquel dolor de tener que aceptar lo que escuchaban sus oídos, al mismo tiempo que era impotente para oponerse a las ideas caducas del Sr. Figueres, pues de hacerlo así corría el riesgo de perder esa precandidatura que tanto le ha costado políticamente. Así anda la percepción de algunos prominentes dirigentes de Liberación Nacional acerca de la polìtica externa de Costa Rica.
1983-10-26- LA HORA DEL JUICIO CASI HA LLEGADO
LA HORA DEL JUICIO CASI HA LLEGADO
La Nación, 26 de octubre de 1983. Reproducido en Roberto García, compilador, “Tribuna Nacional: 25 Años de la Página 15 de La Nación”, 1993, p. p. 94-96 y en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 117-119.
Con frecuencia se repite la célebre frase de John Maynard Keynes, “en el largo plazo, todos estamos muertos”, para justificar las acciones que se centran en el presente y que no toman en cuenta las posibles consecuencias de ellas en el futuro.
En múltiples ocasiones, en un pasado no muy lejano, algunos de nuestros empresarios no dudaron en utilizar el poder de coacción que puede ejercer el Estado, para obtener de él pingües ganancias particulares en el corto plazo. Así fue como estuvieron de acuerdo, muchas veces, en negociar impuestos en su monto y forma, promover la creación de instituciones burocráticas, propiciar la erección de barreras arancelarias proteccionistas, aceptar la implantación de sobretasas cambiarias, solicitar controles de precios, negociar las tasas de gravámenes a las exportaciones, entre muchas otras posibilidades de intervención estatal creadora de privilegios, dignas de taumaturgos de alcurnia, que van desde cosas tan pueriles, como la posibilidad de “codearse” con los gobernantes de turno, hasta otros de gran “valor” financiero, como fue la protección monopólica traducida, en última instancia, en ganancias logradas no por la habilidad empresarial sino por la ausencia de competencia, en perjuicio directo del consumidor y del pueblo costarricense.
Qué importó, y más de uno revisará su conciencia, negociar con los gobernantes para que, por ejemplo, en lugar de aumentar un impuesto en un 10 por ciento, se lograra, “exitosamente”, que fuera de tan sólo un 5 por ciento, pues ello sí era factible pagarlo, aunque esa posibilidad más bien fuera la de ese negociador, en contraposición con la incapacidad de hacerlo por todo un pueblo, en cuyo nombre se negociaba ese impuesto.
Los principios pasaban a segundo plano y hasta se aceptó la terminología Orwelliana de llamar “derechos” (derechos de exportación, por ejemplo) a la simple exacción tributaria. El interés particular primó (tal vez así son siempre las cosas), sustituyendo al bien común. Por supuesto, los “negociadores” formaron parte de comisiones, grupos asesores, entre otros, y no dudaron en ningún momento en reconocer que el Estado podría serles útil en su crecimiento, siempre y cuando fuera en favor de cierto grupo
predeterminado.
No hace mucho tiempo, un amigo me dijo, cariacontecido tal vez por un arrepentimiento tardío, que “esto (¿el país?), ya se lo llevó la porra; que casi no era posible ni trabajar y menos aún tener ganancias”. Lo miré con tristeza pues tal vez era cierto aquello del demasiado tarde, pues él, directa o indirectamente, coadyuvó a que el Estado, del cual se quejaba amargamente, experimentara un violento proceso de agigantamiento y que ahora le exigía, como tributo, el sacrificio de un coparticipe de esa misma expansión.
¿Cuántos de quienes “negociaron” no obtuvieron fácil acceso a las puertas abiertas del crédito subsidiado, al préstamo expedito, al aval de todos los costarricenses, a través del Estado, para sus aventuras económicas? Ahora tenemos que pagar las consecuencias. El Estado exige, en este momento, para su supervivencia gigantesca, el óbolo del pueblo empobrecido, quien ahora tiene que hacer frente a las cuentas del Leviatán.
