Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1990 a 1999
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Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1990 a 1999
1990-01-05-AGENDA INCONCLUSA
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AGENDA INCONCLUSA
La Nación, 05 de enero de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 191-192.
El proceso de apertura de nuestra economía, el cual es visto por numerosos analistas como la mejor alternativa para que los costarricenses podamos disfrutar de un futuro mayor nivel de vida, ha estado dirigido por los cauces apropiados, sin que por ello debamos darnos por saciados con lo que, al momento se ha realizado.
No voy a insistir en que es necesario poner orden en el déficit del sector público, pues hasta los políticos de turno han pretendido legitimizar sus aspiraciones sustentados en promesa de responsabilidad financiera, que ni el más crédulo de lo electores seriamente los acepta. El déficit en el sector público se refleja en uno de la cuenta corriente de nuestra balanza de pagos, de manera que, tarde o temprano, se requerirá un ajuste global del primero, a fin de evitar presiones indebidas en nuestras cuentas externas.
Hay, sí, otros elementos importantes en nuestra economía, a los cuales no se les ha prestado la atención debida. Por ejemplo, la cual legislación de quiebras contribuye a la inmovilización de valiosos activos de empresas en problemas, lo que impide su utilización en alternativas que podían contribuir a la producción nacional. Dado que el programa de ajuste estructural, para que tenga resultados deseables, requiere necesariamente del traslado de recursos de actividades relativamente ineficientes, hacia otras más eficientes, una moderna ley de quiebras deberá facilitar su movilización, en vez de constituirse en el grave obstáculo actual al uso eficiente de recursos escasos.
Asimismo, debe proseguirse con la privatización de la economía; no efectuando traslados de propiedad de una parte del sector público hacia otra, que es un engaño, sino sustituyendo al Estado por la actividad privada sujeta a la competencia. De esta manera se beneficiaria al consumidor, que es el fin último de la actividad económica. Para acabar con tabúes, a los que algunos son tan afectos, se podría aprender de las experiencias de gobiernos socialistas en Europa, quienes han llevado a cabo ambiciosos programas de privatización muchos de ellos con resultados positivos a relativamente corto plazo.
Igualmente, nuestro país deberá profundizar su proceso de desgravación arancelaria y, muy especialmente, eliminar las distorsiones internas que afectan nuestra competitividad internacional. El costo de 6.000 millones de colones en CATs es la mejor prueba de que las cosas no funcionan como lo deberían hacer, pues no debe olvidarse que todos pagamos las políticas económicas equivocadas, lo cual nos debería conducir a que exijamos inteligencia en la conducción de la cosa pública.
1990-01-09-EL EJÉRCITO PANAMEÑO
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EL EJÉRCITO PANAMEÑO
La Nación, 09 de enero de 1990.
Resultado de la evaporación de la dignidad de las huestes de Noriega y del ascenso al poder del gobierno libremente electo de Endara, a muchos compatriotas les ha dado, creo que con buenas intenciones, por aconsejar a nuestros vecinos acerca de cómo proceder con sus labores de defensa.
Por supuesto, todos han sugerido que el ejército panameño desaparezca ̶ recordando el acto de Figueres– dando lugar a una simple y sencilla guardia civil, encargada de cuidar el orden y la seguridad ciudadana.
Sin que mi opinión sea tomada por nadie como consejo, también creo que Panamá estaría mejor –en las circunstancias actuales– sin ejército y que el pueblo panameño, a través de sus legítimas autoridades, debe impedir el restablecimiento de un orden militar que degeneró en una narcocracia.
Si se les ocurre no tener ejército, sino alguna especie de “guardia civil”, que tampoco se vayan al otro extremo, en que los policías van en zapatillas de cuero, mientras socorren a sus compatriotas inundados, porque no hay plata para botas puesto que ello puede sonar a “militar” o, también, quitarles a los policías los grados de los que solíamos reírnos, para darles un matiz “progre” y denominarlos comisionados. Tampoco, como si el hábito hiciera al monje, que concluyan, como nosotros, por revestirlos de mariposas amarillas o algo parecido, en un arroz con mango muy a la tica, sólo para que se diga internacionalmente que así somos consistentes con la paz.
Si me parecen ridículos algunos de los argumentos usados para incitar a los panameños a que den tan crucial paso. Un comentarista de la televisión dijo, a fines del año pasado, que siguieran el ejemplo de Costa Rica, la cual acaba de celebrar su 100 años de democracia debido a que no tenía ejército, lo cual implica que, si hay ejército, no hay democracia o que hay democracia, porque no hay ejército.
Pero, lo cierto es que si Costa Rica celebra 100 años de democracia, también lo es que no es sino a partir de 1948 (40 años) cuando no tiene ejército; o sea, por 50 años hemos tenido democracia con ejército. Además, es fácil señalar numerosos países en que, con ejército y hasta muy grandes, se vive en plena democracia. Conclusión: aunque abunde la verborrea, cuando se trata de dar un buen consejo a un amigo conviene utilizar la lógica. Hay muchos y muy fuertes argumentos para que Panamá se olvide de sus militares y para los que no hay necesidad de despreciar la inteligencia.
1990-01-14-CÓMO LOGRARLO
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¿CÓMO LOGRARLO?
La Nación, 14 de enero de 1990.
Al leer recientes opiniones expresada en relación con la situación actual de la economía del país y a lo que nos puede esperar en el año entrante, llego, primero que nada, a una conclusión muy general aunque básica: todas parecen concordar en los problemas que se padecen o se deben resolver, pero, lamentablemente, ninguna nos señala, con suficiente claridad y exactitud, qué o como debemos hacer para solucionarlos.
Como ejemplo de esta apreciación, voy a referirme al papel que se adscribe al exceso de gasto público, como factor causal de una serie de dificultades en nuestra economía. Casi todos lo que han opinado sobre estos asuntos, coinciden en que el exceso de gasto público, muy superior a las recaudaciones fiscales, ha ejercido o está provocando u ocasionará problemas tales como inflación, devaluación, líos en las cuentas de la balanza de pagos, entre otras que podría agregar, pero, lamentablemente, ninguno de los ensayistas nos dice cómo se debe resolver este punto del exceso del gasto público.
Podría haber razones de oportunidad política para no querer referirse con profundidad al asunto ( alguien creería que su puesto de Ministro actual o entrante se vería en peligro si lo hiciera), pero creo que se le hace un mal servicio al ciudadano interesado en distinguir la paja del arroz o en que se evolucione del lugar común, por el cual se acude el reputado villano del gasto público dispendioso, sin que el gobernante o quien pretende gobernar nos digan cómo hacer para equilibrar las finanzas públicas. Esto es, si deberán de aumentarse los impuestos o incrementarse la abultada deuda interna (la externa sigue refrenándonos) o acudir a la inflacionaria máquina de hacer billetes en el Banco Central o disminuir el gasto público.
Si alguien sugiere lo último, ojalá que señale en qué rubros o montos deberá reducirse el gasto público, qué programas habrá que recortar y que no se limiten a pregonar el enorme ahorro en las arcas nacionales, al sustituir un caro papel blanco que usa el burócrata, por uno más barato de color amarilloso. El asunto requiere de un análisis profundo y consistente.
Ese andarse por las ramas también se dio con el tema del CAT: al fin de cuentas, casi todo los involucrados estaban de acuerdo en que sirviera para compensar “distorsiones internas”, pero, a la hora de la negociación –el reparto de las platas de la colectividad– nunca se supo decir en qué y en cuánto consistían dichas distorsiones. De nuevo, para algunos lo mejor, tal vez, es dar un matiz intelectualmente sonoro a una circunstancia, al tiempo que evitan tomar decisiones concretas y correctas. ¿Palanganeo?; creo que así lo llama don Julio Rodríguez.
1990-01-24-REFORMAS A LA ECONOMÍA SOVIÉTICA
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REFORMAS A LA ECONOMÍA SOVIÉTICA
La Nación, 24 de enero de 1990.
Hace poco releí uno de mis primeros artículos titulado “Nuevas Tendencias Económicas en la U.R.S.S.”, que publiqué en 1966 en la revista El Zorro de la Escuela de Economía de la Universidad de Nuevo León, México. Ahí me referí a las propuestas liberizadoras que formulara el economista Yevsei Liberman, en un famoso ensayo de entonces bajo el nombre “El plan, las utilidades y las naciones socialistas y no-socialistas”.
En mi comentario cité al experto en asuntos soviéticos de la Universidad de Harvard, Abram Bergson, quien decía que “La erosión de la economía puede conducir a la erosión de otros dogmas comunistas. Por esa vía se puede extender el pragmatismo a la práctica, y de ahí, a la política internacional”. Agregaba de mi cosecha que “esto último está más sujeto a la refutación o no de los años”. Y la comprobación pasa por nuestros ojos.
El grave problema de las economías socialistas radica en su pobre crecimiento y en la incapacidad de satisfacer las demandas de sus ciudadanos. Una de las alternativas que tiene para solucionarlo es su apertura al comercio internacional, basadas en sus ventajas comparativas. Sin embargo, la ausencia del sistema de precios, como guía en la asignación de recursos, les impide practicar en él con eficiencia.
El profesor Bela Balassa, de Johns Hopkins y del Banco Mundial, en su reciente ensayo “Reflections on Perestroyka and the Foreign Economic Ties of the USSR”, señala que la “La descentralización de la toma de decisiones en el comercio internacional deberá ser acompañada por la descentralización en la economía doméstica, para ser complementada por la introducción del motivo de las ganancias y de la competencia. En efecto, precios racionales, descentralización, maximización de utilidades, incentivos a los administradores y la competencia, son interdependientes y tendrán que ser proseguidos simultáneamente para que se dé una eficiente asignación de recursos”.(World Bank, Staff Working Paper 149, enero 1989, p.19).
Lo anterior manifiesta con claridad algunos de los rasgos institucionales de una economía del mercado, que están ausentes en los actuales órdenes socialistas. En esencia, la falta de crecimiento de una sociedad radica en que no existen los incentivos requeridos para una actividad económica. Lamentablemente, entre las condiciones esenciales citadas hay ausencia de una sumamente importante, la cual gravita como una sombra tras las sugerencias de Balassa: la necesidad de disponer de propiedad privada, en un sistema en que los derechos de propiedad estén claramente definidos, que sean aplicables y que garanticen aquellos que estimulen la eficiencia en la economía.
1990-02-05-EL POPULISMO TRÁGICO
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EL POPULISMO TRÁGICO
La Nación, 05 de febrero de 1990.
Un trabajo reciente de dos economistas, Rudiger Dornbusch y Sebastián Edwards, titulado The Macroeconomics of Populism in Latin America, ilustra, basado en los casos de Chile con Allende y del Perú de Alan García, cómo la irresponsable conducción de la cosa pública, bajo el pretexto de proteger a los más desvalidos, da lugar a gravosos resultados que terminan por afectar en mayor grado a quienes se intentó beneficiar.
Las políticas macroeconómicas de corte populista poseen tres características que interesa destacar: la reactivación de la economía bajo el supuesto de que existe subutilización de la capacidad productiva instalada; la redistribución del ingreso debido a las grandes desigualdades evidentes y la reestructuración de la economía para ahorrar divisas y permitir mayores niveles de salarios, así como un crecimiento más alto que el previo. Como dicen los autores citados “El hilo común aquí es la ‘reactivación con redistribución’. La política recomendada es una redistribución del ingreso, típicamente por grandes incrementos en los salarios reales que no serán trasladados a precios mayores.” (Página 6).
El enfoque populista desprecia la devaluación porque dará lugar a la inflación; el déficit en el sector público constituye más bien una herramienta para el logro de un aumento en la demanda interna, del empleo y de los salarios reales; la política monetaria es vista de soslayo, en cuanto que se presume inexistente su efecto sobre la inflación, convirtiéndose sólo en un instrumento generador de recursos para el fisco.
