ENSAYOS DE ASOJOD

2011-06-07-TRES COMENTARIOS SOBRE TEMAS PÚBLICOS

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TRES COMENTARIOS SOBRE TEMAS PÚBLICOS

Publicado en el sitio de ASOJOD el 07 de junio del 2011.

En esta oportunidad deseo referirme brevemente a tres temas que tienen que ver con el interés público y que reflejan el comportamiento de gobiernos y políticos que a muchos ciudadanos no nos parece, aunque a esos políticos y gobernantes ello parezca importarles poco.

El primero tiene que ver con la contaminación que ha afectado la zona en que opera la refinería de RECOPE en Moín. Molesta no sólo el hecho de que por mucho tiempo el problema se le ocultó a la ciudadanía –los que no importan- así como a las propias entidades gubernamentales que tratan de asuntos de salud y medio ambiente. Si no hubiera sido porque empleados de RECOPE divulgaron el daño, estaríamos en penumbras y, sobre todo, continuado el derrame de combustibles en el sitio.

También me molesta que, si ese descubrimiento se hubiera dado en una operación privada, tal como por ejemplo ha sucedido con bombas de gasolina en San Antonio de Belén y en la Zona Norte, de inmediato los celosos guardianes del buen medio ambiente, hubieran procedido a cerrar las operaciones para detener el daño en proceso. No es así en el caso de RECOPE, posiblemente por no tratarse de una empresa privada, sino de una propiedad del mismo estado que, en el caso de terceros, sí habría actuado de inmediato.

El segundo tema se refiere al informe presentado por los diputados de Liberación Nacional de la comisión legislativa que se encargó de investigar lo sucedido con la carretera a Caldera. Una frase célebre de ese informe merece ser rescatada del basurero de la politiquería: “la inauguración anticipada de la vía a Caldera fue un experimento para comprobar si esta tenía fallas.” Sólo se me ocurre pensar que tal cosa se habría dicho si fuera escrita por algún servil que debe obedecer los mandatos de su dueño y patrón, para justificar cualquier idiotez que a este se le hubiera ocurrido hacer. No lo puedo entender de otra manera, porque tengo entendido que los diputados gozan del uso de la razón, como para poder darse cuenta que los muertos, heridos y afectados a partir de la “inauguración” y puesta a funcionar de esa carretera aún sin terminar, fueran cobayas utilizadas en experimentos de laboratorio. Jamás se podría poner a operar un aeropuerto si la pista de aterrizaje no estuviera concluida y probada de que resiste el peso de un avión. Nunca se pondría en operación una cárcel si no se ha comprobado su seguridad. No es posible poner a funcionar una represa hidroeléctrica si no se le ha sometido a resistencia de la masa de agua que frena. Tal tontera está allí, en el informe de marras. Para proteger a algunos políticos que hicieron muy, pero muy, mal las cosas, no les ha importado señalar que los ciudadanos debemos ser tomados como conejillos de Indias a la hora de probar si una carretera funciona bien o no. El descaro exhibido por esos diputados “leales” y capaces de escribir lo que escribieron, cada vez más me obliga a pensar en la necesidad de terminar con esa práctica nefasta de elegir los diputados por listas, en vez de serlo por personas. Porque lo que se demuestra es que, detrás de algunos primeros buenos, les siguen unos segundones capaces de cualquier cosa.

Finalmente, como tercer tópico público de actualidad, deseo comentar lo sucedido con el viaje de un alto funcionario de una entidad estatal a otro país, presuntamente en compañía de una damita.

El problema para mí de ninguna manera reside en la conducta privada de ambos funcionarios gubernamentales. No me interesan sus asuntos personales. Allá cada cual con lo que desea hacer, en tanto con ello no dañe a terceros con sus acciones. El problema está en si, para satisfacer sus pasiones privadas, utilizaron y manipularon recursos públicos. Aquí sí me interesa el asunto, pues como ciudadano pago los servicios que esa entidad estatal me brinda, dentro de cuyo precio obviamente se encuentran incluidos los salarios, viáticos, gastos de viaje, gastos de representación, pago de hoteles, y cualquier otra cosa asociada con esos periplos, entre otros.

Por lo tanto, podría estarse en presencia de un uso indebido de recursos públicos, por lo que me imagino que, con la celeridad que la caracteriza, la Contraloría, encargada de investigar estas cosas, ha de haber recaudado ya toda la documentación necesaria y pruebas adicionales de ese viaje, incluyendo documentación públicamente expuesta en Internet que narra aspectos de la gira educativa. No debe permitirse que la conducta de algunos funcionarios empañe el buen deseo de doña Laura de impedir cualquier tipo de conducta incorrecta en su administración. Por ello, estoy seguro que pronto, en este mismo sentido, el gobierno actuará responsabilizando económica, civil y penalmente a todos los involucrados en el desmadre de la carretera a Caldera.

2011-06-14-DE NUEVO CON LA CURVA DE PHILLIPS

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DE NUEVO CON LA CURVA DE PHILLIPS

Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de junio del 2011.

Los economistas solemos referirnos a la Curva de Phillips para dar a conocer una supuesta relación inversa entre la inflación y el desempleo. Esto es, a la idea de que un desempleo alto se encuentra asociado con una inflación baja y que una inflación alta, lo está con una desocupación baja. Esa supuesta regularidad empírica es lo que se conoce como Curva de Phillips, nombrada así por un economista inglés de mediados del siglo pasado.

Por muchos años hubo economistas quienes, basados en la Curva de Phillips, señalaron que, ante un desempleo considerado alto por las autoridades económicas, se podría optar por inflar la economía (esto es, una mayor inflación) a fin de reducir la desocupación. Muchos de los encargados de definir las políticas económicas de los países si vieron enfrentados a escoger entre dos males: la inflación y el desempleo. La decisión usual fue preferir lo que consideraron como el menos malo (¡no me refiero a ningún candidato político!). Mucha de esa escogencia fue simplemente el resultado de un cálculo político: Los votantes desocupados suelen votar en contra del gobierno por no generar suficientes empleos, en tanto que la inflación muy a menudo es atribuida a cualquier cosa menos a la emisión excesiva de los bancos centrales de los países, con lo cual los gobiernos de turno se lavan las manos por su responsabilidad inflacionaria.

Con este panorama enfrente quedó servido el menú para los políticos y economistas. Debían escoger lo que consideraban era lo menos malo y, si elegían a la inflación como su preferida (supuestamente asociada con un desempleo más bajo) siempre podrían echarle los muertos de ese mal a algún otro personaje distintos de sus bancos centrales, personajes que han desfilado en distintos capítulos de la historia económica de diversos países, como es el caso de los árabes, los petroleros, el mal clima, las malas cosechas, la extinción de anchovetas en el Océano Pacífico peruano o lo que fuere.

Ejemplo de los problemas que se derivan de utilizar la Curva de Phillips para el manejo económico de los países, lo vivimos aquí cerquita: En la administración Carazo, en ocasión del discurso presidencial de don Rodrigo ante la Asamblea Legislativa el 1 de mayo de 1982, nos dijo lo siguiente: Puesto “a escoger ante la ausencia de acción legislativa, entre la inflación y el desempleo, se escogió entre ambos males el menor, la inflación y la paz social se ha mantenido, esto indica que la decisión fue acertada”. Pero la verdad ¡tristemente! se evidenció luego. El país terminó en ese año con una inflación enorme y el mayor desempleo de los últimos tiempos. La decepción de los ciudadanos fue evidente: terminamos con mayor inflación y mayor desempleo; no era cierto que se podía escoger una mayor inflación para bajar el desempleo, como nos lo decían los seguidores de la curva de Phillips.

Este panorama no sólo se presentó en Costa Rica. Algo similar sucedió con la administración Carter en Estados Unidos, país en el cual se tuvo simultáneamente una de la mayores tasas de desempleo (un 7%) con una de la más elevadas tasas de inflación (13.5%). Se concluyó con en una economía en que había una simultaneidad del desempleo y la inflación, cuando se aseveraba que se podía optar entre esos dos males.

Los políticos de entonces ya habían empezado a descubrir la verdad. James Callaghan, Primer Ministro inglés, en un discurso que pronunció en setiembre de 1976 en la conferencia de su Partido Laborista, dijo: “Solíamos pensar que se podía pagar la salida de un depresión e incrementar el desempleo, reduciendo los impuestos y aumentando el gasto público. Les digo con todo el candor que esa opción ya no existe y que si existió alguna vez, sólo trabajó inyectando una dosis mayor de inflación en la economía, seguida por un nivel más alto de desempleo. Esa es la historia de los últimos veinte años.” Se acabó así el cuento de que altas tasas de inflación estaban asociadas con bajas tasas de desempleo y que bajas tasas de inflación estaban ligadas con altas tasas de desempleo.

