Ensayos en el Boletín de ANFE

2007-10-30-FIASCO DEL BANCO CENTRAL

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COLUMNA LIBRE:FIASCO DEL BANCO CENTRAL

Boletín de ANFE, 31 de octubre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 151-153.

Cuando hace ya varios meses el Banco Central anunció que sustituiría el antiguo régimen cambiario basado en una devaluación cotidiana del colón frente al dólar, que supuestamente tomaba en cuenta los diferenciales de inflación entre Costa Rica y los Estados Unidos o con el resto del mundo, hacia uno en que el precio de la divisa se determinaría dentro de una banda cambiaria, se pensó que el mercado, en vez del ucase imperial del Banco, tendría mayor importancia para la determinación de un valor verdadero de nuestra moneda vis a vis el dólar. Es cierto que siempre se dijo que el Banco Central intervendría en dicho mercado, pero no se esperaba que fuera de un grado tal que definiría el valor de nuestra moneda que le entrara en gana.

Cuando a inicios del nuevo régimen cambiario se permitió algún grado de flotación del colón, se observó una rápida revaluación de esta moneda frente al dólar, al punto que su precio se ancló en el límite inferior de la banda cambiaria. La señal que enviaba el mercado era clara: el colón tendría que continuar un proceso de revaluación frente a la divisa norteamericana, pero el Banco Central decidió que ello no debería de ser así, probablemente por el temor de que las exportaciones se vieran afectadas negativamente ante un encarecimiento del colón. Este temor es infundado porque, de ser que las exportaciones se afecten de tal manera, por sí mismo daría lugar a que el dólar escaseara y que consecuentemente su precio se elevara, provocando una reacción positiva hacia una reversión de la caída de las exportaciones. Por supuesto, que la excusa para no actuar de esta manera la encontró el Banco en la gran entrada de capitales al país que se había venido dando en el curso de muchos, pero muchos, meses.

Ahora la situación es aún más incierta, porque no se sabe el rumbo que habrá de tomar el Banco, cuya conducta errática ha causado enormes daños al país, si bien ha beneficiado a algunos en concreto. Y digámoslo desde ya: su política ha privilegiado a los exportadores a costa del resto de los costarricenses, consumidores, importadores y oferentes de trabajo denominado en colones, ante la ausencia de un mercado que defina cuál es el valor de las cosas en nuestra economía.

La situación que hoy se vislumbra en nuestra economía es compleja, para ponerla lo más suave posible, pues si bien el crecimiento económico continúa con un dinamismo aceptable, ello ha tenido un enorme costo para los costarricenses en aspectos tales como inflación y en una subestimación de sus salarios reales.

¿Acaso no nos habían dicho que, con las nuevas políticas económicas de rescate del colón ante la dolarización, la tasa de inflación de este año sería cercana a un 8% y ahora resulta que, con suerte, llegaremos a un 9.5-10%? Asimismo, como parte de la conducción monetaria el Banco Central ha forzado una reducción de la tasa de interés en la economía, pero, dada la tasa de inflación mencionada, lo que ha logrado es que, en este año, la tasa real de interés –que es el precio de nuestro ahorro- sea negativa (véalo en el descenso de los rendimientos de su régimen de pensiones). Tras que somos un país que ahorra un bajo porcentaje de su PIB (algo menos de un 20%, lo cual contrasta con más de un 50% en China), ahora el Banco Central ha decidido castigar al ahorrante y, de paso, aprovecha para quejarse, hipócritamente, del alto nivel de consumo en nuestra economía, con lo que demuestra creer que los costarricenses somos unos tonticos de capirote.

Lo más grave es que el Banco, al subvaluar el colón, ha disminuido notablemente el salario real que percibe el costarricense (no sólo al impedir con tal medida la entrada de importaciones más baratas), pues, si en vez de los ¢520 por dólar que el Banco “ha fijado”, se tuviera un valor que determina el mercado (¢450 según en su momento lo señaló un destacado banco comercial), el salario real del costarricense se vería aumentado en ¢70 por el equivalente de cada dólar generado en salarios. Hemos estado exportando pobreza. Pero, además, con este subsidio a las exportaciones, hemos incentivado a nuestro exportador para que no busque la eficiencia y la competitividad, pues el incentivo es para que presione porque el Banco Central mantenga un tipo de cambio con un colón subvaluado, sin que se les someta al rigor empresarial que significa luchar permanentemente por lograr una mayor eficiencia competitiva en los mercados.

Alguien va a alegar que de dónde saco esos ¢450 y ese diferencial de ¢70, el cual es ahora mucho menor, pues alegan que las entradas de divisas han disminuido recientemente. (Por supuesto, dicen que al Banco Central le están entrando menos divisas que antes, pero no dicen qué es lo que pasa en la economía como un todo, que es lo que importa). Lo cierto es que ese diferencial ha operado por mucho tiempo durante el año 2007 y, si ahora fuera diferente, pues el mecanismo que nos diría cuál es el verdadero valor del colón hoy en día, precisamente el Banco Central es quien impide que opere. Si no hubiera tal limitación, sabríamos a la fecha cuál el verdadero monto del impuesto que hoy se carga sobre el comercio internacional (la importación) y sobre el salario de la mano de obra costarricense denominado en colones.


Por Carlos Federico Smith

2007-11-30-LOS POBRES SON MÁS POBRES Y LOS RICOS MÁS RICOS

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COLUMNA LIBRE: LOS POBRES SON MÁS POBRES Y LOS RICOS MÁS RICOS

Boletín de ANFE, 30 de noviembre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 154-162.

Debido a la importancia que como forjador de opinión en el país posee el periódico La Nación, vale la pena referirse a un conjunto de informaciones aparecidas en su edición del domingo 18 de noviembre, el cual hace referencia al llamado décimo tercer Informe del Estado de la Nación.

El titular de La Nación de ese día reza así: “Dispar distribución de la riqueza provoca mayor violencia social”, supongo que con base en lo expuesto por dicho Informe, de que ha empeorado la distribución de la riqueza en el país. De tal forma lo asevera, en esa misma edición, el coordinador de dicho informe, quien señaló que “los pobres hoy son más pobres y los ricos un poco más ricos”.

De acuerdo con los datos de la Encuesta de Hogares que suele llevar a cabo el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre el 2005 y el 2006 se redujo el ingreso de los hogares del quintil (el 20%) de más bajos ingresos, y, si se compara el ingreso per cápita de cada familia con el nivel de ingreso de referencia por debajo del cual se considera existe un estado de pobreza, sería factible afirmar que la pobreza aumentó durante dicho lapso. Resulta que, de acuerdo con el estudio del INEC antes mencionado, entre el año 2005 y el 2006 la pobreza más bien se redujo, pues pasó del 21.2 a 20.2 por ciento de los hogares.

Es que en este tema sorprende el embrollo que se hace de los términos económicos empleados en el artículo principal de aquella fecha, cual es la confusión de lo que se conoce como un flujo, el cual es diferente de un stock. Trataré de explicar la diferencia entre estos dos conceptos en función de los no versados en Economía. Uno aprende que un flujo es muy diferente de un stock (o existencia), pues, mientras el segundo se refiere a un cierto valor, medido en términos de una unidad monetaria en un momento dado, por ejemplo de tantos colones, el primer concepto (el de flujo) trata de un cierto valor por unidad de tiempo; esto es, tantos colones por día o por mes o por año. Para entender mejor estos dos conceptos, usaré un símil: mientras una piscina (llena de agua) es un concepto de stock (tantos litros o galones de agua en ese momento dado), el tubo que la llena (y el que la desagua) es un concepto de flujo (tantos litros o galones por minuto o por hora, por ejemplo). Así, la riqueza es un stock: de tantos colones en ciertos activos, mientras que el ingreso es un flujo: tantos colones por mes. Por ello, observen la definición que un conocido pensador hace de riqueza: “Consiste de activos que prometen un flujo futuro de ingresos” (George Gilder, Wealth and Poverty, New York; Basic Books Inc., 1981, p. 48).

Esta confusión de conceptos está presente en el Informe de marras, trascrito por La Nación y reiterado por su coordinador: pues confunde riqueza, que es un concepto stock, con ingreso, que es un flujo en el tiempo. Ahora bien, ¿por qué es importante que esto se aclare? Porque de no hacerse da lugar a confusiones y malas interpretaciones que terminan por promover políticas a todas luces inconvenientes y hasta onerosas.

Por ejemplo, el periódico La Nación señala que (no conozco si la información proviene del Informe de marras) “aunque el ingreso promedio de los hogares subió…la desigualdad aumentó” y que “según el Informe, el 20% más rico de los ticos aumentó en 20 veces su ingreso en el 2006. El 20% más pobre subió su ingreso 10 veces.” Y de seguido se cita a Miguel Gutiérrez Saxe, coordinador del Estado de la Nación, quien basado en su informe asevera que “Los pobres hoy son más pobres y los ricos un poco más ricos”. (Para impactar, un recuadro del periódico la destaca como la frase del día). Ustedes ya se habrán dado cuenta del enredo conceptual del Informe: confunde la riqueza con el ingreso. La información que en él aparece se refiere al ingreso y de ella podría deducirse que su distribución es, al momento, menos igualitaria que en años previos, pero no puede decir nada sobre la distribución de la riqueza, que es un concepto distinto e incluso no exactamente medido en nuestra economía.

Sobre este tema agradezco a un buen amigo quien me brindó la siguiente información, la cual pone en duda la relevancia de los datos acabados de citar. Me indicó que, de acuerdo con el Informe del Estado de la Nación, en el cuadro 1.1 de su página 55, “…la relación de ingresos entre los hogares del décimo decil (el más alto) y los del primero (el más bajo)… pasó de 18.3 veces a 19.9, y en el caso del quinto quintil respecto del primero de 9.5 a 10” (p. 54 del informe de referencia). Esto, evidentemente, es muy, pero muy, diferente de lo que aparece en las páginas de La Nación.

Además, cuando La Nación indica que, presuntamente de acuerdo con el Informe, “el 20% más rico de los ticos aumentó en 20 veces su ingreso en el 2006”, significaría que si, por ejemplo, el ingreso medio de los hogares del quintil (el 20%) de mayores ingresos relativos (no los más ricos) en el país en el 2005 era de, digamos, un millón de colones al mes, en el 2006 sería de veinte millones de colones (20 veces aquél millón), lo cual resulta ser increíblemente alto (incluso si no se practicara el debido ajuste por el alza de la inflación en ese lapso).

La lucha contra la pobreza sí se puede decir que se ha venido ganando en tiempos recientes (ahora lo que falta es asegurarse que sea algo permanente y no transitorio, pero ese es otro tema), lo cual se debe a que, como por ahí también se menciona, la economía ha venido creciendo, entre otros factores. Ya don Víctor Hugo Céspedes lo había explicado en ese mismo periódico, el día 1 de noviembre, cuando se señala que “el crecimiento económico rápido y sostenido de los últimos años ha permitido un incremento en el empleo y los ingresos que explican la mayor parte de la reducción de la pobreza” entre el 2006 y el 2007, que, según informa ese mismo periódico, se redujo “de 20.2% de los hogares en el 2006 a 16.7% este año”. (Un hogar se considera pobre cuando el ingreso por persona no alcanza para cubrir las necesidades básicas, que incluye alimentos y otras necesidades como vivienda y salud). En otras palabras, resulta no ser cierto, a la luz de los datos para el 2007, lo expuesto por La Nación al referirse a lo indicado en el Informe del Estado de la Nación, acerca de que, “los pobres son hoy más pobres y los ricos un poco más ricos”. No es que empeoró la distribución de la riqueza, tampoco que aumentó la pobreza; si acaso, que empeoró la distribución del ingreso. ¿Estamos claros?

