Ley de Tránsito

DEBEMOS TENER UNA LEY DE TRÁNSITO APROPIADA

Por Jorge Corrales Quesada

Entre diciembre del 2008 y enero del 2009 escribí en el diario La Extra, bajo mi seudónimo Carlos Federico Smith, seis comentarios en torno a la nueva ley de tránsito y en ellos dejaba ver mi preocupación, entre otras cosas, por lo exageradas que eran algunas de las medidas propuestas, impresión que con el paso del tiempo la Sala Constitucional ha venido a dar la razón.

Hoy día lo cierto es que, gracias a las decisiones pertinentes de dicha Sala, al menos disponemos de “una” ley de tránsito vigente, pues en verdad la previamente aprobada por los diputados era abusiva en contra de los intereses básicos de la ciudadanía y en buena hora la Sala Constitucional se la ido trayendo abajo de forma gradual y restituyendo la ley anterior. Me parece que quienes critican la decisión de la Sala, tratando de culparla de toda una serie de accidentes relacionados con el tránsito por la supuesta “ausencia” de dicha ley, en realidad no saben de lo que hablan y más bien parece que esas críticas se deben a factores políticos que buscan defender una Asamblea Legislativa que, en su momento, no supo hacer bien las cosas.

Lo que se requiere actualmente es que la Asamblea Legislativa se dedique a redefinir adecuadamente la nueva Ley de Tránsito, de manera que incorpore las recomendaciones apropiadas sugeridas por la Sala Cuarta, que reflejan la vigencia de nuestros principios constitucionales de defensa del ciudadano ante el abuso del poder, como es el caso de esas multas a toda luz sobredimensionadas. Es más, algunas de ellas son incluso superiores a las vigentes en naciones mucho más ricas de Europa en comparación con Costa Rica.

Cae en un error quien considera que los críticos del abuso lo que pretendemos es volver a los montos irrisorios de años atrás. Más bien lo que pensamos es que se tenga una política de gravar fuerte, pero proporcionadamente, a aquellos delitos de tránsito que evidentemente deben ser refrenados. En concreto, debe reprimirse el abuso con el alcohol, el exceso de velocidad y la denominada conducción temeraria. Sin embargo, no debe convertirse en una penalización que no guarda comparación con otras conductas punibles en la sociedad, ni tampoco que se graven tan fuertemente ciertos hechos que no lo requieren, ya que esto más bien pareciera tener objetivos fiscales de recaudación, que el de enfrentar conductas verdaderamente peligrosas en sociedad.
Me da la impresión de que un consenso en este sentido se ha ido fraguando en la Asamblea Legislativa y que el verdadero y casi único escollo que aún permanece tiene que ver con la limitación al manejo bajo consumo de licor. Según parece, un diputado exige que se prohíba manejar con cualquier grado de consumo de alcohol, en tanto que el resto de los diputados sostiene que el porcentaje permisible debe estar entre 0.50 y 0.75. Esto último significa, aproximadamente, un par de tragos o de cervezas, según se ha dicho.

La prohibición total de conducir con alcohol me da la impresión de que se basa en un fundamentalismo innecesario en contra del consumo del alcohol (a lo cual cualquiera está en su derecho pretenderlo). Esta posición extrema ha hecho que el país en estos momentos no tenga una ley de tránsito decente y civilizada. El sentir de la sociedad me parece que radica en permitir un cierto mínimo de licor para conducir (ese 0.50-0.75) y no la prohibición total del alcohol. Un hecho igualmente importante es lo que señalan ciertas estadísticas de tránsito, en cuanto a que accidentes fatales en que medie como causal tan bajo porcentaje de consumo de alcohol, son relativamente casi inexistentes.

Una prohibición tan extrema como la pretendida por ese diputado fundamentalista, tan sólo provocaría que la gente se las ingenie para tomar licor, buscando formas para conducir sin que lo agarren o bien consumiendo en los hogares y con ello trayendo mayores problemas al seno de las familias. Es más, si de religión se trata el fondo de las cosas, posiblemente hasta provoque obstáculos para el libre ejercicio religioso en cultos que utilizan el vino para la consagración y la festividad, en recuerdo de la sangre de Jesús.
En vez de seguir culpando a la Sala Constitucional por lo que ha sido el fracaso de los diputados en brindarnos una legislación apropiada, lo que deberían de hacer es dedicarse, con prioridad incluso sobre arrebatos tributarios, a ponerse de acuerdo en torno al tema de la conducción con licor. Si el diputado que nos recuerda ayatolas musulmanes continuara sentado en su sin sentido y con ello fracasado cualquier intento de negociación, todos los restantes (56 o 55) deben proceder de inmediato a votar sistemáticamente en favor de la aprobación de una ley de tránsito, que efectivamente tendrá el apoyo moral y político de la sociedad civil.

Escrito el 25 de enero del 2012.