Un importante teórico monetario, Milton Friedman, en su discurso en ocasión de recibir el Premio Nobel en Economía, en Estocolmo, Suecia, el 13 de diciembre de 1976, le dio el golpe de gracia a los proponentes de la Curva de Phillips, cuando señaló que, “desafortunadamente para esta hipótesis, la evidencia adicional fracasó en conformarse con ellas (que existía una elección y una opción apropiada entre inflación y desempleo). Más importante, la tasa de inflación, que parecía ser consistente con un nivel específico de desempleo, no permaneció fija… tasas de inflación que previamente habían sido asociadas con bajos niveles de desempleo, fueron experimentadas junto con altos niveles de desempleo. El fenómeno de la simultaneidad de alta inflación y alto desempleo se impuso por él mismo en las noticias profesionales y públicas, recibiendo el triste nombre de ‘estanflación’.” (El paréntesis es mío)

Pero a veces parece que cuesta que las malas ideas mueran del todo. Esto es frecuente en la historia del pensamiento económico, en donde cosas que se han demostrado como incorrectas, renacen de pronto con renovado vigor, hasta que una vez más se muestre que están equivocadas. La vigencia de la llamada curva de Phillips y que se apele a ella para la prosecución de políticas monetarias expansionistas en Costa Rica son parte de esa resistencia a la desaparición de las malas ideas. Se ha vuelto a señalar que, ante las actuales circunstancias de la economía costarricense, “con metas de inflación flexibles… el Banco Central anda buscando dos cosas: una meta de inflación pero anda buscando también algo que tiene que ver con producción y empleo.”

El punto clave es si es posible para el Banco Central lograr como meta una reducción del desempleo (también definido como un estímulo para aumentar la producción) aunque para lograrlo tenga que sacrificar su objetivo de una tasa de inflación baja. La propuesta antes indicada lo que nos dice es que es posible que el Banco Central de Costa Rica sacrifique un poco su meta de una baja inflación para lograr con ello una meta de un mayor empleo y crecimiento económico, como si eso fuera posible.

Me atrevo a vaticinar que una “apertura de piernas” del Banco Central en cuanto a su meta de una baja inflación; esto es, que aumente la emisión monetaria, sólo dará campo para que le metan un “golazo entre-piernado”, porque de las cosas más difíciles de echar para atrás –lo pueden confirmar muchísimos banqueros centrales- es que, una vez que se abren las compuertas para la inflación, se puedan cerrar fácil e indoloramente.

Alguien podría tener en mente provocar que haya una “inflacioncita”, chiquitica, como para que con ella se estimule el crecimiento sin que crezcan mucho los precios –algo así como echarle una engañadita a los ticos- pero no creo que tal arte, más propio de taumaturgos, pueda tener éxito, porque los agentes económicos suelen incorporar en sus decisiones las expectativas inflacionarias originadas en las decisiones del Banco Central. Rápidamente los mercados detectarían el carácter inflacionario de las nuevas medidas del Banco Central y con base en ellas ajustarían sus expectativas ante el crecimiento futuro de los precios, abortando el esfuerzo del Banco por engañarlos con ilusiones monetarias.

Dado lo anterior, terminaremos con algo más de inflación (aunque sea chiquitica, que me imagino es lo que tiene en mente el proponente), pero sin que se dé por ello un aumento en la producción real de la economía (y una caída en la desocupación). Ciertamente podría ser que, por alguna otra razón, tal vez un fuerte incremento en la demanda externa de nuestra producción, se presente un alza en la actividad productiva doméstica, pero es por dicha razón que se logra ese objetivo deseable, pero no a causa de una expansión monetaria. De no ser por un factor positivo externo o algo similar a éste, se podría creer que algún sabio banquero central habría encontrado una especie de piedra filosofal económica: Que era posible expandir la producción simplemente emitiendo más dinero y eso, que yo sepa, no se ha visto en ningún lado hasta el momento. Puede verse, por ejemplo, lo que está sucediendo con la enorme expansión monetaria en los Estados Unidos, en donde el desempleo no disminuye, la producción crece muy, pero muy, lentamente y posiblemente en cierto momento el problema inflacionario se tornará presente.

2011-06-21-ACERCA DE POLÍTICOS PILLOS

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ACERCA DE POLÍTICOS PILLOS

Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de junio del 2011.

En una reciente columna periodística, se mencionó lo siguiente: “Está también el profesional del nihilismo político o del estigma de la política: ‘todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz’´”.

Esa oración podría haber sido escrita como justificación de cualquier acción del estado, con independencia de su bondad o conveniencia. Para ello se acude a un viejo truco, cual es quitarle legitimación a quienes se atrevan a formular críticas a los políticos, acudiendo a generalizaciones acerca de las razones que los puede motivar a hacerlas. Llamarlos profesionales del nihilismo o estigmatizadores de la política, sin parar en mientes acerca de si las críticas hechas a los políticos pueden tener fundamento, es tirar por la borda un gran principio que caracteriza a los órdenes democráticos, cual es la responsabilidad que ante la ciudadanía deben asumir los funcionarios públicos y los políticos por sus acciones y, por tanto, sujetarlos a las reglas de la crítica. Esa velada forma de censurar el pensamiento crítico, alegando que, quienes lo expresan, tienen su origen en infundios acerca de la moralidad de las personas, no puede conducir nada más que a promover el silencio ante el abuso posible del poder del estado.

La afirmación comentada falla, al generalizar un comportamiento que el columnista no necesariamente puede probar que subyacen las intenciones de quienes critica. Adscribe conductas que el comentarista de marras no puede confirmar con hechos concretos. Lo haría si tal vez tuviera la capacidad divina de hurgar el ámbito moral y la conciencia de quienes se atreven a criticar a políticos y a funcionarios públicos. No conozco en nuestro medio a persona alguna que, de manera absoluta y general, haya afirmado que “todo político es un pillo” o que “todo funcionario, un incapaz”, como dice el periodista cuya opinión comento.

Yo suelo formular críticas al comportamiento de políticos, no porque considere que “todos” son unos pillos, al igual que también lo hago acerca de las conductas de funcionarios públicos, sin que los considere a todos unos incapaces. Al contrario, ambos suelen ser muy capaces de hacer las cosas a su manera y según sus intereses propios.

Alguien me dirá: ¿Y usted por qué se da por aludido? y posiblemente a partir de ello lucubrar acerca de lo que puede transitar por mi magín. Lo que en verdad deseo es exponer una posición liberal respecto al político y al funcionario público, no porque acepte que soy un “profesional del nihilismo político o del estigma de la política” y que por ello debería aprovechar para encontrar alguna justificación de mi comportamiento como crítico de la conducta de políticos y funcionarios públicos. No creo que esté en la mente de un columnista que presta atención a mis anotaciones –ni soñar con esas alturas intelectuales de los dioses olímpicos- como para que sentir que se me endilgan directamente conductas maledicentes o de mala fe, pero, por si acaso, tomo a pecho el comentario inicial de marras. En la vida siempre hay que tener mucho cuidado con lo que escriben ciertas plumas, no vaya a ser que prefieran tan sólo hacer insinuaciones, en vez de señalar quien es el que directamente afirma que “todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz”. Por ello, lo mejor, creo, es dejar mis afanes muy claros.

A mediados del siglo XVIII un connotado pensador liberal, David Hume, escribió lo siguiente: “Los escritores políticos han establecido como máxima que, al concertar cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones de la constitución, debería considerarse a cada hombre como un pícaro que, en todas sus acciones, no persiguiese otro fin que el interés particular… Por lo tanto, es una máxima política justa la de que debemos suponer que todo hombre es un pícaro, aunque, al mismo tiempo, resulte un tanto extraño que una máxima falsa de hecho, haya de ser verdadera en la política. Pero, para convencernos a este respecto, podemos pensar en que los hombres, generalmente, son más honestos en su calidad de particulares que en su condición de personas públicas, y que se esforzarán más por servir a un partido que cuando no se trate más que de su propio interés privado.” (David Hume, Ensayos Políticos, San José, Costa Rica: Universidad Autónoma de Centro América, 1987, p. p. 103-4).

Como seres humanos que son, hay políticos honestos y deshonestos, al igual que hay funcionarios públicos capaces, en tanto que hay otros que son unos incapaces. Esa es la máxima verdadera de hecho a la que se refiere Hume. Lo que él, y muchos liberales después de él, enfatizan es la importancia de pensar que, a la hora del diseño de instituciones, como cuando se trata de “concertar cualquier sistema de gobierno y fijar los diversos frenos y regulaciones”, lo mejor es suponer que todo hombre es un pícaro, a fin de que puedan existir las mejores instituciones posibles –entre ellas el principio de la crítica- creadas por los seres humanos, que evidentemente nunca serán perfectas. La alternativa a esta precaución es la de pensar, como a menudo uno lo suele observar, que los políticos y los funcionarios públicos son unas criaturas especiales, a quienes no mueven intereses egoístas, sino sólo un altruismo en donde únicamente buscan el bienestar de la ciudadanía y no el propio. Hume nos advierte del error de creer que esos políticos y funcionarios públicos son ángeles a la hora de construir instituciones gubernamentales; en sencillo, en los asuntos públicos de gobierno.