Como recién lo ejemplifica el caso del Perú, si bien en un principio se observan resultados positivos, a mediano plazo surgen las escaseces de bienes, la carencia de divisas, el aumento de la inflación, los déficit en el presupuesto, ocasionado generalmente por amplios subsidios, dando lugar posteriormente a fugas de capital y a la desmonetización de las economías, al igual que a un descenso en las recaudaciones fiscales.
Los problemas anteriores conducen a que el Estado decida, entonces, tardíamente ajustar el valor de la divisa, pero esto no impide una caída masiva de los salarios reales, incluso a niveles inferiores a los previos a la puesta en marcha de las medidas populistas. La pérdida en el valor real de los salarios es permanente, debido al desmoronamiento del aparato productivo y a la fuga del capital móvil. Así, quien más pierde con las políticas económicas populistas son precisamente aquellos en cuyo nombre fueron impulsadas por gobernantes irresponsables. Alan García es un buen ejemplo para nuestras naciones, acerca de lo que no se debe hacer en la conducción de la cosa pública.
1990-02-20-TEMAS ECONÓMICOS
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TEMAS ECONÓMICOS
La Nación, 20 de febrero de 1990.
A pesar de la, en general, buena conducción de la política económica bajo la administración de don Eduardo Lizano en el Banco Central, es necesario que los gobernantes entrantes –al igual que el público– se den cuenta de algunos de los más inmediatos problemas que tendrán que enfrentar, a riesgo de que, si no lo hacen, podría provocarse un serio descalabro en la economía, con muy elevados costos sobre nuestro bienestar.
En primer lugar, el proceso de apertura de la economía debe profundizarse. Es notorio que, a casi un 70% del proceso de desgravación arancelario acordado con el Banco Mundial, se requiere reducir el fuerte sesgo antiexportador, originado en mucho por la aún elevada protección efectiva. Debe rebajarse más a los aranceles (y, más que todo, ser uniformados entre productos e insumos), lo cual originaría un descenso en la protección efectiva y, por lo tanto, en el sesgo antiexportador, lo cual permitiría disminuir los gastos en los CATs pues habría una menor distorsión que requeriría de su compensación.
Un segundo tema de gran importancia es la indispensable reducción del déficit gubernamental. Es posible que, en 1989, como porcentaje del Producto Nacional Bruto el déficit sea casi el doble del negociado con el Fondo Monetario Internacional. Esto significa que, ante la necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo, se exija un reajuste más profundo a nuestra economía.
El elevado déficit del sector público puede estar generando serias presiones en las cuentas internacionales, como ha sido el caso para 1989. De aquí que, posiblemente, ante una reducción en el déficit del sector público se requiera de un ajuste simultáneo en el tipo de cambio.
Por supuesto que las opciones deben ser evaluadas. Si se financia el déficit gubernamental con emisión monetaria, se terminaría con un proceso inflacionario mucho mayor que el actual. Si, alternativamente, se busca financiarlo colocando deuda interna (la cual de por sí ya es muy abultada), se terminaría por disminuir el crédito al sector privado o por elevar las tasas de interés, lo cual retraería la inversión y el crecimiento económico. Si se busca plata afuera, debe serse realista sobre su actual limitación.
Por su parte, la alternativa de mayores impuestos no parece ser políticamente aceptable, además de que debe evitarse que constituyan una distorsión adicional en la economía. Por lo tanto, todo apunta a que la estabilidad deberá lograrse a través de una reducción efectiva y sustancial del gasto público.
Una vez más se requiere de inteligencia, decisión y, sobre todo, congruencia en las políticas económicas. El costo de no hacerlo así posiblemente recaería sobre aquellos a quienes se busca proteger y ayudar: los más pobres.
1990-02-21-NI QUEMÁNDOLE EL HOCICO
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NI QUEMÁNDOLE EL HOCICO
La Nación, 21 de febrero de 1990.
Como parte del acuerdo denominado SAL II entre el Gobierno de Costa Rica el Banco Mundial, CODESA dispondrá de 30 millones de dólares para programas de reconversión industrial, además de otros 65 millones de colones aportados por las Naciones Unidas.
CODESA ya ha definido cuáles son las actividades “prioritarias” para asignar esos recursos en su reconversión y menciona, por el momento, que textiles, calzado e industria alimenticia serán objeto de ese programa preferencial, para que compitan internacionalmente con eficiencia.
Llama la atención que CODESA defina a unas cuantas actividades como “prioritarias”, posiblemente basada en criterios como integración vertical, generación de empleo, formación neta de divisas ¿y vaya usted a saber cuáles otros?, que le permitan a un burócrata, desde un escritorio, decir cuáles han de ser aquellas industrias que tienen asegurado un exitoso futuro, todo por la bondad o la clarividencia estatal. Esto, ni más ni menos, es un refrito del antiguo propósito de CODESA de dar a luz empresas claves o estratégicas en nuestra economía, que el sector privado no estaba dispuesto a llevarlas a cabo.
Lo que nos dice el omnisapiente burócrata es que él sabe mejor que nadie, cuáles son los sectores en que el país puede competir internacionalmente, que está en capacidad de decidir, más que el propio empresario interesado, qué actividades son prioritarias para que el Estado financie su reconversión, en tanto que otras quedan fuera de su favor, pues él juzga, ¿quién sabe cómo?, que no pueden competir con eficiencia en los mercados mundiales. El afán dirigista no se ha terminado: continúa vigente en la que alguien de paso por ella la definió como “la nueva CODESA”.
Según un estudio reciente, ya mucha de la llamada reconversión industrial ha sido llevada a cabo por números empresarios ̶ por supuesto que sin esperar a que se lo dijera el burócrata todo-lo-sabe encargado de definir las prioridades ̶ y que más bien el problema que enfrentan es la restricción en el financiamiento. Lo conveniente parece ser ampliar el crédito al sector productivo (en vez de ir al Estado), pero no dirigiéndolo a la “reconversión” definida por un burócrata, sino hacia lo que el empresario juzga apropiado financiar, En resumen, esta nueva aventura financiera de CODESA es ejemplo del dictum de que al Estado que interviene, ni quemándole el hocico.
1990-03-01-LAS ELECCIONES EN NICARAGUA
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LAS ELECCIONES EN NICARAGUA
La Nación, 01 de marzo de 1990.
El hermoso resultado de las recientes elecciones nicaragüenses sin duda alguna que tendrá una enorme importancia para la evolución de nuestra economía.
En primer lugar, bajo el régimen de doña Violeta seguramente Nicaragua recuperará el crecimiento económico que tenia años atrás y que el gobierno sandinista logró hacer retroceder. Nicaragua siempre ha sido, excepto recién, un excelente socio comercial de Costa Rica y es muy posible que con el nuevo gobierno se restablezcan a plenitud las mutuamente benéficas relaciones comerciales entre nuestros países.
En segundo lugar, hace algún tiempo prima entre algunas personas el deseo de restablecer el Mercado Común Centroamericano y, sin duda, la existencia de un orden económico en Nicaragua radicalmente distinto al de los demás países del Área, constituía una limitante para cualquier proceso de integración. Con el cambio sucedido en ese país se elimina un escollo adicional en la posible restauración del Mercado Común.
Sin embargo, es importante que, si se piensa en rehabilitar esa entidad, se tenga presente que el esquema proteccionista, de economía cerrada ante el resto del mundo que generó al desaparecido Mercomún, ahora no tiene razón de ser. Por lo tanto, una reformulación deberá tomar en cuenta los diversos procesos de apertura que se llevan a cabo en las distintas economías centroamericanas, para no caer en el error de restaurar un elevado arancel común en la región, como forma de separarla económicamente del resto del mundo.
Por el contrario, un proceso de reinstalación del Mercomún debe basarse en un arancel en el área bajo y uniforme ante el resto del mundo, con flexibilidad para que cada nación pueda reducir aún más su barrera proteccionista. Por lo tanto, el proceso de convergencia a dicha base es vital para la puesta en marcha del nuevo Mercomún.
Adicionalmente, debe garantizarse el libre movimiento de capitales, así como el libre comercio de productos agrícolas, que otrora se marginaron del proceso de integración. De igual manera, deberá buscarse una homogenización de los diferentes esquemas tributarios y de incentivos de los países, así como una uniformización en la conducción de la política cambiaria en el área.
Estos dos aspectos, entre otros, sin duda que gravitarán en nuestro país, como resultado de la vuelta de Nicaragua a un orden económico y político básicamente liberal.
1990-03-01-RESPUESTA AL PRESIDENTE DE CODESA
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RESPUESTA AL PRESIDENTE DE CODESA
La Nación, 01 de marzo de 1990.
Don José Manuel Salazar, Presidente Ejecutivo de CODESA, en referencia a mi artículo “Ni quemándole el hocico”, precisamente me da razón en lo siguiente: CODESA debe ser cerrada, en este caso por inanición, pues si, tal como él nos señala, son pocas las empresas que le quedan por vender y si esa entidad no va a tener ningún papel en el llamado Programa de Reconversión Industrial, entonces que regrese al basurero de la historia, en donde descansan los intentos del paternalismo que otrora abrazaron los afectos domésticos al social-estatismo.
En segundo lugar, don José Manuel Salazar indica en su réplica que las prioridades del programa de reconversión industrial no han sido producto de un burócrata sabelotodo, sino de la convergencia de intereses públicos y privados, lo cual me mueve a sugerirle, aprovechando la visita al país a finales de marzo de la economista Anne Krueger, que le pida le cuente acerca de su artículo “La economía política de la sociedad en busca de rentas”, lo que, estoy seguro, le permitirá comprender cómo empresarios emprenden actividades que no son directamente productivas, a fin de obtener alguna renta que les faculte generar mayores ingresos . Esta renta se obtiene por alguna concesión del Estado, que en tal caso puede ser disponer de recursos financieros favorables que alternativamente no obtendrían en el mercado. Es mucha la intervención estatal observada, que resulta del acuerdo entre el gobierno y un sector particular para lograr un beneficio concreto de este último.
1990-03-07-REFORMAR LOS REGÍMENES DE PENSIONES
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REFORMAR LOS REGÍMENES DE PENSIONES
La Nación, 07 de marzo de 1990.
A fines del año pasado, se habló mucho acerca de la necesidad de reformar los actuales regímenes de pensiones. En especial, en ese entonces, los dos candidatos presidenciales, señores Calderón y Castillo, indicaron que eran impostergables, a la luz de las presiones que estaban ejerciendo sobre las finanzas públicas una serie de sistemas de pensiones en situación financiera difícil.
En fechas recientes se ha aclarado el grave panorama de los recursos a disposición del Estado. Se sabía que el déficit era grande ̶ así nos lo había advertido el Dr. Miguel Ángel Rodríguez desde el año pasado ̶ pero no imaginábamos que llegaría a una suma que casi más que duplicó el déficit aceptado en la última negociación con el Fondo Monetario y, si las cosas continúan como están, para 1990 el déficit oscilará entre 24.000 y 27.000 millones de colones.
Esto va a exigir una serie de profundas reformas impostergables en las finanzas del Estado y para lo cual no valdrá como excusa la inacción estatal. Entre otras, se requiere que el Estado se declare en incapacidad de pagar los regímenes de pensiones que, al no mantenerse actuarialmente; esto es, que no se paga con lo que los participantes en el régimen le abonan (y con lo que se genera de intereses), concluyen cayendo sobre los presupuestos de la República, de manera que ese faltante lo terminan por pagar todos los costarricenses.
El Estado tiene como alternativa aumentar la edad para pensionar a los participantes del régimen o elevarles las cuotas que pagan. No puede continuar cargando a todos los costarricenses para que se pague un privilegio resultado del favor electorero o de la visión miope de ciertos gobernantes. Por supuesto, queda la otra alternativa: la de no hacer nada. En este caso, más tarde o más temprano, los perezosos serán enjuiciados por no haber hecho algo bien, en el momento oportuno, frente a la inevitable quiebra de los sistemas de pensiones.
