TODO MENOS LA RENUNCIA

TODO MENOS LA RENUNCIA
Por Jorge Corrales Quesada


Hace pocos días renunció un ministro inglés debido a que hace más de 8 años se vio involucrado en un accidente de tránsito. Él había señalado que su esposa conducía, cuando en verdad era él quien lo había hecho. Su renuncia fue inmediata, dado el daño que causaba al gobierno conservador del cual formaba parte, a pesar de ser él de otra agrupación política, de los llamados demócratas liberales. La responsabilidad política que tenía ese ministro por los hechos comentados fue la causa de su renuncia e ida respetable hacia su hogar.

Más impactante fue lo que políticamente sucedió en Japón, a raíz del tsunami que destruyó las instalaciones nucleares de Fukushima, el 11 de marzo del 2011. En mayo de ese mismo año renunció Masataka Shimizu, jefe de la poderosa firma TEPCO (Tokio Electric Power Company), entidad encargada de la administración de las instalaciones nucleares de Fukushima, como forma de asumir la responsabilidad por lo sucedido a causa del maremoto.

Poco antes había renunciado Toshiso Kosako, tal vez el más alto consejero del gobierno en asuntos de energía nuclear, quien indicó que el gobierno había ignorado sus consejos acerca de la seguridad nuclear, dados los acontecimientos de Fukushima.

En julio de ese mismo año, renunció el Ministro para la Reconstrucción del Japón, Ryu Matsumoto, por haber formulado unas declaraciones que se consideraron “insensibles” en torno a la crisis de la planta nuclear de Fukushima.

Poco tiempo después, el Primer Ministro del Japón, Naoto Kan, presentó su renuncia al cargo, a fin de cumplir con su palabra empeñada en junio, de renunciar debido a la responsabilidad política por los acontecimientos sucedidos, una vez que a su gobierno se le aprobaran ciertas acciones.

Como si fuera poco, el recién electo Ministro de Comercio, Yoshio Hachiro, presentó la renuncia a su cargo en setiembre del 2011, con tan solo ocho días de desempeñarlo, a causa de unas declaraciones “infantiles” en torno a la tragedia.

En noviembre del 2011, Masao Yoshida, quien era el director de la planta nuclear devastada, presentó su renuncia.

Lo que sorprende es ver cómo los altos funcionarios japoneses asumen la responsabilidad política que resulta de acciones que su pueblo considera como indebidas, impropias o descuidadas, incluso frente a un hecho tan fortuito, como fue el tsunami que destruyó la planta nuclear de Fukushima.

Comparemos la dignidad y civilidad que rodean estas renuncias de funcionarios públicos, como manera de responsabilizarse por sus gestiones políticas, con lo sucedido tan sólo recientemente en nuestro país, pues en verdad no vale la pena hurgar toda una triste historia al respecto, como es el caso nuestro.

Para que soltara la chamba, un infeliz alcalde de una importante ciudad del sur del país, fue necesario que el pueblo realizara un plebiscito y de esa manera mostrar su voluntad de destituir, a quien no había servido a cabalidad con las obligaciones para las cuales fue electo. El vía crucis de la ciudadanía para tener a alguien nuevo que encabezara su gobierno local, no tiene parangón. Fue deprimente observar el papelón que al respecto desempeñó el Tribunal Supremo de Elecciones, que medroso acogió cuanto recurso le plantearan los cercanos al destituido alcalde. Con posterioridad, esa entidad pretendió mostrar que era el portaestandarte de la voluntad popular, cuando lo cierto es que se vio forzada, indirectamente por decisión de la Sala Constitucional, a acoger la destitución franca del alcalde, que el pueblo había tomado mediante su plebiscito. Más que cólera daba ver la actitud del alcalde, apegado a las faldas de su esposa diputada del partido oficialista, con el fin de conservar su chamba a como hubiera lugar. Francamente daba lástima, pues uno no puede concebir a un político que se divorcia más de la voluntad de un pueblo, cuando éste vota por su destitución y aun así él insiste en quedarse. ¡Qué escasa es la dignidad!