Hume aconseja, además, que se tenga presente que esos hombres suelen ser más honestos en sus asuntos privados que en sus asuntos públicos, y que, en estos últimos afanes, el interés privado propio es siempre un gran motivador y empuje para su comportamiento observado. Esta idea no es extraña, sino más bien parte sustancial de la versión moderna de pensamiento político-económico conocida como la Teoría de la Elección Pública, la cual desmitifica la pretensión y creencia sostenida por algunos de que los políticos y los funcionarios públicos no son movidos por sus intereses propios. No hay nada malo en esto, excepto que se suele hacer un gran esfuerzo de parte de ellos para que se les vea como interesados en algún bien común etéreo, que nunca aparece definido, pues es imposible, y no de que actúan en el ámbito político y burocrático según los intereses propios que tienen en mente.

Lo cierto es que, tal como el individuo en el marco de los mercados al buscar su propio interés logra el beneficio de los demás, como nos lo explicaron Adam Ferguson y Adam Smith, en el caso de los políticos y los administradores públicos, si bien actúan también en función de sus intereses individuales, a veces se postula que en su actuar son movidos por un altruismo que en realidad se observa muy infrecuentemente. Tal como el individuo busca hacer máxima su satisfacción (en donde suele incluirse más allá del interés propio estrictamente hablando, y se suele incorporar el bienestar de su familia, de sus allegados y de sus asociados), al igual que en los mercados el empresario buscar hacer máximas sus ganancias, en el campo político y de la administración pública el objetivo de fondo puede ser la maximización del poder o de los votos, o de la riqueza personal obtenida gracias a su posición gubernamental.

Lo mejor es que, a la hora de los asuntos públicos, debemos seguir el consejo de Hume arriba mencionado y, agrega este servidor, más bien estimular la crítica constante al desempeño de los políticos y de los funcionarios públicos, que en última instancia son pagados por los dineros de todos los ciudadanos. No porque “todo político es un pillo y todo funcionario público, un incapaz”, sino porque la crítica a sus actuaciones en el campo público puede servir de freno al abuso del poder y, tal vez, para que con espíritu Popperiano puedan mejorar o enmendar errores.

2011-06-28-IMPUESTOS Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

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IMPUESTOS Y LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO

Publicado en el sitio de ASOJOD el 28 de junio del 2011.

Poco después de que el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Arturo Valenzuela expresó que la recaudación fiscal en los países del área centroamericana era demasiado baja y que Estados Unidos no estaba dispuesto a aumentar los desembolsos que efectúa para los programas de seguridad en Centro América, principalmente dirigidos al combate contra el narcotráfico, la propia Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton, poco después propuso que los empresarios y las clases acomodadas de Centro América pagaran “su parte de los impuestos” para financiar la seguridad en Centro América; específicamente, para la lucha contra el crimen organizado, que sabemos se refiere fundamentalmente a la lucha contra el narcotráfico.

Debemos de irnos concientizando de que muy difícilmente se podrá tener éxito en la lucha contra el narcotráfico, tal como lo muestran los resultados habidos hasta el momento, en tanto los Estados Unidos (entre otros países desarrollados) continúen siendo el principal consumidor y su mercado sea “ilegal”, provocando que haya enormes, pero enormísimas, ganancias a los carteles de la droga que están dispuestos a incurrir en los costos que sean necesarios, con tal de poder operar en ese hoy tan lucrativo mercado ilegal.

Muy posiblemente la difícil situación fiscal de los Estados Unidos y los pocos prospectos que hay “de ganar esa lucha”, hayan hecho que esas autoridades de los Estados Unidos quieran ahora que los centroamericanos también compartan los enormes costos de ese programa de combate al narcotráfico proveniente del sur de aquella nación. No quiero ser dramático y alegar que, además de poner los muertos, como ahora sucede en México, también quieran que nuestros ciudadanos paguen su decisión de ilegalizar el consumo de drogas en los Estados Unidos, causa fundamental de las enormes ganancias del narcotráfico. Prefiero no proceder en esta línea para mi comentario y, más bien, en esta ocasión me referiré a la pretensión de que seamos los ciudadanos de Centro América quienes paguemos más impuestos en nuestros países, para coadyuvar a resolver las necesidades que tiene el gobierno de los Estados Unidos de solucionar sus problemas internos de consumo de drogas.

Esta nueva intención que se nos quiere imponer -albarda sobre aparejo- además de la que está en proceso en el país de parte de su gobierno para aumentar los impuestos sobre la ciudadanía, especialmente en momentos en que la actividad económica nacional no es nada boyante, resulta inaceptable.

Llama la atención lo que dijo el señor Valenzuela, refrendado luego por la señora Clinton, de que los empresarios y los ricos centroamericanos deberían pagar más impuestos, pues su carga tributaria, en palabras del señor Valenzuela, era demasiado baja.

Me atrevo a afirmar que, cuando dijo eso, posiblemente sí tenía en mente los enormes problemas fiscales de su país, ante lo cual pretende ahora tener acceso a una nueva base tributaria –Centro América- que le permita financiar los objetivos de su estado nacional, pero posiblemente no tuvo en mente que, al menos en Costa Rica, muchas empresas de su país se ubican en zonas francas en las cuales, y en contraste con el resto de las empresas ubicadas fuera de ellas -empresas tanto propiedad de nacionales como de extranjeros- no tienen que pagar el elevado impuesto sobre sus utilidades, que sí deben pagar rigurosamente las ubicadas fuera de la zonas francas.
El angurriento estado costarricense, al exonerar del impuesto sobre la renta a las empresas de zonas francas, a perpetuidad por el momento, se le hace necesario y relativamente fácil redirigir sus ímpetus tributarios gravando aún más al resto de los costarricenses, mediante las más diversas formas imaginables. Esos recursos así obtenidos incluso los puede emplear en sus propósitos de gasto que muchas veces incluyen el suministro de servicios y recursos demandados -afortunadamente- por las empresas que se ubican en las zonas francas. El señor Valenzuela posiblemente sabe que esas empresas exentas ubicadas en zonas francas contribuyen a que él pueda afirmar que hay países de la región en los cuales la carga tributaria es demasiado baja, pero también no dudo que tiene presente que esas mismas empresas estadounidenses ubicadas en nuestras zonas francas, sí pagan los elevados impuestos que sobre las utilidades de las empresas se cobran en los Estados Unidos, una vez que repatrían sus ganancias hacia aquella nación.

Una solución financiera parecía haber surgido en el seno de la Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, en donde participaron diversos presidentes del área, quienes, como buenos políticos que son, rápidamente aprobaron aumentar los impuestos, pero algo les iluminó de pronto, como para que algunos afirmaran que veían poco viable el aumento de tributos allí propuesto. La solución no se hizo esperar: El Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, creo que además de otros entes similares, estuvieron dispuestos a abrir líneas de crédito multimillonarias para que los países de Centro América las utilizaran en la financiación de esa lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Claro que, al fin de cuentas, alguien tendrá que pagar esos préstamos –principal e intereses- y sabemos que recaerá en parte alícuota sobre los futuros paganinis costarricenses. Tendremos que pagar los préstamos que se usarán en resolver los problemas derivados de una lucha que el gobierno de los Estados Unidos parece tener perdida, dadas su políticas internas sobre los mercados de drogas.

2011-07-05-LO BUENO Y LO MALO EN ARESEP

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LO BUENO Y LO MALO EN ARESEP

Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de julio del 2011.

Las actuaciones recientes de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) siguen dando de qué hablar. A ello me refiero en esta oportunidad, dado el papel protagónico de esa entidad estatal en diversos asuntos que no cesan de tener vigencia.

Lo mejor que puede haber hecho la ARESEP en tiempos recientes es ordenar un trámite interno para reducir, a finales de agosto, el precio de los combustibles. Si ello se hubiera debido a un descenso en su precio internacional, tal vez la noticia sería de simple rutina, pero en esta ocasión resulta de una denuncia pública de que el monopolio de RECOPE había sobrecargado los precios, en perjuicio de los consumidores. Esto es, que el monopolio presentaba excedentes al cerrar el año producidos por un exceso de las tarifas, que la misma ARESEP había autorizado, cobrar a los usuarios. Esta maniobra ya la había demostrado públicamente el acucioso ex regulador general, don Leonel Fonseca.

Afortunadamente, en esta ocasión la ARESEP se movió rápidamente y está dispuesta a pone en orden el desaguisado, ordenando restituir al consumidor el precio cobrado de más, con lo cual se espera que las gasolinas, el diesel, así como el gas licuado, se reducirán cada uno en alrededor de 63 colones.
Lo más interesante de la decisión de ARESEP es que dicha reducción se origina en que, del total que de excedentes de RECOPE por cerca de ¢65 mil millones, ¢35.5 miles de millones provienen del sobreprecio cobrado y los restantes ¢26.5 miles de millones se debe a impuestos que el Ministerio de Hacienda le retuvo a RECOPE, medida que, a juicio de ARESEP, es indebida porque RECOPE supuestamente no tiene fines de lucro. Esto último muestra varias cosas: Primero, la angurria del Ministerio de Hacienda por agarrar plata de donde sea (los ciudadanos estamos haciendo fila para el paquetazo), aún cuando sea ilegal, según nos lo dice ARESEP. En segundo lugar, que se diga RECOPE no tiene fines de lucro, me parece que desnuda una paradoja que ha mostrado a plenitud, pues precisamente lo que ha hecho es actuar como buen monopolista, extrayendo el excedente que pueda de parte de los consumidores. En tercer lugar, el día de mañana se podría utilizar este tipo de argumentación para que también a los bancos estatales y el INS se les considere como entidades sin fines de lucro y, por tanto, no deberían de pagar el impuesto sobre la renta. Puede que el señalamiento de ARSEP sea el correcto, ante lo cual habrá que esperar al día en que haya competencia privada en la importación y refinación -esto es, competencia privada para RECOPE- para que todos tengan que pagar el impuesto sobre la renta.

