¿QUÉ PASA EN ARESEP?

¿QUÉ PASA EN ARESEP?
Por Jorge Corrales Quesada

La reciente renuncia de dos distinguidos miembros de la Junta Directiva de ARESEP, los licenciados María Lourdes Echandi y Emilio Arias, no debe pasar desapercibida, no sólo por tratarse de dos buenos y preparados profesionales, sino por las razones que ellos han indicado.

Señala el Lic. Arias en declaraciones a un medio escrito, que “las actuaciones de las instituciones deberían ser en respeto al interés público y, ante todo, administrar los recursos públicos con apego a la legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas. La dirección que lleva la ARESEP es errada, confusa y no cumple dicho principio”. Por su parte, la Lic. Echandi expresa que debe “dejar constancia de grandes debilidades en la gestión de la ARESEP, las cuales se reflejan en situaciones tales como una muy deficiente ejecución presupuestaria y la reiteración anual de proyectos que no terminan de cumplirse”.

Son pocos los funcionarios que suelen presentar su renuncia, al observar cómo se administra mal una institución de la cual son miembros de su Junta Directiva. Su conducta, su decisión, es ejemplar y por tanto merece que la sociedad civil le ponga atención, pues constituye una nueva luz acerca de cómo es que se hacen las cosas en ciertos feudos públicos.

Ambos ex directores mencionaron una serie de temas que desde hace un buen rato han inquietado a la ciudadanía (no necesariamente a ciertos políticos dentro del gobierno, quienes deberían de ser los primeros en interesarse). Los respetables renunciantes reiteran el desorden en ARESEP, en lo que se refiere a la creación de muchas plazas nuevas a contrapelo de las decisiones del Poder Ejecutivo de controlar el gasto público (¿será que la ARESEP tenía como un nuevo objetivo convertirse en fuente de empleo de los pega-banderas de turno?), al mismo tiempo que, bajo un presunta reorganización de personal interna, se sujetó a los miembros de la Junta Directiva a la opinión del departamento legal de la ARESEP y no de una asesoría directa e independiente (de esta manera, la única opinión legal y técnica con que contaban era la oficial de los jerarcas administrativos de la ARESEP).

Además, ya en el pasado los altos jerarcas de la ARESEP se habían otorgado aumentos jugosos de sus salarios y, en el país de la verdad-verdadera en cuanto al gasto público, en vez de reducirlo, más bien lo aumentó a mansalva. Claro, ¡como si en el país no hubiera crisis fiscal! Según leo ahora, también el gasto dispendioso se ha dado en el rubro nebuloso de las consultorías, por lo que vale la pena que se detalle en qué consisten estas erogaciones, que es una forma por la cual ahora dentro del sector público se encubren gastos para que no aparezcan como salarios.

En cierto momento, cuando se denunció ante el país el caso del alquiler de un lujoso y amplio edificio para la ARESEP, lejos del alcance de la ciudadanía y en condiciones que en dicha ocasión se cuestionaron ampliamente, abrigué la esperanza de que las autoridades de control intervendrían, investigando el negociado, pero, aparentemente no es sino hasta hace poco que han decido investigar al menos parte de lo sucedido en ARESEP, en cuanto al tema presupuestario. Pero no sabemos nada en lo que trata de las nuevas y lujosas instalaciones a las que simplemente la ARESEP decidió trasladarse. Ahora parece que el desorden administrativo también se presenta en cuanto al alquiler del anterior edificio, ubicado en las inmediaciones de La Sabana. No quiero pensar que ahora no se investigan las cosas, simplemente porque las nuevas instalaciones de la ARESEP quedan muy lejos de la Contraloría.

El desorden en la ARESEP no llega hasta aquí. Al día siguiente de haberse conocido la renuncia de esos dos directores, en el mismo medio que las dio a conocer se informa que esa institución tiene un superávit acumulado de ¢9.338 millones. Recuérdese que la principal fuente de ingresos de ARESEP es el cobro de cánones a los entes que regula, que se supone debería ejecutar en diversos proyectos. Dichos cánones forman parte luego del precio que la ARESEP le autoriza a sus regulados cobrar a los usuarios.

Pero la ARESEP está obligada a operar bajo el principio del servicio al costo, según lo había expresado anteriormente la Contraloría General de la República, de manera que ARESEP está obligada a retornar a los usuarios de los servicios, el excedente entre los ingresos por cánones y lo que gasta. Aquí salta una clara divergencia entre lo que dice el auditor interno de ARESEP, en cuanto a la devolución de dichos excedentes y lo que dice la administración de ese ente. Mientras este último indica que la institución ha cumplido con dicha devolución, el auditor interno, en un informe a noviembre del 2011, señala que no ha sido así y, expresa el artículo de La Nación, que el auditor interno, señor Luis Fernando Sequeira, dice que “el rembolso que ha hecho la Autoridad en los últimos cuatro años es mínimo… En el año 2008, la devolución fue de ¢73,8 millones frente a ¢330 millones de superávit. Al año siguiente se devolvieron ¢85.2 millones de ¢730 millones de superávit…Posteriormente no se registran más devoluciones”.

Me imagino que parte de las razones de la renuncia de los dos directivos antes mencionada se debe a la falta de claridad en situaciones como la expuesta, pues a diferencia de lo que dice el Auditor Interno de la ARESEP, el Regulador General insiste en que el superávit siempre se devuelve, aunque luego acepta que “hay mucha razones por las cuales (el superávit sigue acumulándose)” y luego agrega, “Acordate que no siempre gastar es bueno”. Si aceptamos esto último, ello no significa que entonces, no se nos devuelva a los usuarios lo cobrado de más. No se trata de que se considere un pecado el que no se gaste ese dinero, como dice el Regulador. Se trata de que, en vez de que lo gaste el Estado (o la ARESEP), se devuelva ya, sin darle más largas al asunto, a manos de los ciudadanos, quienes hemos sido los que lo hemos venido pagado, mediante los precios más altos de los bienes regulados que nos ha impuesto la ARESEP.

Todas estas cosas, expuestas en las renuncias dignas de los licenciados Arias y Echandi, deben ser aclaradas pronto por las autoridades de control, pues parecen constituir un grave daño a los ciudadanos de parte de una entidad que, se supone, fue creada para regular ciertas entidades privadas en beneficio de la ciudadanía.

Escrito el 12 de febrero del 2012. También aparece en el sitio de ASOJOD.