La decisión de intervenir dichos regímenes deficitarios debe disponer de algún mecanismo de transición, mientras se pone orden en ellos y me atrevo a señalar que, por la trascendencia de estos actos, se requiere de la colaboración política del principal partido de oposición al gobierno, en donde personas muy serias han manifestado su honda preocupación, por el inminente colapso de los regimenes de pensiones privilegiadas.
1990-03-14-LOS EXENTOS
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LOS EXENTOS
La Nación, 14 de marzo de 1990.
Las autoridades del gobierno entrante han sido claras en que uno de los principales objetivos será eliminar el serio déficit fiscal, el cual ha puesto en peligro la estabilidad de nuestra economía.
La última información que he recibido me indica que el déficit total del sector público en 1989 más que duplicó la cifra que se había acordado con el Fondo Monetario: si se toman en cuenta los pagos autorizados pendientes de liquidación ̶ como debe ser la medición apropiada del déficit, que debe tomar en cuenta al de caja y también lo que está flotando ̶ se elevaría a más de diecisiete mil millones de colones en este año recién pasado.
Los encargados de la parte económica del nuevo gobierno tendrán que entrarle a los diferentes regímenes de exenciones, a fin de lograr la recuperación en las finanzas públicas. A los “exentos” se les deberá revisar, porque si bien estas políticas pueden ser lógicas en algunos casos (como, por ejemplo, exonerar las importaciones de insumos a ser usados en la producción de exportaciones no tradicionales, para garantizar a los exportadores un régimen de neutralidad ante el resto del mundo), en otros casos no parece tener más sustento que la habilidad del “lobby” y la “apertura mangancha” de políticos que, en su momento, les depararon una renta otorgada por el Estado.
Hay en nuestra nación una situación interesante, cual es la exoneración en el pago del impuesto sobre la renta en las empresas cooperativas. Algunas de estas son de las firmas más grandes del país; sin embargo, tales empresas no tributan, lo cual distorsiona la forma de propiedad, disminuye la base del impuesto sobre la renta, lo que requiere de un aumento en los impuestos que el resto sí debe pagar y se eleva la protección efectiva a los sectores privilegiados.
Es más, al régimen cooperativo (así como también para otros grupos) se le da otra serie de exenciones, como no pagar impuestos a la importación de ciertos vehículos lo cual conduce a un incremento sin justificación en las importaciones, además de que se desperdician nuestros escasos recursos. Asimismo, tales empresas no tienen que pagar el impuesto territorial ni el arancelario ni la sobretasa sobre las importaciones de ciertos bienes.
Todas estas exoneraciones ya llevan mucho tiempo: para el mantenimiento del privilegio no se puede alegar ahora que es para ayudar una actividad naciente en tanto se desarrolla. Es hora de que también sean copartícipes de los tributos que muchas otras actividades del país sí tienen que pagar.
1990-03-21-TEMAS DE GASTO PÚBLICO
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TEMAS DE GASTO PÚBLICO
La Nación, 21 de marzo de 1990.
Funcionarios del nuevo gobierno han enfatizado la necesidad de eliminar el serio problema del exceso de gasto público sobre los impuestos; esto es, se requiere eliminar el déficit fiscal, cuyos pasos de animal grande rondan por allí de los 31.000 millones de colones en 1990.
Como para lograr este fin los costarricenses esperamos que no sea sólo por aumento de los impuestos, debemos poner atención a todo tipo de medidas que, sin causar costos que excedan los beneficios de tales gastos, conduzca a una más eficiente asignación de recursos. Por ejemplo, me ha llamado la atención el proyecto del Instituto de la Familia, que bien puede lograr bajar los recursos gastados, al tiempo que se logran beneficios mayores, El Instituto de la Familia podría absorber entidades tales como el IMAS, el Patronato Nacional de la Infancia, las Asignaciones Familiares y lograr mantener nuestra red social, al tiempo que se elimina el gasto triplicado de fondos, que hoy más que nunca nos interesan ahorrar.
Hay sectores del Estado en que la prolijidad de instituciones que tratan de lo mismo, se hace casi insoportable ̶ aunque sus beneficiarios insistan en su individualidad ̶ y cuya fusión bien podría derivar en una economía sustancial para todos los costarricenses. Para el sector externo hay un Ministerio de Exportaciones (últimamente llamado de Comercio Exterior), pero en el de Economía existen dos dependencia importantes dedicadas a asuntos parecidos, como son la de Comercio Exterior y la de Integración Económica, que podrían ser fusionadas, También el Centro para la Promoción de las Exportaciones y posiblemente oficinas en el Banco Central que tienen a cargo asuntos similares, deberían formar parte de esa sola entidad que trataría de los asuntos del comercio internacional.
En el campo de la salud merece considerarse la fusión de la Caja del Seguro Social con el Ministerio de Salud, pues hasta hay oficinas a nivel municipal que básicamente tratan de lo mismo. Lo esencial, si se quiere, es que se continúe dando un mismo servicio, pero gastando menos recursos.
La obligación del gobierno, que pronto apretará la faja a toda la ciudadanía, están en poner orden primero dentro de su casa: bajar el gasto público antes que el privado. Así pueden progresar las personas, en especial las menos favorecidas, quienes generalmente resultan ser las más dañadas por el desperdicio del gasto público y por la inflación.
1990-03-28-EQUIDAD EN LAS CARGAS
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EQUIDAD EN LAS CARGAS
La Nación, 28 de marzo de 1990.
Tal como he señalado en días recientes, parece impostergable un alza en los impuestos, aunque se busque disfrazar bajo el manto de que se trata de mejorar la recaudación de los existentes. Un punto importante es cómo se van a distribuir las cargas, lo cual hace oportuno tener presentes los abundantes regímenes de privilegio tributario en nuestro país.
Unas de las gollerías más impresionantes es la exoneración de impuestos a la importación de vehículos. Mientras el ciudadano, dejado de la mano de Dios y desprotegido de la cobija de la exoneración, paga gravámenes por la importación de vehículos que más que duplican su valor, ciertos gremios han logrado, mediante legislación diseñada en su favor, que no tengan que pagar esos impuestos. Posiblemente si en Costa Rica se hiciera un estudio, pero en serio, acerca de las exoneraciones de impuestos a los vehículos que circulan en nuestro país, se determinaría que la mayoría de los de lujo han arribado producto de una exoneración.
Trato de recordar algunos de esos regímenes de privilegio y me acuerdo, por supuesto que de primero, de la exoneración que tienen los diputados, así como la de los diplomáticos costarricenses que regresan al país; también están los pensionados y las de vehículos que, si bien son del Estado, los disfrutan los altos jerarcas del gobierno; asimismo, recuerdo a los inválidos, los taxis de lujo, así como a ciertas entidades de beneficencia que rifan carros y ¿qué sé yo cuántos más “exonerados” ingresarán en el país?
Es muy posible que los diputados entrantes decidan poner nuevos impuestos, de manera que será una buena ocasión para que ellos se ganen el respeto ciudadano. Propongo que renuncien al privilegio de importar vehículos exonerados (generalmente Mercedes, BMW, Range Rover y similares) y que, al mismo tiempo, se les permita disfrutar, en tanto son diputados, de vehículos populares, como los que ciudadanos comunes y corrientes pudieron adquirir con la rebaja de impuestos dada hace unos años. Así, el diputado rural podría disponer de un “yipsito” para sus giras en el campo y, el urbano, de su auto para realizar sus ajetreos citadinos.
Con esta decisión los ciudadanos podríamos pensar que los diputados no han legislado en su favor, sino que tienen muy presente una actitud responsable ante la ciudadanía. Al ponérsenos más impuestos, debemos exigir una distribución más justa de las cargas tributarias y eso incluye las exoneraciones en el pago de impuestos a las importaciones de vehículos, que actualmente disfrutan, entre otros, los diputados.
1990-04-06-PERMANENCIA DE BUENAS POLÍTICAS
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PERMANENCIA DE BUENAS POLÍTICAS
La Nación, 06 de abril de 1990.
Como resultado del reciente Seminario sobre Políticas Económicas en Costa Rica, se recibió la visita de algunos distinguidos economistas chilenos. Varios de ellos fueron partícipes de la formación de políticas económicas en el anterior gobierno de Pinochet, en tanto que otros han sido críticos permanentes de la dictadura. Todos estos profesionales no sólo comparten una enorme capacidad, sino también el deseo de que otros entendamos a plenitud qué es lo que ha sucedido en ese país y qué se puede esperar ante la llegada al poder del presidente Aylwin.
Estos economistas, a quienes algunos peyorativamente han llamado “los Chicago Boy´s”, son distinguidos profesionales no sólo en su país sino también en el extranjero, en donde varios son profesores de respetables universidades norteamericanas y sus libros son objeto del estudio riguroso de la academia.
A uno de ellos, el Dr. Sebastián Edwards, le pregunté si el nuevo gobierno de Aylwin cambiaría las políticas económicas que caracterizaron la era de Pinochet. Me respondió que creía que, tan sólo en cosas menores, en general sería mucho más liberal de lo que fue el programa inicial de Pinochet en 1973. Esto es, que únicamente habría algunos cambios pequeños en los lineamientos generales del programa de desarrollo chileno.
Abundó al decir que la razón para no cambiar las buenas políticas económicas era evidente. Chile, históricamente un paìs con muy elevadas inflaciones, en los últimos años la tenía controlada; el problema de desempleo había desaparecido gradualmente; le había hecho frente a los pagos de la deuda externa, la cual más bien se redujo; las exportaciones habían aumentado asombrosa y continuamente y un crecimiento similar se habría logrado en el producto nacional bruto per cápita.
Sin duda que el equipo económico de Aylwin hará cambios: mencionó que variarán ciertas reglas sobre la contratación laboral, pero que, en general, los economistas del nuevo gobierno mantendrán las buenas políticas proseguidas por el anterior gobierno.
Para desmayo de quienes sólo buscan lunares en el esfuerzo chileno, me manifestó que ciertamente habìa pobreza en Chile; que la ha habido y la habrá, como sucede en todo el mundo, pero que la clave del éxito de las políticas económicas, desde el punto de vista social, estaba en que los grupos de miseria extrema habían sido objeto de ayuda directa y sin ambages, en tanto que se habían eliminado los privilegios, obtenidos al amparo estatal, de los grupos de ingresos relativamente mayores, quienes por supuesto, fueron los mayores oponentes a las buenas políticas económicas del modelo chileno.
1990-04-08-ALERTA A LOS TRABAJADORES
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ALERTA A LOS TRABAJADORES
La Nación, 08 de abril de 1990.
Desde hace algunos días se escucha el runrún de que, como parte del plan financiero del nuevo gobierno, a fin de reducir el norme déficit que ha heredado, planea un aumento en las cuotas del Seguro Social.
No se trata de si quien lo paga es el trabajador o el patrono: en última instancia un aumento en tales impuestos se refleja en una disminución de la demanda de mano de obra, lo que significa un aumento en el desempleo, al sustituirse mano de obra relativamente más cara por otros factores de producción, ahora abaratados en comparación con el trabajo.
Ha pasado bastante tiempo desde que di una lucha en contra de los impuestos a los salarios: la ominosa historia de las Asignaciones Familiares es un ejemplo de oídos sordos a la inteligencia del buen análisis económico. No fue sino 20 años después cuando el ex Ministro de Hacienda Fernando Naranjo reconoció que, encarecer el rebajo con cargas sociales, era un freno a nuestras exportaciones, cuya ventaja comparativa reside en bienes que utilizan comparativamente más mano de obra, relativamente abundante en nuestro país.