Son muchos los que claman a los cuatro vientos que es necesario disminuir el tamaño de ese Estado a punto de destruirnos a todos, a pesar de que, en el pasado, y deben asumir su responsabilidad ante la historia, fueron ellos mismos los propiciadores directos del enorme aparato estatal. Ahora, algunos políticos y algunos empresarios piden a voces que se cercene al monstruoso Estado. Los primeros, lo hacen, unos para estar de moda y capitalizar voces electorales, en tanto que otros, porque se dieron cuenta de lo que crearon. Algunos hombres de empresa lo dicen porque ya están sintiendo que se equivocaron al creer que el Estado les iba a resultar gratuito en el largo plazo; ya ven claramente que éste tiene un costo, y alto en verdad, por lo que ahora tienen que encarar la pasada de la cuenta por tanta gollería adquirida.
Estaba en la naturaleza de ese empresario tratar de obtener un monopolio y para ello acudió al Estado para que éste se lo asegurara. Ahora el Estado cobra por ese privilegio otorgado. ¿Y pensar que aún a estas alturas todavía algunos empresarios discuten acerca de la necesidad de efectivamente promover un cambio estructural que permita a los costarricenses vivir en paz, con justicia y libertad, sin la creación de odiosas castas de privilegio?
1983-11-10-TAL VEZ AHORA SÍ HAYA UNA EXPLICACIÓN
TAL VEZ AHORA SÍ HAYA UNA EXPLICACIÓN
La Nación, 10 de noviembre de 1983.
En una entrevista realizada al Ministro de la Presidencia, un reportero le preguntó algo, más o menos así: “El Presidente Monge en el pasado acusó a los comunistas de querer desestabilizar a nuestro gobierno. Ahora se afirma que, con el fraude por la facturación anómala de nuestro comercio exterior, los empresarios atentan contra la estabilidad del país. ¿Cómo compara esta situación?”. La respuesta no me interesa, porque conozco bastante bien cómo el funcionario responde cuando así le conviene y calla cuando sucede lo contrario. Lo que me preocupa es la pregunta del reportero, pues a todas luces refleja la magnitud y la gravedad de las afirmaciones del gobierno.
Quiero dar algunas cifras que lanzan varias dudas sobre la veracidad de las afirmaciones de los principales personeros de este gobierno, de que existe una sobrefacturación de las importaciones y una subfacturación de nuestras exportaciones, que puede significar que 400 millones de dólares no entran al país. Si me equivoco en mi análisis que me perdonen, si pueden, los señores del gobierno y, si están bien las cifras, que den disculpas a todos los exportadores e importadores del país. Las cifras básicas las obtengo de la empresa Consultores Económicos y Legales (COUNSEL), a la que brindo mi agradecimiento.
Las exportaciones de 1983 se estiman en 803.2 millones de dólares, desglosadas de la siguiente manera:
Café…………………………………………………………………… $ 219.9 millones
Azúcar………………………………………………………………… $ 17.8 millones
Fertilizantes…………………………………………………………… $ 5.9 millones
Banano…………………………………………………………........... $ 207.0 millones
Carne……………… …………………………………………........... $ 32.5 millones
Cacao……………… …………………………………………........... $ 0.4 millones
Otros………………………………………………………………….... $ 319.7 millones
Las exportaciones de los tres primeros rubros (café, azúcar y fertilizantes) están estrictamente reguladas por el Estado, que es el exportador por medio de la Oficina del Café, La Liga de la Caña y FERTICA. Esto equivale al 30.3 por ciento del total de nuestras exportaciones; o sea, 243.6 millones de dólares.
En lo que respecta al banano, que equivale al 25.8 por ciento de las exportaciones totales de Costa Rica, de acuerdo con el decreto 12446 MEIC de 3 de abril de 1981, el precio está fijado en $3.40 la caja FOB; o sea, si el precio es menor tiene que liquidar exportaciones en el país a ese precio y, si es mayor, es “ganancia” que queda afuera. En todo caso, ese es el precio que fija nuestro sapiente Estado.
Las exportaciones de carne son el 4 por ciento del total. Aquí existe la Comisión Reguladora de la Carne, la cual, entre otras funciones, tiene como misión evitar precisamente que el exportador realice las ventas a un precio superior al que usa para liquidar al agricultor por las exportaciones. Esto es, evitar que se lo “tiren” por una subfacturación.