El artículo del 18 de noviembre de La Nación trae a colación otro tema de suma importancia. Dice que “uno de los documentos utilizados para la elaboración de este último informe, estudia la relación de la desigualdad con los delitos contra la vida y la propiedad” y concluye en que “a mayor desigualdad se registró una mayor tasa de delitos contra la vida y la propiedad” en el lapso 1986-2006. No creo que este Informe del Estado de la Nación haya logrado, por el uso de una simple correlación entre desigualdad en la distribución (del ingreso, no de la riqueza) y tasas de delitos contra la vida y la propiedad, hacer un descubrimiento que revolucione el conocimiento sobre este tema. Por el contrario, lo que refleja es un elevado grado de simplismo al hacer su análisis de un tema tan complejo como es el del crimen. No puede adscribirse que la causa de mayor criminalidad en el país sea un empeoramiento de la distribución de los ingresos, cuando los estudiosos de estos asuntos abundan en exponer la multiplicidad de factores que, en un momento dado, suelen incidir sobre un aumento de la criminalidad.

Así, me refiero a, por ejemplo, que el crimen puede ser resultado de la acción económica, como lo expuso un importante trabajo del economista Gary Becker, en donde el delincuente actúa con base en la comparación de los costos con los beneficios del crimen, o bien puede encontrarse motivado por razones de pobreza, muy distinto de una desigualdad en la distribución de los ingresos, factor que también puede ser explicativo de la criminalidad. Asimismo, puede originarse en razones de exclusión social, de desigualdad de salarios (que también es diferente de una desigualdad de ingresos), en antecedentes culturales o familiares, en los niveles de educación o en muchos otros factores económicos y sociales que pueden incidir en el crimen; tal vez hasta en un decaimiento de la calidad de nuestra educación pública y de la educación, en general o, como me lo comentó el buen amigo a quien antes me referí, ese aumento en la delincuencia podría deberse a una fuerte inmigración concentrada en centros densamente poblados y caracterizados por desequilibrios tales como hacinamiento, una pobre ambientación y problemas de reacomodo. Estamos frente a algo posiblemente heterogéneo en su causalidad y no como simplonamente lo pretende el Informe del Estado de la Nación, que el reciente aumento en la criminalidad en nuestro país se debe a una más desigual distribución del ingreso.

No sólo es desabrido ese análisis de una presunta correlación significativa entre crimen y distribución del ingreso, sino a uno se le ocurre pensar que la reducción habida en los niveles de pobreza del país bien puede, en contrario, tender a disminuir el crimen. O que don Juan Diego Castro, quien ha mostrado con datos al país el reciente aumento en la impunidad y el consiguiente abaratamiento de la comisión de delitos, tiene razón en explicar ese aumento en la criminalidad a resultas del cálculo de los costos y beneficios de ese delito. Lamentablemente, las reformas penales recientes bien pueden haber constituido un estímulo para que, al reducir el costo del crimen dados los beneficios para el delincuente, el negocio del crimen haya aumentado su rentabilidad (si ni siquiera ya se denuncian los delitos, si cada vez se agarran menos delincuentes, si son relativamente pocos los que van a juicio y, quienes son condenados por delitos, al poco rato salen –y tal vez hasta ni se les eleva a juicio pues, si roban menos de ¢250.000, eso se considera una bagatela que no debe ser alzado a tribunales). Todo parece indicar que ahora el crimen es una actividad económica más rentable que antes y posiblemente tenga una mayor incidencia en la criminalidad que la envidia a que puede dar el que a algunos –pocos si se quiere- les vaya mejor que al resto de los conciudadanos.

Dejo para otra ocasión analizar si una distribución del ingreso igualitaria o menos desigual puede incidir en los incentivos para que una economía capitalista crezca sostenidamente. Esto podrá no gustarle a algunos, pero el tema de los incentivos es algo del cual está totalmente ayuno, tanto el informe del Estado de la Nación, como el análisis que de éste hacen los periodistas de La Nación.

Finalmente, debo comentar otras dos cosas que me reafirman en mi llamado a tratar estos temas con sumo cuidado. Voy a transcribir unas pocas líneas del Editorial de La nación del 18 de noviembre titulado “Desencuentros nacionales”. El primer párrafo dice que “este año, al igual que los 12 anteriores, el informe Estado de la Nación nos ofrece la oportunidad de observar el país desde una multiplicidad de interesantes perspectivas, sustentadas en una sólida recopilación de datos y análisis documentales...” Luego agrega que “entre esas mejoras e importantes desafíos sociales y ambientales, se mantuvieron una serie de “desencuentros”; entre ellos, la desigualdad y la pobreza…” para pocas líneas después decirnos el editorialista que, “gracias a una mezcla de crecimiento sustentado en adecuadas políticas macroeconómicas, al dinamismo del comercio internacional, a los avances en ciertos “encadenamientos” productivos y a una política social mejor orientada desde el Gobierno, este año logramos reducir la pobreza en poco más de tres puntos porcentuales…” Entonces, ¿en qué quedamos?; mientras se nos afirmó que se mantienen “desencuentros” como la desigualdad y la pobreza, poco después señala los resultados en la reducción de la pobreza.

Lo anterior se debe, en parte, a la confusión que hay en el periódico sobre una serie de conceptos que aquí hemos tratado de aclarar, pero también puede deberse al descuido con que se hicieron las cosas, al no aclarar debidamente que lo consignado en el Informe del Estado de la Nación, se efectuó con datos del 2006, mientras que la información más actualizada al 2007 muestra lo señalado en el segundo párrafo citado del Editorial: cuando el periódico dice “este año” se refiere a dos años diferentes. Alguien podría pensar que el intríngulis se debe a un apresuramiento por tratar de vender algo que puede inducir la compra: el titular “Dispar distribución de riqueza provoca más violencia social” puede ser que venda.

Líneas atrás aseveré que el mal trato dado al tema de la distribución del ingreso y de la riqueza podría promover políticas inconvenientes y hasta dañinas. Lo hice teniendo en mente lo que, en esa misma edición del periódico La Nación, señaló, en una entrevista titulada “Solución es atacar causas”, la vicepresidenta en ejercicio, doña Laura Chinchilla. En ella los periodistas le preguntan: “¿Cómo se combate la causa?” (de la pobreza), a lo que la politóloga responde: “si hablamos de desigualdad se combate por dos vías: redistribución del ingreso por medio de estructuras tributarias, donde el que más tiene más paga y más contribuye al desarrollo del país. El que menos tiene, menos paga y recibe los beneficios de la redistribución. Y por la vía del gasto social que tiene que ir a nivelar esas desigualdades…”

Lo que doña Laura no analiza es si nuestra actual estructura tributaria sobre el ingreso induce a redistribuirlo. Porque quienes abundan con la cantinela “quienes más tienen, que más paguen” suelen tener en mente la idea de que tan sólo es necesario aumentar la progresividad del impuesto sobre la renta para asegurar que, efectivamente, quienes más tienen sean los que más paguen, pero la verdad no parece ir por ahí. Lo cierto es que hay un muy elevado grado de excepciones y exenciones que a quienes más benefician es a los que pagan sus impuestos con tasas marginales más elevadas. Si lo que se desea es mejorar nuestro sistema tributario, un impuesto sobre la renta con tasas más bajas y sin excepciones (o muy pocas) podría resultar más efectivo en reducir esa desigualdad que tiene en mente doña Laura.

Pero, además, hay un error muy similar a la confusión entre ingreso y riqueza en que cayeron el Informe del Estado de la Nación y el periódico la Nación. Cuando se dice “quienes más tienen” se refieren a los que son más ricos y no que a quienes perciben mayores ingresos relativos. Me explico volviendo al ejemplo de la piscina expuesto a inicios de este comentario. Un impuesto (mayor) sobre la renta grava al agua que fluye por el tubo; reduce su diámetro por así decirlo. De esta manera, ahora la persona no podrá llenar la piscina (hacerse rica o más rica; esto es, “tener más”) con la misma fluidez de antes. Pero los que ya tienen una gran piscina (los ricos) no necesariamente se ven afectados, porque es posible que no tengan ingresos gravables altos. Para entender esto: alguien muy rico, por ejemplo, un dueño de un edificio (o de tierras), no necesariamente tiene ingresos altos, pues estos resultarían de la diferencia de ingresos por los alquileres menos los gastos y es posible que esa diferencia no sea necesariamente muy alta. Por el contrario, un ingeniero joven, quien por hipótesis no es rico, puede encontrar un empleo bien pagado (digamos en una Intel), con lo cual sus ingresos son altos pero no (aún) su riqueza y tardará más en acumularla si el Gobierno le quita una parte importante de esos ingresos por la vía de impuestos; esto es, será menos rico con el paso del tiempo pues le han reducido el flujo por el tubo.

En cuanto al otro elemento que doña Laura señala para combatir la desigualdad (la vía de los gastos “sociales”) nada más hay que hacer varias reflexiones para evaluar esa posibilidad. Tendría que valorarse si el beneficio del gasto de esos recursos es mayor que el costo por la disminución de esos ingresos a los ciudadanos que pagan los impuestos; asimismo, debe pensarse en si ese transferencia de recursos de unos hacia otros no es muy onerosa; por ejemplo, tomar en cuenta los recursos que el Gobierno usa para lograr esa redistribución. También ver quienes son esos beneficiarios, porque muchos de los llamados gastos “sociales” no van directamente a las personas que tienen pocos ingresos o poca riqueza, sino a los proveedores o vendedores y también a la burocracia. Finalmente, pensar en que es posible que las personas a las cuales se les redujeron sus ingresos por los impuestos, lo habrían invertido o gastado mejor a como lo hace el Gobierno (por ejemplo creando empleo), con lo cual el reajuste en el gasto puede dar lugar a una pérdida para la sociedad pues la economía crecería menos que lo que podría hacerlo. Claro, nada de esto suena bonito, como “que los ricos paguen como ricos y que los pobres paguen como pobres” como suelen canturrearlo políticos y demagogos, entre otros. Pero sí nos obliga a pensar un poco.

Por Carlos Federico Smith

2007-12-31-IGUALDAD ANTE LA LEY E IGUALDAD DE RESULTADOS

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COLUMNA LIBRE:IGUALDAD ANTE LA LEY E IGUALDAD DE RESULTADOS

Boletín de ANFE, 31 de diciembre del 2007. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 163-169.

