SOCAVANDO ALGUNAS PARTES DE LA REFORMA FISCAL

SOCAVANDO ALGUNAS PARTES DE LA REFORMA FISCAL
Por Jorge Corrales Quesada

Ciertamente que es poca, o que está lejos de lo requerido, la reducción o limitación o intento de frenar el crecimiento del gasto gubernamental, contenido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas aprobada el pasado diciembre.

A pesar de lo anterior, ya han surgido entidades gubernamentales, concretamente, las universidades estatales, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Poder Judicial y la Junta de Protección Social, que claramente se oponen, de una u otra forma, a la variación de pluses salariales que reformó la citada Ley.

Mis fuentes de información son sendos artículos de La Nación, uno de ellos del 25 de marzo, titulado “Gobierno firme ante entidades fiscales que se resisten a reforma fiscal,” y el otro, del 28 de marzo, “Zapote obliga a Caja y a JPS a aplicar la ley fiscal.”

Concretamente, en el caso de las anualidades, se apela porque pasaron de ser un monto fijo, a un aumento del 1.94% los profesionales y de 2.54% los no profesionales. Recuerden que antes las anualidades variaban en un porcentaje de los salarios más los pluses, definidos por los diversos entes y bien por convenciones colectivas. También, se objeta que se incorpore una calificación por el desempeño de los empleados, en donde las anualidades las recibirían sólo los calificados como buenos o excelentes.

Así, en el caso de las anualidades, las universidades públicas (UCR, UNA, TEC, UNED y la Técnica Nacional), arguyen que las universidades deben estar exentas, pues no se les debe considerar como órganos o instituciones públicas, sino que son “independientes o autónomas” constitucionalmente.

En el de la CCSS, la administración llegó a un acuerdo con los sindicatos que deja “en suspenso la aplicación de los nuevos porcentajes de anualidades.” Antes se pagaba hasta un 5.5% de anualidad. Además, alega que se dificulta cumplir el pago mensual de los salarios, con un adelanto quincenal, y piden que se mantenga el pago semanal.

El Poder Judicial, en sesión de Corte Plena, “decidió -por mayoría- mantener los beneficios salariales” para los anteriores empleados, pero los nuevos “tendrán que adaptarse a las nuevas disposiciones.” Esto incluye a las anualidades de privilegio.

La JPS “acordó mantener el porcentaje de anualidades de un 6%, así como el pago de quinquenios, que es un plus de hasta el 12% del salario que se gira a cada funcionario cada vez que cumple” 5 años de trabajar allí y llevará su impugnación ante la Procuraduría General de la República.

Similarmente, se disputa la fijación de la cesantía por 8 años, excepto si hay una convención colectiva o algo similar para trabajadores antiguos, que alternativamente sería de hasta 12 años.

Además de las universidades, que insisten en que ellos quedan por fuera de esta Ley pues son autónomas o independientes, en cuanto a lo administrativo, en lo referente a la cesantía, la CCSS ya está operando con una de un tope de 8 años para empleados nuevos, pero, para los viejos de trabajar allí, se conserva lo actual de 12 años, aunque no hay convención colectiva que permita ese tope a la cesantía, requisito necesario para conservarlo.

Usualmente los jerarcas salen resaltando la importancia de sus entidades (por ejemplo, el CONARE de las universidades públicas) y predica la necesidad de tener salarios elevados y una serie de pluses, pero eso lo repiten como loros otros jerarcas. Lo cierto es que toda esa “importancia” se le carga a la ciudadanía con impuestos, factor que a los jerarcas no les parece importante de tomar en cuenta cuando claman por “exclusividad.”

No dudo que los superiores de esos entes que apelan por mantener sus privilegios, se han de sentir muy satisfechos por el aumento de impuestos a los ciudadanos, contenidos en la Ley antes citada. Les debe encantar que llegue más plata al erario, para que les sea luego traspasada para que ellos la gasten, entre otras cosas, en salarios elevados y pluses indebidos. Les encanta ser mantenidos por contribuyentes obligados.

Ante esto, el gobierno debe mantenerse firme, no llegar a acuerdos bajo la mesa con esos grupos de presión y ser consciente de que es indispensable que haya mayores recortes que los pocos citados en el gasto gubernamental. Eso sí, me temo que pronto surgirán entes gubernamentales que alegarán, de una u otra forma, que se les excluya del alcance de aquella y, así, seguir conservando sus pluses de privilegio.

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 24 de abril del 2019.