En todo caso, la actuación de la ARESEP, al poner orden en la política de precios de RECOPE y tratar de limitar su poder monopólico en justo beneficio de los consumidores, es una buena noticia.

Ahora lo malo. ARESEP alquiló un nuevo edificio, con un espacio utilizable similar al anterior, lo remodeló con el lujo usual, se alejó y aisló de la mayoría de los usuarios que acudían a sus anteriores instalaciones en las cercanías de La Sabana al trasladarse a Santa Ana (lugar de moda para entidades financieras, ¡qué caché!) y, sobre todo, ahora gasta una jugosa suma mensual por alquileres de, según me han dicho, alrededor de $125.000 (cerca de ¢62.5 millones) al mes. Como diciendo “esta mula es mi macho”, la ARESEP se trasladó e ignoraron numerosos cuestionamientos que, por tal decisión, distintos medios le hicieron. Tranquilos, ahora sólo tratan de que pase el tiempo y que los ticos “majes” pronto lo olviden. El hecho es que no explicaron claramente a la ciudadanía del por qué de tal decisión, aún cuando se trate del uso de fondos públicos.

Esa estrategia, de dejar que las cosas pasen, ha estado presente en la reciente decisión tomada por ARESEP, de aumentar los salarios de los “mal pagados” altos funcionarios de la entidad. Ese aumento, cercano a un 10%, probablemente eleve algunos salarios mensuales a 5 o 6 millones, lo cual servirá de acicate para que funcionarios equivalentes en otras entidades del estado se vean estimulados para pedir que se les pague lo mismo ¿o tal vez un poquito más? Ya vemos cómo en el INS se aprobaron recientemente otros aumentos salariales, que los acercan a lo que van ahora a ganar en la ARESEP.

Aunque doña Laura nos haya dicho que frenará el aumento en los gastos corrientes y principalmente en las remuneraciones de altos funcionarios en el sector público, en especial a la luz de la próxima ejecución tributaria que en la Asamblea Legislativa se planea contra la ciudadanía, por medio de un paquete tributario presentado ante ella por el Poder Ejecutivo, parece que a la Presidenta ciertos funcionarios gubernamentales no le quieren hacer caso, ¿o será que doña Laura dijo eso para salir del apuro, engañando a los ilusos quienes creímos que efectivamente frenaría en algo el excesivo gasto estatal?

Como reina el silencio acerca del aumento salarial de los altos jerarcas de la ARESEP, debo creer que todo está consumado, que el aumento a los “porecitos” burócratas va y que el esfuerzo firme para reducir el gasto público que nos había dicha Doña Laura, era simplemente pura paja.

2011-07-12-ACERCA DE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA CCSS
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ACERCA DE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Publicado en el sitio de ASOJOD el 14 de julio del 2011.

Antes de que alguien me coma vivo porque defiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al menos en la idea fundamental por la cual se le creó y en las dimensiones en que entonces se le pensó, como liberal quiero resaltar lo que en su momento señaló el fundador de ANFE y presidente de ella, el Dr. Fernando Trejos Escalante.

Su libro escrito en 1963, Libertad y Seguridad Social, tenía como propósito “demostrar que la seguridad social puede coexistir con un régimen de libertad económica”. En él señala que “la seguridad social, bien concebida, es el complemento indispensable para un régimen de libertad, cuando menos en los países subdesarrollados.” (Fernando Trejos Escalante, Libertad y Seguridad: Libertad económica y seguridad social, San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 1963, p. 20).

Cecilia Valverde menciona la razón por la cual Fernando Trejos escribió esa obra: “Estoy escribiendo mi libro, ahora con mayor razón porque es necesario que todos sepan que seguridad social nada tiene en común con socialismo. Más aun, la seguridad social es una de las mejores formas de combatir los motivos que contribuyen al socialismo. Y deseo convencer, a quienes no han acatado esto, de que el socialismo no solo nada tiene que ver con la seguridad social, sino que ésta conviene intensamente como medio de frenar el avance de tal ideología. Todavía más: creo que la seguridad social es un fundamento indudable de la libertad económica.” (Cecilia Valverde Barrenechea, “Semblanza”, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ensayos en honor a Fernando Trejos Escalante, San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica y Asociación Nacional de Fomento Económico, 2004, p. 13).

En este último libro, escribí que “…yo considero a Fernando Trejos como un claro exponente de una versión de liberalismo que no va en contra de sus cánones básicos. Es un liberal clásico para quien era necesario que se aseguraran las condiciones básicas que le permitieran al hombre libre poder vivir una vida buena, producto del desarrollo de su potencial que como tal le es propio hacerlo.” Jorge Corrales Quesada, Fernando Trejos Escalante: un liberal ante los problemas sociales, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ibídem, p. 105.)

Dado mi aprecio hacia esa institución por la cual el Dr. Trejos Escalante luchó tanto, me permito formular, por el momento, algunas sugerencias en torno a la situación difícil que en estos días se ha señalado; principalmente acerca de la insuficiencia de recursos para atender los servicios de tratamiento y curación de enfermedades que brinda la CCSS. Creo que, de esta manera, se podría ayudar a mitigar los actuales apuros, tanto presentes, como, sin duda, futuros.

De previo se debe recordar que la Caja tiene dos tareas claramente definidas: una, la atención a la Enfermedad y Maternidad (EyM), y es a lo que principalmente me refiero, y la otra, el sistema llamado de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual sólo toco incidentalmente.

Asimismo es importante tener presente que existe una proliferación de organizaciones sindicales dentro de la CCSS, que en mucho son parte de los problemas que hoy enfrenta, por lo cual quiero enfatizar algo acerca de la naturaleza de dichas organizaciones. Los sindicatos tienen un objetivo esencial, cual es la obtención de beneficios para sus asociados. A veces este propósito se intenta disfrazar, para lo cual alegan buscar el interés de los ciudadanos, lo cual puede ser así, pero debe entenderse que siempre está supeditado a aquel prioritario: el interés de sus asociados. Por lo tanto, no necesariamente es cierto que busquen el interés nacional y creo que aún menos el de los usuarios de la Caja, aunque suelen alegar tal motivación para sus acciones. Lo primordial para los sindicatos es que sus miembros obtengan favorecimientos; lo demás es simple justificación a las acciones que usualmente llevan a cabo en el logro de tales beneficios. En síntesis, no se trata de instituciones dedicadas al altruismo, a la beneficencia ni a la caridad, sino de entes que buscan maximizar el interés propio de sus asociados.

Lo primero que debemos de tener muy claro es la verdad acerca de la situación financiera de la Caja, tanto en la parte correspondiente a las pensiones (IVM) como en la de servicios de salud (EyM). Lo digo enfáticamente, pues uno suele escuchar diferentes versiones acerca de la situación de la Caja proveniente de diversas fuentes respetables, como lo son la misma institución, la Superintendencia de Pensiones o la Oficina Panamericana de Salud (OPS), entre otras. Es cierto que ello se puede deber a diferencias en las metodologías empleadas para el cálculo de sus estimaciones, pero ello de alguna manera tendrá que ser compatibilizado, a fin de que los verdaderamente afectados con los problemas –los usuarios cotizantes de la Caja- sepamos cuál es la verdad verdadera.

En segundo lugar se ha mencionado, pero luego rechazada, la posibilidad de que se aumente el porcentaje de la cotización actual hoy pagada por los trabajadores y los patronos. Por supuesto que ni pensar en aumentar la cuota a esa tercera parte del financiamiento tripartito vigente, cual es el Estado como Estado (ya que, como patrono, es otra cosa), pues creo que todos nos hemos dado cuenta de que, en esa condición, realmente se le podría considerar como el “moroso” más grande de las obligaciones con la Caja. Lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es que, de vez en cuanto, como aseguro que lo hará pronto en estos días, cancela estas obligaciones entregándole bonos a la Caja, lo cual sabemos que es un artilugio financiero, pues sólo permite inyectar algo de liquidez a la Caja con los intereses que le paga por dichos bonos. Pero realmente se trata del acto de un estado irresponsable del momento, puesto que en el futuro le cargará esos pagos por los bonos a quienes hoy pagan impuestos; esto es, a los trabajadores y a las empresas, a fin de pagar esta creciente deuda pública entregada a la Caja. Claro que no hay que excluir la posibilidad de que, al llegar “ese futuro”, por la falta de plata –como ahora- el estado simplemente declare un default en el pago de esa deuda bonificada.

Eso sí hay un hecho crucial del que se habla de vez en cuando, pero no se encara, como debe ser, tal vez por una creencia de que, si se actúa de esa manera, el problema deja de existir. Los cotizantes al régimen de la Caja estamos viviendo muchos más años en comparación a cuando se instauraron y se definieron las cotizaciones con base en la esperanza de vida de aquel entonces.