Desde un inicio debo definir lo que, en mi criterio, los liberales entendemos por igualdad, dada la frecuencia con que se escuchan prédicas a favor de la igualdad de todo tipo, sin definición alguna en cuanto a lo que implica ese deseo. Los liberales suelen decir que están a favor de la igualdad de oportunidades para todos los seres humanos, pero es evidente que, si se le toma literalmente, no hay posibilidades de alcanzar tal objetivo. Piénsese, por ejemplo, si al nacer un parapléjico tiene las mismas oportunidades que un niño que cuando nace posee todas sus facultades motoras. Medítese, asimismo, acerca de si, al nacer en un hogar en donde reinan vicios e ignorancia, con descuido de su crianza y donde los valores que se le transmiten no suelen ser los más proclives para su desarrollo exitoso, un niño tiene las mismas oportunidades que si naciera en uno en donde se le cuidara y se le brindaran estímulos para su desarrollo y en el cual se le enseñan valores que le potencian para un mejor vivir. Me parece obvio que, comparativamente, todos los seres humanos no tienen las mismas oportunidades; por ello no hay que tomar esa expresión en un sentido literal.

De aquí que la forma adecuada de interpretarla es señalando que no deberían existir obstáculos para que la gente pueda desarrollar su talento de la mejor forma posible en el logro de los objetivos que una persona considere deseables; esto es, la igualdad de oportunidades se refiere a que haya posibilidades de que la persona pueda actuar desarrollando sus habilidades al máximo. Esta forma de ver la igualdad de las personas es conocida como igualdad ante la ley; esto es, igualdad ante las reglas de convivencia social. Tal es la forma en que los seres humanos, tan distintos en sus características genéticas y culturales, pueden proseguir diferentes vías en la búsqueda de su felicidad.

Por ello se debe enfatizar en la consistencia que existe entre los conceptos de igualdad ante la ley y la libertad individual.

Hayek expuso esta idea adecuadamente y con mayor amplitud al escribir que “Ha constituido el gran objetivo de la lucha por la libertad conseguir la implantación de la igualdad de todos los seres humanos ante la ley. Esta igualdad ante las normas legales que la coacción estatal hace respetar puede complementarse con una similar igualdad de las reglas que los hombres acatan voluntariamente en sus relaciones con los semejantes. La extensión del principio de igualdad a las reglas de conducta social y moral es la principal expresión de lo que comúnmente denominamos espíritu democrático y, probablemente, este espíritu democrático es lo que hace más inofensivas las desigualdades que ineludiblemente provoca la libertad.

La igualdad de los preceptos legales generales y de las normas de la conducta social es la única clase de igualdad que conduce a la libertad y que cabe implantar sin destruir la propia libertad. La libertad no solamente nada tiene que ver con cualquier clase de igualdad, sino que incluso produce desigualdades en muchos respectos. Se trata de un resultado necesario que forma parte de la justificación de la libertad individual. Si el resultado de la libertad individual no demostrase que ciertas formas de vivir tienen más éxito que otras, muchas de las razones a favor de tal libertad se desvanecerían.” (Friedrich Hayek, Los Fundamentos de la Libertad, Madrid: Unión Editorial, 1975, p. 101).

Sin embargo hay otro concepto de igualdad que ha intentado sustituir la idea de igualdad ante la ley. Me refiero a la búsqueda de una igualdad en los resultados. Es cierto que nadie (de lo que conozco) ha predicado que todos los seres humanos, con independencia de sus condiciones individuales, deben de tener una igualdad material literal, sino que suelen referirse a que exista una “justa” distribución material (tampoco he visto que se abogue por una “justa” distribución intelectual, espiritual o genética). Esta infiltración del término “justa” no sólo incorpora una vaguedad y confusión innecesaria en cuanto al verdadero sentido que pueda tener el término justicia, sino que también casi que se deja en manos de “alguien” definir qué es lo que se va a entender por “justa”. Por ello no extraña que se juzgue que sean los políticos quienes van a decir cuál es una “justa” distribución o, más generalmente, que sea el Estado quien decida qué es lo “justo” que debe percibir cada individuo o familia. (También dicha potestad sobre lo que consiste la distribución del producto se ha propuesto que quede en manos de Dioses, iglesias, castas, monarcas y así por el estilo).

Con la pretensión de lograr una “igualdad de resultados” o de “una justa distribución”, una vez que se decide –por alguien- cómo es que se va a distribuir lo producido, se requiere preguntar ¿cuáles son los incentivos para que se dé la producción que deberá distribuirse acorde con la voluntad de ese alguien? Sobre esto nos dicen los esposos Friedman, “el punto clave no es simplemente que la práctica diferirá de lo ideal… El punto es más bien que hay un conflicto fundamental entre el ideal de las “reparticiones justas” o de su precursor, “a cada cual según sus necesidades”, con el ideal de la libertad individual. Este conflicto ha plagado cada intento de hacer de la igualdad de resultados el principio general de la organización social… en todos los casos, la desigualdad ha persistido bajo cualquier criterio empleado; desigualdad entre los gobernantes y los gobernados, no sólo en cuanto al poder, sino también en los estándares materiales de vida. (Milton y Rose Friedman, Free to Choose, New York: Harcourt, Brace, Jovanovich, 1979, p. 135).

Tal vez un ejemplo simple puede contribuir a exponer la diferencia que hay entre el concepto de igualdad ante la ley y el de igualdad de resultados. Imagínese una carrera de maratón en la que hay diversos participantes. La idea de la igualdad ante la ley sería en cuanto a que las reglas aplicables para dicha carrera sean esencialmente las mismas para cada uno de los participantes, en donde potencialmente cualquiera puede ser el ganador. Si acaso, como dice Hayek, se acepta “con carácter de generalidad que, mientras los hombres fueran diferentes y crecieran en familias distintas, no podría asegurárseles un mismo punto de partida” (Op. Cit., p. 107), de manera que la función del gobierno no será la de asegurar que todos tengan los mismos prospectos de llegar a una posición dada, sino la de hacer disponible para todos y en términos de igualdad aquellas facilidades que dependen de la función propia de ese gobierno. Por ejemplo, sería aceptable que, si en dicha maratón decide participar una persona con una discapacidad que le diferencia significativamente del resto de los participantes, no tenga que correr bajo las mismas reglas que los otros (por ejemplo, que corra una distancia menor), pero no de forma tal que se le garantice que llegará, por ejemplo, en un primer lugar, pues se desvirtuaría el propósito de realizar una carrera de maratón.

Lo importante para esta competencia es que se remueva cualquier obstáculo puesto por otros hombres para impedir que algún otro pueda ser el ganador. Así, se deben eliminar privilegios individuales (como, por ejemplo, que sólo puedan participar los que provienen de tal o cual familia o porque son miembros de algo considerado como nobleza), al igual que asegurar que la contribución de la acción del estado sea la misma para todos (que no se subsidie a algunos o que se grave a otros con tal de provocar que alguno de ellos gane en la lid o que otro no pueda hacerlo). Por lo tanto, se trata de que no haya discriminación de los participantes en cuanto a color, raza, sexo, nacimiento, nacionalidad, origen étnico u otras características poco relevantes para la maratónica. Se supone que así ganaría el más veloz de los participantes -el atleta mejor capacitado y con mayores habilidades- no en función de su color de piel, raza, etnia, nacionalidad, familia, riqueza o lo que fuere que no tenga que ver con lo requerido para la carrera. Así, todos son iguales ante las reglas del juego. Hayek escribe que se da “por supuesto que los resultados serían forzosamente distintos no sólo en razón a las diferencias individuales, sino también porque una pequeña parte de las circunstancias relevantes dependían de quienes asumen el poder público.” (Op. Cit., p. 107).

Por el contrario, la idea de igualdad de resultados (un resultado que fuera “justo” de acuerdo con el criterio definido por alguien) se refiere a que, con independencia de esa velocidad y de las habilidades individuales para arribar prioritariamente a la meta, sean otros los criterios aplicados; por ejemplo, se podría alegar que el primer lugar le corresponde a alguna persona que tenga ciertos atributos distintos de esa velocidad y habilidades, tales como el color de la piel, el origen familiar, la religión que se profesa, y un etcétera muy amplio de criterios para logar la clasificación, según sean los deseos de quienes se supone son ungidos para definirlos. Tal como lo menciona Hayek, bajo este criterio de igualdad de resultados, “el gobernante, en vez de proporcionar los mismos medios a todos, debiera tender a controlar las condiciones relevantes para las posibilidades especiales del individuo y ajustarlas a la inteligencia individual hasta asegurar a cada uno las mismas perspectivas que a cualquier otro. Tal adaptación deliberada de oportunidades a fines y capacidades individuales sería, desde luego, opuesta a la libertad y no podría justificarse como medio de hacer el mejor uso de todos los conocimientos disponibles, salvo la mejor presunción de que el gobernante conoce mejor que nadie la manera de utilizar las inteligencias individuales.” (Op. Cit, p. 107).

La idea de igualdad ante la ley puede resumirse en aquella expresión proveniente de la Revolución Francesa: Une carrière ouverte aux talents; una carrera abierta a los talentos. Por el contrario, la idea de igualdad de resultados se puede concebir como que, cualquiera que sea el talento y las diferencias individuales, así como cualquier cosa que se haga o no, al final de la carrera todos los individuos llegarán iguales… al mismo tiempo. En el famoso libro de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, aparece una carrera de esta naturaleza (la define como “Carrera Loca”). Un personaje, el Dodo, “trazó una pista para la Carrera, más o menos en círculo (‘la forma exacta no tiene importancia’, dijo) y después todo el grupo se fue colocando aquí y allá a lo largo de la pista. No hubo el ‘A la una, a las dos, a las tres, ya’, sino que todos empezaron a correr cuando quisieron, y cada uno paró cuando quiso, de modo que no era fácil saber cuándo terminaba la carrera. Sin embargo, cuando llevaban corriendo más o menos media hora, y volvían a estar ya secos, el Dodo gritó súbitamente:

--‘¡La carrera ha terminado!’
Y todos se agruparon jadeantes a su alrededor, preguntando:
--‘¿Pero quién ha ganado?’
El Dodo no podía contestar a esta pregunta sin entregarse antes a largas cavilaciones, y estuvo largo rato reflexionando con un dedo apoyado en la frente (la postura en que aparecen casi siempre retratados los pensadores), mientras los demás esperaban en silencio. Por fin el Dodo dijo:
--‘Todos hemos ganado, y todos tenemos que recibir un premio.’
--‘¿Pero quién dará los premios?’ --preguntó un coro de voces.¨

En esta carrera se aseguraba la igualdad de los resultados, todos ganan y reciben su premio, aunque al final de cuentas haya que preguntar, quién deberá otorgarlos.

La distinción entre igualdad ante la ley e igualdad de resultados es crucial en una sociedad libre, porque la igualdad de resultados se pretende lograr mediante la coacción del Estado, que anule lo que se obtiene por una valoración que la sociedad efectúa de la acción de las personas, como compensación por hacer lo que cada cual considera es lo mejor. Cuando esa compensación se hace con base en lo que alguien aprecia es meritorio que se reciba algo que no se ha producido, el camino está abierto para que el Estado defina qué es lo que los individuos deberán hacer y cómo es que deberán de hacerlo, lo cual significa, ni más ni menos, que la sociedad libre, tal como la concebimos, llegue a su fin.
Por Carlos Federico Smith

2008-01-31-IGUALDAD Y DESIGUALDAD
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COLUMNA LIBRE:IGUALDAD Y DESIGUALDAD

Boletín de ANFE, 31 de enero del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 170-180.