Hay muchas cosas buenas en este episodio de destitución de un alcalde, mediante un referendo que realiza su pueblo, y que se deben rescatar. Por una parte, que el contrato que un pueblo hace con un gobernante de turno no es algo irreversible y eterno. En este caso, el plebiscito fue la salida escogida para deshacer un contrato que resultaba a todas luces desventajoso para la ciudadanía. En segundo lugar, muchos otros alcaldes incapaces y corruptos en nuestro país deben poner sus barbas en remojo, al darse cuenta que, cuando un pueblo noble y honesto se organiza, los pueden destituir. Si esos malos políticos soñaron que, cuando fueron electos, lo era por siempre, pues se equivocaron: lo único que los alcaldes de turno deben hacer es dedicarse honrada y efectivamente a servir los propósitos para los cuales se les eligió. En tercer lugar, los apadrinadores de las alturas político-institucionales deben de tener mucho cuidado cuando pretendan ignorar la voluntad de los ciudadanos libres. El pueblo es el soberano: los gobernantes son sus servidores y, quienes administran las reglas, también lo son. Ambos deben servir a la voluntad suprema de la sociedad civil; esto es, al pueblo. Servir a aquello que no es el gobierno y menos todavía a los políticos oportunistas del momento, quienes con frecuencia lo único que pretenden es proteger a sus adláteres del peso de la voluntad popular, libremente expresada.

Parece que tener un buen nombre no es algo importante para ciertos políticos. Ello lo deduce uno de la conducta de cierto diputado de la Asamblea Legislativa, cuestionado desde muy diversas partes, hasta de su propio partido político oficialista, aunque tratado “suavecito”, con poca firmeza. Si se respetara a sí mismo o si al menos honrara a las personas que lo eligieron con base en cierta información acerca de su comportamiento público, de la cual disponían en aquel momento electoral, ante las graves acusaciones que hoy se le hacen y por la evolución de los acontecimientos en los tribunales y en la misma Asamblea Legislativa, ¿por qué no renuncia a su curul y a su inmunidad y se dedica a defender su buen nombre, si es que ha sido injustamente acusado? Si ese diputado aprecia en algo el respeto que debe tener una Asamblea Legislativa, lo que le corresponde hacer es despedirse con dignidad y señalar, si fuere el caso y ante la evidencia, que se apresta a defender su honra, presuntamente mancillada. Lo que no puede hacer es esconderse tras un privilegio legislativo, usado para garantizar la independencia de sus decisiones en el Congreso, usado como medio para retrasar o impedir la sanción moral y legal. Puede ser que, para algunos, París bien vale una misa, pero no parece ser que una diputación cuestionada sea algo de la cual un buen ciudadano se puede enorgullecer.

El robo de más de 250 pistolas de las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, concretamente de la Dirección General de Tránsito, se ha visto dramáticamente rodeado de la renuncia (separación forzada, de momento) de algunos funcionarios de esta última entidad.

Resulta evidente la gravedad de lo sucedido. No dudo de la capacidad de una horda de 250 facinerosos, con esas armas debidamente arregladas, de casi poder tomar el poder mediante un golpe de estado. Pero no creo que ello vaya a suceder. La impresión que me dejó ese señalamiento de una persona amiga, fue tan fuerte, al exponer las posibilidades que en nuestro medio puede tener un grupo de delincuentes comunes y corrientes, armados hasta los dientes con equipo moderno, que aprovecho para transmitírsela a los apreciados lectores, a fin de que cada uno de ustedes medite acerca de la trascendencia de ese acto delincuencial.

Parece haberse presentado toda una cadena de hechos que evidentemente deben ser apechugados por quienes tenían la responsabilidad básica de cuidar esas armas. Se ha dicho públicamente, por ejemplo, que con anterioridad se había denunciado ante la Contraloría General de la República, la precariedad en que se encontraban guardadas esas armas del Estado costarricense, en instalaciones de la Dirección General de Tránsito. Si se recibió esa denuncia y el órgano de control no hizo nada al respecto, por su trascendente importancia debería de implicar la asunción de responsabilidades por el mal manejo de la denuncia, por parte del órgano contralor. Debo decirlo: si hay una entidad que conoce del tema de las responsabilidades de los funcionarios públicos es la propia Contraloría. Así que, ¡a aplicar lo correspondiente!