Si sumamos los rubros de exportaciones de café, azúcar, fertilizantes (controlados directamente por el Estado), de banano (fijado el precio de exportación por decreto) y de carne (con un mecanismo privado autorregulador) nos da un total de $483.1 millones; o sea, el 60.1 por ciento del total de nuestras exportaciones. Como el gobierno afirmó que “el fenómeno de la subfacturaciòn que afecta el ingreso de las divisas, podría ser del 15 por ciento…”, si aplico este porcentaje a la cifra de exportaciones de $803.2 millones, da un dato de $120.5 millones. Ahora bien, esos 120.5 millones de dólares equivalen al 37,6 por ciento del total de exportaciones, excluyendo los rubros arriba señalados que están regulados directa o indirectamente por la acción estatal. O sea, que lógicamente lo posible de evadir es el 37,6 por ciento del total de las exportaciones no controlables. ¿Se imaginan ustedes si esta suma es siquiera cercanamente posible?
Ahora, veamos las importaciones de Costa Rica, que, según la firma COUNSEL, se estima ascienden a 930 millones de dólares en este año. De estas, el 40 por ciento son del sector público y el 60 por ciento privadas. Como el gobierno afirma que “la subfacturación (de las importaciones) asciende a un 30%”, me daría que el monto es de $279 millones. (Nótese que estos 279 millones de dólares más los 120.5 millones de dólares de sobrefacturación de exportaciones, según el gobierno, dan casi los 400 millones de dólares de evasión de que hablan las autoridades gubernamentales). Pues bien, el 60% de las importaciones no estatales asciende a $558 millones, por lo que los $279 millones de sobrefacturación equivaldrían al 50% de esas importaciones. De nuevo, ¿Cree alguien del Gobierno en esas cifras? Se podría alegar que, posiblemente, entonces la sobrefacturación de las importaciones y la subfacturación de las exportaciones sea realizada por el Estado, cosa de por si sorprendente.
Supongo que lo que pasa es que el Gobierno está sintiendo la fuerte oposición del sector privado costarricense al enorme y deficitario gasto público y ahora quiere echarle encima a la opinión pública. ¿Será que ya se murió el amor?
1983-11-24-AL FIN LO PODRÉ VER
AL FIN LO PODRÉ VER
La Nación, 24 de noviembre de 1983.
Nuestra gente de campo dice que las culebras son unas bichas tan, pero tan malas, que se muerden a sí mismas. La verdad es que, posiblemente, lo que el reptil hace es ayudar a quitarse la piel, la muda, como la llaman, pues debe ser muy engorroso deshacerse de esa especie de malla o de blue jean tan tallado. Sin embargo, la fábula popular, sencilla en esencia, tiene una excelente aplicación en un plano mucho más amplio y aparentemente más significativo en la Costa Rica actual.
Con cada año que pasa el envío del presupuesto de la República a la Asamblea Legislativa ocasiona una serie de actos, cuyo patetismo va in crescendo. Desde la famosa destapada del candidato del Kamakiri, hasta las comisiones asesoras de algunos, no todos, ex ministros de Hacienda, resultan ser muestras patéticas de la importancia que tiene el ritual político de noviembre, debido al envío del cobro por el servicio del Estado a sus ciudadanos. (No existe en la Tierra nada gratuito).
Pero este año se está llegando al máximo de la comicidad presupuestaria, pues, ante las presiones del “villano” Fondo Monetario, llegamos a la conclusión de que si los ticos queremos un Estado grande, macro-cósmico, pues, entonces, que lo paguemos, en grande, en macro-sumas. Esto es, no podemos tenerlo enorme, dadivoso, proveedor, prohijador de bondades a los elegidos y, al mismo tiempo, pagar apenas un poquito por toda esa gama de virtudes derrochadas.
La genialidad consiste en aplicar el principio de la bicha mala al Estado. Esto es, al igual que las culebras folclóricas, nuestro Estado se va devorar a sí mismo. Y esto no es broma. Al genio legislador se le ocurrió que, como el gobierno central tiene un déficit que asusta hasta a los social-estatistas de Liberación, hay que comerse al resto del Estado y quitarle presupuesto al Estado descentralizado. La culebra se comió a sí misma.