La desigualdad que muchas veces suele preocuparnos, en realidad resulta ser inmensamente útil. No me refiero tanto en términos estéticos, como cuando se hace la pregunta de qué clase de sociedad sería la nuestra si todos fuéramos idénticos, duplicados el uno del otro, sino más bien se trata de la utilidad que tiene para la asignación de recursos. En un mercado, la distribución del ingreso se basa en el principio de que el pago sea de acuerdo con lo que hagan la persona y lo que ésta posee. Como los individuos son diferentes en sus preferencias y habilidades, muchas de las desigualdades en sus ingresos precisamente se deben a ello. Por ejemplo, hay trabajos poco atractivos comparados con otros, lo cual requiere, bajo el concepto de una igualdad de tratamiento, que el pago sea mayor por los primeros que por los segundos (a esto los economistas lo llaman diferencias igualadoras). Son muchos los ejemplos que podrían darse de empleos que poseen diferentes características no monetarias y que, por tanto, tales diferencias no monetarias deberán ser compensadas mediante la remuneración correspondiente. Esto evidentemente impacta la distribución el ingreso y es un factor crucial que deberá ser tomado en cuenta cuando se alegue porque haya una igual (o justa) distribución.


Adam Smith ya había señalado la importancia que tienen estas diferencias igualadoras en los ingresos, al notar que “Los diferentes empleos del trabajo y de los fondos, que necesariamente se verifican dentro de un mismo territorio en toda sociedad, no pueden menos de ser unos más ventajosos que otros, pero todas estas ventajas y desventajas, en general, o han de ser perfectamente iguales o han de gravitar perpetuamente hasta cierto centro de igualdad. Si en un mismo territorio se verificase un empleo, o evidentemente más o ciertamente menos ventajoso que otro, naturalmente ocurriría el caso de emplearse en el uno tanta gente y en el otro tan poca, que se verían muy en breve volver a su nivel todas aquellas ventajas, igualándose proporcionalmente con las de la mayoría de los empleos.” (Adam Smith, La Riqueza de las Naciones, Libro I, Capítulo IX, San José; Universidad Autónoma de Centro América, 1986, p. 146).

Hay otra desigualdad que surge de las distintas preferencias que tienen las personas en cuanto a la incertidumbre. Esto se puede ejemplificar con un juego de lotería en que participan diversas personas de acuerdo con sus preferencias. Si se parte de que para participar todos tienen una igual cantidad de dinero inicial, lo harán en mayor o menor grado según sean sus preferencias en cuanto al sacrificio de comprar distintos “pedacitos” del sorteo y del monto de los diferentes premios que se pueden obtener. Uno en la vida realiza muchas elecciones de este tipo con base en preferencias ante la incertidumbre: por ejemplo, al escoger inversiones, carreras, matrimonios, negocios, exploraciones, experimentos y muchas otras cosas similares. La persona está dispuesta a arriesgar ante la incertidumbre en función de los premios. Si, después de ganarse un premio, en aras de la “igualdad” se le redistribuye, lógicamente eso haría que la persona no escoja participar, en parte o del todo, en dicha lotería.

Ante lo expuesto anteriormente, muchas de las diferencias en los ingresos son resultado de la actitud de las personas hacia asumir riesgos en un marco de incertidumbre en los resultados. Entonces, debe tenerse presente, cuando alguien sugiera lograr una igualdad (o “justicia”) en la distribución del ingreso, que en una economía dinámica el futuro siempre es incierto, lo cual hace que la persona deba asumir riesgos, por lo que se le debe de compensar en función de ello. Hay ocupaciones y actividades que implican grandes riesgos de que se fracase o que haya perjuicios y la personas no decidirían, por ejemplo, ser aviadores, pilotos de carreras, actores, limpiadores de vidrios en rascacielos, cantantes o boxeadores, si por tal labor recibieran remuneraciones idénticas a las del resto de los empleos.

Pero ciertamente muchas de las diferencias en los ingresos se deben a las diferentes dotaciones que poseen las personas, tanto en lo referente a capacidades propias como en lo que sea de su propiedad. Quienes por esta razón objetan las disparidades en los ingresos no acostumbran hacerlo por los diferenciales en las capacidades individuales (por ejemplo, no suelen oponerse a que un excelente atleta reciba mucho más ingresos que uno mediocre), sino que ante todo basan su argumento en razones derivadas de la propiedad; concretamente, de la herencia y no tanto por la acumulación de riqueza que una persona pueda haber hecho a lo largo de su vida.

Partiendo de lo anterior, es necesario resaltar que no resulta fácil hacer una distinción entre las disparidades producto de diferenciales en las habilidades individuales, de aquellas provenientes de las dotaciones de propiedad. Así, por ejemplo, cabe preguntarse si ¿es éticamente apropiado aceptar un alto diferencial de ingresos debido a alguna cualidad genética heredada de los padres (por ejemplo, una buena voz o un cuerpo bello) pero no en el caso de que se originen en una dotación monetaria heredada de ellos? Así, puede pensarse en que un padre tiene las siguientes alternativas frente a su hijo: en primer lugar, puede financiarle una buena educación universitaria, que le generará futuros ingresos diferenciados y usualmente superiores a la media en una sociedad, gracias a esas habilidades así adquiridas. En segundo término, ese padre podría montarle un negocio a su hijo, que similarmente le puede generar ingresos relativamente superiores, gracias a las ganancias obtenidas. Finalmente, el papá simplemente le hereda al hijo una inversión financiera que le va a generar intereses, que también significan mayores ingresos relativos. Entonces, la pregunta requerida es si ¿hay alguna diferencia ética entre estas tres formas de que un hijo reciba de su padre ingresos presuntamente superiores, ya sea que resulten de mayores habilidades derivadas de la educación, de ganancias del negocio o de intereses que heredó?

Pero, además, el padre bien podría haber dispuesto que aquellos recursos que por hipótesis destina a su hijo, en vez de ello los usara en su propio consumo. Aquí el problema es que la crítica contra la herencia da lugar a que al gasto dispendioso del padre se le perciba como lo correcto, en vez de serlo la conducta frugal requerida de su parte con tal de acumular riqueza para heredársela al hijo.

Hay, sin embargo, acciones del Estado que conducen a una distribución del ingreso que un liberal bien puede considerar como “injustas”, en el sentido de que son resultado de una acción coercitiva impuesta por ese Estado sobre las demás personas. Me refiero a prácticas tales como los monopolios sancionados por la acción gubernamental, de manera que con ellas se impide la libre entrada de otros participantes que disiparían las rentas artificiales que el monopolista obtiene gracias a la posibilidad otorgada de restringir la producción y de elevar los precios cargados al resto de la sociedad. Tal monopolio así protegido también va a generar ingresos mayores para los distintos factores productivos que intervienen en el proceso de producción del bien o del servicio. El monopolio se caracteriza por mayores utilidades que las que se lograrían bajo un ambiente competitivo, con lo cual le es posible pagar más por factores que debe atraer y contratar, pudiendo pagar mayores salarios, rentas o intereses que en competencia (es posible pensar que mucha de la oposición reciente de grupos sindicales entronizados en los monopolios estatales de la telefonía, electricidad, seguros y combustibles, se debe a que hoy día son partícipes de las rentas generados por sus monopolios mediante mayores salarios que los que podrían esperar obtener en un régimen de competencia).

Otra práctica de similar naturaleza en cuanto a efectos sobre la distribución de los ingresos, es la protección que a veces se le otorga a la producción doméstica vis a vis la externa, que se refleja en precios (y costos, así como en una menor calidad) más altos para los consumidores domésticos, con lo cual el salario real que perciben los ciudadanos es, en términos de su poder adquisitivo, menor que en el caso de que pudieran obtenerlos a los precios inferiores del mercado internacional. La protección brindada por el Estado a algunos les permite obtener ingresos relativamente mayores que los que podrían lograr bajo un régimen abierto al comercio internacional.

También los liberales se suelen oponer a impuestos (muchos de ellos introducidos con propósitos supuestamente redistributivos) caracterizados por otorgar exenciones y excepciones a ciertos grupos que utilizan su poder político para obtenerlas, pero, ante la insuficiencia tributaria a que tales políticas dan lugar, según criterio del Estado, se recargan sobre otros contribuyentes. Ante esta situación, el liberal busca, dados los resultados negativos que ocasionan estas prácticas tributarias, que se apliquen principios que se pueden definir como de igualdad ante la ley. Este es un argumento fundamental en su prédica a favor de impuestos bajos y uniformes (el llamado “flat tax”).

Podría seguir abundando en ejemplos de medidas gubernamentales que tienen incidencia sobre la distribución del ingreso (casi todas las tienen), pero el principio general es que deben minimizarse, de forma tal que la distorsión que ocasionan sea la menor posible y, tal vez, tan sólo se apliquen en casos en que son deseables, como, por ejemplo, en lo que los economistas llaman externalidades, siempre y cuando sean debidamente comprobadas, que no puedan ser resueltas por mecanismos de mercado y en cuya práctica se tome en cuenta el costo de la acción gubernamental, presuntamente correctora de ineficiencias que pueda tener el mercado. (Por externalidades se entiende el beneficio o costo de la producción o el consumo que se genera sin que haya una compensación para quienes no compran ni venden el producto; tal es, por ejemplo, el caso de la contaminación de un río, la cual mata peces que esperan capturar los pescadores, cuyo costo así ven incrementado (a esto se le llama deseconomías externas) o, por el contrario, el beneficio que obtiene el dueño de un apiario cuando el vecino siembra frutales de cuyas flores las abejas obtienen el polen para producir miel (a ello se le denomina economías externas).

La función operativa esencial que en un mercado desempeña el principio de pago de acuerdo con la producción, esencialmente se refiere al ámbito de la asignación de recursos. A menos que un individuo reciba la totalidad del valor que agrega a un producto, difícilmente va a participar en un intercambio (voluntario) en un mercado que se fundamenta en lo que él pueda recibir, en vez de serlo en lo que pueda producir. Si se da la primera circunstancia institucional, no van a surgir intercambios que, de otra manera, serían mutuamente benéficos para las partes involucradas, como los habría si cada una recibiera lo que efectivamente han contribuido para su producción. De ser esta la circunstancia, los recursos no se emplearían de la forma más efectiva.

Alguien podría proponer que, en vez de una asignación voluntaria de los recursos en el mercado, ésta se realice de forma compulsiva, pero difícilmente con ello se va a lograr que las personas dediquen sus mayores esfuerzos a lograr la producción deseable. Esto es, un sistema compulsivo tendrá efectos negativos en la disponibilidad de recursos productivos. Tal como señala Milton Friedman, “Aunque la función esencial, en una sociedad cuya economía se basa en los mercados, de una remuneración o pago de acuerdo con el producto es permitir que los recursos se asignen eficientemente sin que ello sea por compulsión, difícilmente va a tolerarse sino es que se le mira como que da lugar a una justicia distributiva. Ninguna sociedad puede ser estable a menos que haya un núcleo de juicios de valor que sin pensarlo son aceptados por la gran mayoría de sus miembros… Creo que el pago de acuerdo con el producto ha sido y, en gran medida, aún lo es, una de esas instituciones o juicios de valor aceptados por una enorme mayoría de sus miembros.” (Milton Friedman, Capitalism and Freedom, Chicago: The University of Chicago Press, 1962, p. 167).

