DE QUEJIDOS Y CHILLIDOS POR EL RECORTE PRESUPUESTARIO

DE QUEJIDOS Y CHILLIDOS POR EL RECORTE PRESUPUESTARIO
Por Jorge Corrales Quesada

Dicen que los animales, cuando son conducidos al matadero, parecen presentir su muerte y chillan de tal manera que hacen que, quienes los oyen, se retuerzan del sufrimiento que les espera. Los humanos a veces actuamos de manera similar cuando se produce algún destete del gasto gubernamental, que nos ha mantenido en una posición confortable por mucho tiempo.

Esa es la impresión que -correcta o no- tengo ahora al escuchar los quejidos de personas cuando se les pretende reducir un subsidio o un privilegio que el estado les ha otorgado mediante su gasto. Cuando es impostergable reducir las erogaciones públicas, porque el sentido de orden fiscal se ha perdido, quedan cuatro caminos claros: reducir el gasto estatal, cobrar más impuestos, que el estado se endeude más o la emisión inflacionaria de dinero.

En cuanto a esos quejidos expresados por algunos cuando ven que sus beneficios van a ser recortados, alguien podría decirme que igual se quejan esos humanos cuando se les va a poner más impuestos: chillan del dolor de que sus recursos sean trasladados por la fuerza hacia el estado. Pero hay una diferencia. Podrán ambos chillar, pero en el caso de los impuestos es por su naturaleza obligada, que hace que a los seres humanos les duela el que tengan que trasladar sus recursos que tanto les han costado ganarlos, para financiar actividades estatales de dudosa rentabilidad y beneficio, además de que también el estado gasta en su nombre en cosas que son de su preferencia, lo cual impide que las personas puedan gastarlo en lo que desean o les beneficie más.

Por el contrario, cuando gritan porque les quitan algún privilegio estatal -ya se llame pensiones subsidiadas o becas inmerecidas o puestos de pega-banderas o aranceles proteccionistas o subsidios de pobres cuando no lo son, entre muchos otros- es porque se les ha secado la fuente de donde mamaban recursos que otros pagaban. Me imagino que duele mucho no tener más algo que tan rico sabía: que ahora tengan que sufragarlos por sí mismos, posiblemente trabajando más, produciendo más o simplemente teniendo ahora que pagar impuestos, en vez de percibir beneficios pagados por todos los demás.

Veamos algunos chillidos recientes. Un prominente y respetable magistrado dijo lo siguiente en una declaraciones a un medio de prensa: “…jubilarse es convertirse como en un cuasidelincuente, porque eso significa que uno no merece lo que le van a dar de pensión.” Me imagino que la acepción de la palabra “merecer” que se tiene en mente es “hacer méritos, buenas obras, ser digno de premio”. Siempre he entendido que la pensión no es un asunto de mérito, sino de un derecho que el trabajador obtiene producto de su aporte y el de su patrono a un fondo que le permitirá generar intereses a lo largo de la vida, durante la cual han contribuido para dicho fondo. Cuando llega la hora de pensionarse a una cierta edad y un número de años laborados en que se cotizó para el fondo de pensiones, ese trabajador tiene todo el derecho a recibir lo que con sus contribuciones (y la de su patrono) obligadamente aportó a dicho fondo.

No tiene nada que ver con mérito. No hay relación alguna con que la persona sea merecedora o estimada, como para que reciba más o menos que lo que, en lenguaje técnico, debería ser algo actuarialmente determinado. En dos palabras, un individuo encomiable y otro indigno, que hayan aportado lo mismo a lo largo de los mismos años y que se pensionan a una misma edad laboral -esto es, ambos en idénticas condiciones financieras- recibirán la misma pensión. Tanto recibirá el loable como el reprensible; lo mismo obtendrá tanto el que se lo merece por digno, como el que no lo merece por indigno.

Y es lógico que sea de tal manera. ¿Se imaginan un sistema de pensiones cuyo monto de pensión dependiera de si se le considera merecedor o no? Estaríamos en manos de la valoración subjetiva de algún superior, el definir acerca de mi merecimiento o no. De si soy mariachi o liberacionista o del PAC u otra cosa. De si soy manudo o de la liga o de la S o de algún otro. De si voy a misa los domingos o de si soy ateo o agnóstico o lo que sea. Porque el “mérito” lo definiría subjetivamente alguien, aunque sea con base en actos objetivos, como se nos diría, pero que en última instancia son subjetivos: alguien deberá considerar que se trata de “obras buenas dignas de ser premiadas”. Por ello, el sistema de pensiones, en lugar de algo subjetivo, está definido por elementos objetivos: hasta un delincuente quien haya cumplido con todos los requisitos del fondo de pensiones, recibirá una pensión igual que un juez honorable, quien haya cumplido también con esos requisitos en igualdad de circunstancias.

