1974-07-24- EL ESPECULADOR EN LA PICOTA
EL ESPECULADOR DE LA PICOTA
La Nación, 24 de julio de 1974.
Gracias a Dios, al fin y al cabo se le ocurrió a nuestro bondadoso gobierno tomar cartas en el asunto: la especulación está llegando a niveles insuperables. Se imagina tener que pagar ¢1,50 por una Coca Cola o ¢7,00 por entrar al cine a ver una película mejicana. Gracias a la ley de protección al consumidor ahora se le acabará el negocito a los tagarotes, que lo único que tienen en mente es amasar más y más billetes a costa de las pobres amas de casa, de los trabajadores y, en general, de todos los grupos desvalidos de Costa Rica.
Después de todo, ¿qué es lo que hace el especulador? Compra barato para vender luego más caro. Compra frijoles a peso en los Chiles y después los vende en San José ¢3,50 y eso con suerte de que no tengamos que pagar ¢4,00; o bien compra naranjas en marzo en Villa Colón en plena cosecha, las almacenan, las someten a refrigeración y luego, para que compitan con las uvas y manzanas decembrinas, nos las venden ¢0,50.
Pero, eso se va a acabar. Se arreglará el problema de la inflación. Vamos a fijar el precio de los frijoles en ¢0,50, como el de aquellos tiempos y las naranjas costarán un cinco, como solíamos pagarlas antes de que los especuladores causaran esta inflación.
Suena bien a los oídos de los costarricenses este asunto de fijar los precios. ¿Qué les parece si también congelamos el precio del Neutrodor, en ¢2,50?, así tendremos menos olorosos en los camiones de mediodía.
Me puse muy contento al leer el artículo primero a la Ley de Protección al Consumidor, que propone el Gobierno “Es atribución del Ministerio de Economía, Industria y Comercio fijar precios oficiales a los bienes y servicios necesarios para la producción y el consumo nacional, así como procurar un adecuado abastecimiento”. Me parece que la intención es muy buena, aún cuando exija un esfuerzo enorme de la burocracia estatal el tener que determinar los precios oficiales de los automóviles, de las casas, de los perfumes, de las lámparas, del arroz, de los chumicos; en fin, de cuanto chunche se utilice en la producción y consumo nacional. Tal vez ello requiera que 1.846.200 costarricenses, según estimación preliminar del censo de 1973, tengan que dedicarse a ver cuál debe ser el precio del chayote, según sea blanco o verde, tierno o sazón, con pepa o sin ella, según venga de Alajuela o de La Línea. Nada importa, al fin y al cabo están protegiendo al consumidor. Ahora hablemos en serio. En realidad, lo absurdo de la ley de protección al consumidor exige analizar claramente cuál es la raíz del problema.
En primer lugar, no es congelando los precios como se resuelve el problema de la inflación. En tanto el Estado no tome medidas restrictivas de la cantidad de dinero en la economía, así como del gasto público, la inflación no cederá. Al contrario, con esta medida lo que va a ocasionarnos es la escasez de los productos esenciales en la economía. Lo que el Estado debería de hacer es promover la producción nacional: si el problema es el de precios elevados, aumentando la producción logrará, por lo menos, aminorar el alza de los precios. Creo que la fijación de precios lo que va a obtener es un aumento en la escasez de los productos, lo cual muy posiblemente ocasione que surjan mercados negros, contrabandos, colas para adquirir productos, tarjetas de racionamiento, envidias de los vecinos que pueden delatar a una persona por venganza, sabotaje y espionaje industrial que lesionan la competencia y, sobre todo, la omnipotencia del Estado determinado quiénes son los favorecidos con sus políticas.
Es más, ¿qué garantiza al productor o consumidor que los precios que fije el Estado nos son arbitrarios? ¿Quién garantiza al ciudadano que, por razones políticas, ideológicas, o lo que fuere, no habrá persecución por medio de la fijación de precios, que ocasionen pérdidas en los negocios de los opositores o no simpatizantes del Gobierno? Debe el pueblo costarricense meditar sobre las implicaciones que tiene para la libertad individual el que un burócrata pueda decidir el destino de su empresa. Si lo que se desea es que el Estado, con su sabiduría omnipotente, determine los precios sustituyendo a la infinidad de productores y consumidores que actúan a través del mercado, entonces, los costarricenses debemos estar dispuestos a ceder nuestra autonomía individual.
El artículo primero de la ley, cuyo texto cité anteriormente, no sólo permite fijar los precios de los productos: si se lee cuidadosamente se podrá observar que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene la atribución de fijar precios a los servicios. Entonces, perfectamente el día de mañana el burócrata en turno puede determinar la congelación de los salarios, si así le place. Es de esperar que todo productor desee que los precios de los artículos y servicios que compra para ser usados en la manufactura de su producto, sean congelados, pero, al mismo tiempo, desea que su producto no sufra la fijación de su precio. También es de esperar que a los consumidores les agrade que se fije un precio máximo a los productos que compran, pero no al trabajo o al producto que venden. El juego es muy peligroso, porque la presión política se convierte en determinante acerca de qué artículos o servicios deben tener precios máximos o el nivel de esos precios.
Para terminar, la existencia de cuerpos de vigilancia de precios es el preámbulo de la chilenización en Costa Rica. No permitamos, como hombres libres que formamos el pueblo costarricense, que la demagogia barata se refleje en sueños de opio como en la propuesta ley de protección al consumidor. Combatamos los monopolios, luchemos porque en nuestro país se vuelva a la disciplina financiera y monetaria, disminuyamos la protección arancelaria excesiva, pero no nos hagamos ilusiones de que con el congelamiento de precios se resuelve el problema de la inflación. Al contrario, se presentará el hambre, la corrupción proliferará y disminuirá la libertad fundamental en la vida de cada uno de los costarricenses.
