CÓMO SE GASTA LA PLATA EN EL GOBIERNO
CÓMO SE GASTA LA PLATA EN EL GOBIERNO
Por Jorge Corrales Quesada
¿Desde hace cuánto podríamos haber tenido la carretera a San Ramón? Exactamente ya ni me acuerdo, pero, sí sé que, desde hace mucho, pero mucho, tiempo. Y ya lo vemos: todavía se está gastando dinero de los contribuyentes en “planificar” la concesión de obra para la construcción de esa carretera. Ciertamente, la izquierda intransigente, por un lado, y hedores de corruptela, por el otro, le impidieron a la ciudadanía siquiera poder ver el inicio de la obra. Ambos, politiquería izquierdista y poca transparencia deben responsabilizarse por ese resultado, pero, tal vez, sea poco comparado con el costo por el tiempo perdido en llevar a cabo dicha concesión y que ha dado lugar a interminables propuestas burocráticas, que no sólo han avanzado poco, sino que les han costado muchos colones adicionales a los ciudadanos contribuyentes.
Es interesante el comentario de La Nación del 10 de octubre, titulado “Oficina para ampliar vía a San Ramón cuesta ¢104 millones al mes,” en donde señala que “Sin que todavía comiencen las obras para la ampliación de la carretera San José-San Ramón, el plan vial ya consumió ¢2.300 millones en la fase previa, sólo en gastos administrativos.” Por supuesto que se nos dirá que esos gastos son indispensables dada la magnitud del proyecto y la necesidad de que sea bien hecho. Ciertamente puede ser así, pero, que no me vengan con el cuento de que eso tenía que ser así, pues, lo cierto es que, una vez más, se da una cuenta uno de qué tan ridículamente ineficiente y costoso que puede ser el gobierno para la ciudadanía contribuyente.
Siempre he pensado en la tragedia económica que significó el enorme desperdicio de recursos ocasionado a toda la ciudadanía, por la ampliación y variación del proyecto conocido como la platina. El costo no sólo fue el de las obras realizadas múltiples veces por la incapacidad -siendo amable- de solucionar la situación, sino porque los ciudadanos incurrimos -perdimos, desperdiciamos, sufrimos- costos enormes en tiempo, transporte, combustibles, etcétera, que me imagino ningún analista de costo beneficio los ha estimado para no hacer incurrir en vergüenza al gobierno por ineficiente. Eso lo entendemos muy bien los ciudadanos: la lección de desperdiciar el tiempo y lo que cuesta eso (históricamente piensen en la apertura de la Avenida Segunda, que puede llevar medio siglo), pero parece que, todavía, no ha sido aprendida por los gobiernos. No quiero pensar más, diciendo que todos esos contratiempos, retrasos, ampliaciones de obras, y un largo etcétera, pueden llegar a convertirse en fuente de corruptelas…
El caso de la carretera a San Ramón que analiza el medio, se refiere a la creación, en diciembre del 2017, de un fideicomiso en el Banco de Costa Rica como unidad ejecutora del proyecto de marras. “El BCR recibe una comisión por sus labores como fiduciario de $31.069 mensuales, es decir, ¢18 millones al tipo de cambio actual.” A la vez, que hay una erogación de $147.438 (¢86 millones) como salarios mensuales para los 22 funcionarios de esa oficina en el BCR. En total, entre esas remuneraciones y las comisiones anteriores, se gastan mensualmente $178.507, que son ¢104 millones al mes. Según señala el medio, “son valores fijos que se aplican desde la orden de inicio (diciembre del 2017) y se mantendrán durante toda la etapa preoperativa.”
Es plata de los costarricenses que podría haberse empleado en otras cosas que, tal vez, valorara aún más, pero la cual se ha gastado en algo que ni siquiera parece estar cerca de su inicio. Los fondos los paga el MOPT y el CONAVI (o sea, fondos de la ciudadanía.)
A partir del inicio de esas obras hasta la entrada en operación, las comisiones al BCR se elevarán a $37.713 al mes, la parte de salarios mensuales sería de $156.215 y, cuando ya esté operando, serían de $163.609 hasta la conclusión del fideicomiso.
Según se estima, el valor total del proyecto sería de $650 millones (encendiendo una vela para que no surjan “cosas nuevas” que demanden más plata, como suele pasar), para un trayecto de 60 kilómetros, que ya lleva 20 años desde que se consideró el plan.
Nos dirán que todo proyecto requiere de gastos preoperativos, pero pienso que, si se hubieran hecho desde el momento en que a una empresa iba a adjudicársele la obra (me acuerdo que, en aquel momento, el costo estimado era de algo más de $520 millones), tal vez nos habría salido mucho más barato: “el tiempo perdido, hasta los santos lo lloran” y los ciudadanos lo lloraremos al tener que pagar todos esos mayores costos, pues no hay nada gratis. El tiempo es un costo y, si se desperdicia, el abuso sale caro.
Publicado en mis sitios de Facebook, Jorge Corrales Quesada y Jcorralesq Libertad, el 28 de noviembre del 2019.