No puede aceptarse el argumento de que elevar las cuotas de la Caja sea necesario para disminuir el déficit del Estado. Con este argumento, cualquier otro impuesto también lo logra. Un empobrecimiento debido al uso más ineficiente de nuestros recursos, al encarecerse más la mano de obra, se traduce en una base impositiva menor y, por ende, en una disminución en el total de las recaudaciones fiscales.
Debe haber mejores opciones que las que nos presentan quienes sugieren elevar los impuestos al salario. Simplemente piénsese que una reducción en el gasto público también logra una disminución del déficit del gobierno. Resulta una posición cómoda que sólo por vía de los impuestos se cierre el déficit, cuando generalmente, al darle mayores recursos al Estado sólo sirve para que, poco después, de nuevo aumente su gasto y, otra vez, surja el déficit. Somos testigos de cuántos paquetes tributarios se nos han puesto para cerrar el déficit, que poco después resurje como ave fénix.
Es hora de que la inteligencia prime y de que no se engañe más al trabajador. Un impuesto al salario precisamente va en contra de los grupos más desvalidos de nuestra sociedad. Debe avanzarse de las palabras a los hechos.
1990-04-15-MÁS IMPUESTOS, MÁS GASTO
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MÁS IMPUESTOS, MÁS GASTO
La Nación, 15 de abril de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. 129.
Hay un fenómeno político que debe analizarzse con atención por los interesados en los asuntos públicos. Me refiero a que con frecuencia los gobernantes señalan que, para equilibrar el déficit del presupuesto del gobierno –dado que se gasta más que de lo que recauda– es necesario aprobar un nuevo paquete tributario, lo que les permitiría llenar tal hueco.
El problema es que, al paso de uno o dos años, de nuevo se presenta el déficit, pero con vitalidad renovada. El aumento de impuestos sirve de plataforma de lanzamiento de más gasto público. En años recientes, en la Administración Monge se aprobó un gravoso paquete tributario, que se supone traería sosiego a las finanzas públicas. Sin embargo, en la de Arias, otra vez, se nos gravó con un nuevo paquete, puesto que el déficit ya era insostenible y que, presuntamente, con la reforma se iría subsanar.
He aquí dos ejemplos de “poner más impuestos para lograr más gasto”. Lo trágico es que, una vez más, como espada de Damocles, pende sobre nosotros una nueva alza de impuestos y, estoy seguro, que se afirmará que resolverá, de una vez por todas, el déficit. Si por la víspera se saca el día, con suerte no será sino en el gobierno del 94 al 98, cuando se apruebe un nuevo paquete, claro que para cerrar “en definitivo” la brecha deficitaria.
Me decía recientemente un experto en finanzas públicas, Vito Tanzi, que en Costa Rica la carga tributaria es sumamente alta (me mencionó, creo que asciende a un 26 por ciento del PNB). Le expresé que, lamentablemente, al momento no veía que hubiera un esfuerzo significativo de reducir el déficit con una disminución de los gastos, sino que, al contrario, parecía que se acudiría, en gran proporción, a un nuevo aumento en los tributos. Porque también constituyen impuestos, las alzas en los combustibles cuando posiblemente el precio interno, excluyendo los impuestos que sobre él pesan, es superior al mundial y que era posible que tal cosa se presente con otros servicios públicos.
1990-04-20-IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN
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IMPUESTO A LA EXPORTACIÓN
La Nación, 20 de abril de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 207-208.
Sin duda alguna que los mercados reaccionan ante los rumores. El estudio de las “bolas” se ha convertido en una técnica analítica respetable dentro del gremio de quienes tratan de predecir los comportamientos de, por ejemplo, las bolsas de valores, la inversión esperada y los flujos internacionales de fondos, entre otros similares.
En gran parte tal respetabilidad se debe a que los agentes económicos están cada vez más informados y en mayor capacidad de evaluar los resultados de las políticas proseguidas por los gobiernos. Esto es, ya no es tan fácil engañar a unos cuantos todo el tiempo, ni a todos por poco tiempo y claro que nunca se ha podido engañar a todo el mundo, todo el tiempo. Si las autoridades mandan señales contradictorias a los agentes económicos, el daño resultante es, por lo general, oneroso, pues se pierde credibilidad en la inteligencia de quienes formulan tales políticas y, al reaccionarse en el mercado de tales señales contradictorias, surgen actuaciones que derrotan el propósito inicial de tales políticas económicas.
Entre los rumores –a veces bien informados– acerca de qué políticas fiscales aplicará el gobierno entrante, se ha escuchado que incrementará el diferencial cambiario. Esto es, que el gobierno se quedará con una tajada mayor de la que actualmente se posesiona y que pasaría del actual colón, a uno y medio y, tal vez, hasta dos colones de diferencia.
Hay dos problemas básicos con esa forma de resolver el déficit: En primer lugar, una vez más el Banco Central se convierte en agente fiscal, pues no duda en utilizar su facultad de separar el precio de venta del de compra del colón, lo que significa poner un impuesto que no ha sido objeto de la sanción legislativa. Este abuso refleja un retroceso en la creencia de que el Banco Central debe tener menor discrecionalidad, en vez de mayor potestad.
En segundo lugar, esa política constituye, ni más menos, que un impuesto a las exportaciones, contrario al propósito requete señalado de estimular el proceso de apertura de la economía. Resulta paradójico que, por un lado, se nos hable de que se continuará con el proceso de desgravación arancelaria y que, por el otro lado, se grava mal disimuladamente a las exportaciones.
En síntesis, tiene que haber mejores formas de subsanar el grave déficit fiscal: ¿qué tal si les ocurre pensar que eso se podría lograr si se disminuyera radicalmente el gasto público?
1990-04-25-UN CONTINUO DE POLÍTICAS
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UN CONTINUO DE POLÍTICAS
La Nación, 25 de abril de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 185-186.
En días recientes, algunos escritores han analizado el tema de apertura de las economías como si se tratara de una dicotomía: que hay que escoger entre regímenes autárquicos o de promoción de exportaciones o, como lo dijo otro autor ansioso de lograr méritos políticos, de escoger entre neoliberalismo o socialdemocracia. Esta visión dicotómica limita la comprensión inteligente de los procesos de apertura de los países.
Por ejemplo, algunos arguyen que las economías de Corea o de China Nacionalista han tenido éxito gracias a la intervención estatal, en tanto que lo contrario es sugerido por otros. Recientemente un autor, con desenfado aún con mayor ignorancia, dice que “el neoliberalismo, al proclamar como panacea la libertad de las fuerzas del mercado… proclama… su renuncia al conocimiento y la ciencia”, para concluir en que “todos los países desarrollados exitosos han construido su historia poniendo en práctica dosis variadas de participación estatal en la conducción de la economía…”.
Esa confusión intelectual radica en que no se reconoce que, más que una dicotomía, el análisis de los regímenes comerciales debe ser visto como un continuo de políticas comerciales, que va desde un régimen caracterizado por la autosuficiencia y el total aislamiento del comercio internacional, hacia otro en que deliberadamente se incentiva a la exportación. En esa secuencia ininterrumpida hay regímenes de comercio tales como de sustitución de importaciones, de orientación hacia el interior o hacia el exterior, de economía abierta o régimen liberal, entre otros que pudieran categorizarse en ese continuo.
Lo importante es el movimiento hacia el sistema al que tienden las economías. Un reciente trabajo sobre este tema concluye en que los países que poseen un sector externo menos distorsionado, son lo que tienden a crecer más, en comparación con naciones que tienen un sector externo relativamente más distorsionado.
La lección que podrían derivar algunos –si desean razonar– es que lo importante es la dirección que tomen las economías: pasar de un régimen comercial distorsionado hacia otros menos distorsionados podría brindar mayor crecimiento a nuestros países. Y a mí no me importa que a esto se le llame neoliberalismo o socialdemocracia o lo que sea. Lo válido es que los regímenes que hacen un mayor uso del sistema de precios son los que tienden a tener mayor éxito, a pesar del dogma de quienes creen que sólo distorsionando la economía, es como se logra el crecimiento.
1990-05-06- HACE 78 AÑOS...
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HACE 78 AÑOS…
La Nación, 06 de mayo de 1990.
… Fue cuando Ludwig von Mises publicó en alemán su libro El Socialismo, cuyo gran mérito, a los ojos de los sucesos que sacuden actualmente a Europa Oriental, está en la exactitud con que describió el fin de las economías de decisión económica centralizada.
Permítaseme citar en extenso a Von Mises:
“Podría suceder que algunas naciones permanezcan socialistas, mientras que otras regresen hacia el capitalismo. Entonces los países socialistas por sí mismos procederían a su declinación social. Los países capitalistas progresarían hacia un desarrollo superior de la división del trabajo hasta que por fin, empujados por la ley social fundamental que impulsa al mayor número de seres humanos hacia la división personal del trabajo, y a la totalidad de la superficie de la tierra hacia la división geográfica del trabajo, impondrían su cultura sobre las naciones atrasadas o las destruirían si se resistieran. Este ha sido siempre el destino histórico de las naciones que han evitado el camino capitalista hacia el desarrollo o de quienes se han detenido prematuramente en él.” (Ludwig von Mises, Socialism, p. 466).
El lector podrá darse cuenta de la anticipada habilidad de von Mises para predecir la declinación del socialismo y que parece va concluyendo, para suerte no por la destrucción sino por la “imposición de la cultura”, o, prefiero llamarlo así, por “el simple resultado de las comparaciones”, en el abandono de prédicas a favor de la planificación central y más por la búsqueda de sistemas económicos basados en el mercado. Y no es, como lo puede considerar algún desconocedor del papel del mercado en el orden liberal, resultado de la edificación de esa forma de organizar la economía, sino porque da mayores frutos que órdenes alternativos. Como dice von Mises, es porque los países capitalistas progresan hacia “un desarrollo superior”.
El abandono del socialismo en naciones comunistas, tiene su contraparte en países considerados democráticos. Progresivamente se renuncia al intervencionismo en sus economías y se emplea más el instrumental del mercado, lo cual es síntoma de que los frutos de tal intervención han sido generalmente amargos, pues muchas veces con ello más bien se han afectado los grupos relativamente más desvalidos de sus sociedades. La mano visible del Estado, en contraste con la mano invisible del orden de decisión descentralizada, contra lo predicado, en muchas ocasiones ha concluido por empobrecer y afectar el potencial de crecimiento de las naciones. Por eso es que las ideas de libertad han ido ganando cada vez más terreno urbi et orbi, para desmayo y confusión de los aún intervencionistas en nuestro cotarro.
1990-05-06- HACE 78 AÑOS...
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HACE 78 AÑOS…
La Nación, 06 de mayo de 1990.
… Fue cuando Ludwig von Mises publicó en alemán su libro El Socialismo, cuyo gran mérito, a los ojos de los sucesos que sacuden actualmente a Europa Oriental, está en la exactitud con que describió el fin de las economías de decisión económica centralizada.
Permítaseme citar en extenso a Von Mises:
“Podría suceder que algunas naciones permanezcan socialistas, mientras que otras regresen hacia el capitalismo. Entonces los países socialistas por sí mismos procederían a su declinación social. Los países capitalistas progresarían hacia un desarrollo superior de la división del trabajo hasta que por fin, empujados por la ley social fundamental que impulsa al mayor número de seres humanos hacia la división personal del trabajo, y a la totalidad de la superficie de la tierra hacia la división geográfica del trabajo, impondrían su cultura sobre las naciones atrasadas o las destruirían si se resistieran. Este ha sido siempre el destino histórico de las naciones que han evitado el camino capitalista hacia el desarrollo o de quienes se han detenido prematuramente en él.” (Ludwig von Mises, Socialism, p. 466).