Durante mucho tiempo deseé ver esto. Al fin los costarricenses podremos descansar en paz. Lo que los enemigos del estatismo no pudimos lograr en cuanto a la reducción del Leviatán, lo va a hacer éste por nosotros. El Estado, bicho malo como la culebra, se está destruyendo a sí mismo, y en buen ahora. Los costarricenses debemos estar agradecidos con los cerebrales legisladores, quienes sin reducir el gasto público por ir contra sus principios, están logrando el milagro del pan y de los peces, sólo que a la inversa.
1984-01-12-LA APERTURA A SINIESTRA
LA APERTURA A SINIESTRA
La Nación 12 de enero de 1984.
En estos últimos meses nuestro gobierno ha sufrido una serie de cambios, que lo obligan a uno a meditar si no estamos en presencia de un desplazamiento hacia la izquierda, de un gobierno que hasta ese entonces parecía mantener una posición de balance ideológico.
El primer hecho lo constituye la salida del entonces canciller de la República, don Fernando Volio, quien se había caracterizado por llevar a cabo una labor sin ambages de ninguna índole, en lo que se refiere a la defensa de la soberanía nacional así como en la lucha por la libertad en contraposición con el totalitarismo comunistoide. A pesar de que, pocos días antes, el presidente Monge decía brindarle su apoyo, no tardó en “bajarle el piso”, accediendo a los deseos de los “piricuacófilos” enquistados en el gobierno.
El segundo hecho lo fue la decisión de criticar al gobierno de los Estados Unidos por la invasión de Granada, por medio del voto que ejerció el delegado de Costa Rica en las Naciones Unidas, don Fernando Zumbado, quién sabe por instrucciones de qué persona. De esta manera, lo que mucho apreció el enemigo del comunismo, el gobierno de Costa Rica lo condenó con esa típica retórica de la Internacional Socialista.
El tercer indicador del acercamiento hacia la izquierda lo fueron unas declaraciones infortunadas del Presidente, en que acusó al Fondo Monetario Internacional de imponer políticas económicas costosas al país. El paciente acusa al médico por sus enfermedades. A mí me parece que, más bien, el Fondo Monetario Internacional ya se dio cuenta de que este gobierno quiere continuar con un Estado mucho más grande que lo que permite nuestra economía, que no se toman medidas que ciertamente estabilicen el tipo de cambio, aparte de la de solicitar más y más ayuda externa, especialmente a los Estados Unidos, y que no se está dando ningún proceso de reforma estructural de nuestra economía, como lo atestiguan recientes afirmaciones del Ministro de las Exportaciones, con lo que lograría un repunte de nuestra problemática situación económica.
Finalmente, el heredero de Johnny Echeverría, don Ángel Edmundo Solano, parece estar empeñado en que su afecto por los nicaragüenses sea elemento de conflicto entre los costarricenses. Yo no entiendo cómo es posible que se combata en suelo costarricense durante siete días por tropas extranjeras y que el Ministerio de Seguridad lo dé a conocer ni que el mismo ministro se irrite porque otro, más confiable, sí se lo haga saber al país. Algo huele a podrido, no en Dinamarca sino en Costa Rica.
Tal vez habrá que esperar que el presidente Monge deje de asumir una actitud momificada en Pozos de Santa Ana. Ya es hora de que se ponga el
1984-01-20-LA AYUDA EXTERNA DE DON HENRY
LA AYUDA EXTERNA DE DON HENRY
La Nación, 20 de enero de 1984.
Después de leer el Informe de la Comisión Kissinger para Centroamérica, el cual, en términos generales, me produjo una gran satisfacción, hubo un aspecto que vino a reforzar mis dudas acerca de la bondad de la ayuda económica, así porque sí, para un país como Costa Rica.
Tal vez una muy breve descripción de cómo ciertos hogares, afectados por el vicio o enfermedad del alcoholismo, deciden resolver el problema, al menos en parte, nos dé una idea de por qué, tal vez, la ayuda extranjera a Costa Rica, más que una cura a la economía enferma, ocasiona una lenta y dolorosa agonía. Así, en algunos casos, con tal que el borrachito de la casa no se aleje durante mucho tiempo y haga sus “tortas” lejos del hogar, mejor se le mantiene “encerrado”, pero, eso sí, con su botellita de guaro a la par. Así se logra que el alcohólico no se vaya de la casa, pero tampoco, que se cure el vicioso o el enfermo.
