LOS MUERTOS VIVIENTES

LOS MUERTOS VIVIENTES

Por Jorge Corrales

Ciertamente la acción del gobierno nos muestra cómo, cuando se trata de sus entidades, aun cuando los objetivos para las que fueron creadas se hayan cumplido o ya no son necesarios, hará todo lo posible, hasta lo estúpido, con tal de mantenerlas con vida. Esto es, una vez que se crea una de las llamadas instituciones públicas, aunque no se tenga razón para que sigan existiendo, el gobierno hará todo lo posible por inyectarle nuevos bríos, aun cuando sea con la sangre financiera de los ciudadanos. Pensar que, como nos dijeron al crearla, que era para servir a los costarricenses, si bien luego dejan de ser útiles, se inventan actividades innecesarias como razón para que continúen abiertas.

Así, ciertas instituciones gubernamentales son eternas por definición, pero, más claramente, cuando ya “murió” su razón de ser, se les inventará algo por hacer, para que, con falsa resurrección, continúen succionando recursos de la sociedad.

Eso podría decirlo de JAPDEVA o del INDER o del CONAVI, entre otras entidades, pero destaca el caso del Consejo Nacional de Producción (CNP). Hace varios años que esa entidad dejó de tener razón para continuar. Si bien en gran parte vivía por razones totalmente antieconómicas, como el control de precios de ciertos bienes básicos, asegurar la compra de cierta producción, favoreciendo así esencialmente a productores grandes y apenas marginalmente a los más numerosos pequeños, o bien al exportar excedentes de bienes básicos que adquiría, con esto con grandes pérdidas. Todo, al final de cuentas, terminaba perjudicando a los consumidores, cuando también impedía las importaciones de bienes básicos más baratos desde el exterior.

Sea como sea, con las enormes pérdidas que generaba, y cierto grado de apertura al comercio internacional, y un reconocimiento lógico de lo dañinas que eran aquellas políticas de subsidios y controles de precios, el CNP se quedó sin que hacer (excepto por una inexplicable e ineficiente fábrica monopolizada de producción de licor).

Siendo innecesario y para mantener su burocracia, en el gobierno se inventó algo que le generara ingresos, me imagino que para que los recursos allí utilizados fueran financiados ante su permanencia impropia y antieconómica. Para ello, y mediante ley -siempre es por ley, aunque no por virtud- “todas las instituciones están obligadas a comprarle a esa entidad [CNP] productos como carnes, lácteos, vegetales, frutas y abarrotes,” según se indica en el artículo de La Nación del 5 de abril, “CNP vende a escuelas alimentos más caros que los supermercados.”

Como era de esperarse, esa obligación por ley de comprarle sólo al CNP, sirvió para que los entes obligados tuvieran que pagar precios mayores que los que podían pagar alternativamente, cuando, como antes, eran libres de hacerlo (como todo ente público, reglada mediante la Ley de Contratación Administrativa), adquiriendo los bienes al mejor postor u oferente, tanto en precio como en calidad.

Esa obligación absurda se hace evidente, al señalar la Contraloría en un estudio de precios, que “el 66.7% de los productos que el CNP vende a las escuelas” en las regiones Huetar Norte y Occidente del país y que, según el medio, “lo mismo ocurre en las regiones Central y Pacífico Central,” tiene “precios superiores a los máximos ofrecidos por los supermercados locales,” y, lo cual no es en comparación siquiera con proveedores de los entes gubernamentales ahora regulados, que los podían suplir competitivamente, mediante licitaciones, a precios que se podría esperar eran menores que los de los supermercados.

Supe, casi que desde que se implantó esa obligación, que, por ejemplo, un importante hospital público del país tenía, a causa de la ley, que pagar mucho más por la alimentación de los enfermos, comparado con los que tenían cuando compraban a proveedores contratados por el hospital para suplirlo (estoy hablando de mediados de los noventas).

En apariencia, el más afectado por esa política es el ministerio de Educación Pública (MEP), pues, 1166 escuelas -con 148.000 niños- de las 4040 existentes (no sé cómo se libran de eso las restantes 2874 escuelas), tienen que comprar esos productos al CNP. Según una encuesta hecha por la Contraloría, 124 directores de escuelas, “el 66.3% de los usuarios, considera que los precios de los productos son altos en comparación con proveedores locales.” En sencillo, si fueran libres de comprar al mejor postor, comprarían a proveedores locales y así ahorrarían gastos innecesarios.

Además, “los directores de las escuelas se quejaron con la Contraloría sobre la calidad, atrasos y servicios en general de los proveedores del [CNP]”. Este es resultado evidente del monopolio; pues, al estar las escuelas obligadas a comprar sólo al CNP, no tienen alternativa y así deben apechugar con lo que le puede dar la gana al proveedor único. El 21% de esos directores “estimó que la frecuencia de entrega de los productos ocasiona desabastecimiento de alimentos, daño en los productos perecederos y costos adicionales de almacenamiento.” Un 47.6% de ellos así lo denunció y el 56.9% de estos dijo que “la solución a su problema no fue resuelta o el tiempo de respuesta no fue oportuno.”
Cuando hay varios oferentes pugnando por vender sus productos, se cuidarán de que estén a tiempo, que no se dañen u que no se tengan que almacenar, sino que fluyan, pues, de no hacerlo, perderían al cliente (la escuela) ante otro vendedor competidor. Pero, ¿por qué esos “detalles” de dar un buen servicio habrían de preocuparle al monopolista CNP, si esas escuelas están obligadas a comprarle sólo a él?

Todo este encarecimiento es para mantener a una institución que ya debería estar en el recinto adecuado: la tumba de la historia. Es un muerto viviente, que anda por ahí, sólo porque los políticos no pagan de sus bolsillos al resucitado, sino algunas víctimas indispensables: los ciudadanos contribuyentes. A cuidarnos de esos muertos vivientes, que nos desangran y terminan devorándonos con impuestos para mantener al ogro filantrópico (con el permiso de Octavio Paz.)

Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 3 de mayo del 2019.