No debo omitir mencionar otros elementos de naturaleza política que demuestran la importancia y la utilidad de la desigualdad en una sociedad libre. Uno de ellos es que la desigualdad juega un papel crucial en asegurar un marco de independencia para las personas ante un poder político concentrado. La libertad económica es esencial para que las personas tengan libertad política. Los acuerdos económicos que las personas logran les permiten dispersar el poder y contrastarlo con la concentración del poder político que caracteriza a un Estado. Esta posibilidad de balance o compensación ante el poder del Estado se logra gracias a la separación que se da entre el poder político y el poder económico. Así, la prosecución de medidas que tiendan a eliminar la posibilidad de que en una sociedad libre, el pago se haga de acuerdo con la contribución que cada individuo hace a la producción, mina las posibilidades de que ellos dispongan de focos de poder que puedan compensar al poder político del Estado.

Similarmente, la desigualdad permite que ideas que pueden ser impopulares encuentren quienes las patrocinen, algo que es vital en una sociedad que promueve la libertad de sus ciudadanos. Por algo surgió el rico Engels patrocinando las ideas “subversivas” de Marx. Aquél difícilmente podría haberlo hecho en una sociedad en donde el Estado fuera el que determinara una “justa” distribución del ingreso, Estado que posiblemente consideraba como “injustas” las propuestas de Marx y, de hecho, que podía actuar en consonancia, impidiendo que ciertos grupos o personas tuvieran “ingresos adecuados” que fueran a usarse en la promoción de ideas contrarias a la existencia de ese mismo Estado.

Lo expuesto en el párrafo anterior puede ser disminuido en su dramatismo y pensarse en que simplemente la desigualdad en la distribución es un factor importante en la diseminación de ideas novedosas. Como dice Friedman, “En una sociedad capitalista, tan sólo es necesario convencer a una poca gente rica de que provean fondos para lanzar una idea, no obstante lo extraña que pueda ser, y existen muchas de esas personas, muchos focos independientes de sustento. Y, de hecho, ni siquiera es necesario persuadir gente o instituciones financieras que tengan fondos disponibles acerca de la rectitud de las ideas que van a ser propagadas. Tan sólo es necesario para persuadirlos que su propagación pueda ser financieramente exitosa; que el periódico o la revista o el libro o que cualquier otra operación o empresa arriesgada resultará en beneficios. (Ibídem, p. 17). Esto sólo es posible en una sociedad libre, mas no en una caracterizada por un Estado todopoderoso.

En el campo económico, la idea previa sobre la desigualdad tiene su lugar en cuanto a la provisión de patrocinadores que financien la experimentación y el desarrollo de nuevos productos. Porque precisamente es la posibilidad de que, ante la asunción de riesgos, la persona que incurre en ellos pueda recibir la remuneración correspondiente basada en los resultados, lo que les mueve a destinar recursos para financiar empresas arriesgadas. En ese proceso de asumir riesgos muchos ganan, pero posiblemente sean más los que pierden, pero la sociedad como un todo se beneficia con ello. El sistema de mercado ha producido muchas fortunas que han surgido principalmente por la creación de nuevos productos o servicios o de lograr una amplia distribución de ellos. Pero el beneficio que ello ha brindado a la sociedad en general es muchas veces muy superior al total de riqueza que, mediante la experimentación y desarrollo, pudieron lograr esos innovadores.

Tal idea la expone muy bien Walter Block, al escribir que “En la era más moderna, nadie puede hablar de nuevos productos, innovaciones, técnicas, tecnologías que hayan tenido un efecto importante sobre nuestros estándares de vida, sin que se mencione a gente como Michael Milken, Ray Kroc, Steve Jobs, Ted Turner, Bill Gates y Sam Walton. Simplemente no puede negarse que estos fueron hombres que estuvieron al frente del crecimiento económico, y que fueron bastante responsables de cualesquier éxito que en ese sentido pudiéramos haber tenido.

Pero si hay una cosa que pueda ser común y correctamente asociada con ellos, no es la igualdad. Más bien, lo es la desigualdad del tipo más extremo, puesto que estos fueron (o son) todos individuos muy ricos. Crecemos a tontas y a locas, a saltos. Detrás de cada impulso hacia adelante, usualmente existe un empresario innovador, dispuesto a asumir riesgos, quien invariablemente cosecha una vasta fortuna como recompensa por su éxito. Como resultado, parecería ser que es la desigualdad, no la igualdad, la marca de una economía creciente y vibrante.” (Walter Block, Is Inequality Harmful for Growth?, artículo no publicado, sin fecha, p. 3. El subrayado es del autor).

Finalmente, en lo referente a los aspectos políticos de la desigualdad, en un mercado la distribución se lleva a cabo de manera impersonal sin que se requiera de una autoridad que defina qué es lo que le corresponde a cada cual. En vez de una coerción acerca de la forma en que se distribuye el producto, en el mercado se efectúa como resultado de la cooperación entre las partes. La diferencia es crucial, pues una sociedad libre no se puede concebir con alguien que, independientemente del aporte que cada cual hace al valor de lo que se produce, defina arbitrariamente qué es lo que debe percibir.

Deseo concluir lo expuesto en los tres últimos boletines de ANFE en torno al tema de la igualdad y la desigualdad, con tres breves reflexiones. La primera de ellas tiene que ver con el papel que la envidia puede estar jugando en las peticiones que se hacen a favor de una igualdad en los resultados. Bien puede ser que los mejores resultados que adquieren algunos les provoque malestar a los menos afortunados o que, quienes en un momento dado pueden haber percibido ingresos relativamente mayores, por alguna circunstancia su posición haya variado radicalmente. Estos pueden constituirse en estímulos para solicitar una “justicia social” que lo que hace es encubrir su verdadero motivo, la envidia. Como nos lo recuerda Hayek, “Una de las fuentes de descontento que la sociedad libre no puede eliminar es la envidia, por muy humana que sea.

Probablemente, una de las condiciones esenciales para el mantenimiento de tal género de sociedad es que no patrocinemos la envidia, que no sancionemos sus pretensiones enmascarándola como justicia social, sino que la tratemos de acuerdo con las palabras de John Stuart Mill: ‘Como la más antisocial y perniciosa de todas las pasiones’.” (Friedrich Hayek, Op. Cit., p. 108).

En segundo lugar, es frecuente que muchos que proponen una cierta forma de igualdad de resultados, tienen opciones de lograr que sus prédicas se puedan convertir en realidades. Es decir, que puedan convertir sus palabras en hechos. Generalmente no hay impedimentos para que puedan redistribuir lo que bien pueden haber ganado, hacia otros menos afortunados que ellos. No sólo es frecuente que muchos códigos tributarios permiten hacerlo, de manera que los gravámenes sobre los ingresos no se aplican a aquellos redestinados a grupos de menores ingresos relativos, sino que, también, la caridad es bien vista por una sociedad libre, pero especialmente porque les permite practicar aquello que pregonan.

Para concluir, es necesario reiterar que los liberales no nos oponemos a la igualdad como tal, sino a los intentos de algunos por lograr un orden distributivo preconcebido, a sea de igualdad o de desigualdad. Nos oponemos al empleo de la coacción con el propósito de lograr un fin determinado: la nobleza que se le pueda adscribir a tal fin, como podría ser lograr una cierta igualdad, no es justificación suficiente como para emplear la coacción en lograrla. De esta manera es como se preserva una sociedad abierta, libre. Por supuesto, al menos yo personalmente, miro con agrado a aquellas sociedades que no se caracterizan por los grandes contrastes entre ricos y pobres, aquéllas que han podido a lo largo de los tiempos y con grandes esfuerzos, aumentar la riqueza gradualmente y que a la vez hayan logrado reducir tales disparidades. Pero lo que no me parece conveniente es que, en función de un objetivo que uno puede considerar deseable, se sacrifique a la libertad, al entregarle a alguien la definición de quién va a recibir qué, con base no en cuanto contribuye a la producción, sino a la voluntad subjetiva de ese alguien todo poderoso.

Y me permito concluir estas exposiciones, con una opinión de Milton y Rose Friedman: “No hay inconsistencia entre un sistema de libre mercado y la prosecución de metas sociales y culturales amplias o entre un sistema de libre mercado y la compasión por los menos afortunados, ya sea que tal compasión tome la forma de, como lo hizo en el siglo diecinueve, una actividad caritativa privada o, como lo ha hecho crecientemente en el siglo veinte, de asistencia por medio del gobierno –provisto que en ambos casos sea una expresión del deseo de ayudar a otros.” (Milton y Rose friedman, Op. Cit., p. 140).


Por Carlos Federico Smith

2008-02-29-INTERVENCIÓN CAMBIARIA Y BÚSQUEDA DE RENTAS

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COLUMNA LIBRE: INTERVENCIÓN CAMBIARIA Y BÚSQUEDA DE RENTAS

Boletín de ANFE, 29 de febrero del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 181-191.

Es necesario definir el concepto de “búsqueda de rentas”. Por él se entiende la presión política que diversos grupos de interés ejercen para que el gobierno actúe de manera tal que les transfiera riqueza; esto es, se promueve la emisión de leyes o la actuación administrativa que beneficie a esos grupos a expensas del resto de los miembros de la colectividad. Daré dos ejemplos de ello: la presión ejercida ante la Asamblea Legislativa para crear un órgano que regulara la producción local de arroz, pero ante todo su importación, lo que derivó en mayores precios a los productores domésticos a costas de los consumidores (la llamada Oficina del Arroz) y, en segundo lugar, la presión que actualmente se ejerce para que consumidores y, en concreto, los usuarios de transporte sean obligados a usar gasolina con alcohol (etanol) y bio-diesel en vez de la alternativa actual de gasolina y diesel. El costo de los primeros productos es superior al de los segundos y, al obligar su consumo, la sociedad como un todo paga un costo mayor que principalmente beneficia a productores domésticos de alcohol y bio- combustibles.

Históricamente el área del comercio internacional ha sido propicia para la búsqueda de rentas por grupos con un interés específico en común. En general, el proteccionismo comercial ha sido ampliamente analizado como ejemplo de dicha búsqueda de rentas y, en concreto, al buscarse una subvaluación del tipo de cambio; esto es, dar a la moneda doméstica un valor inferior al del mercado con respecto a alguna moneda internacional de referencia; por ejemplo, el dólar. Así, al consumidor se le hace artificialmente más caro lo que importa, con lo cual se le “abarata” relativamente el consumo del bien que es producido en el país. El epítome de un campo prolijo en la búsqueda de rentas es la vigencia gubernamental de tipos de cambio duales, en donde para algunos bienes rige un tipo de cambio inferior comparado con el que se determina para otro tipo de bienes. A los primeros bienes se les suele llamar “necesarios” y a los segundos “de lujo” o “innecesarios”. Así sucedió en ciertos momentos de la historia costarricense y les apuesto, pues al momento no lo sé, que en Venezuela hay tipos de cambio diferenciados para distintos tipos de bienes. No debería extrañar, entonces, que allá –como la hubo aquí- haya presión de todo tipo para formar parte de las listas oficiales que permiten obtener divisas al tipo de cambio preferencial, pues el resto de las importaciones tiene que pagar un tipo de cambio superior. El negocio con este diferencial es, así, diáfano y sustancioso

Hay que prestar seria atención a lo que actualmente sucede en Costa Rica con el tipo de cambio oficial del colón con respecto al dólar en el marco de las llamadas bandas cambiarias, porque las políticas hoy seguidas por el Banco Central pueden constituir un claro incentivo para que algunos presionen porque el tipo de cambio no se ajuste a las circunstancias que, al momento, determina el mercado y que muy posiblemente señalen la tendencia hacia una revaloración del colón. La política a la fecha proseguida por el Banco Central, mediante la cual mantiene artificialmente subvaluado el colón comparado con el valor definido por ese mercado, se traduce en que, para algunos, se genere una mayor riqueza, mientras que, para otros, esa medida se refleja en un empobrecimiento. Es decir, la política del Banco Central provoca que haya perdedores y que haya ganadores

Como el lector sabe, en la actualidad el régimen cambiario del Banco Central se caracteriza por una banda dentro de la cual se supone que debería oscilar el tipo de cambio de mercado del colón con respecto al dólar. El límite superior de la banda aumenta todos los días en seis céntimos, en tanto que el límite inferior disminuye en seis céntimos diariamente. Sin embargo, el Banco Central interviene diariamente adquiriendo dólares en el mercado para que el tipo de cambio no se vaya por debajo del límite inferior definido por dicha banda. En las circunstancias actuales el Banco no vende dólares al mercado porque la banda superior es irrelevante; no debe intervenir para que el tipo de cambio del colón con respecto al dólar se devalúe dentro del límite de la banda superior. En otras palabras, al contrario, más bien a la fecha actúa –y fuerte, muy fuertemente- para que el colón no se revalúe con respecto al dólar.

