ANUALIDADES DE PRIVILEGIOS

ANUALIDADES DE PRIVILEGIOS

Por Jorge Corrales Quesada

El tema de las anualidades en el sector público se las trae. Ello lo muestra un artículo de La Nación del 14 de mayo con este encabezado: “11 entidades reparten ₡120.000 millones en anualidades intocables: 26.800 funcionarios obtienen, en promedio, hasta ₡4.5 millones anuales por este incentivo.”

Las cosas en el sector público están así: en tanto que en el gobierno central las anualidades equivalen entre un 1.94% y 2.56% del salario base, en otras instituciones públicas las anualidades son superiores a las del gobierno central, llegando hasta un 10% del salario base. Este plus salarial está en función de los años laborados. Las instituciones pagan más o menos entre 4 y 5 veces lo que paga el gobierno central por anualidades.

Según el artículo en mención y resultado de una revisión en 11 instituciones públicas, se paga más anualidades en las siguientes instituciones que en el gobierno central: RECOPE, Consejo Nacional de Producción (todavía existe), Compañía Nacional de Fuerza y Luz, INS, bomberos, Junta de Protección Social, Banco Nacional, Banco Popular, UCR, UNA y el Tec. Cabe destacar que, por ejemplo, la Junta de Protección Social paga una anualidad del 6%, en donde cada 5 años a los empleados se les duplica tal porcentaje. Asimismo, en el INS el privilegio oscila entre un 3% y un 10% -e igual en los bomberos. A su vez, en el Banco Nacional la anualidad es de un 3% y se duplica cada 10 años, por un máximo de tres veces.

En este año dichas 11 entidades pagarían ₡120.000 millones a sus 26.800 funcionarios, lo cual da un promedio anual de alrededor de ₡4.5 millones. Pero, de esas entidades, algunas reciben sumas muy superiores. Por ejemplo, vean las 5 instituciones que más pagan: la Junta de Protección Social (¡están muy “protegidos” por las loterías que supuestamente son para ayudar a los desvalidos!), el INS, la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, RECOPE y la UNA, pagan, entre sus aproximadamente 9.500 empleados, anualmente en promedio, entre ₡5 y ₡10 millones. Según indica el medio, ellos reciben por mes por el privilegio de las anualidades “de ₡392.000 a ₡760.000, más de lo que gana, en promedio, un empleado del sector privado: ₡385.000, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)”.
Atinadamente el artículo señala que “el problema (uno de ellos, diría yo) de las anualidades” es “que conforme más tiempo pasa y más beneficios acumulan los funcionarios, más costoso se torna para el Estado.”

Por el contrario, me parece que es errado lo que señala el medio de que esos beneficios provenientes de convenciones colectivas “no pueden ser tocados porque... tienen rango de ley”. Si en verdad se quisiera entrarle al tema como parte de una obligada reducción de un gasto público exagerado, se puede definir legalmente que se conservan legalmente los pagos ya obtenidos por esos privilegios y, de ahí en adelante, desaparecen los incrementos anuales siguientes. Con ello el problema de la acumulación arriba citada deja de tener su efecto nefasto y, además, no se afectan supuestos “derechos adquiridos” hasta el momento de la reforma apropiada a la ley.

La idea de renegociar convención tras convención de cada entidad estatal simplemente requerirá de un tiempo valioso que se desperdicia: probablemente las presiones se acumularán para mantener el estatus quo privilegiado. El problema es que, mientras tanto, a fin de llenar el hueco fiscal el político posiblemente tomará el camino fácil de imponer un montón de gravámenes (o el gobierno se endeudará, lo que significará impuestos a futuras generaciones para pagar esa deuda). Por tal razón es crucial insistir en que no se aprueben más impuestos antes de que, en serio, concreta y efectivamente, se le entre a problemas de exceso de gasto gubernamental como los descritos.

De paso, el comentario periodístico indica que hay “instituciones que no están bajo el régimen de convenciones colectivas (¡las saladas!)” que “también pagan más de anualidades por encima del promedio.” Y se menciona al ICT, la UNED, la Asamblea Legislativa (ya está: ¿actuarán ante sus propios privilegios?), la Universidad Técnica Nacional, la Caja y el INFOCOOP. Y, nada más un dato adicional: la UCR -me imagino que con el enorme aporte de los ciudadanos al Fondo Especial para la Educación Superior (FEES)- pagará este año por anualidades a sus 9.500 empleados un promedio de ₡2.3 millones.

Evidentemente es posible que la mayoría de estos pagos adicionales al salario base no son “derechos,” pues no los disfrutan como tales todas las personas, como sí es el caso de los verdaderos derechos. Aquí estamos en presencia de “privilegios,” pues, si bien son pagados con fondos públicos a los que todos los ciudadanos aportamos con impuestos, únicamente van para el beneficio de diversos grupos concretos que específicamente los reciben en exclusiva.

Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 8 de junio del 2018.