Pensiones y sueldos en el Poder Judicial
PENSIONES Y SALARIOS EN LA CORTE
Por Jorge Corrales Quesada
Honestamente creo que ha sido muy oportuna la llamada de atención que se ha dado públicamente acerca de los problemas que a mediano plazo puede presentar el sistema de pensiones del Sistema Judicial. Lo peor que podría suceder es que la demanda de recursos por pensiones presuntamente muy elevadas provoque la descapitalización de su fondo. Es por ello que aparenta ser paradójico que lo conveniente sea que muchos magistrados (quienes naturalmente serán quienes reciban las mayores pensiones) no se pensionen ya, aun cuando tengan derecho a ello, pues de hacerlo casi que señalarían la descapitalización actuarial del fondo a un plazo relativamente corto.
No sólo por las serias limitaciones actuales de recursos públicos, sino por principios elementales, debe evitarse a toda costa que una eventual insuficiencia de recursos en el fondo de pensiones de los empleados del Poder Judicial, deba ser sufragada por la totalidad de los costarricenses; esto es, mediante presupuestos públicos. El asunto debe ser resuelto a lo interno del Poder Judicial, por los empleados beneficiarios del fondo, sin que de ninguna manera sea el resto de la sociedad el que tenga que sufragar pensiones excesivas. Además, enfrentar el problema con las medidas adecuadas debe ser llevado a cabo con presteza.
Me permito sugerir, como primera medida, que se practique un congelamiento de los salarios en el corto plazo a los empleados del Poder Judicial, de manera tal que no sigan creciendo los montos mayores de pensión, dado que están amarradas a los doce mayores últimos sueldos. Si estos siguen aumentando, seguirán creciendo las pensiones.
Este congelamiento de salarios tiene también un efecto positivo indirecto ante el exceso de gasto gubernamental sobre los impuestos (esto es, sobre el déficit público), pues su aumento tiene una incidencia real sobre otros sueldos importantes del sector público. Así lo señalé en el Boletín de ANFE de mayo del 2010, en la Columna Libre: Los Salarios de los Diputados, escrita bajo mi seudónimo Carlos Federico Smith. En ese entonces expresé que los Magistrados se habían aumentado sus sueldos muy por encima del resto de los salarios de miembros de los otros poderes, así como porcentualmente muy por encima de la inflación nacional. No estoy hablando de merecimientos, sino de hechos sucedidos. Pero también señalé que “el sueldo de los contralores suele seguir muy de cerca a los incrementos de los sueldos de los magistrados (hay una larga tradición de ello, tanto en salarios como en otras remuneraciones en especie). Este aumento del sueldo de los contralores es, a la vez, muy apreciado (y objeto de rogativas a los dioses para que se dé) por miembros de otras instituciones gubernamentales, como por los integrantes de las juntas directivas de los bancos del estado, gerentes de instituciones descentralizadas y otros similares, pues sus remuneraciones están en alguna proporción definidos por los salarios de los contralores. A su vez, sus incrementos disparan otras peticiones de ajuste salarial en los otros rangos de la administración estatal”.
Otro ejemplo de la incidencia que tienen los aumentos de salarios en el Poder Judicial sobre otras erogaciones distintas -en este caso, en el pago de multas de infractores de normas de tránsito- es la decisión tomada recientemente por las autoridades de tránsito, con base en la ley así promulgada, de aumentarlas este año en un 16% con respecto a las del año previo, pues tal fue el aumento porcentual en el salario mínimo de un empleado administrativo del Poder Judicial. O sea, la inflación en este año no excedió del 5%, pero el sueldo de ese empleado de la Corte aumentó en un 16% y este fue el aumento aplicado a las multas para este período. Esta indexación o indización evidentemente está sesgada. No extrañen que, en el futuro, si la gente está muy caliente con los aumentos así practicados a las multas, la medida salarial que se tomará puede ser la de congelar el sueldo de esa categoría de funcionario del Poder Judicial. A todo este tipo de abusos es que conducen estas malas decisiones políticas.
