EFECTOS INDIRECTOS DE LOS PLUSES

EFECTOS INDIRECTOS DE LOS PLUSES

Por Jorge Corrales Quesada

Normalmente pensamos que los pluses que efectivamente se desembolsan, son los únicos costos que con su existencia tenemos los ciudadanos. Así, nos alarman las cifras multimillonarias -incluso en varios casos superiores a los propios sueldos base- pagadas en muchas instituciones gubernamentales, dándonos cuenta del impacto que en lo particular tienen sobre la contabilidad del gobierno, pues los gastos de este exceden a sus ingresos. Y, lamentablemente, para llenar este bache, el esfuerzo gubernamental se concentra en aumentar los gravámenes, en vez de reducir el excesivo gasto, fuente esencial del déficit.

Claro, esos pluses son pagados por todos los ciudadanos, con los aportes que hacemos al erario por medio de todos los diversos tipos de impuestos, o cargándolas de deuda pública que será pagada en verdad por generaciones futuras e incluso con una inflación que encarece la vida al envilecer el valor del dinero, dada su abundancia respecto a la demanda que de él la gente hace.

Pero, los únicos costos para la sociedad producto de esos pluses no son sólo esos pagos. Hay otros costos que se deben tomar en cuenta, al evaluar la irracionalidad de políticas financieras manirrotas en las decisiones salariales del gobierno. Un ejemplo de esa dilapidación se exhibe en un artículo de La Nación del 28 de junio, referido al caso particular del ministerio de educación. Ese artículo se titula “Reclamos por pago de pluses ahogan al MEP: 83.000 de 85.000 empleados plantearon una demanda administrativa o judicial.”

Veamos una lista resumida de los incentivos hoy vigentes en el MEP: anualidades, recargos por dirigir huertas escolares de indígenas, por usar programa informático de alto desempeño, por trabajar en colegios rurales, para los funcionarios que hacen labores en la biblioteca, para docentes que trabajan en aula virtual, para maestros que ejecutan planes de cooperativas estudiantiles, zonaje por trabajar en zonas “incómodas o insalubres”, recargo por atender alumnos con problemas de aprendizaje, por trabajar en zonas en donde hay un volcán activo, por laborar en donde haya mucho zika, chikunguña o dengue, en donde haya inundaciones o que trabajen en zonas de alta incidencia de delincuencia, embarazo adolescente, mortalidad infantil o falta de agua potable, y un largo etcétera, que llega a un total de 50 formas de recargos.

Según Carlos Barquero, del sindicato ANDE, “la mayor cantidad de reclamos de docentes surge por la falta de pago del plus de carrera profesional, debido a que el Ministerio no actualiza el expediente del empleado en donde se registra cuáles cursos ha llevado.”

Ese plus de carrera profesional se basa en el otorgamiento de puntos por títulos obtenidos por los docentes (cada uno vale aproximadamente ₡1.900 al mes), que se reflejan en los salarios base. Así, para un bachillerato y licenciatura se otorga un aumento equivalente a ₡17.000 adicionales al salario básico mensual. Si saca una maestría, se agregan ₡24.700 más al salario básico mensual y si se obtiene una “especialidad adicional”, hay otro incremento de ₡13.300 que se añade a los anteriores como agregado al salario básico mensual. Además, por el rubro de “experiencia laboral” se agregan ₡1.900 al sueldo base mensual. En adición, se dan puntos por “capacitaciones o experiencia en organismos internacionales”.

Además de los reclamos administrativos y legales en torno este plus de carrera profesional, hay otros relacionados con pluses como “recargos de funciones, anualidades, zonaje, aumentos de jornada, vacaciones, etc,” pero el que tiene mayor número de reclamos es sobre los puntos por carrera profesional.

En el 2017, “los trámites administrativos y judiciales por estos atrasos le costaron al Ministerio ₡15.385 millones.” Y este es un costo que lo pagamos todos los ciudadanos contribuyentes. Estos son gastos por verificar la deuda, pagarla y los ajustes correspondientes en aguinaldo y cuotas obrero patronales de la Caja, así como a abogados, intereses y costas legales, para los procesos judiciales.

En la actualidad se estima que el neto de los reclamos presentados por 83.000 funcionarios del MEP, adicionado los 17.471 que están en tribunales, más los gastos legales, ascendería a ₡104.000 millones. Pero, además, esa suma se incrementará cuando, además del monto principal adeudado, se tenga que pagar intereses por atrasos en el pago y los honorarios a los abogados.

Tan sólo en el 2017, los reclamos administrativos le costaron al MEP la suma de ₡14.373 millones y los recursos judiciales un monto de ₡984 millones. Para junio del 2018, ambos reclamos -administrativos y judiciales- le han costado al MEP ₡6.810 millones. Pero, téngase presente que, aun cuando se diga que le “ha costado al MEP,” la realidad es que nos ha costado a nosotros, los ciudadanos contribuyentes con el fisco. El estado no “paga” sino que usa lo que le damos para “pagar”: sale de nuestros bolsillos.

Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 26 de julio del 2018.