¿Por qué el tipo de cambio en el mercado indica ser menor al del límite inferior que arbitrariamente ha fijado el Banco Central? Porque hay muchos dólares en la economía.

Porque al tipo de cambio actual su oferta supera a su demanda. Tan grande ha sido la entrada de dólares al país que, a la primera semana de febrero de este año, las reservas internacionales netas en manos del Banco Central llegaron a un récord de más de $4.500 millones. Ese ingreso de dólares se debe a múltiples razones: a una exportación muy elevada comparada con las importaciones de mercancías; a una entrada muy fuerte de ingresos por servicios en el país, principalmente turismo; a una inversión extranjera directa muy grande en el país y, también, por el ingreso de capitales “especulativos”, que supuestamente ingresan al país para obtener réditos mayores que en los mercados internacionales, y posiblemente porque, con el paso del tiempo, el Banco Central tendrá que tirar por la borda su actual banda cambiaria, ante su incapacidad de limitar el relativamente elevado volumen de dólares que ingresa al país. De darse ello tendrían una ganancia, al poder readquirir los dólares que ingresaron a un costo menor que el precio en colones que percibieron cuando los trajeron al país.

Puede ser que haya algo de esto último como para justificar una reciente medida del Banco Central de bajar los intereses que se pagan a corto plazo por los fondos que ingresan al país. Espera con ello que los dólares especulativos no entren para convertirse en colones, ganar intereses en el corto plazo y obtener también una ganancia con la caída esperada de la banda. El Dr. Juan Muñoz, vice-presidente de ANFE, en un artículo reciente en el periódico El Financiero, mostró cómo, ante una posible caída en la banda cambiaria hacia un tipo esperado de ¢450 por dólar en un plazo relativamente corto, hace irrelevante el pago de tales tasas de interés que artificialmente redujo el Banco Central. Aún si no se pagara interés alguno en ese lapso, la ganancia de capital esperada con la revaluación del colón es superior al rendimiento que pueden percibir en mercados de capitales alternativos. El Banco Central parece estar limitado en su capacidad de restringir la entrada de los llamados capitales especulativos. Ello quiere decir que, a menos que haya una muy fuerte caída de nuestros mercados de exportación, o se dé un incremento inusitado en nuestras importaciones, o se produzca una seria limitación a la inversión extranjera directa en el país, o que sucedan “desgracias” similares, el tipo de cambio del colón con respecto al dólar se revaluará a corto plazo.

Uno problema muy serio derivado de la conducción de la política cambiaria por el Banco Central en los últimos tiempos -y cuyas autoridades recientemente han mencionado estar dispuestas a proseguir- tiene que ver con el impacto inflacionario del incremento en los agregados monetarios en circulación a causa de la compra de dólares para mantener el piso de la banda cambiaria. Es sabido por las autoridades monetarias –al menos en épocas recientes después del desliz keynesiano- que en un país la causa de la inflación es el exceso de su dinero en circulación.

Al adquirir dólares excedentes en los bancos comerciales del país, el Banco Central emite dinero y si no tiene una forma práctica de retirar ese exceso de colones en circulación, se traduce en tasas de inflación elevadas como las vistas recientemente. Para que tengan una idea del problema que tenemos entre manos y que mostrará su feo rostro –la inflación- en los meses por venir, tan sólo en el período que va desde la última variación de la banda cambiaria, el 22 de noviembre del año pasado, a la primera semana de febrero de este año, el Banco Central ha intervenido en el mercado cambiario adquiriendo más de $920 millones. Dada la decisión tozuda del Banco de sostener la banda a como haya lugar, es de esperar que el aliento inflacionario seguirá soplando en nuestro país por un buen rato. Tal como dijo una alta autoridad de ese ente, la decisión reciente de bajar los intereses, en vez de reducir la banda cambiaria, significaba que se escogió por una inflación más elevada en los primeros meses de este año, con la expectativa (o ilusión) de poder disminuirla en el resto del año.

Lo más sorprendente es que el Banco Central no aprendió de su experiencia del año pasado, cuando por muchos meses mantuvo al colón artificialmente subvaluado, adquiriendo para defender el piso de la banda cambiaria los dólares excedentes de los bancos comerciales, con lo cual emitió una cantidad excesiva de dinero. Ante la inflación a que esto dio lugar por encima de sus predicciones, al Banco Central no le quedó más alternativa –si bien algo tardía- que reducir la banda cambiaria. Ahora, a inicios del 2008, el Banco Central enfrenta la misma situación, pero se empecina en mantener un tipo de cambio artificial al igual que lo hizo durante casi todo el 2007. Una vez más, disminuirá la banda tan sólo cuando la situación ya le sea insostenible; cuando, una vez más, la inflación sobrepase todas sus predicciones para el año, si bien ya el daño al país estará hecho.

Este infortunio inflacionario, aunado a la disminución de las tasas de interés, ha incrementado la tragedia para el ahorrante costarricense, pues aumenta la negatividad de las tasas reales de interés que agobiaron la formación de ahorros en el año pasado. Las tasas reales de interés son el resultado de comparar las tasas nominales –esto es, las tasas que, por ejemplo, le pagan en un banco comercial por su ahorro por un certificado de depósito a plazo y que se han reducido más a resultas de la decisión reciente del Banco Central- con la tasa de inflación. Si esta última en el 2008 resulta ser de alrededor de un 10% y si las tasas nominales son de cerca de 4.5%, la tasa real es negativa, de alrededor de un -5.5%. Aún si Usted cree en la estimación que recientemente formuló Banco Central de una tasa de inflación para el 2008 de un 8%, entonces, tendríamos tasas reales negativas de -3.5% en este año.

Y cuando las tasas de interés por los ahorros ni siquiera cubren la inflación, la señal es clara para el ahorrante: mejor compre ahora y no después, pues lo que obtiene por el ahorro no le permitirá cubrir lo que las cosas le van a costar al final del año. Es decir, se estimula el consumo en la economía, lo cual tenderá a aumentar el problema inflacionario. La conducta del Banco Central es paradójica: tasas reales de interés negativas al tiempo que públicamente le ha sugerido al costarricense que no consuma. El panorama no es halagador, pues parece que se gesta una burbuja en la economía. Una burbuja en el consumo provocado por la acción del Banco Central que, cuando estalle, mostrará serios daños tanto en los presupuestos familiares resultado del endeudamiento en que se incurrió para gastar o adquirir ahora y no para ahorrar, sino también en los balances de entidades financieras prestamistas, las que, ante la abundancia de liquidez y el exceso de demanda de préstamos, tienen incentivos para colocar “todo lo que puedan”, incidiendo en la calidad de sus carteras.

Se deduce de la lectura de esta columna, que la decisión tomada por el Banco Central de defender el piso de la banda cambiaria tiene importantes efectos para distintas personas y grupos de la economía. Tal como se dijo al principio de ella, se abre un campo amplio para que prolifere la búsqueda de rentas; es decir, para que tal política permanezca en vez de dejar que sea el mercado el que vaya definiendo los precios en la economía. La medida del Banco Central implica costos para algunos y beneficios para otros, por lo que debe compararse el posible impacto que tiene en la distribución de la riqueza en comparación con dejar que el precio de la divisa lo determine el mercado, valor que supuestamente, al menos en el corto plazo, significa un menor valor del dólar y, en consecuencia, uno mayor del colón.

Ante lo expuesto, me referiré a los ganadores y a los perdedores posibles en nuestra economía de la decisión comentada del Banco Central. No se trata de dar una exposición exhaustiva de los posibles afectados, sino que el objetivo es brindar una idea de los posibles impactos de reasignación de riqueza, que bien pueden motivar su actuación en busca de rentas. Espero que de esta manera podamos comprender porqué se toman ciertas decisiones públicas y cuestionarnos de seguido si, después de todo, es una función propia de un Banco Central el definir políticas que concretamente van a enriquecer a algunos y a empobrecer a otros o si debe ser el mercado el que tenga un papel más significativo al respecto.

¿Cuáles son los individuos o grupos ganadores ante una decisión del Banco Central de no reducir la banda cambiaria? (El orden en que se presentan no es relevante).

Primero. Las personas o grupos que reciben ingresos (salarios, financieros, de alquileres, utilidades) en dólares, cuyo monto equivalente en colones es así más elevado que si se diera una revaluación de la moneda doméstica. En el caso de salarios, generalmente se trata de ejecutivos “altos”, trabajadores altamente especializados o profesionales dentro de las empresas, principalmente transnacionales

Segundo. Las personas y empresas que cobran tarifas en dólares. Sucede algo similar a lo expuesto en el caso previo.
Tercero. Los exportadores. En este caso se impacta sólo en la diferencia neta entre el valor de lo exportado y el valor de lo importado. En algunos casos, por lo tanto, el impacto “ganador” es menor al usualmente esperado, que suele considerar tan sólo el valor total de la exportación y no la parte importada, que tendría, en este caso, un efecto contrario.

Cuarto. Los turistas extranjeros que visitan al país. Sus dólares les “rinden” más en colones al tipo de cambio que sostiene el Banco Central. Por supuesto igual beneficio perciben los establecimientos o negocios que atienden a turistas y reciben sus pagos en dólares.

Quinto. Los que pagan sus impuestos en colones, pero perciben sus ingresos en dólares. La conversión de esos dólares a colones les genera un monto mayor al mantenerse subvaluado el valor del colón con respecto al dólar por decisión del Banco Central.

