EL ESTADO INEFICIENTE-PACHANGA LEGISLATIVA, ESO SÍ, PAGADA POR NOSOTROS

¡Cómo puede ser posible que la Asamblea Legislativa decida pagar prestaciones extraordinarias de 16 meses, en vez de los ocho usuales para los empleados costarricenses, por un monto de ₡330 millones!

35 empleados del Congreso estando en edad a punto de jubilarse; esto es, con edades entre 60 y 69 años, mediante un programa absurdamente diseñado de movilidad laboral, el directorio de la Asamblea en los períodos 2014-2015 y 2-15-2016 les permitió acogerse a una oferta por la cual los que renunciaban, en vez de los 8 meses de cesantía que les correspondía, podían recibir el equivalente de 16 meses: el negociazo para quienes por ley estaban a punto de pensionarse les cayó de perlas. Se acogieron de inmediato, ni lerdos ni perezosos, a la movilidad laboral.

Esto lo analiza La Nación del 4 de junio, bajo el encabezado “Asamblea paga ₡330 millones a 35 funcionarios a punto de jubilarse: Concedió beneficio por movilización a servidores con más de 60 años.”

La primera legislatura, encabezada por el diputado Henry Mora del PAC, desembolsó en dicho caso la suma de ₡216 millones, en tanto que la segunda legislatura involucrada, presidida por Rafael Ortiz del PUSC, pagó ₡85 millones.

Y para actualizar las cosas, en la actual legislatura, el Directorio presidido por Antonio Álvarez Desanti del PLN, “dejó en firme esta semana el acuerdo para aceptar el despido voluntario de la exdiputada Gloria Valerín, actual directora de [servicios técnicos] de la Asamblea, quien también está en edad de pensionarse (61 años). El Congreso le pagará ₡60 millones; la mitad de ese monto, unos ₡30 millones, corresponden al incentivo de cesantía adicional.”

De acuerdo con información suministrada por el director ejecutivo de la Asamblea, don Antonio Ayales, “la movilidad de empleados legislativos en total ha demando ₡647 millones hasta ahora” y, “de ese total, únicamente ₡40 millones se pagaron a funcionarios menores de 60 años”, en donde el Congreso ha desembolsado un 60% de los ₡647 millones y “el resto, estimó, es parte de la reserva de cesantía de cada uno de los trabajadores, dinero que maneja la Asociación Solidarista de Empleados de la Asamblea Legislativa (ASELEGIS).”

Además de aquellos 35 funcionarios que se acogieron a la movilidad laboral con menos de dos años de tener la edad de retiro, en la actualidad “hay otros empleados [no se indica cuántos] entre los 62 y los 64 en espera de que el Directorio legislativo acepte sus solicitudes de ser despedidos voluntariamente”, lo cual se traduciría en “otros ₡165 millones en pago de sus extremos laborales, más el incentivo por movilidad."

Evidentemente esta largueza está lejos de las prédicas de contener el gasto público y consistente con el aumento de impuestos promovido por algunos grupos políticos. Aun cuando se arguya por parte de miembros de los Directorios antes citados, que la decisión tomada es “legal y técnica”, no hay duda de que tiene un tufo de abuso por oportunismo en la Asamblea, lugar en donde se determinan los impuestos que han de pagar los ciudadanos para financiar ese y el resto de gastos del gobierno.

Bien lo señala el diputado don Mario Redondo, al referirse al argumento esbozado por los defensores de ese retiro pachangoso, en cuanto a que ese es el camino por el cual se eliminan las plazas al pensionarse la persona, que tal justificación es infundada, “porque si hubiera voluntad política de desaparecer esos puestos, también se haría al momento de que alguien se jubile.”

El diputado Ottón Solís propuso que la movilidad no fuera aplicable para nadie que estuviera a 5 años o menos de pensionarse, pero el actual directorio “acordó dejar ese tope en dos años.” Por supuesto, el portillo, por el cual se cuelan esos oportunos pensionados, permanece abierto y, como siempre, seremos los contribuyentes, los ciudadanos, quienes tendremos que apechugar con esta astucia de los pensionados acogidos a la movilidad laboral en la Asamblea.

Publicado en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 19 de agosto del 2016.