La realidad es que los costarricenses estamos viviendo, afortunadamente, cada vez más años. Por otra parte, no es cierto, como lo alegó un funcionario de la Caja, que, como no se actualizan las cuotas de la CCSS, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Lo cierto es que el porcentaje definido, al irse aplicando sobre un Producto Interno Bruto creciente, significa que aumenten también los ingresos de la Caja. Pero el menor crecimiento del PIB durante los últimos años, lo cual significa que la Caja tendría menores recaudaciones, es una buen razón para que se practiquen reducciones correspondientes, al menos temporalmente, de los gastos, lo cual parece que no se ha efectuado.

Me parece que más serio para las finanzas de la Caja es el envejecimiento paulatino de la población –que en mucho, creo, se puede adscribir al buen servicio médico que hay en el país- pues no sólo exige pagar pensiones por muchos años más de lo esperado según el diseño inicial, sino que también esa población más vieja suele demandar más servicios médicos, hospitalarios y medicinales de la Caja. Aquí la solución razonable es clara, en mi opinión: aumentar los años de cotización a la Caja y, por ende, para pensionarse, en vez de elevar los porcentajes que hoy se pagan como cotizaciones. Evidentemente este proceso tiene que irse practicando con sumo cuidado, pues dichos incremento en los años de cotización y de inicio de la pensión no puede hacerse en un solo momento, sino que debe ser algo gradual para que, quienes ya están relativamente cercanos a pensionarse, no sufran un impacto devastador.

Las experiencias hoy vividas en cierto países de Europa, como Grecia y Portugal, en donde gran parte del problema fiscal que sufren se deriva de regímenes de pensionas que no se han ajustado al envejecimiento que gradualmente ha ido experimentado su población cotizante, les ha obligado a tomar medidas draconianos que nadie desea. Por ello, lo mejor es actuar al respecto lo más pronto posible, cuando los ajustes se pueden asimilar con mayor facilidad, pero es necesario que no sigamos haciéndonos “los majes”, como si el envejecimiento gradual de la población cotizante a la Caja no fuera un problema real.

En tercer lugar, a fin de poner algún grado de orden en los gastos de la Caja es necesario que se cobre por los servicios que brinda a personas que no cotizan. Parte de la atracción de extranjeros hacia el país es posible explicarla porque, entre otras cosas, no tienen que pagar por las medicinas ni por la atención médica de su persona y sus familiares. Simplemente van a la Caja y ahí, sin costo, se les otorgan. No me opongo al ingreso de extranjeros honrados que vienen al país en búsqueda de una vida mejor, pero no me parece que debamos incentivar tal decisión disminuyendo los costos de ella, en especial cuando podría convertirse en un factor importante en cuanto crear problemas serios al financiamiento de un régimen solidario, el cual incluso puede llegar a estar en riesgo de quiebra. Un ejemplo de ello ha sido lo que se ha presentado en Canadá, en parte debido a la afluencia de estadounidenses que deben pagar muy caro por medicinas en su país, en tanto que las pueden obtener más baratas si viajan y las obtienen en el sistema de seguridad social de Canadá.

Ejemplo de la utilización de servicios de la Caja por personas que no cotizan al régimen es lo sucedido hace poco con un piloto herido en un accidente de aviación, supuestamente envuelto en el traslado de drogas. Se le dio una excelente atención en la Caja por muchos meses y mediando gastos enormes, pero que ahora no se sabe quién los va a pagar. Esos costos ya han sido incurridos por los costarricenses que solidariamente pagan a la Caja.

Otro ejemplo es la venta de medicinas de la Caja en Nicaragua, que fuera denunciada hace ya
varios años y que parece aún proseguir. Es más, hay nicaragüenses que residen en Costa Rica y que pagan cuotas a la Caja, pero sus beneficios los reciben familiares que residen en Nicaragua y que vienen al país cada cierto tiempo o cuando es necesario para asistir a citas. Y no evado mencionar la gran cantidad de nicaragüenses y colombianos quienes viven en el país, pero, aunque trabajen, no cotizan a la Caja, pero acuden -y lo digo porque los he visto y me lo han comentado médicos que no tiene razón para mentirme- a recibir los servicios médicos que brinda la Caja. Es hora de que los cotizantes actuales de la Caja, por medio de los que se suponen los representan en los cuerpos de decisión política, redefinan la política de atención a extranjeros que no cotizan a la Caja, pudiendo variar desde la exclusión total o, al menos, a que se efectúen cobros que permitan cubrir, aunque sea parcialmente, los costos en que obligan a incurrir al régimen. Hay diversas maneras de entrarle a la solución del problema.

Un ejemplo más: se da el caso de extranjeros, incluso ya pensionados en sus países de origen, quienes llegan al país y aparecen laborando como trabajadores de sociedades en donde ganan poco, de forma que así logran cotizar algo, pero poco, a los regímenes de la Caja. Saben y aprecian los buenos servicios médicos de la Caja y la “gratuidad” de las medicinas que se les otorgan y por ello efectúan tales arreglos. Pero no me parece algo conveniente, en especial a la luz de principios básicos de igualdad ante la ley, si lo comparamos con la multitud de trabajadores nacionales que han cotizado toda una vida a los regímenes de la Caja, sin fingir que perciben salarios bajos que les aseguren el acceso a sus servicios.

Deseo recalcar que mis propuestas cobrar por los servicios que la Caja brinda a no cotizantes no se refiere exclusivamente al caso de extranjeros, sino que también, por supuesto, es aplicable a nacionales que no cotizan y que reciben servicio de la Caja.

Relacionado con todas estas últimas cosas que he tratado–y sé que me estoy metiendo a aguas procelosas- creo que es necesario que la Sala Constitucional revise su política de exigir a la CCSS a que brinde los servicios a personas que han solicitado su intervención para que se les otorguen.

Muchas veces tales servicios solicitados requieren de sumas que parecen ser excesivas a las posibilidades del principal régimen solidario que han escogido los costarricenses. Los buenos principios de administración y economía no parecen contar para los ilustres magistrados, quienes creo que, si bien intencionados, no paran en mientes de que sus decisiones pueden ser muy onerosas para la posibilidades de un país, en donde las limitaciones naturales de recursos son mayores que las de otros más ricos. Lo primero que deberían de darse cuenta es que la medicina cuesta y que hay procedimientos cuyos costos no pueden ser cubiertos en países relativamente pobres como los nuestros. Por eso, no debe extrañarles que muchas veces hay ricos que salen del país para recibir tratamientos que en Costa Rica no pueden obtener, básicamente por ser muy costosos. Sé que es un difícil equilibrio el que se debe guardar, pero los señores magistrados deberían meditar sobre las consecuencias económicas que tienen sus decisiones, en especial para el caso de regímenes solidarios como la Caja de los costarricenses. No puede creerse en derechos sobre cosas con una independencia de sus costos.

Recientemente se han mencionado dos rubros de gasto importantes en salud que lleva a cabo la CCCSS, cuyas posibilidades de reforma han irritado a ciertos sindicatos de la institución. Ya han hecho llamados a huelga –poca otra cosa parece ocurrírseles- que dañarán principalmente a los cotizantes de la Caja y que en ese momento requieren de sus servicios, por los cuales ya han pagado. Antes de referirme a esos rubros, quiero enfatizar que la actitud de esos sindicatos de acudir a huelga por cualquier cosa, probablemente se origina en tres factores. El primero, que aunque la huelga sea declarada como ilegal, siempre llegan a un acuerdo con las autoridades de la CCSS mediante el cual se les paga lo que no debió de pagárseles por estar en huelga. Segundo, porque siempre aducen que no es el interés propio el que mueve a los huelguistas, sino que suelen incorporar otros elementos que sí se podrían considerar como que reflejan algún grado de aprecio por el interés de los cotizantes de la Caja. La realidad es que lo que más les interesa a esos sindicatos es el interés propio de sus agremiados y no el de terceros. En tercer lugar, porque los servicios de salud en nuestro medio son estratégicos y no hay gobierno que pueda mantenerse firme, asumiendo que es lo correcto, ante ciertas pretensiones sindicales. Los gobiernos no aguantan la presión pública que surge de la falta de servicios médicos y, por tanto, prefieren acceder a lo que le pidan los sindicatos. La ciudanía no siente de inmediato lo que está pagando de más por el desperdicio o bien no toma en cuenta de forma adecuada que esos mayores gastos tendrán que ser sufragados de alguna manera, llámese mediante mayores cuotas a la Caja o por una inflación más elevada o por un mayor endeudamiento, que sólo sirve para tirar la bola hacia adelante, pues serán las generaciones venideras las que tendrán que pagar el derroche.
El primero de esos dos rubros de gastos indebidos, sobre los cuales las autoridades están considerando tomar medidas que los corrijan, es el trato privilegiado, en comparación con el resto de los costarricenses que cotizamos para la Caja, otorgado a los empleados de esa entidad por el pago de incapacidades. En la Caja esos subsidios otorgados por incapacidad son considerados como salarios para efectos del treceavo mes, mientras que, para nosotros, el resto de mortales cotizantes de la Caja, dichos pagos son subsidios y no salarios para efectos del treceavo mes. Es hora de que los empleados trabajadores de la Caja tengan los mismos derechos y no más que los que dispone el resto de trabajadores del país. Recuerde que, si los empleados de la Caja tienen mayores derechos o privilegios, todos nosotros tendremos que pagárselos, de una u otra manera.