El lector podrá darse cuenta de la anticipada habilidad de von Mises para predecir la declinación del socialismo y que parece va concluyendo, para suerte no por la destrucción sino por la “imposición de la cultura”, o, prefiero llamarlo así, por “el simple resultado de las comparaciones”, en el abandono de prédicas a favor de la planificación central y más por la búsqueda de sistemas económicos basados en el mercado. Y no es, como lo puede considerar algún desconocedor del papel del mercado en el orden liberal, resultado de la edificación de esa forma de organizar la economía, sino porque da mayores frutos que órdenes alternativos. Como dice von Mises, es porque los países capitalistas progresan hacia “un desarrollo superior”.
El abandono del socialismo en naciones comunistas, tiene su contraparte en países considerados democráticos. Progresivamente se renuncia al intervencionismo en sus economías y se emplea más el instrumental del mercado, lo cual es síntoma de que los frutos de tal intervención han sido generalmente amargos, pues muchas veces con ello más bien se han afectado los grupos relativamente más desvalidos de sus sociedades. La mano visible del Estado, en contraste con la mano invisible del orden de decisión descentralizada, contra lo predicado, en muchas ocasiones ha concluido por empobrecer y afectar el potencial de crecimiento de las naciones. Por eso es que las ideas de libertad han ido ganando cada vez más terreno urbi et orbi, para desmayo y confusión de los aún intervencionistas en nuestro cotarro.
1990-05-11-PACUARE
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PACUARE
La Nación, 11 de mayo de 1990.
No me ha parecido apropiada la actitud asumida por las autoridades del ICE ante el cuestionamiento por parte de ciudadanos, acerca de la conveniencia de construir una represa hidroeléctrica en el río Pacuare.
Al contrario, los argumentos esgrimidos por los grupos opositores a la construcción de la represa los juzgo atinados, sin estridencias y sin demagogia y, por el contrario, más bien apelan al razonamiento por parte de los involucrados en el proyecto.
En esencia, es necesario realizar un análisis costo-beneficio social del proyecto hidroeléctrico de Pacuare. Esto requiere, entre otras cosas, que se evalúe el posible impacto que sobre el medio ambiente tiene la transformación del actual río en un embalse. Este estudio ̶ en especial de los posibles efectos ecológicos ̶ debe ser realizado por algún cuerpo independiente de las partes en conflicto; esto es, ni por el ICE ni por los grupos que se le oponen. El río no es propiedad de unos costarricenses ni del ICE, sino que es patrimonio nacional y, por lo tanto, la decisión de transformarlo con un proyecto hidroeléctrico debe ser valorada en cuanto los posibles ingresos y costos que ocasionaría a la colectividad.
Precisamente los grupos denominados “ecologistas” han señalado la conveniencia de que se realice dicho análisis de costo-beneficio social y en una página pagada por el Comité Por-Defensa del Río Pacuare, afirman que “si se demuestra, con base en los estudios respectivos, que los beneficios del proyecto son superiores a los daños ambientales y su costo social, simplemente lo aceptaremos con gran pesar en nuestro corazón.”
El ICE contribuiría mucho al juicio sano de las presuntas bondades del proyecto si asumiera una actitud similar a la de los ecologistas. Para empezar, debe presentar alternativas al proyecto, así como no impedir que el estudio de los posibles efectos sobre el medio ambiente sea realizado por un grupo independiente de la disputa. El río Pacuare es de todos los costarricenses y como tales nos debe quedar muy claro que, si se va a hacer una represa en su cauce, lo sea porque es el uso alternativo que más conviene al país y no porque resulta de la obligación que tiene el ICE de suplir energía eléctrica al país. En la vida, se trata de escoger entre alternativas y el ICE no parece, por la actitud que ha expresado hasta el momento, que desea dejarnos elegir.
1990-05-16-EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS
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EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS
La Nación, 16 de mayo de 1990.
Don Julio Rodríguez, en su reciente columna “En vela” del 11 de mayo, expresa su preocupación por la no recaudación de muchos impuestos, lo que hace que el gobierno acuda a la experiencia de aumentar los actuales o bien imponer nuevos tributos para llenar sus necesidades de gasto. En mucho estoy de acuerdo con lo que allí expresa el amigo periodista, pero, también, se hace necesario preguntar ¿qué puede motivar a los costarricenses para no pagar los gravámenes vigentes?
Es posible que la conducta de evitar o evadir los impuestos se deba a que resulta más barato el posible castigo tributario, si se es “agarrado”, que pagarlos puntualmente, pero también podría originarse en la percepción que se tiene de la forma en que el gobierno gasta nuestros recursos.
En la huelga reciente del Ministerio de Agricultura, creo que quedó expresado qué tan importante puede ser su gasto. Como parte del paro, se retuvo información sobre el clima y se amenazó con detener los permisos sanitarios a las exportaciones agrícolas no tradicionales. El resto de la paralización del Ministerio posiblemente tuvo poco impacto en el país, excepto por la zozobra en que se nos tuvo, porque la aceptación de sus pedidos –como así resultó– tenía enormes efectos negativos en un presupuesto estatal ya de por sí deficitario, y los cuales tendríamos que pagarlos, de una forma u otra, todos los costarricenses.
¿Qué pasaría si se contrataran servicios internacionales que brinden el estado del tiempo –a cada rato lo vemos en ciertos programas de televisión ̶ en vez de sostener aquí una oficina dedicada a esta actividad? ¿Qué sucedería si, en vez de que sea el MAG quien otorga los permisos de exportación, se facultara que lo brinden muchas empresas privadas registradas ante autoridades extranjeras, permitiéndose la contratación privada de sus servicios, de manera que un mal permiso implique consecuencias estipuladas en el contrato?
Lo que quiero decir es que es necesario revisar mucho del gasto público y con ello estoy seguro que muchos ciudadanos estarán dispuestos a pagar los tributos. Pero, antes que alguien nos diga que la única forma de reducir el actualmente elevado déficit, es por el aumento en los impuestos, ante la alternativa de tener una nefasta inflación, debemos preguntar, ¿qué pasaría si se disminuyera el gasto público? Los costarricenses deben recordar, que más recursos para el Estado, aunque sea para paliar sus déficits, son sólo la base para que, luego, gaste más y más.
1990-05-16-EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS
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EN VELA ANTE LOS IMPUESTOS
La Nación, 16 de mayo de 1990.
Don Julio Rodríguez, en su reciente columna “En vela” del 11 de mayo, expresa su preocupación por la no recaudación de muchos impuestos, lo que hace que el gobierno acuda a la experiencia de aumentar los actuales o bien imponer nuevos tributos para llenar sus necesidades de gasto. En mucho estoy de acuerdo con lo que allí expresa el amigo periodista, pero, también, se hace necesario preguntar ¿qué puede motivar a los costarricenses para no pagar los gravámenes vigentes?
Es posible que la conducta de evitar o evadir los impuestos se deba a que resulta más barato el posible castigo tributario, si se es “agarrado”, que pagarlos puntualmente, pero también podría originarse en la percepción que se tiene de la forma en que el gobierno gasta nuestros recursos.
En la huelga reciente del Ministerio de Agricultura, creo que quedó expresado qué tan importante puede ser su gasto. Como parte del paro, se retuvo información sobre el clima y se amenazó con detener los permisos sanitarios a las exportaciones agrícolas no tradicionales. El resto de la paralización del Ministerio posiblemente tuvo poco impacto en el país, excepto por la zozobra en que se nos tuvo, porque la aceptación de sus pedidos –como así resultó– tenía enormes efectos negativos en un presupuesto estatal ya de por sí deficitario, y los cuales tendríamos que pagarlos, de una forma u otra, todos los costarricenses.
¿Qué pasaría si se contrataran servicios internacionales que brinden el estado del tiempo –a cada rato lo vemos en ciertos programas de televisión ̶ en vez de sostener aquí una oficina dedicada a esta actividad? ¿Qué sucedería si, en vez de que sea el MAG quien otorga los permisos de exportación, se facultara que lo brinden muchas empresas privadas registradas ante autoridades extranjeras, permitiéndose la contratación privada de sus servicios, de manera que un mal permiso implique consecuencias estipuladas en el contrato?
Lo que quiero decir es que es necesario revisar mucho del gasto público y con ello estoy seguro que muchos ciudadanos estarán dispuestos a pagar los tributos. Pero, antes que alguien nos diga que la única forma de reducir el actualmente elevado déficit, es por el aumento en los impuestos, ante la alternativa de tener una nefasta inflación, debemos preguntar, ¿qué pasaría si se disminuyera el gasto público? Los costarricenses deben recordar, que más recursos para el Estado, aunque sea para paliar sus déficits, son sólo la base para que, luego, gaste más y más.
1990-05-21-PROGRESOS EN MÉXICO
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PROGRESOS EN MÉXICO
La Nación, 21 de mayo de 1990.
No ha pasado inadvertida en Costa Rica la reciente des-estatización de la banca comercial de México. El Presidente Salinas de Gortari está dispuesto a modernizar su nación, a contrapelo de la mentalidad de catacumbas de los socializantes de siempre, quienes, sin duda, han de mirar como un hereje al ilustrado gobernante azteca.
Como resultado de las malas políticas económicas de López Portillo, el capital privado mexicano abandonó su país a inicios de la década de los ochenta. En gran parte se empleó al sistema bancario comercial privado para transferir los fondos y así salvaguardar los ahorros de los ciudadanos. La banca mexicana estaba virtualmente quebrada, cuando se decidió estatizarla. Algún cínico pensará que con ello se protegieron los escasos haberes de una banca arrasada, pero el problema de concentración del poder que otorga tal apropiación, sin duda que hizo temblar a los hombres libres. La monopolización del crédito confiere un poder enorme a quien lo posee, como lo atestiguamos los costarricenses.
Salinas tiene que haberse dado cuenta de los vicios a que conducía la estatización de la banca comercial. No sólo se restringía la libertad, sino que se consideraba al crédito como bien de difunto: me imagino que sólo algunas personas tendrían acceso a ciertos créditos, en especial si tenían la bendición del omnipresente PRI. Pero, además, la ausencia de criterios de rentabilidad dificultaba el desarrollo eficiente de ese país, como es la meta que se han propuesto lograr los nuevos gobernantes mexicanos.
Sin duda que en México, por excelencia, lo que suena a “justicia social” es considerado como bueno. Así, la estatización de la banca en ciertos cotarros se ha justificado porque depara “justicia social”. Esto hace casi heroico a Salinas de Gortari, quien decidió ir contra la llamada “justicia social” y traspasó la banca al sector privado. ¿Será que Salinas está a favor de la “injusticia social”? ¿Será que no cree en la “democratización de la economía”, que es otro eufemismo, que a veces se escucha, para justificar al intervencionismo? ¿Será que Salinas se dio cuenta que con una banca estatizada las probabilidades de crecimiento de su nación se veían notoriamente obstaculizadas?
Ojalá que en nuestro medio, donde mucho de México se podría imitar, algunos comprendan que una banca estatizada no es sinónimo de justicia social y de democratización de la economía y que, por el contrario, la ineficiencia y las pérdidas que usualmente ocurren, terminan por ser pagadas por ese propio pueblo, en cuyo nombre se llevó a cabo la estatización.
1990-05-23-MÁS EFICIENCIA Y MENOS GASTO
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MÁS EFICIENCIA Y MENOS GASTO
La Nación, 23 de mayo de 1990.
Antes que a los costarricenses nos “aturucen” con más impuestos, es necesario practicar una profunda revisión de los múltiples formas en que el Estado gasta nuestros recursos. Como creo que algunos miembros del gobierno recién entrado toman en serio el problema de su ineficiencia, tal vez las sugerencias, a continuación expresadas, no caerán en el basurero de ideas en el cual generalmente terminan por reposar.
En el sector del comercio exterior del Poder Ejecutivo existe una duplicación y hasta triplicación notoria de funciones. Me refiero a que, además del Ministerio del Comercio Exterior, en el de Economía funcionan dos direcciones que claramente deberían integrarse al primero. En concreto, las de Comercio Exterior y de Integración Económica realizan funciones que más bien son pertinentes al Ministerio de Comercio Exterior.