Sexto. Los inversionistas en dólares. Si alternativamente se apreciara el colón, sus inversiones perderían valor de mercado. Por lo tanto, la decisión del Banco Central mantiene artificialmente sobrevaloradas sus inversiones medidas en colones. Asimismo, se favorecen quienes traen dólares del extranjero para adquirir propiedades en el país, pues la conversión al tipo de cambio determinado por el Banco Central les da más colones de la cuenta, con lo cual se abaratan sus adquisiciones en términos de colones.
Sétimo. Las entidades financieras y empresas que mantienen sus estados financieros en una posición neta en dólares. Tal fue el caso con un banquero privado, quien dijo a la prensa que su institución había tenido pérdidas cambiarias cuando el Banco Central revaluó el colón el pasado noviembre, pues “tenían dolarizados sus balances desde hace muchos años”. También hubo bancos estatales, como el de Costa Rica, entre otros, que mantuvieron una posición neta en dólares y en noviembre “apostaban” a que el colón no se revaluaría, según se le informó a medios de comunicación.

Octavo. Las personas que tienen colocaciones expresadas en dólares. De esta manera le rinden más colones que si el colón se revaluara respecto al dólar.

Noveno. Las personas que reciben sus pensiones en dólares, por las razones ya expresadas anteriormente.
¿Cuáles son los individuos o grupos perdedores ante una decisión del Banco Central de no reducir la banda cambiaria? (El orden en que se presentan no es relevante).
Primero. Las personas o grupos que reciben ingresos (salarios, financieros, de alquileres, utilidades) en colones, pues se subvalora el precio de su trabajo en términos de dólares. En el caso de salarios suelen ser, por lo general, aquellos que realizan trabajos menos especializados, entre ellos los que reciben salarios mínimos definidos por ley. Es interesante señalar que no ha habido manifestación por el costo que en estas circunstancias se impone sobre el valor de una parte importante de la mano de obra nacional, de parte de grupos que dicen representar los intereses de trabajadores.

Segundo. Las personas y empresas que cobran tarifas en colones. Sucede algo similar a lo expuesto en el caso previo.

Tercero. Los importadores. La sobrevaloración de dólar debido a la política del Banco Central encarece artificialmente el costo de los bienes y servicios importados.
Cuarto. Los viajeros costarricenses al exterior. Tienen, alternativamente, que pagar más colones de la cuenta por el costo en dólares en que incurren para sufragar los gastos del viaje.

Quinto. Los inversionistas en colones. La política del Banco Central por la que subvalúa el colón significa que, en términos de dólares, sus inversiones pierden valor de mercado.

Sexto. Las entidades financieras y empresas que mantienen sus estados financieros en una posición neta en colones. Cuando en noviembre del 2007 el Banco Central redujo la banda cambiaria revaluando al colón, hubo entidades financieras que habían “apostado” por ella, lo cual les generó ingresos por dicha revaluación. De darse una nueva revaluación, las entidades financieras que ajusten sus balances en tal sentido, volverían a tener ese tipo de ganancias extraordinarias. Por ende, la decisión del Banco Central de no bajar la banda cambiaria implica que se subvalora el valor neto de los activos y pasivos en colones de esas entidades financieras o empresas.

Sétimo. Las personas que tienen colocaciones expresadas en colones. La decisión del Banco Central de impedir una revaluación del colón, significa que sus activos financieros (colocaciones) en colones están siendo castigados en su verdadero valor de mercado.

Octavo. Las personas que reciben sus pensiones en colones, por las razones ya expresadas con anterioridad.

Noveno. Los consumidores, en tanto el precio en dólares del bien importado se expresara en un precio menor en colones. Como la política seguida por el Banco Central impide que se logre este beneficio, con ella se les ocasiona este costo.

Décimo. El sector público, pues tiene que efectuar pagos al exterior en dólares, que con la política del Banco Central se mantienen sobrevalorados; esto es, el sector público alternativamente tiene que entregar más colones de los que se requerirían si el Banco Central revaluara al colón. En consecuencia, los contribuyentes también se ven afectados, en cuanto son quienes en última instancia deben de pagar más por ese valor sobreestimado de los pagos al exterior en dólares.

De los diversos grupos arriba citados vale la pena mencionar a dos de ellos por su activa intervención pública mediante opiniones en los periódicos y reuniones con autoridades bancarias, poco después de la decisión del Banco Central en noviembre del 2007, cuando optó por reducir la banda cambiaria con la consiguiente revaluación del colón. Por una parte, altos funcionarios bancarios de entidades cuyos estados financieros en lo neto indicaban estar relativamente “dolarizados”, se quejaron de que la medida tomada por el Banco Central ocasionó que asumieran fuertes pérdidas por la devaluación del dólar. Por otra parte, grupos de exportadores arguyeron públicamente que la medida en mención los ponía en problemas de competitividad en los mercados internacionales. Asimismo, casualmente algunos de esos mismos banqueros indicaron que la decisión del Banco Central afectaba fuertemente al sector exportador.

Toda esta historia nos debe hacer pensar si la decisión actualmente tomada por el Banco Central no ha sido llevada a cabo en consideración de no ocasionar pérdidas a ciertos sectores, aunque al así hacerlo ocasiona pérdidas a otros sectores de la economía. De la lista arriba expuesta es fácil deducir quienes están en qué campo y quienes en el opuesto. Lo cierto es que no parece ser una función del Banco Central tomar medidas, si es este el caso, en función de no afectar a ciertos grupos, aunque con ello daña a otros.


Por Carlos Federico Smith

2008-03-31-DEFIENDO MI LIBERTAD, NO LA DE OTROS

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COLUMNA LIBRE:DEFIENDO MI LIBERTAD, NO LA DE OTROS

Boletín de ANFE, 31 de marzo del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 192-196.

Hace poco un amigo me comentó que le llamaba la atención cómo, ante intentos de los gobiernos por restringir la libertad, a muchos no les interesaba el asunto, pero tal vez se debía a que esa pretensión de limitar la libertad era para terceros y no la libertad propia de aquéllos. Tal observación, le comenté, la había vivido a lo largo de muchos años. Al principio me dolía observar tal conducta, en especial la de amigos, principalmente empresarios, quienes de una manera u otra vivían y defendían la libertad en muy diversos sentidos. Incluso mi dolor se trocaba en angustia, al preguntarme cómo era posible que aquellos, quienes esencialmente progresaban gracias al marco de libertad en que se desenvolvían, se mostraran indiferentes y hasta impasibles al darse intentos por coartar el derecho de algunas personas a vivir en plena libertad, pero sí exhibían preocupación cuando el intento lo era para limitar su propia libertad.

Con el paso del tiempo uno aprende a darse cuenta de que así es la naturaleza humana. Se reacciona cuando la coerción pretendida va en contra de uno, pero no suele preocuparse mucho cuando afecta a otros. Es de esperar que aquí juegue el grado de coerción que se intenta aplicar a esos “otros”, pues me imagino (y esperaría) que la reacción en contra de la coerción fuera mucho mayor si, por ejemplo, el estado intentara impedir que una persona pueda ejercer, digamos, el derecho al voto o a elegir libremente con quién casarse y otras cosas por el estilo, en tanto que reaccionaran poco si esa coerción sobre terceros fuera para, por ejemplo, impedir que pueda abrir un negocio aún cuando se cumplen los mismos requisitos aplicables a todos o para poner un impuesto a la venta de un producto específico y otras cosas similares.

Pero hay otros elementos que también tienen un papel explicativo de esta conducta humana. Tal vez aquí juegue lo que le he oído decir irónicamente a otro amigo: “Yo estoy en contra de todos los monopolios, excepto del mío”. Esto es, si pudieran ser o tener un monopolio, no estarían en contra de él. Bien saben que el monopolio es malo, inconveniente, indeseable y dañino, pero, a la vez, éste les brinda réditos en exceso de lo que podrían lograr en un régimen en donde primara la competencia. En un momento dado, la restricción a la libertad que se pretende imponer sobre otros me podría beneficiar, como en el caso de que, como ejemplo, se impusiera un arancel que impidiera realizar importaciones que competirían en el mercado local, o bien cuando, para poder competir en un mercado se imponen requisitos de entrada como un capital muy elevado, lo cual tiene como efecto desestimular el ingreso al mercado de un competidor potencial. Tal es, como ejemplo, el intento reciente de algunos diputados de nuestra Asamblea Legislativa de poner como requisito para aquellas empresas aseguradoras que deseen competir en el país que tengan un capital innecesariamente alto. Esa limitación a la libertad se lleva a cabo para que no puedan ingresar al país “muchos competidores”, lo cual favorece al actual monopolio estatal, que mira cómo la competencia en ciernes amenaza su coto de caza hoy día privilegiado.

Pero sobre todo, me parece, que hay un elemento crucial que explica esa actitud de las personas de no reaccionar ante la coerción que se pretende a la libertad de otros.

Involucrarse en la defensa de la libertad tiene costos muy diversos, mientras que los beneficios de ésta no se palpan a corto plazo. Por supuesto que una participación directa y activa en defensa de la libertad tiene costos muy diversos, tanto en tiempo, recursos, dejar de hacer otras cosas tal vez más rentables por “irse” a defender la libertad, etcétera. Por otra parte, la restricción pretendida a terceros no afecta “mucho” (por hipótesis) a la libertad propia, al menos en el corto plazo. Aquí cabe preguntarse si esa restricción pretendida sobre terceros lo que está es abriendo una vía para restricciones ulteriores de la libertad y que bien podría afectar directamente a la persona que hoy aparenta soslayar su oposición a medidas restrictivas. Si fuera este el caso, tal vez la comparación que implícitamente se hace entre los costos de defender la libertad en este momento, se vería más que compensada por los beneficios que la libertad nos brindaría en el futuro.

Así uno podría explicar la conducta expuesta al inicio de este comentario y que le llamó la atención al amigo: los individuos no se involucran directamente a defender la libertad en tanto su restricción no les afecte directamente. Si la coerción es contra terceros, se dedicarán a defender la libertad que se amenaza con restringir si anticipan que los costos de tal actuación serán más que cubiertos con los beneficios que tendrán a futuro en un marco de libertad no más restringido que el que hoy se tiene. Es decir, practican un descuento de los beneficios futuros que esperarían mantener o lograr.

Hay otra vuelta de página que sí es más problemática, cual es que la restricción de la libertad de algunos beneficia a otros en la actualidad. Sobre todo, si se considera con mayor amplitud la posibilidad de que una acción del estado proporciona un beneficio extraordinario, como en el caso de, por ejemplo, que se pongan impuestos a todas las personas y cuyos recursos serán gastados por el estado en algunos productos específicos propiedad hoy de algunas personas específicas. Por ejemplo, digamos, que por estatismo el gobierno grava un impuesto para, por ejemplo, dotar de recursos a la Caja Costarricense de Seguro Social para que los gaste en medicinas o en aumentar los sueldos de algunos gremios de médicos.

En este último ejemplo, es de esperar que, dada la hipótesis, quienes les venden medicinas a la Caja apoyen poner más impuestos sobre el resto de costarricenses, al igual que los médicos apoyarán tal plan si los recursos así adquiridos aumentan significativamente sus ingresos particulares mas allá de los mayores impuestos que, como cualquier otro ciudadano, deberán de pagar.

Ante problemas tan prácticos y reales, las personas buscan la conformación de “asociaciones” o “cámaras”, que lleven a cabo gestiones que, en nuestro tema específico, defiendan la libertad que amenaza con limitar a terceros. En el caso de las “cámaras” debe tenerse presente que también defienden intereses del gremio, intereses plausibles, concretos, que son del interés propio de sus asociados y no necesariamente del interés general. Por ello, uno puede entender que existan cámaras (eso sí, gracias a Dios, cada vez menos) que defienden al proteccionismo, pues sus asociados perciben un beneficio extraordinario con esa restricción a la libertad de terceros para poder escoger libremente en el mercado.