El segundo elemento de gasto desproporcionado en cuanto a los trabajadores de la Caja es la excesiva cantidad de incapacidades que logran. Las autoridades de la Caja han dado cifras contundentes de ello -contundentes aún si suponemos que trabajar en la Caja implica un riesgo mayor que todo el reto de las ocupaciones en Costa Rica. Asombra la cantidad de incapacidades que se dan a los empleados de la Caja en comparación con los trabajadores del sector privado y ello debe terminar. Si ese abuso se debe a que dichos trabajadores tienen un acceso privilegiado a quienes otorgan las incapacidades–sus mismos compañeros- pues tal conducta negativa aumenta en su dimensión, cuando más bien deberían de ser ellos quienes mayor atención pongan a que no se otorguen tales incapacidades indebidas, pues ello mina el esfuerzo solidario de la CCSS, institución para la cual laboran y se les paga por sus servicios.

Ojalá hagan huelgas para terminar con los privilegios y no para conservarlos y hasta aumentarlos.

2011-07-19-RUMBO A COSTA RICA DESDE GRECIA E ITALIA

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RUMBO A COSTA RICA DESDE GRECIA E ITALIA

Publicado en el sitio de ASOJOD el 19 de julio del 2011.

Empecemos con Grecia, la cual, para aspirar a salir de la crisis económica que espero es conocida por los amables lectores, se vio obligada a congelar las plazas en el sector público, además de reducir los salarios de sus actuales empleados en un 15% y que, de cada diez empleados del sector que se pensionen, sólo podrá reponerse a uno de ellos. Esto es parte de un esfuerzo por lograr que los griegos trabajen.

Asimismo, reflejando la seria crisis en su sistema de pensiones, se vio obligada a aumentar la edad durante la cual los contribuyentes deberán cotizar al sistema a fin de poder pensionarse. Pero también tienen que reducir los gastos de la seguridad social en enfermedad, así como en seguridad pública.

Ante la fragrante evasión tributaria, los griegos deberán pagar más impuestos no sólo por los llamados vicios y lujos, sino también sobre la propiedad y un alza de 4 puntos al impuesto sobre las ventas, el cual así llega a una tasa del 23%. De igual manera, debido a la abundante cantidad de propiedad estatal, se ha decidido poner en marcha un fuerte programa para venderla, a fin de que se le traslade a la actividad privada para evitar que continúen siendo una fuente importante de los déficit del sector público.

Igualmente se introducirá una serie de medidas para poner coto al más variado conjunto de subsidios que la imaginación pueda concebir y que, como en todo lado, son fuente del déficit gubernamental del país. Ello es parte de un programa que Grecia tuvo que aceptar negociarlo con sus socios de la Comunidad Económica Europea, a fin de que ellos le brinden recursos que permitan aliviar el dolor del ajuste, pero, al fin y al cabo, para que Grecia efectúe lo que es un ajuste impostergable. Grecia llegó a una situación extrema por muy diversas razones, siendo la principal el exceso de gasto gubernamental superior a la recaudación de impuestos, lo cual se reflejó, a su vez, en un déficit en la cuenta corriente del sector externo. Pero también a causa de una clara dependencia de todos los sectores para obtener todo tipo de privilegios, lo cual implicó un acceso casi ilimitado a los fondos estatales que no eran infinitos. Así se llegó al grado de que no fue posible que se les mantuvieran por más tiempo. Como dicen: No había más cuero de donde salieran las correas.

Viendo y olfateando lo que se les venía, los italianos se anticiparon a tomar medidas tomando como referencia a los acuerdos que tuvo que negociar Grecia con la Comunidad Económica Europea, pues los problemas que estaba teniendo en su economía eran similares a los de Grecia y sus orígenes también parecidos. El gobierno italiano se decidió a actuar para evitar los costos tan elevados que hoy día experimenta Grecia, por lo cual dispuso asumirlos en algún grado significativo, pero tal vez sin llegar a los extremos en que hoy se encuentra Grecia. Para ello, por ejemplo, Italia privatizará una serie de empresas estatales, tan conocidas como ENI, entre muchas otras. Asimismo, a fin de evitar la quiebra de su sistema de seguridad social en cuanto a la atención de enfermedades, introduce el sistema de copago, mediante el cual los usuarios de consultas médicas de su Caja pagan un porcentaje del costo de ellas. Así se termina con la idea de que el costo del tratamiento de las enfermedades es gratuito; esto es, que la demanda sea infinitamente elástica; que los recursos así empleados no tienen un costo de oportunidad.

La edad para pensionarse se elevará, con lo cual aumentan los años durante los cuales se debe pagar cuotas para el régimen de pensiones. También los salarios de los empleados públicos se van a reducir, al igual que una serie de transferencias que el gobierno central efectúa hacia los gobiernos locales. Asimismo se introduce un impuesto progresivo a la renta en el caso de ingresos provenientes de bonos gubernamentales, que probablemente estaban exentos.

Básicamente con estas medidas el gobierno italiano, para lo cual contó con la aprobación en su Senado de los diputados de la oposición de izquierda, considera que podrá enrumbarse hacia un presupuesto equilibrado en unos tres años. Así se han anticipado a lo que ya antes señalaban los mercados, cual era una desconfianza enorme en el futuro económico italiano.

El rumbo que nos señalan Italia y Grecia debe ser objeto de nuestra meditación. Es cierto que la magnitud del problema de nuestro país, tanto en términos absolutos como relativos, en comparación con los dos primeros, es mucho menor, pero las causas parecen ser las mismas. Un enorme déficit fiscal, producto de un gasto mucho mayor que los ingresos tributarios que se perciben, gastos que han crecido enormemente principalmente en el rubro de las remuneraciones, tanto en sus montos –salarios- como en el número de empleados públicos, así como también por una debilidad creciente y eventual quiebra del régimen de enfermedad y maternidad de la Caja, así como de la parte correspondiente a pensiones. Pero no sólo dicho régimen está desfinanciado; hay algunos otros regímenes especiales de pensiones en el sector público que están plagados de gollerías, como es el caso del sistema del régimen judicial, entre otros.

También son factores importantes en la explicación del déficit en el sector público la evasión tributaria actual y también la evitación tributaria, mediante la cual, legalmente, importantes sectores de nuestra economía, que demandan fuertes gastos estatales, no contribuyen con ingresos al fisco para su financiamiento.

En todo caso, las lecciones de los sucedido en Grecia e Italia deben ser aprendidas y aprehendidas muy pronto, a fin de evitar la enorme magnitud de los ajustes que después se van a requerir. La solución no pasa por captar más fondos de las personas y las familias, sino porque el estado, en toda su amplitud, tome las medidas reductoras del gasto que permitan anticipar quiebras como las sufridas por aquellas naciones.

2011-07-26-UNA HUELGA TAN SÓLO SUSPENDIDA

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UNA HUELGA TAN SÓLO SUSPENDIDA

Publicado en el sitio de ASOJOD el 21 de junio del 2011.

Este sábado 23 de julio se llegó a un acuerdo entre las autoridades de la Caja y los huelguistas para suspender el paro sindical. Esto era previsible, dada la debilidad gradual que fue mostrando la huelga, por lo que ahora resulta ser interesante comentar si, con su terminación, acabarán los problemas con la Caja.

Por un asunto personal durante las últimas semanas he tenido que ojear diversas periódicos desde 1973 en adelante, día a día en lo posible, dada la limitación de la información que los medios han mantenido, en algunos casos con total ausencia de recopilación, en otros por sólo para algunos años y muchas veces en mal estado por fallas en su presentación. El mejor de los casos –y eso es mucho decir- es el periódico La Nación, aunque lamentablemente no tiene un sitio electrónico que almacene adecuadamente sus publicaciones, pues, por ejemplo, omite el período 1991-1994 incluidos y, el que sí mantiene, que va de los años 1946-1991, está lleno de vacíos; como por ejemplo meses para los que no conserva registro, al igual que para muchos días específicos, y todo en una presentación fotográfica que impide hacer un buen y apropiado uso de los documentos así guardados. Bueno, por supuesto que ese periódico no tiene la obligación de conservar bien su historia.

En todo caso, al desfilar por esa rica información, pude darme cuenta cómo cada cierto tiempo se presenta una huelga en la Caja y siempre por las mismas razones, aunque se difiera en los detalles. Los huelguistas siempre alegan defender la Caja , que el estado pague su parte correspondiente, que los médicos no son debidamente retribuidos y que por ello se debe acudir a arreglos especiales, como jornadas extraordinarias que tienen un elevado costo y, por supuesto, aparecen los sindicatos de ciertos grupos de empleados que se pueden definir como de soporte a los servicios médicos, tales como el de lavandería, el de auxiliares de cuanta cosa hay, el de quienes preparan la comida para los pacientes, el de guardas, que siempre alegan que no se tiene suficientes recursos, que en cristiano significa más plata para ellos..