Que sirva este comentario para reiterar que el atropello cometido en el pasado, mediante el cual la mitad de los intereses que devengaban las fianzas depositados en el Poder Judicial por los clientes para cubrir eventuales costas, iban a engrosar el fondo de pensiones del Poder Judicial, fue terminado mediante un fallo de la Sala Constitucional en 1999. Este fue un gran paso para lograr que dicho fondo de pensiones obtuviera sus recursos mediante los aportes de los trabajadores judiciales. En la misma vena, serán ellos quienes en todo momento deberán asegurarse de que el fondo tenga los recursos suficientes para hacer frente a las pensiones de ese Poder, sin que haya financiamiento alguno de parte distinta, como sería el caso de que fuera el Estado costarricense el que se los supla.
Escrito el 28 de enero del 2012.
PENSIONES Y SUELDOS EN LA CORTE-POST SCRIPTUM
Por Jorge Corrales Quesada
Poco después de haber escrito mi comentario acerca de las pensiones y sueldos devengados en el Poder Judicial, en La Nación del martes 7 apareció una información la cual señala que la Corte aumentó el pago de la cesantía de sus empleados de 8 a 12 años y, para agravar las cosas, sin tener siquiera aprobados los presupuestos de los aproximadamente ¢500 millones de fondos, que se requieren tan sólo en este año para su pago.
Esta situación expuesta se resume en el decir “agregar insulto a la injuria” o, en tico, “agregar sal a la herida’. No contentos con un gasto dispendioso en salarios que ha plagado recientemente a las cortes, ahora deciden, a diferencia de la mayoría de los trabajadores del país, acogerse al privilegio, como apropiadamente lo llamó el Ministro de Hacienda, Fernando Herrrero, de aumentar en un 50% sus pagos por cesantía, en contraste y por encima del resto de los obreros y trabajadores del país.
El Poder Judicial lo hace a contrapelo de lo que han venido haciendo recientemente algunas otras entidades del Estado costarricense, cual es reducir el privilegio de disponer de una cesantía por más años, de la vigente usual de sólo ocho años para la mayoría de los trabajadores costarricenses. En mucho la crisis fiscal ha estimulado la eliminación de este privilegio, por lo que sorprende ver que ahora el Poder Judicial actúa en contrario, como si en nuestro país primara la bonanza, en vez del déficit en el Estado. Recuerde el lector que esos fondos tendremos que pagarlos todos nosotros de una u otra forma. No es algo que salga del bolsillo de los propios beneficiarios, los empleados de ese Poder.
Desde hace tiempo el Poder Judicial gasta y gasta con relativamente poca limitación, en lo particular en la parte salarial. No parece haberse dado cuenta de que la ciudadanía está frita con tal dispendio y que, si los ciudadanos pudieran, tal vez mediante el voto directo, desde hace ya bastante rato que tal vez no los hubiera relegido. No es justo que el resto de mortales estemos en vilo ante el posible pago de mayores impuestos, si los magistrados, casi sin limitación alguna, se recetan esos aumentos, simplemente porque les parecen.
Esta situación podría generar una repulsa popular (no digo envidia), porque mientras algunos más iguales sí estamos sujetos a los aumentos limitados en nuestros salarios y pensiones, acordes con la situación económica actual del país, los señores del Poder Judicial simplemente parecen estar por encima del bien y del mal y, por tanto, se recetan el privilegio que se les pueda ocurrir, a diferencia y por arriba de todos aquellos quienes no controlan directamente los presupuestos. Es hora de que efectivamente se introduzca la frugalidad, la moderación, la mesura, en los gastos del Poder Judicial. Para ello es indispensable que la Asamblea Legislativa cumpla a cabalidad y rigurosidad con el control constitucional que posee sobre los presupuestos del Poder Judicial. Su comportamiento sin freno ni contrapesos va en contra de la idea fundamental de que haya un Estado sujeto a límites. Porque el Poder Judicial no parece querer limitarse a sí mismo.
Escrito el 08 de febrero del 2012.