No tiene caso tener un cuerpo gubernamental especializado en asuntos de comercio internacional, a la vez que casi una cuarta parte del personal, y tal vez la función más importante del Ministerio de Economía, trata de asuntos de comercio exterior. El cuerpo más capacitado en la administración pública para representar al Estado en las negociaciones arancelarias, está, precisamente, en el Ministerio de Comercio Exterior, el cual debería ser el encargado de este asunto y no el de Economía, como actualmente sucede.
Adicionalmente, como parte de los asuntos de comercio exterior existe el Centro para la Promoción de las Exportaciones (CENPRO), el cual realiza funciones muy similares, y tal vez hasta idénticas, a las que lleva a cabo el Ministerio de Comercio Exterior. En el CENPRO existe, además de su excelente dirección, un personal sumamente calificado en estos temas, el cual podría ser integrado plenamente al de Comercio Exterior.
Algunos alegarán que las funciones no son idénticas y que existen leyes especiales que les dieron su origen institucional, pero éstas son excusas para mantener la actual estructura administrativa. SI es cierto que el gobierno desea reconvertir al Estado (con todo y un flamante Ministerio para eso), pues que en serio haga realidad sus palabras: las funciones que les son propias se podrían desempeñar más eficientemente y, estoy casi seguro, a un costo menor que el actual. Sólo falta voluntad política para que los costarricenses no desperdiciemos nuestros escasos recursos. Antes que poner más impuestos, primero se debe reducir el gasto público e introducir una mayor eficiencia en los asuntos del Estado.
1990-05-29-APERTURA Y RESULTADOS
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APERTURA Y RESULTADOS
La Nación, 29 de mayo de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 187-188.
En mi reciente artículo “Un continuo de políticas” señalé que “pasar de un régimen comercial distorsionado hacia otro menos distorsionado, podría brindar mayor crecimiento a nuestros países. (La Nación, 25 de abril de 1990). Cabe preguntar ahora si ¿con un régimen comercial, en el cual se presenta una activa intervención gubernamental para promover las exportaciones (un dirigismo pro-exportador) o para poner aranceles, se logran mejores resultados económicos, que los que se tendrían con un régimen comercial “liberal”; esto es, en donde no se tienen ni subsidios a las exportaciones ni impuestos a las importaciones?
El trabajo reciente de Sebastián Edwards, Openness, Outward Orientation, Trade Liberalization and Economic Performance in Developing Countries, muestra evidencia interesante de que hay “soporte para la hipótesis de que existe una relación negativa entre el grado de restricciones al comercio internacional y los resultados económicos de los países en desarrollo… los países con mayores grados de intervención (subsidios a las exportaciones o impuestos a las importaciones) tienden a crecer, en promedio, más lentamente que los países con menores restricciones al comercio (World Bank Staff Working Papers, 191, Junio de 1989, p.p.50-51; el paréntesis en el texto es mío).
Lo anterior quiere decir que los regímenes liberales, que no tienen ni aranceles a las importaciones ni subsidios a las exportaciones, o que los poseen en menor grado, son los que presentan mejores resultados. Esto es, entre más intervenga el Estado con el comercio internacional, peores resultados económicos se logran,
Lamentablemente, algún comentarista no entendió que no se trata de tener “un acuerdo contundente con (su) visión al aceptar que el debate no es sobre si el Estado debe intervenir, sino sobre dónde debe intervenir… Por el contrario, la intervención estatal, ya sea con aranceles a las importaciones o subsidios a las exportaciones –si bien ambos tipos de intervención son de diferente naturaleza, son claramente dirigistas– da lugar a menores posibilidades de crecimiento económico, en comparación con el que se tendría bajo un régimen liberal, en donde no se tenga ni subsidios a las exportaciones ni aranceles a las importaciones. Este es el quid del asunto: lo demás es retórica.
1990-06-04-DECISIONES DOLOROSAS
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DECISIONES DOLOROSAS
La Nación, 04 de junio de 1990.
Es posible que se requiera reducir el exceso de empleo en el sector público. La rebaja del enorme déficit implica no sólo el aumento en los impuestos: parece que ya en el sector privado ̶ tanto en empresas como en familias ̶ hay criterio de que no es posible que, cada cuatro años, se le exija un elevado sacrificio, al aumentárseles los precios de los servicios públicos y de los más diversos gravámenes, mientras que el gasto estatal sigue tan imperturbable como las pirámides de Egipto.
Es importante que el Estado, si en serio pretende reducir su déficit, acuda en un grado significativo a disminuir su gasto. Mas no es posible lograrlo por artificios, como decir que se va a rebajar en un porcentaje (se ha mencionado un 5%) del presupuesto, cuando se sabe que, históricamente, el Estado nunca gasta todo lo que presupuesta y que, lo que no se puede gastar normalmente ha ascendido a ese 5%, del cual se habla. Se requiere de una verdadera reducción del excesivo gasto público.
En el pasado, en algunos intentos por disminuir el gasto, se procedió a hacerlo con la inversión, con lo que las generaciones futuras dispondrán de menos servicios básicos. No se reducen los gastos corrientes, sino la inversión: se prefiere comer el pastel, en vez de preparar más levadura.
Es factible que, si existe una verdadera determinación de reducir el gasto, se tenga que bajar el empleo en el sector público. Para relativa fortuna de los gobernantes, tal vez es éste el momento en la historia reciente de Costa Rica, en que una disminución de la empleomanía pública no causaría el ejército de desempleados que tanto temen los políticos.
La tasa de desocupación es sumamente baja: el último dato indica que la abierta es de 3.8%, algo pocas veces visto en nuestro país. A su vez, el empresario clama por la falta de personal y en los periódicos abundan anuncios en que se solicitan trabajadores. La relativa normalización de Nicaragua provocará la repatriación de muchos trabajadores de esa nacionalidad, quienes ahora laboran en nuestro país. Esto indica que las posibilidades de encontrar empleo en el sector privado, al surgir desocupación en el sector público, son sumamente altas.
En síntesis, es necesario disminuir el exagerado empleo en el sector público; el momento actual parece ser el menos inconveniente para tomar tan dolorosa, pero necesaria, acción de parte del mayor empleador del país: el Estado.
1990-06-08-QUÉ HACER CON EL CAT
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¿QUÉ HACER CON EL CAT?
La Nación, 08 de junio de 1990.
Para responder parto de dos supuestos: primero, que es necesario reducir el monto de los Certificados de Abono Tributario actualmente otorgados por las exportaciones no tradicionales y, segundo, que el Estado desea reducir tal erogación, que se supone constituye un grave problema fiscal.
Según el paquete tributario anunciado por el gobierno, se creará un régimen de incentivos similar al negociado a postrimerías del gobierno de Arias, el cual estuvo sumamente influido por consideraciones electorales, pues cuesta quitar una renta poco antes de unas elecciones.
El CAT que se negoció estuvo viciado en cuanto a que mantenía la renta a los exportadores de ese entonces, mientras que cualquier nuevo entrante recibiría un subsidio menor, a contrapelo del argumento de que el CAT era indispensable cuando se abrían nuevos mercados.
El gobierno ha dicho que no puede reducir el CAT, dado que en el contrato de exportación se garantiza tal subsidio, por lo que el Estado, si lo quita, enfrentaría juicios que a la postre le saldrían más caros al fisco. Ante esta situación, propongo cuatro alternativas que el Estado podría considerar, para aliviar el problema que constituyen los CATs:
Primera: existe una cláusula en el contrato de exportación por la cual el CAT es revisable cada dos años, según su valor agregado. El Estado podría exigir un 100 por ciento a dicho valor para continuar dando el CAT. Con esta medida se atraería a la mesa de negociaciones a las partes interesadas y lograr con ello un subsidio que sea más apropiado a la capacidad fiscal.
Segunda: se podría inducir que los Estados Unidos (principal importador de nuestros productos no tradicionales, aunque es difícil que lo haga) pongan aranceles compensatorios por el subsidio del CAT. Según una cláusula del contrato de exportación, en esta circunstancia el Estado costarricense no tendría que compensar a nadie por la eliminación del CAT.
Tercera: se podría ampliar el plazo de maduración del CAT a unos 50 años, lo que reduce radicalmente su valor presente, lo cual, al igual que bajo la primera alternativa, seria una manera de atraer a negociar a las partes involucradas.
Cuarta: se podría introducir un impuesto a las exportaciones no tradicionales que reciban el CAT, con lo que su valor neto se reduciría a lo que permita la capacidad de la economía.
1990-06-11-INTERPELACIÓN POR RESPONDER
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INTERPELACIÓN POR RESPONDER
La Nación, 11 de junio de 1990.
Hace pocos días, en la Nación, don Claudio Alpízar interpeló a funcionarios públicos de la administración Arias: concretamente, preguntó a quienes tuvieron la responsabilidad fiscal del país, si era cierto que dejaron las arcas públicas en tan mala situación, como para que se justificara el paquete de impuestos recetado por la nueva administración.
Es importante que no se dé la callada, por respuesta. Necesitamos saber si el déficit tiene un fondo: la última estimación señalaba que, en 1990, de no tomarse medidas, ascendería a 39.000 millones de colones; esto es, el déficit por cada costarricense llegaría a la bicoca de 15.000 colones.
He leído respuestas sobre el tema de funcionarios del gobierno previo y, sin duda, la pregunta que formula don Claudio contribuiría a aclarar el debate, acerca de las cargas que propone la nueva administración. Yo, por mi parte, también, pregunto:
1. ¿Es o no cierto que, según han indicado funcionarios entrantes, en 1990 el déficit gubernamental ascendería a 38 o 39.000 millones de colones?
2. ¿Es cierto que, por ejemplo, de gastos presupuestados en Casa Presidencial para publicidad, de unos 30 millones, a mayo se disponía de sólo ¢500.000? ¿Pasa algo similar con otras partidas del presupuesto?
3. ¿Es cierto que había un alto grado de certeza en la administración anterior de que los laudos serían ganados por los trabajadores públicos y, sin embargo, no se tomó a tiempo medida alguna al respecto?
4. ¿ Es o no cierto que, hace un par de años, el economista Carmelo Mesa Lago realizó un estudio por el cual el gobierno conoció el lastimoso estado de varios regímenes de pensiones y del impacto que tendría sobre el erario público y, sin embargo, no se hizo nada para solucionar el problema?
5. Finalmente, porque algunos se han ufanado de opiniones del presidente del Fondo Monetario, M. Camdessus, acerca de la conducción económica del país en 1989, ¿es o no cierto que los datos que disponía el Fondo Monetario sobre la situación fiscal diferían mucho de los que la realidad ha mostrado que eran? Esto es, ¿se le dieron al Fondo cifras muy distintas ̶ inferiores ̶ sobre el déficit en el sector público?
No debe satisfacer a los costarricenses una anguila que se escurra a tiempo de su responsabilidad, ni un Poncio Pilatos que se lave las manos, como tampoco que, porque el gobierno anterior dejó el erario público en estado lastimoso, eso sirva para justificar un inadecuado paquete tributario: la verdad debe ser sabida, pues es derecho elemental de la ciudadanía conocer los actos del gobernante, pasado o presente.
1990-06-16-EL DILEMA SOBRE EL EMPLEO
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EL DILEMA SOBRE EL EMPLEO
La Nación, 16 de junio de 1990.
Recientes aseveraciones de funcionarios públicos, alientan que surja una serie de dudas acerca de lo que podría suceder con el empleo en la economía. Destaca la afirmación de que el déficit en el sector público no podía hacerse reducido por el desempleo de los empleados públicos. Según lo dicho, el déficit deberá ser reducido en parte por la baja en el gasto público, pero principalmente por la disminución de la demanda privada. En vez de rebajar el gasto estatal, el impulso principal de la reducción del déficit descansa en la parte privada (esto es, familias o empresas) de la economía.