Todas esas huelgas han concluido en arreglos, que siempre se han traducido en un gasto siempre creciente. Las pocas veces en que ha mejorado la situación financiera de la Caja es cuando el gobierno le ha trasladado plata de todos nosotros, bajo el cuento de que es parte de un “aporte” a que está obligado el gobierno o bien porque se ha terminado por aumentar las cuotas obrero-patronales.

Me pregunto. ¿Será esta vez más de lo mismo? ¿Se seguirá la práctica del “después se verá”, en cuanto a la necesidad de asegurar la supervivencia de la Caja a mediano plazo? ¿Se pondrá orden en ciertas cosas que es posible y necesario lograrlo pronto, en tanto que se definen políticas que requieren de amplio análisis acerca de su razonabilidad y viabilidad en un futuro no tan cercano, pero siempre relativamente pronto?

Es a esto a lo que quiero referirme. En primer lugar, la huelga nació débil y este langor fue creciendo conforme avanzaban los días. Por ello fue posible lograr que el no pago de los días no laborados fuera efectuado en dos partes. Creo que si el gobierno no hubiera sido firme en su posición de “no trabajo, no pago”, hubiera mandado una señal de mayor debilidad en su posición, alentando futuros movimientos que ya se gestan y que vendrán, tengan o no mayor justificación que este recién pasado.

En segundo lugar, hay algo de “después se verá” en lo acordado para que concluyera la huelga.

Por ejemplo, debido a la limitación de la Caja para seguir pagando ese privilegio a sus trabajadores ante el pronunciamiento de la Procuraduría, por el cual ya no se puede considerar el pago de incapacidades como un salario, sino como un subsidio y, por tanto, no pueden formar parte ni del treceavo mes, la pensión, el salario escolar y las prestaciones, las partes acordaron buscar alternativas para las contribuciones al régimen de pensiones de los empleados de la Caja. Pero, como advirtió la presidenta ejecutiva de la institución, Dra. Balmaceda, sin que implicara costos extra para la Caja. Ni tampoco para el resto de los costarricenses, obreros y empresarios, agrego yo.

También en ese diletantismo se acordó crear una comisión que evaluara las obligaciones del estado y de los patronos. Por supuesto que quienes están obligados a pagar, como patronos y trabajadores, deben de pagar lo que deben. Ya el Ministerio Público dijo que investigaría la morosidad con la Caja, que estoy seguro traerá resultados positivos para las finanzas de la Caja y la legalidad de las cosas. Pero un hecho distinto es el de la obligación que el Estado mantiene con la Caja. La regla ha sido que el Estado le dé “papeles”; esto es, bonos que devengan intereses, para ir cubriendo su deuda con la Caja. Pero la verdad es que, primero los intereses, son fondos que deberán ser cubiertos con los impuestos y contribuciones que toda la ciudadanía le entrega al Estado, por lo que, en última instancia, seremos los ciudadanos físicos y legales (empresas) quienes terminaremos pagando esos intereses. Lo mismo con el principal del bono a su vencimiento: de nuevo la ciudadanía tendrá que entregar recursos al Estado para cubrir ese pago (a no ser que el Estado irresponsablemente, como siempre ha hecho, decida echar a la calle una nueva emisión de deuda para cubrir la a que va venciendo, pero que algún día, sin duda, tendrá que pagar, por supuesto que cargándosela a todos los ciudadanos). Casi que mejor olvidarse de esa deuda y que el Estado desaparezca de la Caja: que quede en manos de quienes la mantienen; esto es, los trabajadores y las empresas. (Nada más imagínense cuánto nos evitaríamos de políticos y de las políticas que suelen proponer).

Pero también hay muchas otras cosas que quedan en el aire y a las que nada más voy a referirme en términos de preguntas:

1.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el fenómeno del envejecimiento de la población asegurada, que percibirá servicios de salud y pensiones por muchos años más de los actuarialmente pagados en la situación actual?

2.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante “el desperdicio de medicamentos, poli consultas innecesarias, y el uso abusivo de emergencias”, como claramente lo señala el pronunciamiento del respetable Colegio de Médicos en su pronunciamiento del 24 de julio?
3.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el abuso en la demanda de los servicios que brinda la Caja por parte de personas, nacionales y extranjeras, que no cotizan a la Caja?
4.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante la actual práctica de turnos que no es uniforme para todos los profesionales, implicando en estos momentos mayores costos? Debe averiguarse si algunos grupos disfrutan de lo que se llama tiempo extraordinario a partir de las tres de la tarde…

5.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) ante el exceso de gastos que le ha impuesto al Sala Constitucional con base en una concepción abusiva de los derechos de los ciudadanos? Pronto será que hay que dar casa a quien la solicite con base en un derecho a la vivienda, que la Caja tenga que brindar el más caro tratamiento médico del mundo, posiblemente sólo hallado en naciones muy ricas, que algún demandante considera se le “debe dar” o también, ¿por qué no?, que, en función de algún etéreo “derecho a la felicidad”, la Sala obligue a la Caja a dar pensión a todo mundo independientemente de sus aportes. Todo es posible en esta ingrata tarea judicial de repartir lo que no se tiene… ignorando el principio elemental de la escasez y limitaciones de recursos que existe en toda la humanidad.

6.- ¿Qué va a hacer la Caja (y todos nosotros) con las incapacidad exageradas y fuera de proporción que se dan a los empleados de la Caja y que han sido afortunadamente expuestas ante el público por diversos medios de prensa?

Quiero terminar aquí con esta materia tan incómoda, con una advertencia. Si se quiere mantener un régimen de seguridad social con algún viso de solidaridad social, es necesario entrarle a estos problemas y no posponer soluciones. De seguir este último camino, no tengo dudas de que los mercados funcionarán y se tendrá algún régimen de salud y pensiones muy diferente al actual, al menos respecto a los principios bajo los cuales la Caja fue establecida.

2011-08-02-A LA MEMORIA DE DON MARIO ECHANDI

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A LA MEMORIA DE DON MARIO ECHANDI

Publicado en el sitio de ASOJOD el 05 de julio del 2011.

Hay dos hechos cruciales en la vida de don Mario Echandi, que merecen ser igualmente reconocidos en nuestro país por todas las personas de bien. Como pocos, don Mario contribuyo a restaurar la paz interna ente los costarricenses y siempre luchó por la honestidad y la honorabilidad en la gestión pública.

Tuve el placer de compartir con él y algunos de sus amigos en varias ocasiones, pero una de ellas la recuerdo y aprecio profundamente, pues conversamos un buen rato acerca de un inquietud que ambos compartíamos, cual era sobre las posibilidades de expresarnos con plena libertad en nuestros medios, principalmente en la prensa escrita. A ambos nos preocupaba la censura que a veces se impartía por alguno de los directores o dueños o personas influyentes en el medio para restringir ideas que se expresaban o querían exponer en el periódico. Ambos nos dábamos cuenta de que, si bien los periódicos tenían sus dueños, quienes en última instancia podían hacer lo que quisieran con su propiedad, lo deseable era que los periódicos estuvieran abiertos a las mayores posibilidades para la difusión de la ideas, sin que ello tuvieran que significar que el medio tuviera que estar de acuerdo con ellas. La realidad era que, en verdad no muy frecuentemente, los periódicos en ciertos momentos tenían su forma de ejercitar censura a lo que colaboradores de opinión o políticos deseaban exponer en sus páginas.

No obstante mi experiencia personal, don Mario pasará a la historia como un verdadero hombre de paz, pues permitió la reparación de profundas heridas entre connacionales, producto de la guerra civil de 1948. Logró esa restauración de la libre acción de personas de bien, pero con distintos pareceres sobre diversas cosas, principalmente de la política, que amargamente en esos momentos se definía en la separación forzosa de familias, de amigos, de vecinos, de compatriotas, no sólo físicamente, sino también en el campo de la moralidad. Si bien no me gusta usar la palabra “odio”, me parece que es la más apropiada para describir lo que sucedía en los momentos en que don Mario Echandi se debe haber propuesto restaurar la unión de los costarricenses. Y afortunadamente, con sus acciones y voluntad, lo logró, para agradecimiento de la Patria y de todos los costarricenses. Por eso hoy lo recuerdo como hombre de paz, en el sentido bíblico más hondo.

Don Mario también fue un infatigable luchador por la decencia en la cosa pública. Relativamente joven, ello me impresionó profundamente. Tanto que, en un momento histórico, en que salió, con su señoría y respeto bien ganado, clamando porque las autoridades hicieran un alto en el camino y lucharan contra la corrupción que, en ese entonces, se entronizaba en el país, se convirtió en la fuente que me inspiró a escribir un comentario titulado “Corrupción” en el periódico La República, el 7 de mayo de 1976, y que, en homenaje a la memoria que tengo de don Mario, me permito reproducir en esta oportunidad:

“El pasado primero de mayo, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el presidente de la República, Daniel Oduber, señaló lo siguiente:

“Es en esos sectores llamados privados desde donde se ofrece a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimiento materiales a cambio de preferencias en la adjudicación de un negocio, de una licitación o de una posición de ventaja en la vida empresarial. Es dentro de esos mismos sectores donde se encuentran los cómplices de negociaciones turbias; desde donde se rompe la moral social escatimando en maniobras obscuras las cargas de tributación que todo ciudadano debe pagar a la sociedad, de acuerdo con sus ganancias”.