En cuanto a Costa Rica, si ciertos países amigos continúan dándole ayuda sin ninguna condición que tienda a mejorar nuestra condición económica, nos pasará la del borracho: contento y en la casa, pero borracho.
Desde hace más de cuatro años, casi desde 1978, muchos organismos internacionales capacitados, así como muchas personas de este país, y también capacitadas, han venido señalando una serie de problemas de nuestra economía cuya existencia es una gran parte causa de males económicos. Es más, muchos estatistas del pasado, son ahora connotados enemigos del monstruo en que creyeron: o, al menos, por sus declaraciones quién sabe qué tan francas así lo parecen ser.
Por ello, a cada rato escucha uno cómo nuestros gobernantes –algunos de ellos–dicen que hay que frenar el gasto estatal, reducir los impuestos, estimular la producción, promover las exportaciones, reducir el paternalismo, revisar el proteccionismo arancelario, eliminar subsidios, reducir la burocracia, quitar la viajadera de los funcionarios, eliminar los déficits del sector público, disminuir la emisión monetaria, estimular al individuo, en contraste con el Estado y, la verdad, poco si algo se ha hecho para lograr esto. Por ejemplo, recientes declaraciones del Ministro de Exportaciones son testimonio de la permanencia de los obstáculos para exportar, y así podríamos brindar otros ejemplos.
Pero regresemos a la propuesta de ayuda de don Henry. Mal sería que se nos dieran recursos para continuar con este estatismo gigantesco, en que nuestros políticos, especialmente los del actual partido político gobernante entre otros social-estatistas, nos han sumido. Es muy posible que la voracidad fiscal de nuestro Estado no llegue a un límite si se le suelta plata desde afuera. (Es muy factible que Costa Rica sea el país que grava más fuertemente la renta de las empresas, a pesar de que se anda de la Ceca a la Meca atrayendo inversiones).
Si la ayuda externa del señor Kissinger sólo va a permitir la gastadera y el crecimiento estatal, casi es preferible que “no me ayudes, compadre”.
1984-01-23-DE NUEVO CON EL BANCO POPULAR
DE NUEVO CON EL BANCO POPULAR
La Nación, 23 de enero de 1984.
Hace varios años, pero no muchos, me dio por escribir acerca del Banco Popular. Por supuesto, muy poco bueno se podía decir de él en ese entonces, tal como parece sucede en estos días. En aquella época, la crítica al Banco Popular fue contestada con insultos, pero ahora, al volver a referirme a esa institución, dado que ciertos personajes ya no tienen nada que ver allí y han sido sustituidos por personas más dispuestas, creo, a escuchar el derecho ciudadano a juzgar la cosa pública, me atrevo a plantar una serie de inquietudes sobre lo que es mío de hecho, aunque por dicha en una pequeña parte, como cotizante obligatorio que soy del Banco.
Partiendo de que el sistema democrático es el menos malo, en comparación con otras alternativas y, al mismo tiempo, suponiendo que las actuales autoridades del Banco comparten este criterio, me voy a permitir hacerles una propuesta que, aunque parezca algo descabellada, puede constituir un gran paso en la participación popular, tan cacareada por algunos, en la cosa pública. Esto es, preguntémosles a los obreros y trabajadores cotizantes, a todos ellos, si prefieren que siga el Banco Popular o que esos fondos, que ahora pagan ellos y sus patronos, pasen a ser de su propiedad como parte de su salario. Así estaremos seguros de que los trabajadores desean, en verdad, que el Banco Popular continúe o no su existencia.
Creo que, si se hiciera algo de lo propuesto, mucho ganaría la vida ciudadana. Además, dado que ahora casi nadie alaba los paternalismos, lo cual implica que creemos que los obreros y trabajadores son capaces de decidir correctamente qué hacer con su salario tan bien ganado, la existencia del Banco Popular durante más de una década ha brindado el tiempo suficiente para que los costarricenses puedan juzgar si éste, con su sistema de cotización obligatoria, es o no necesario a juicio de esos mismos obreros y trabajadores costarricenses, quienes son los que, en última instancia, están apechugando con lo bueno y lo malo que pasa en esa institución. ¿Están dispuestas las autoridades del Banco Popular a someter a esa institución a una prueba tan democrática?