Lo preocupante de esta creencia es que, si bien el gobernante observa el efecto directo de la disminución del empleo público, soslaya que en el sector privado deberá disminuir la ocupación. Es decir, se ha preferido al empleo público en vez del privado. El Presidente del Banco Central señaló que, como resultado de la disminución anunciada del déficit, es posible que se dé un descenso en la tasa de crecimiento de la economía y, aunado a que el peso del ajuste estará en la parte privada, ello se reflejará en un descenso en el empleo (o en su tasa de crecimiento) en dicho sector.
A su vez, dos altos funcionarios anunciaron que en los próximos aumentos de salarios mínimos, deberá tomarse en cuenta que en la administración Arias los salarios no crecieron tanto como los precios. Es disputable que se dio tal reducción del salario real, pero, si se lleva a acabo la voluntad gubernamental, posiblemente se traducirá en un aumento en el salario real sin ser sostenido por un aumento en la demanda de trabajo, lo que posiblemente provoque un descenso en el empleo privado. Las políticas salariales anunciadas también perfilan un efecto negativo sobre el empleo en el sector privado.
Por lo expuesto, debe destacarse que resulta contradictorio el pedido gubernamental –parte del paquete de compensación, ante el aumento en los tributos– de que el sector privado aumente en 4.000 sus empleos anuales. Me parece que no existe claridad en la política salarial del gobierno y que, por tanto, difícilmente logre el objetivo que busca.
Es importante, antes que nada, que el Estado defina si prefiere al empleo en el sector público en vez del privado y, luego, que las políticas económicas que piensa seguir sean congruentes con los ofrecimientos públicamente expresados.
1990-06-18-MÉXICO DERRIBA VIEJOS MITOS
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MÉXICO DERRIBA VIEJOS MITOS
La Nación, 18 de junio de 1990.
Paso a paso, en México se han ido derrumbando viejos mitos: cada día sorprende más la inteligencia desplegada por su Presidente Salinas de Gortari, quien, con ritmo seguro, busca modernizar a su país a través de un claro proceso de inserción de su economía al comercio internacional.
¿Quién iba a imaginarse que en aquella nación, en donde campeaba la corrupción para lograr un simple permiso para importar, ahora rija un arancel máximo del 20 por ciento, que al bajar la protección efectiva, otrora disfrutada por el grupo de privilegio, provoca la búsqueda empresarial de la eficiencia, en vez de la renta y del subsidio para poder sobrevivir?
¿Quién iba a imaginarse que en México, en donde las empresas públicas eran feudos para los privilegiados políticos de un cierto momento, ahora serán privatizadas para evitar el saqueo institucional que representaban las pérdidas sistemáticas a que daban lugar?
Salinas de Gortari, hombre educado, pero, más que todo, visionario, se ha dado cuenta de que su país sólo puede progresar mediante la creación de un régimen comercial, que dé lugar al más amplio desarrollo del potencial creador del empresario, en vez de provocar que surjan grupos de privilegio quienes indebidamente usufructúan por la falta de competencia.
Salinas de Gortari, con audacia, que más que impresionante es digna de admirar, decidió derribar otro mito enraizado en el chauvinismo de algunos, que a veces más les servía, no para justificar una actitud ante la historia, sino como un negocio para conservar el poder. El próximo y radical paso en la incorporación de México al mundo es el tratado de libre comercio entre su país y los Estados Unidos. Alejada ha quedado la colcha parchada de remiendos que constituía la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio y, aún más de lado, el proteccionismo a la producción dirigida a su mercado interno.
Salinas ha dispuesto mejorar la condición de los más pobres de su nación; los dueños de la mano de obra, quienes ahora, por la plena participación en el comercio internacional, verán incrementados, con el paso del tiempo pero seguros, sus salarios reales, porque ante las fronteras el libre comercio iguala los precios de los factores productivos.
Ojalá nuestro país imite los buenos pasos de México, pues la lentitud que se observa en nuestro proceso de apertura sólo provocará que nos deje de lado el tren del progreso, especialmente a los más pobres.
1990-06-25-QUÉ ES EL NEOLIBERALISMO
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¿QUÉ ES EL NEOLIBERALISMO?
La Nación, 25 de junio de 1990.
Me llama la atención la frecuencia con que se usa la palabra neoliberal. Algunas veces son estudiantes quienes me solicitan literatura sobre el neoliberalismo; en otras ocasiones son filósofos de fuste nacional, quienes mencionan al “pensamiento neoliberal” y, otras veces, hasta políticos en entredicho dicen ser objeto de la persecución de quienes sostienen ideas neoliberales.
El uso de la palabra “neoliberal” me tiene confundido, puesto que no he encontrado una definición clara del término, por lo cual ruego, por favor, que alguien me lo explique. No sé si por neoliberal se entiende a la crítica que don Eduardo Lizano hace de la banca estatizada, pero entonces sería neoliberal el gobierno priista de Salinas de Gortari, quien recientemente devolvió la banca estatal a la empresa privada.
Similarmente, se ha dicho que es parte del neoliberalismo la idea de privatizar el monopolio del Instituto de Seguros, pero entonces también sería neoliberal el gobierno social-demócrata de Lacalle en Uruguay, quien hace poco deshizo el monopolio estatal de los seguros en su país.
Quedo más confundido cuando me dicen que la privatización forma parte del neoliberalismo, pero, tal creencia implicaría que el gobierno socialista de Bangladesh (además de otros africanos), debía de clasificarse como de ese gremio, al igual que lo sería el de Honduras (así como otros de Centro América), sin dejar de lado a los gobernantes socialistas de la República Francesa y teniendo presente a la Madre Patria, regidas por los socialistas, quienes, en grande, han privatizado la actividad estatal en sus naciones.
¿Dejará de ser neoliberal Miguel Ángel Rodríguez, cuando habla de mantener una red social básica en el país, para asegurar la solidaridad social en caso de extrema penuria? ¿Dejará de ser neoliberal Jorge Corrales, cuando asegura, sin ser propio suyo, que el fin último de la economía es el consumidor y no el productor? ¿Será neoliberal Oscar Arias, cuando hace de la paz un tema fundamental de su pensamiento, cosa que lo acerca más a Irving Babbit, que a John Kennedy?
Es importante que alguien me explique claramente ¿en qué consiste el neoliberalismo? No sólo es necesario para resolver una supuesta crisis de identidad, sino para analizar categorías. Tal vez sería bueno para algunos de los potenciales encasilladores, que ojearan los textos de Smith, Mill, Hume y Locke, entre otros, y así se darían cuenta que, lo que tratan de clasificar, les podría resultar un simple refrito.
1990-07-02-NO AL PRESUPUESTO BALANCEADO
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NO AL PRESUPUESTO BALANCEADO
La Nación, 02 de julio de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 127-128.
Hace poco releí un artículo que escribí en la Nación del 9 de mayo de 1981, titulado El falso espejismo del presupuesto balanceado. Su tesis básica es que balancear el presupuesto no contribuye a solucionar nuestro problema económico, cual es el tamaño relativo del Estado.
Los gobernantes han hecho del balance de su presupuesto una cruzada pública, decisión encomiable pero errónea, pues fundamentalmente recaen en poner más impuestos. En aquel artículo apunté que “las políticas basadas en presupuestos balanceados en realidad permiten cualquier nivel de gasto siempre y cuando existan tributos que los respalden; en verdad lo que deseamos es un límite de crecimiento del Estado y no que éste sustraiga recursos de los individuos para satisfacer sus necesidades”.
El talón de Aquiles del programa de ajuste económico del gobierno, nos los expuso el Ministro de la Reestructuración del Estado, cuando señaló que debemos tener claro “…que el Presidente Calderón optó por la vía de generar ingresos, más que de reducir gastos y que esto es el costo social que el país asume…” (La Nación, 20 de julio de 1990, pág.16-A).
En síntesis, el costo del ajuste no lo va a pagar el culpable del déficit –el Estado– reduciendo sus gastos, sino quienes más bien le dan recursos para que él los gaste. En tanto el sector privado –familias y empresas– estén dispuestas a pagar impuestos, el fisco proseguirá con su gasto. No hay vuelta de hoja, pues, con las mismas ideas de quienes otrora decían despreciar, ahora dejan de lado la oportunidad de reducir el gasto, al tiempo que creen que el ciudadano va a confiar en una difusa promesa, de que el año entrante si practicaran la cirugía necesaria.
La situación del país no admite posponer decisiones, aunque sean difíciles. Con tino, don Ottón Solís, en un artículo reciente en La Nación, ya indicó qué entidades públicas podrán pasar a mejor vida. Pero creo que una sociedad inteligente no debería soslayar el análisis de temas de mayor profundidad: Se han planteado alguien, ¿qué pasaría, por ejemplo, si se cerrara el Ministerio de Agricultura? Es hora de pensar y de decidir, sino estos gobernantes terminarán por caer en la misma olla del intervencionismo social-estatista, en franca decadencia y, espero, en vías de extinción.
1990-07-06-TOTEMISMO DE LOS PRECIOS
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TOTEMISMO DE LOS PRECIOS
La Nación, 06 de julio de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 169-170.
Producto del debate sucedido en años anteriores, creí que las autoridades de gobierno, encargadas de poner en práctica o de legitimizar ante el público políticas de precios de garantía, habían entendido el problema.
Sin embargo, por comentarios periodísticos recientes, veo que no se ha comprendido la naturaleza totémica de la creencia de que constituye una mejora del bienestar nacional, que un organismo, el Consejo Nacional de Producción, garantice precios mínimos o de sustentación a los granos.
Los socialistas intervencionistas de siempre alegan que, con dicha política, se ordena al mercado, el cual presuntamente no refleja por medio de los precios cuál es el valor de las cosas y que ante su falla es necesario que participe la mano visible del Estado.
Los liberales han considerado que una decisión de fijar precios de garantía, provoca un desvío inapropiado de recursos productivos, estimulando entre otras cosas nocivas, la producción de bienes que no necesariamente, según se refleja en el precio, el mercado desea que surjan.
La decisión del gobierno de elevar el precio de sustentación de los granos básicos en la compra a los productores que efectúa el CNP, es otro capítulo en la mitología de los precios agrícolas: resulta que, según alegan los intervencionistas de turno, el anterior precio de sustentación debía aumentar dado que los precios internos son menores que los internacionales, a fin de asegurar la producción doméstica requerida.
Pero la ignorancia estatizante abunda: en primer lugar, si fuera cierto que los precios mundiales son superiores a los internos, pues, entonces, que se deje al mercado reflejar ese diferencial que, supuestamente, sería suficiente para asegurar el aumento deseado en la producción doméstica.
En segundo lugar, el deseo de manipular es evidente: si fuera verdad que los precios mundiales son superiores a los internos entonces que se deje en libertad de importar a los costarricenses, porque, con lo dicho, nadie traería algo más caro del exterior, cuando, todo lo demás igual, lo puede conseguir más barato en el país.
Si se cree en el mercado económico pues que lo dejan funcionar, aunque en el mercado político hagan lo contrario, pero no podemos acostumbrarnos a la inconsecuencia, en especial cuando los costos de las malas políticas recaen sobre los demás y fundamentalmente sobre los más pobres.
1990-07-11-VIVA LA OPOSICIÓN
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VIVA LA OPOSICIÓN
La Nación, 11 de julio de 1990.
Recientes expresiones de ciertos dirigentes y economistas ligados al Partido Liberación Nacional, acerca del actual déficit fiscal y las propuestas para su financiamiento, ciertamente mueven a risa de quienes recordamos sus actitudes de hace unos cuantos años: cuando eran gobierno.
