ZORROS CUIDANDO EL GALLINERO
EL ESTADO INEFICIENTE-ZORROS CUIDANDO EL GALLINERO
Por Jorge Corrales Quesada
Las esperanzas que tienen los costarricenses de una reforma sustancial a los pluses en gran parte de la burocracia estatal, sin duda que habrán de pasar por la Asamblea Legislativa, a fin de reformar leyes que se aducirán impiden cualquier reforma.
Ante ello, me inquieta sobremanera la información que presenta La Nación del 22 de junio, bajo el encabezado “Congreso deja intactos incentivos salariales para sus empleados.”
Recientemente, el directorio legislativo anunció que haría recortes a su presupuesto del 2018 de un 8% y al del 2019 uno del 6.5%. Estos recortes serían en los rubros de horas extra, viajes al exterior, actividades protocolarias, alimentos y bebidas, pero, notablemente, no reformaron en nada a los pluses hoy vigentes entre los empleados del Congreso.
Y la suma de los pluses en esa entidad no es irrisoria: en este año los pluses ascienden a ¢11.700 millones, lo cual haría que, en promedio y obviamente variará en cada caso en particular, cada uno de sus 985 empleados recibiría aproximadamente “¢915.000 mensuales.”
Hay tres razones por las cuales el pago en pluses de los asalariados en la Asamblea es tan elevado. En primer lugar, porque el porcentaje que paga por anualidades a sus empleados es muy elevado si se le compara con el Poder Ejecutivo. Así, en tanto que el gobierno central pagaba anualmente entre 1.54% y 2.56% del salario base, e incluso recientemente decidió que este año pagaría un monto fijo en vez de un porcentaje, en monto aún no determinado, el Congreso continúa pagando entre un 3.5% y un 4.36% del salario, anualmente. Esta partida por anualidades en el presupuesto de la Asamblea Legislativa para el 2018 ascendería a ¢5.852 millones.
El segundo plus más importante en el presupuesto legislativo es el de dedicación exclusiva y prohibición, que en este año será de ¢2.780 millones. La Asamblea paga igual que lo que era antes en el gobierno central, por dedicación exclusiva para bachilleres un 20% de salario adicional; y a quienes tienen licenciatura o grados superiores el monto correspondiente es de un 55%. Hoy, ante una decisión del Servicio Civil, en el Gobierno Central se paga un 20% adicional para bachilleres y un 25% para las licenciaturas.
Como tercer plus destaca el llamado “incentivos especiales,” cuyo monto en este año ascendería a ¢1.585 millones. Entre estos hay ¢834 millones “para evitar que los empleados se trasladen a otras instituciones o renuncien,” que se paga a todos los empleados y el monto oscila entre ¢35.000 y ¢130.000 al mes. Además, dentro de aquel plus global, está el de la carrera profesional, con un gasto este año estimado en ¢650 millones, así como otro por peligrosidad, que se elevaría a ¢51 millones.
Según una diputada, al tratarse la reforma de los pluses un tema “sensible,” “los legisladores deben ser muy cuidadosos con las decisiones que tomen. No podemos, tan abruptamente, entrarle a un tema de tanto cuidado,” pero esa explicación más bien parece ser una excusa para darle largas al asunto y, en especial, cuando posiblemente es allí, en la Asamblea Legislativa, en donde deberá decidirse sobre el tema de pluses en todo el gobierno central. En lugar de dar el ejemplo de reforma en la Asamblea, tal vez han escogido el camino fácil de arrastrar los pies, en la esperanza de que se enreden las indispensables reducciones de los pluses de otros sectores del estado.