Igual de respetable, pero creo que equivocada, fue la manifestación de un apreciado magistrado de la Corte Suprema de Justicia, quien en La Nación del 23 de setiembre recién pasado señaló lo siguiente: “Yo no soy tan idiota como para no entender que hay un grave problema fiscal. Claro que sí… pero ahorrando cincos no vamos a ahorrar colones”. Nadie pone en dado la no idiotez del magistrado, pero bien puede dudar acerca de si la posición esgrimida por el Poder Judicial ante el indispensable recorte presupuestario, es la inteligente, vista más allá de los deseos particulares de ese Poder. Ello porque el crecimiento del presupuesto para este año de la Corte aumentó en un 14.6%, con respecto al del período anterior, a pesar de que el crecimiento del valor nominal de la producción (PNB nominal), lo hizo en alrededor de un 9%. Incluso los mismos magistrados, ante una proposición de reducir el presupuesto en ₡20.000 millones, inicialmente aceptaron hacerlo en unos ₡11.000 millones, pero después echaron para atrás y dijeron que sólo aceptarían un rebajo de unos ₡5.000 millones. Claro que se dan cuenta del problema fiscal serio que enfrenta el país, pero lo que no quieren es que se les toque (o muy poco) en cuanto a su presupuesto para gastos.

Al ver estas cifras es obvio que no está en lo correcto el magistrado al hablar de que “ahorrando cincos no vamos a ahorrar colones”. Lo cierto es que todo el sector público debe hacer un esfuerzo para ahorrar, aunque sea cincos, para llegar a los colones que sean necesarios. Ese argumento esbozado por el magistrado es muy viejo y consiste en una versión de alegar algo que el experto presupuestario Aaron Wildavsky, denomina la estrategia de que “se trata de algo pequeño”. En ésta, (refiriéndose Wildavsky en su caso a un aumento del presupuesto y en el mío a una reducción), “la primera línea de defensa es decir que algo es tan pequeño como para que sea eminentemente justificado o, si no lo es, que entonces ciertamente no vale la pena preocuparse por él.” (The Politics of the Budgetary Process, Boston, Little, Brown and Company, 1964, p. 113).

El ahorro de “cincos” que se buscaba lograr en el Poder Judicial, no es algo pequeño “como de cincos”, aunque no deja de ser cierto que, para poner orden en lo fiscal, se debe ahorrar de cinco en cinco para lograr esos miles de millones de colones en que se deben reducir los presupuestos del gobierno. Ni siquiera son “cincos”, sino 20.000 millones de colones en lo que se pidió reducir el presupuesto del Poder Judicial.

Para quedarme en ejemplos provenientes de las opiniones expresadas por respetables altos funcionarios judiciales, vale la pena mencionar una declaración que hizo la presidenta de la Corte, en La Nación del 23 de setiembre antes mencionada. “Dijo que la reducción implicaría afectar servicios a víctimas de violencia doméstica e indígenas. Además, desechó la idea de eliminar el plan de becas de maestría en la Universidad Nacional para 19 funcionarios, el cual tiene un costo de ₡708 millones y que estaba en la lista de elementos a pasar por la tijera.” Esta aseveración es muy interesante pues es un ejemplo local, con alguna variación, de lo que se denomina, en términos de Wildavsky, una estrategia de “cortar los programas populares”. Dice el autor mencionado: “Una estrategia importante para resistir los recortes presupuestarios, es hacerlos de manera tal que tienen que ser restablecidos. Por ejemplo, en vez de recortar los gastos administrativos de la oficina nacional, un ente gubernamental puede recortar los gastos de procesar el manejo de las peticiones de los ciudadanos, lo cual generará su descontento, el cual regresará a los diputados que promovieron el recorte presupuestario a fin de que se les restauren los fondos.” (Ibídem, p. p. 102-103).

Una variedad de este “recorte a los programas populares” fue claramente puesto en práctica recientemente por el presidente Obama, quien, ante la no aprobación de su presupuesto, procedió a recortar totalmente los gastos destinados a la atención de los ciudadanos que visitaban la capital para conocer el interior de la Casa Blanca y a cerrar el acceso a los turistas al Monumento a George Washington. El malestar ciudadano fue enorme y sirvió para presionar a los congresistas estadounidenses para que restauraran el presupuesto del gobierno federal.

En el caso del recorte al presupuesto actual de nuestro Poder Judicial, según sus autoridades se afectarán servicios populares, como a los indígenas o a las víctimas de violencia familiar o a la formación mediante becas de su personal (esto último ciertamente menos “popular”). La pregunta es ¿por qué no hacerlo en otros gastos tal vez menos públicos y apreciados por la ciudadanía? Le dejo al lector pensar cuáles rubros se deberían de recortar.

Los presupuestos del Poder Judicial, al igual que los del resto del gobierno, son financiados con recursos impositivos provenientes de los ciudadanos o del endeudamiento gubernamental, que esos mismos ciudadanos en su momento deberán pagar. Por ello, los recortes son necesarios a la luz de una economía que muestra un serio estancamiento y en donde la perspectiva de nuevos tributos (al igual que tampoco la inflación) es bien vista por los ciudadanos. Ello no sólo porque percibe que el gobierno no realiza en la forma deseada y hasta correcta, las funciones que espera de él y para lo cual contribuye pagando impuestos, sino también, porque sabe correctamente que esos impuestos van a afectar negativamente el crecimiento de la producción nacional y, por lo tanto, las posibilidades de encontrar empleo en el sector productivo doméstico, al igual que provocará una disminución en sus ingresos netos disponibles.

Publicado en mi sitio en Facebook Jcorralesq Libertad el 15 de octubre del 2014.