Similar impresión causan las frescas manifestaciones de algunos funcionarios de gobierno, quienes hasta poco opositores a Liberación Nacional, acuden ahora, con los mismos argumentos de ellos, para justificar gravar al país con más impuestos y la mayor variedad de cargas sobre personas y familias y empresas.
¿Por qué será que quienes antes estaban en el poder, en donde gastaban fondos públicos sin ton ni son, sean los que ahora abogan porque dicho gasto será objeto de una severa reducción, como alternativa a mayores impuestos para sanear el déficit fiscal? ¿Por qué será que quienes antes creían que la única forma de limitar al Leviatán en su afán de gasto, era no dándole más recursos y ahora, por el contrario, quieren pintarnos una inevitable debacle para convencernos de apoyar sus nuevas alcabalas?
No deseo pensar que, en verdad, no se tienen los principios que se dicen tener, sino que, más bien, es sólo una expresión de conducta ante el poder. Quienes están en la oposición, en tanto lo sean y mientras no lleguen a ser gobierno, quieren que los que ostenten el poder no tengan dinero para gastarlo en sus preferencias personales. Por ello se oponen a cualquier forma de allegar recursos al físico y se rasgan las vestiduras ante cualquier insinuación de los gobernantes de turno de elevar los impuestos.
Quienes gobiernan, por su parte, desean hacer obra, hacer algo para no pasar a la historia como conservadores inmovilistas, quienes nunca gastaron algún recurso público a favor de alguien. Consideran que si hacen labor se mantendrán en el poder, pero ello implica gasto y cuando no alcanza la plata, exige mayores recaudaciones.
Lamentablemente, los fondos tienen que salir de alguien y eso les va a costar votos. Entristece el dilema que enfrenta el polìtico en el poder: estoy seguro que desea que las recaudaciones no tengan costo; algo así como existiera una inagotable fuente de ayuda desde el extranjero –allá los problemas de los políticos de esos lares, frente a quienes tributan en sus naciones.
Tal vez, lo mejor que nos podría suceder es no tener gobierno y que todos los políticos sean de la oposición: así estaríamos más tranquilos, al darnos cuenta de que pensarán dos veces antes de excitar un mayor gasto público: en la oposición, ellos pagan impuestos netos.
1990-07-23-POSIBLE AUMENTO EN EL DESEMPLEO
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POSIBLE AUMENTO EN EL DESEMPLEO
La Nación, 23 de julio de 1990.
La reciente decisión del Consejo Nacional de Salarios de aumentar los mínimos en un promedio del casi el 13.5 porciento, posiblemente tendrá un efecto negativo sobre el nivel y la composición del empleo en nuestra economía.
No se sabe de dónde actual gobierno sacó la idea de que en los ocho años anteriores se había dado un descenso en el salario real, de manera tal que, además de compensar la inflación, se deberían ajustar los salarios mínimos, tomando ambos factores en cuenta.
Según el economista Ronulfo Jiménez, estudioso de estos temas, el salario real mensual promedio de un trabajador típico, cotizante del régimen de enfermedad y maternidad de la Caja del Seguro Social, aumentó de ¢1.240 en 1982, a ¢1.612 en 1985, ¢1.706 en 1987, ¢1.669 en 1988 hasta ¢1.741 en 1989, lo cual indica que la apreciación del Ministerio de Trabajo, parece estar fuera de tiesto.
Si a la errada política salarial, motivada por la primacía de sectores populistas en el gobierno, se aúna su decisión de cerrar el déficit fiscal principalmente con impuestos y cargas sobre la economía privada, en tanto que sólo un 30 por ciento de la reducción de ese déficit se pretende lograr ̶ queda por verlo ̶ por rebajas en el gasto estatal, es algo fácil pensar lo que podrá suceder con el nivel y la composición del empleo en nuestra economía.
Es posible que aumente la desocupación abierta, tal vez hasta a un 5 o un 5.5 por ciento o más en este año y mediados del entrante, cuyo incremento se presentará básicamente en el sector privado de la economía.
La puesta en práctica de concepciones populistas en un gobierno nos exige tener claridad sobre el origen de los problemas: mientras que el Estada prosiga políticas de salarios mínimos, que no guardan ligamen con el crecimiento de la demanda de mano de obra y en tanto se restrinja más al gasto privado, que al público, se creará desempleo y básicamente en el sector privado. Pero este resultado deberá adjudicarse a los responsables de su origen: aquellos en el gobierno quienes creen que se puede hacer chocolate sin cacao; quienes consideran que las cosas son gratuitas; quienes piensan que gastando más y más los recursos escasos de los costarricenses, se logra la justicia social. ¿Qué pensarán del populismo quienes, por su causa, ahora quedarán desocupados?
1990-07-26-EL DIPUTADO 58
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EL DIPUTADO 58
La Nación, 26 de julio de 1990.
Señores diputados:
En momentos en que estamos a punto de legislar nuevos y mayores impuestos sobre los demás costarricenses, creo que debemos referirmos a algo que sin duda tortura las conciencias de nosotros los diputados honestos, quienes pretendemos ser congruentes con los principios que nos movieron a postularnos, en su momento, como candidatos a la diputación que a la larga obtuvimos.
Me refiero a la exoneración en la compra de vehículos que diputados del pasado aprobaron y que ahora nos llega de carambola. Según una reciente estimación, la exoneración de impuestos de importación a los vehículos de los diputados le costó al país un monto aproximado de 300 a 400 millones de colones. Vemos ahora a muchos de quienes nos precedieron, montados en carros que no riman con el sacrificio que le pedimos al pueblo, al aprobar nosotros más cargas contra su patrimonio y sus ingresos futuros
Me imagino que debemos sentirnos muy angustiados, al imponer esos nuevos gravámenes, principalmente cuando la plata se gasta en sostener una frondosa burocracia, la que siempre hemos criticado desde la oposición, pero que mucho nos gusta al estar en el gobierno. El peso sobre nuestra conciencia es bastante grande, aunque alguien podría preguntarnos si en verdad la tenemos, cuando ponemos más tributos sobre el pueblo, pero nos exoneramos del pago de impuestos al importar vehículos lujosos.
Por ello, amparado a mi condición de diputado 58, en esta oportunidad vengo a proponerles que consideremos a quienes nos eligieron y que seamos partícipes del sacrificio que les pedimos que hagan: para que nuestras conciencias estén tranquilas, para que podamos mirar sin rubor a los ojos de los ciudadanos a quienes ponemos a tributar más, propongo derogar la ley que nos permite tan obscena gollería y que, en su lugar, disfrutemos de un más humilde carro popular, para el buen desempeño de nuestra labor.
Con ello estoy seguro de que el ciudadano, a punto de ser acogotado con más impuestos, respetará nuestra investidura, la cual nunca fue buscada para obtener el privilegio de un vehículo de lujo, sino para servir a nuestro país. Muchas gracias, señores diputados, por acoger por unanimidad tan franco proyecto de ley.
Jorge Corrales Quesada
1990-08-07-SOBRE LETRAS DEL TESORO
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SOBRE LETRAS DEL TESORO
La Nación, 07 de agosto de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 39-40.
Parece que no se ha interpretado en su verdadero sentido, el significado del reciente anuncio de que el Banco Central había emitido ¢1.500 millones en letras del tesoro, a fin de brindar recursos al Estado, en apariencia para financiar el pago de los salarios a los empleados públicos.
Que dicha medida haya sido reconocida públicamente por las principales autoridades económicas del gobierno, y que ello sea objeto de su preocupación, no elimina las consecuencias que posiblemente se presentarán en la conducción de la cosa pública. Tal práctica anticipa un incremento en la inflación en el país, puesto que la emisión de letras del tesoro constituye un cheque en blanco, aunque por un cierto plazo, por el cual el Estado dispone de recursos de emisión, lo que, tarde o temprano, se reflejará en un aumento generalizado de los precios.
Pero más indicativo de este anuncio –de una práctica preocupante para los mismos quienes lo formularon– es que anticipa lo que podrá ser la norma en la conducción de la política económica del Banco Central: una vez más éste no pasa de ser una simple dependencia del Poder Ejecutivo, el cual conoce así que sus autoridades no serán celosos guardianes de la estabilidad monetaria, sino confiables proveedores ante sus necesidades de gasto. Con esta decisión del Banco Central, la Asamblea Legislativa sabe que no apremia la aprobación del paquete tributario, puesto que el Banco Central estará dispuesto, aunque a regañadientes, a satisfacer las necesidades del Gobierno.
En los escritos testamentarios del anterior presidente ejecutivo del Banco Central, Eduardo Lizano, se señala la importancia que, para la buena conducción de la política monetaria, tiene un Banco Central independiente del Poder Ejecutivo, precisamente por la presión de éste, para que aquél le brinde recursos de emisión en tiempos de apuro, que lamentablemente no sólo parecen ser permanentes, sino que, también tarde o temprano, conducen a inflación. Por ello, nadar contra corriente es una norma esperada en un Banco Central moderno, difícil para una entidad cuyo pecado capital es la dependencia umbilical en el resultado de un torneo electoral.
Cabe esperar que en las nuevas conversaciones que las autoridades del Banco Central tendrán con los funcionarios del Fondo Monetario, éste les recuerde el desaguisado que están cometiendo, lo cual sí ciertamente les va a preocupar, si es que desean que ese organismo tenga credibilidad en su independencia en la conducción monetaria, tal que entonces se pueda prever una cierta estabilidad en los precios y en la economía, en general.
1990-08-18-UNA PROPUESTA IMPORTANTE
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UNA PROPUESTA IMPORTANTE
La Nación, 18 de agosto de 1990. Reproducido en Jorge Corrales Quesada, “Al Bienestar por el Liberalismo”, 1994, p. p. 125-126.
El diputado Miguel Ángel Rodríguez recientemente presentó ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, reformas a la legislación vigente sobre el gasto público y la tributación, que merecen ser atendidas por tratarse del primer intento formal de introducir límites al Estado costarricense, que podrían evitar los dañinos resultados que hoy se sufren por su tamaño desproporcionado al de nuestra economía.
Las propuestas de don Miguel Ángel, si bien son una alternativa interesante al paquete fiscalista recientemente presentado por el Gobierno, forman parte de una concepción reformista más amplia y que se han denominado los Derechos y Garantías Económicas.
Las reformas sugeridas por don Miguel Ángel se orientan a limitar a un máximo el gasto total, así como el corriente que puede efectuar el Estado, el cual se deberá adecuar al crecimiento de la economía, de forma tal que vaya disminuyendo relativamente su tamaño. Asimismo, introduce la obligación de presupuestar todos los gastos gubernamentales, acabando con la creciente y malsana práctica de gastar fuera de los presupuestos. También, limita al fisco en cuanto a que sus gastos corrientes serán financiados sólo con ingresos ordinarios y no con recursos de capital.
En lo que trata del gravísimo problema del elevado endeudamiento del gobierno central, el diputado Rodríguez restringe su crecimiento para que no se prosiga enajenando a las actuales y futuras generaciones, al igual que frena su acceso al crédito del Sistema Bancario Nacional, al cual, en muchas ocasiones, ha acudido el gobierno en detrimento de la disponibilidad de recursos para las actividades productivas privadas. Además, el proyecto incorpora una restricción en el número de plazas en el Estado, para frenar la galopante burocracia que cada día, junto con el servicio de la deuda, se come más y más de los recursos del erario.
La propuesta de don Miguel Ángel permite conjugar las necesidades fiscales y vigentes y podría hacer aceptable, pero temporalmente, los incrementos de fondos tributarios actualmente requeridos, en tanto dan fruto sus ideas sobre el gasto estatal, como él lo propone. Al poner un límite al irresponsable recurso politiquero de gravar más impuestos para dilapidarlos después, facilita la posibilidad de progreso al país y salva a quienes menos tienen, que parece ser lo que exige la mayoría de los costarricenses.