De paso, dado que los señores que actualmente manejan los asuntos del Banco han manifestado que todo se hará a la luz del día, puesto que en fechas recientes han sucedido cosas no muy claras en esa institución, me permito hacerles la solicitud formal para que den una lista al país ̶ cosa que de por sí sería muy sana ̶ de todas las operaciones realizadas durante los últimos dos años, que excedan de más de un millón de colones, por supuesto que en conjunto. Esto, espero, será de gran ayuda a la institución, dado que, ante el silencio de la investigación, existen runrunes y rumores no muy buenos, tal vez justificados por las experiencias pasadas en ese Banco, pero que, ahora, surgen con gran profusión y que incluso provocaron una fuerte salida de recursos del Banco. ¿No creen las actuales autoridades que una explicación en este sentido, entre otras, es más que merecida por los costarricenses quienes ven disminuidos sus salarios con tal de cotizar al Banco? Tienen ustedes, señores, la palabra.
1984-02-06-DOS HECHOS RECIENTES
DOS HECHOS RECIENTES
La Nación, 06 de febrero de 1984.
En el Parlamento alemán, el Ministro de Relaciones Exteriores, Hans Dietrich Genscher, planteó una vez más, frente a la insistencia de los social-demócratas alemanes, que la ayuda de ese país hacia Nicaragua continuara en suspenso. Aparentemente Alemania había aprobado un préstamo a Nicaragua por 14 millones de dólares, pero, ante la situación en Nicaragua, caracterizada por la ausencia del pluralismo político (lo que hay son unas turecas), restricción a la propiedad privada y evidente inclinación hacia el bloque comunista, el nuevo gobierno demócrata- cristiano-liberal de Alemania, suspendió la ayuda mientras no se regresara a los orígenes de la revolución antisomocista.
Lo que en el plano interno de Alemania ha sucedido respecto a la ayuda a Nicaragua, nos debe llamar a la meditación, pues los social-demócratas “piricuacófilos” (amigos de los piricuacos), son los grandes compañeros, ni más ni menos, que de los social-demócratas criollos, por medio de la Internacional Socialista. De veras que este pobre gobierno nuestro se gasta cada amiguito que da grima. ¿Cuándo el partido Liberación Nacional, que en gran parte no comulga mucho con los piricuacófilos de la Internacional Socialista, le dirá a sus representantes que mejor se queden en casa –y tal vez hasta resulten ser candidatos presidenciales– en lugar de andar con tan ingratas compañías? ¡Vaya usted a saberlo!, ya en Liberación no hay ideología.
El segundo hecho, y el que más debe preocuparnos, es el viraje polìtico de nuestro gobierno respecto a la traída de un grupo de ingenieros del ejército de los Estados Unidos, quienes nos iban a ayudar a desarrollar nuestra zona norte.
Aparentemente tales ingenieros, estaba acordado, vendrían a construir una serie de caminos y de obras en el norte del país, pero súbitamente, de nuevo, algunos piricuacófilos pegaron el grito al cielo de que ello era violatorio de nuestra “neutralidad” o que, al menos, así lo aparentaba ser.
Esto motivó a nuestro zigzagueante gobierno, a pedir a los representantes de Estados Unidos, que sí nos ayudaban que lo fuera en la zona sur del país. En dos palabras, se les dijo que eran bienvenidos, pero no tan bienvenidos.
La pregunta lógica es sí nuestros gobernantes, en realidad, saben lo que están haciendo. ¿Será que el concepto de soberanía es ya tan difuso como el de neutralidad? ¿Si nosotros, en pleno ejercicio de nuestra soberanía, por medio del gobierno, considerábamos deseable, necesario, conveniente para los intereses del país, que ingresaran tales señores a construir obras, por qué, ante temores de una opinión pública internacional, la cual, orquestada normalmente, le hace el juego a Nicaragua a la vez que denigran a nuestro país, deciden nuestras autoridades cambiar de opinión? ¿Se acabó nuestra soberanía?...