Lo anterior sí fue dicho por el presidente Oduber. Ni más ni menos, el señor Presidente, al observar la creciente preocupación ciudadana por la corrupción observada al amparo del privilegio estatal, no vacila en culpar a otros de la corrupción entronizada en su gobierno. Así de fácil el tamal: si te atacan, ataca a los que te atacan.

El señor Presidente de la República, burdamente, no explica a quienes creímos en su “Alto a la Corrupción”, que el problema radica en que en el Estado están los mismos que buscan los privilegios, las prebendas, las preferencias y dan las gratificaciones. Nos habla de corrupción el señor Presidente, pero no nos habla de los Vesco, de los prófugos internacionales, del caso Saopim, de los negocios sucedidos en el Conejo, de los usos de fondos públicos para viajaderas innecesarias, de la Recope y otra cosas que tantas veces se han dicho públicamente y, aunque el señor Presidente diga que “Detener la corrupción en el país… es tarea de tales dimensiones que no puede ser asumida con posibilidad de éxito por un hombre o sólo por el gobierno”, ¿Por qué, entonces, ante las denuncias que formuló públicamente don Mario Echandi, el silencio encubridor, avasalladoramente encubridor, fue la respuesta al viril desenmascaramiento de lo turbio en nuestro país?

El señor Presidente hace mal en callar ante la corrupción. Que denuncie específicamente quiénes del sector privado ̶ con nombres y apellidos ̶ “ofrecen a los funcionarios públicos gratificaciones y reconocimientos materiales”. Estoy seguro que el país lo agradecerá o será que la última exposición del señor Presidente, seguirá el mismo derrotero del famoso discurso de la toma de posesión del 8 de mayo de1974, en que dijo luchar contra la corrupción. La infamia, que olvida el señor Presidente, radica en frustrar las aspiraciones honestas de muchos costarricenses de todos los colores políticos, que ya estamos asqueados.

Sería lamentable tener que recordarle al señor Presidente el propio lema de su campaña presidencial: Ya nadie engaña a nadie.”

¡Paz a los restos de don Mario y que ahora goce de la gloria de Dios!

2011-08-09-ACERCA DE LA MENOR CALIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

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ACERCA DE LA MENOR CALIFICACIÓN DE ESTADOS UNIDOS

Publicado en el sitio de ASOJOD el 08 de setiembre del 2011.

No podía dejar de referirme al tema de la reducción en la calificación de los Estados Unidos que recientemente le impuso la empresa calificadora Standard & Poor’s.

Lo primero que quiero señalar es que tengo poca confianza en el trabajo que, en los últimos tiempos, han desempeñado las empresas dedicadas a calificar la bondad de distintas entidades económicas. En el caso particular de los Estados Unidos, está presente su pésimo desempeño en la valoración que, para potenciales inversionistas, realizaron a empresas financieras de Wall Street pocos días antes de que se entronizara la crisis de fines del 2008. No pudieron darse cuenta de la enorme exposición al riesgo que tenían importantísimas entidades financieras que luego quebraron, tanto de aquellas que el gobierno federal estadounidense no impidió que cerraran, así como otras a las que sí se les prestó cuantiosos fondos federales para evitar esa situación de bancarrota, bajo el cuento de “too big to fail”.

Al surgir la crisis, se dio como explicación de esa conducta impropia de las empresas calificadoras, el que ellas efectuaban tales calificaciones mediante el pago por las mismas firmas que iban a ser valoradas. Lo que se conoce como riesgo moral se hizo patentemente presente.

Aparte de todo esto, creo que esa reducción en la calificación de los Estados Unidos, por la cual se redujo su calificación de AAA a AA+, si bien es algo ligeramente menor, sí muy significativa por tener esa nación un récord histórico de haber mantenido por muchos años la más alta calificación. Después de todo, los Estados Unidos han tenido una moneda que básicamente ha sido universalmente aceptada y, aparejada a esta valoración, ha mantenido el mayor aprecio como nación segura en donde invertir fondos de deuda gubernamental.

Antes de observar cuál es la reacción de los principales mercados bursátiles, que no han abierto al momento de escribir este comentario, es difícil predecir qué va a suceder en cuanto a la tenencia universal de bonos estadounidenses, si bien deseo destacar que para invertir no existe una cantidad de deuda gubernamental como la de los Estados Unidos, que potencialmente pueda absorber las apetencias de los inversionistas por este tipo de instrumentos financieros. Por ello, me parece que difícilmente se puede considerar que habrá una huida sustancial de su deuda hacia la de otras naciones, pero posiblemente implique algún costo mayor que compense la reducción de AAA a AA+.

Para mí lo más importante de lo sucedido es que debería de interpretarse como una llamada de atención a los Estados Unidos por el manejo de sus déficit gubernamentales. Debe tenerse presenta que la deuda pública de esa nación ha aumentado sustancialmente porque los déficit del gobierno lo han hecho igualmente. En cuanto a la deuda federal, al momento es casi un 60% de su Producto Interno Bruto y, según la Oficina del Presupuesto del Congreso de esa nación, en el 2021 aumentará a un 90% de su PIB. Por su parte, los déficit, si empezamos porque en el último año de la administración de George Bush, hijo, fue de $460 billones (es decir, según la nomenclatura costarricense, $460 miles de millones), ya con dos años de la administración de Obama aquél se elevó a $1.4 trillones en el 2009 (esto es, en la nomenclatura costarricense $1.4 millones de millones) y para el 2010 se estima en $1.29 trillones (es decir, $1.29 millones de millones aquí).

Pero hay más: la administración del Presidente Obama en su presupuesto federal para el 2012
proyectó un déficit de $1.645 trillones (esto es, $1.645 millones de millones en nuestra terminología).

La solución que algunos proponen es aumentar los impuestos para reducir el déficit, pero el grave problema es que, en una recesión, si me acuerdo de mi amigo Keynes, no se deben aumentar los impuestos, sino más bien reducirlos. Pero, economistas difuntos aparte, lo cierto es que la evidencia histórica ha sido muy evidente en que, cuando se reducen los impuestos, como en los años 20 con la rebaja tributaria conocida como Mellon-Coolidge o más recientemente cuando la administración Kennedy redujo en los años 60 la tasa impositiva, dio lugar a un fuerte crecimiento de la economía y, en consecuencia, del bienestar de los ciudadanos. En todo caso, lo que se conoce como economía del lado de la oferta enfatiza que, cuando las tasas marginales impositivas exceden a un 40%, se ejerce una influencia destructiva sobre los incentivos de la gente para trabajar, así como en el uso deficiente de los recursos escasos. Por ello, hay una argumentación legítima en contra de aumentar más los impuestos en los Estados Unidos, a riesgo de que, de llevarse a cabo, afectaría negativamente el crecimiento de la economía, factor crucialmente importante en estos momentos en que esa nación permanece en medio de un ciclo recesivo, caracterizado por una tasa de desocupación ligeramente superior a un 9% de la fuerza de trabajo.

Esto deja como única alternativa para estabilizar los déficit, y con ello poder reducir a mediano y largo plazo el crecimiento de la deuda pública, reducir el gasto público en los diferentes renglones de gasto en ese país. Por supuesto que en esta consideración personal entra el importante gasto en defensa, pero es mi obligación profesional destacar dos factores de enorme impacto en el gasto de esa nación, como son los llamados “bailouts” o programas de salvamento empresarial que llevó a cabo el gobierno federal para, supuestamente, evitar la quiebra de empresas en el marco de la crisis citada, así como también el enorme crecimiento que han tenido los rubros conocidos como programas de transferencias sociales, conocidos como la Seguridad Social, el Medicare y el Medicaid, que juntos constituyen un 10 por ciento del PIB de ese país y que se estima que, en el año 2052, llegarán a ser el 18.2% del PIB y, si se supone que los ingresos tributarios no varían, terminarán por absorber el total de impuestos que recauda el gobierno federal de los Estados Unidos.

Por todas estas razones, considero que la reducción de la calificación de la deuda de los Estados Unidos de AAA a AA+ es una llamada de atención para que se ponga orden en la casa, consejo que no debe ser dejado de lado. Si lo sucedido se hubiera dado en alguno de nuestros países, ya el Fondo Monetario Internacional estaría metido con todas sus narices, diciéndonos cómo tenemos que lograrlo (posiblemente, como casi siempre, pidiéndonos que aumentemos los impuestos). En este caso, la empresa calificadora Standard & Poor’s pide algo similar, pero, si se le hiciera caso y se elevaran los impuestos, en vez de reducir el elevado y creciente gasto gubernamental, posiblemente resulte mejor que el mensaje no sea escuchado. Parece preferible que, casi que por primera vez, se oigan las voces de quienes piden algún grado de sanidad y disciplina fiscal, reduciendo el desbordado gasto público causante del enorme déficit y también de la enorme deuda del gobierno federal. ¿Aprenderemos algo, los costarricenses, de la lección de la importancia del orden en el gasto público que hoy nos viene desde los Estados Unidos?