Lo que uno no entiende es cómo parte tan importante del arsenal costarricense yacía en unas instalaciones totalmente inadecuadas, en donde ni siquiera había instaladas cámaras de vigilancia (sí, aunque fuera una de esas que las mismas autoridades de tránsito han querido poner en muchas de nuestras calles). Se ha mencionado que si acaso estaban protegidas por un par de candados comunes y corrientes y que su seguridad y cuido recaían en manos privadas, algo que ciertamente confunde hasta los cuasi-anarquistas, quienes claramente juzgarían que aquellas sí son funciones propias del Estado.

No se trata ahora de dejar que la cuerda se rompa por lo más delgado, aunque sea en varias partes de esa “cuerdita floja”: es necesario que se analice diáfanamente ante la ciudadanía si las autoridades superiores que tienen a su cargo el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y bajo cuya responsabilidad está el manejo de la Dirección General de Tránsito, no deberían, casi desde el momento en que ingresaron esas armas a las instalaciones de estas últimas, supuestamente de manera transitoria, haber ordenado su traslado casi de inmediato al Arsenal nacional. Se supone que allí sí se le daría el cuido apropiado al armamento estatal.

Más aún, debe investigarse -y mostrar al país- si esas autoridades superiores del Ministerio de Obras Públicas (así como las del Ministerio de Seguridad) tuvieron conocimiento previo alguno del precario estado en que estaban cuidadas esas armas, en instalaciones inadecuadas, con poca protección, en manos privadas y no de la policía del Estado, casi sin vigilancia y con una infraestructura totalmente inapropiada para el cuido que se debe dar a los armamentos. Si las autoridades superiores llegaron a tener conocimiento o se les hizo saber de ese estado de cosas por sus subalternos y no hicieron nada para remediarlo, deberán ellas asumir la responsabilidad de no haber cuidado debidamente el armamento nacional.

Ni siquiera estoy pidiendo que hagan lo que hicieron los dignos funcionarios japoneses que describí al inicio de este comentario. No estoy solicitando que simplemente renuncien y con ello asumir la responsabilidad política por sus acciones. Sólo planteo que, si tenían algún conocimiento de lo que pasaba con el cuido de esas armas en las instalaciones de la Dirección General de Tránsito, y no hicieron nada al respecto, entonces, que asuman su responsabilidad por tan grave falta y se vayan para sus casas.

Yo sé que, como toreros en una plaza de toros mexicana o española, le han hecho el “ole” a cualquier pedido de renuncia. Recuerden que en Costa Rica, para los políticos mediocres todo se vale menos la renuncia. Tal vez esta sea la oportunidad histórica en que se colma el vaso político por la incapacidad en su desempeño. La ciudadanía debe exigir que renuncien los irresponsables. Hechos de tal gravedad no deben concluir únicamente con que se echen de sus puestos a funcionarios medios, si es que sus superiores no hicieron nada para averiguar acerca del estado precario en que se encontraba tan importante armamento. Pero aún más grave es el incumplimiento irresponsable si es que tenían conocimiento del descuido en el manejo de esas armas y no hicieron nada para arreglarlo… tal vez excepto hablar paja…

Algo huele a podrido en Dinamarca, dijo Shakespeare… Todo menos la renuncia, es lo que algunos pigmeos dicen por aquí.


Escrito el 09 de febrero del 2012.

TODO MENOS LA RENUNCIA: AMPLIADO
Por Jorge Corrales Quesada

No sólo malas noticias nos llegan de Grecia: hay una muy reciente que muestra un acto de dignidad que, por parangón, debería ser muy tomada en cuenta en Costa Rica. Sin embargo, ya sabemos que eso no va a suceder, porque aquí, como dice el descarado “todo menos la renuncia”.

Resulta que ayer unos pillos se robaron 68 piezas de cerámica y bronce del importante museo estatal de Olimpia, en el Peloponeso griego. Ante ello, el Ministro de Cultura de esa agobiada nación, don Pavlos Geroulanos, con toda dignidad, presentó la renuncia a su cargo. ¡Qué diferencia con aquí, en donde lo único que se les ocurre es echarle los muertos a los subalternos!