Lo anterior resalta la importancia de que existan “asociaciones” que estén por encima del interés particular (entendible y esperable a todas luces) y que, a la vez, defiendan el interés general; en este caso, la defensa de la libertad con independencia del interés particular. Precisamente ella es una de las razones más significativas para la existencia de ANFE: para que abogue por la libertad en general y no sólo en función del interés propio que pueda surgir eventualmente en un caso concreto. ANFE existe para defender la libertad y su actuación no depende de que una persona o un grupo específico tenga un interés concreto de defenderla o no. Es claro que, como la asociación que es, reaccionará positivamente y con base en sus principios generales, a defender la libertad de cualquier persona a la cual se le pretenda restringir. Pero lo hará por el principio y no por interés personal que pueda mediar. Esta es su gran virtud, pues tal independencia es importante que se conserve en especial para aquellos casos en que haya divergencia legítima entre intereses privados disímiles.

Finalmente, sí hay una evidencia que nos debe obligar a pensar a todos. Hoy día no parecen existir en nuestro país amenazas totalitarias –entendiendo por totalitario a un movimiento omnipresente, que abraza todo, extenso y profundo en cuanto a restricciones de la libertad- sino que lo observado es que los movimientos hacia la coerción se concentren en ciertos actos, en muchas ocasiones dotados de connotaciones moralistas que son aprovechadas demagógicamente por algunos, pues parecen llenar necesidades que muchos individuos en sociedad perciben. Tal caso podría ser el intento de limitar la posesión de armas de fuego a buenos ciudadanos asustados por la onda criminal resultante del abandono en que el gobierno ha tenido su seguridad.

Esas “pequeñas” limitaciones a la libertad de las personas simplemente son acumulativas. Hoy, por hipótesis, se pone un impuesto por aquí (a la gasolina, digamos), y mañana se pone otro a las sociedades anónimas (de $200 dólares, como está en cierto anteproyecto fiscal, y que si se tratara de una sociedad “grandota”, pues eso no es nada, pero sí arruinaría a las empresas pequeñas que muchas personas usan para realizar sus negocios), y pasado mañana se obliga a la gente a que compre, por la fuerza o mediante artimañas fiscales, un combustible específico a través del monopolio estatal de RECOPE (caso del gasohol). Este sistema de destrucción gradual de la libertad le recuerda a uno a la serpiente que devora su propia cola (hay muchas serpientes que se comen a otras serpientes): al final de cuentas, la serpiente se acaba a sí misma. Lo que empezó por un pedacito se extendió al todo. De unas pocas restricciones a la libertad de algunos –los otros-, se concluyó en conculcar la libertad de todos.
ANFE es, por estas entre otras razones, una asociación que merece y debe existir en nuestra sociedad.

Por Carlos Federico Smith

2008-04-30-MEDITACIONES SOBRE CAPITALIZACIÓN BANCO CENTRAL

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COLUMNA LIBRE: MEDITACIONES SOBRE LA CAPITALIZACIÓN DEL BANCO CENTRAL

Boletín de ANFE, 30 de abril del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 197-203.

Tal vez ustedes, amigos lectores, observaron la euforia con que muchos de nuestros diputados –de todos colores y sabores- celebraron la reciente aprobación de una nueva ley llamada algo así como de la Banca para el Desarrollo. Me expliqué tan exuberante complacencia -de al menos algunos de ellos- al hecho de que la aprobación de esa ley se logró porque se erosionó la intemperante oposición de los diputados del Partido Acción Ciudadana a aprobar ley alguna, pues erigieron una barrera política para oponerse a cualquier trámite legislativo dada su férrea oposición a que se votaran las leyes conexas al TLC. Pero también me pareció que en algunos diputados primaba una genuina satisfacción. Tal vez porque regalar plata ajena –como suelen hacerlo muchos políticos- al menos en el corto plazo parece dar dividendos electorales, a causa del presunto agradecimiento de los beneficiarios, a la vez que los contribuyentes que pagan esas cuentas no suelen relacionar -con ira- el aumento en los pagos de impuestos a la aprobación de ciertas leyes dispendiosas, como la de referencia. Pero puede ser que los diputados estaban honestamente contentos por el bien que creen haber hecho aprobando esa ley de Banca para el Desarrollo

Pero en política hay celos y a veces, para evitar sus funestas secuelas, se acude a poner en práctica aquél lema gálico “après nous, le déluge”, que en cristiano serio significa “después de nosotros, el diluvio” y que en cristiano de pata en el suelo se expresa con un “el que venga atrás, que arrase con todo”. Los vivillos del Consejo Nacional de la Producción, con el angelical aire cómplice de “yo no sé nada de eso” puesto por las autoridades superiores del Ministerio de Agricultura, dispusieron, antes de que esos fondos se fueran a fortalecer el programa potencial de préstamos estipulado por la nueva ley de Banca de Desarrollo, gastarlos en su Programa de Reconversión Productiva, caracterizado precisamente por una pobre selección de proyectos rentables y una triste recuperación de recursos. Se trata de gastar ahora, por “nosotros, antes que ellos”, la bicoquilla de casi once mil millones de colones.

Afortunadamente los diputados no se aguantaron el brinco y pusieron un grito al cielo tan duro que hasta alertó a la Casa Presidencial, la cual, en el momento en que se firmaba la nueva ley de Banca de Desarrollo, ordenó echar para atrás la dispendiosidad de los jerarcas del Consejo Nacional de la Producción.

Me gustó ver esa reacción de los diputados, aunque no porque crea que esa nueva ley no va a constituir en otro regalo de recursos –pues casi todo está para que ello sea así- sino porque guardo la esperanza de que esa misma satisfacción con que recibieron el proyecto del Poder Ejecutivo para capitalizar al Banco Central, no les irá a obnubilar su perspicacia y así puedan darse cuenta de que posee problemas muy serios. Ese es el tema que trato en esta ocasión, pues parece que pocos están en contra de capitalizar al Banco Central, si, como alegan los proponentes de esta ley, se va a traducir en un control de la inflación que tanto nos agobia.

El punto esencial, para empezar, es preguntarse si el proyecto de ley para la capitalización del Banco Central, efectivamente lo logra. Lo más sorprendente es que el proyecto no capitaliza al Banco, sino que sólo abre la posibilidad de que el Estado, entre otros, incluyendo personas físicas o jurídicas, puedan donar o aportar recursos al Banco supuestamente para capitalizarlo. El Ministerio de Hacienda así podría entregar recursos para capitalizar al Banco, pero no dice que tendrá que hacerlo, pues queda a su voluntad. Así podría en el futuro darse la posibilidad de que el Estado no vaya a querer capitalizar al Banco, con lo cual persistirían los problemas derivados de su insuficiencia.

Ante este defecto crucial, si conviniera para el país capitalizar al Banco Central para eliminar sus pérdidas que provocan problemas inflacionarios, lo que se debe hacer es efectivamente capitalizarlo. Para efectivamente lograrlo propongo que simplemente se transfieran las obligaciones llamadas cuasi-fiscales al Ministerio de Hacienda que es adonde pertenecen. Son aquellas obligaciones que se trasladaron al Banco Central como resultado de una decisión del Poder Ejecutivo, ante el mal gobierno de la Administración Carazo, que permitió dar divisas preferenciales a un sector privado a punto de quebrar. Esas obligaciones, en lugar de asumirlas el Estado como correspondía por medio del Ministerio de Hacienda, las ubicó en el Banco Central y su servicio es fuente de emisión monetaria y de presiones inflacionarias.

Pero las pérdidas en que hoy incurre el Banco Central por el servicio que debe hacer de sus obligaciones, no se originan tan sólo en aquéllas mencionadas en el párrafo inmediato anterior. También, con el paso de los años, el Banco Central se ha ido endeudando esencialmente para cumplir con su política de mantener un tipo de cambio que subvalora al colón frente al dólar. Por ejemplo, en la actualidad, el Banco, para defender el piso de la llamada banda cambiaria y no dejar que el colón se valorice a más de lo que dicho piso define (esto es, impedir que se revalúe el colón ante el dólar), adquiere una excesiva cantidad de dólares en los mercados cambiarios, que ha hecho que, a la fecha, tenga reservas de casi cinco mil millones de dólares. Para adquirir esos dólares emite colones, que causarían inflación y para frenarla coloca deuda para retirar ese exceso de colones, dando lugar a futuras pérdidas para el Banco Central y una consecuente nueva emisión monetaria.

Es muy posible, pues no hay cifras exactas al respecto y las autoridades no las han dado, que las pérdidas para el Banco originadas en sus actuaciones cambiarias excedan a las pérdidas originadas por el traslado de deudas que el Gobierno le hizo en el pasado al Banco Central. El país –y ojalá que los diputados soliciten esta información- debe conocer cuál es hoy el origen de las pérdidas que tiene el Banco.

Lo cierto es que, independientemente de ese origen, si tan sólo se trasladaran al Ministerio de Hacienda las obligaciones cuasi-fiscales arriba mencionadas, bien podría ser que el Banco continúe con fuertes pérdidas y por ende estaríamos incapacitados de evitar las presiones inflacionarias originadas por ellas. Por tanto, de ser este el caso, se requeriría de una decisión estatal que capitalice al Banco para compensar estas pérdidas adicionales. Ello, de nuevo, pone en manos del Gobierno de la República -responsable en última instancia de las pérdidas del Banco cualesquiera sean su origen- la decisión de eliminarlas y ello podría significar trasladarle recursos públicos adicionales al Banco. Pero nada de esto aparece en el proyecto que se comenta, sino tan sólo se abre la posibilidad de que el Banco reciba donaciones (y, no es para burlarme, pero las abre hasta para que el Banco reciba radiopatrullas viejas y todo tipo de chatarra como donación ciudadana).

Otro aspecto importante del proyecto de ley que comento se relaciona con la ampliación de la potestad del Banco para aumentar la llamada tasa de reserva legal o encaje legal. Este se refiere a que el Banco Central exige a los intermediarios financieros –hoy día, por ejemplo, a los bancos comerciales- a mantener como encaje (ya sea en las cajas de los bancos o depositándolo en el mismo Banco Central) un porcentaje de los depósitos o captaciones que reciben de sus clientes. A la fecha el límite máximo que el Banco Central puede imponer es de un 15% y si se excede de esa tasa, debe pagar intereses a los, digamos, bancos comerciales, por ese monto superior. Ahora pretende aumentar el encaje hasta un 25% sin que tenga que reconocer interés alguno.

Para los familiarizados con asuntos de finanzas, dicho encaje no es sino un impuesto a los depósitos en los bancos comerciales, en donde el Banco Central capta parte de esos recursos sin pagar interés alguno. Al encaje también se le considera un instrumento del que dispone el Banco para variar la cantidad de dinero en circulación, pues si, por ejemplo, por cada mil colones que recibe un banco comercial, si el encaje es de, digamos, un 10% que debe entregar al Banco Central, los restantes 900 colones los puede usar para prestarlos a clientes, que, a su vez, regresarán como depósitos a esos mismos bancos comerciales, que deberán encajados a esa tasa del 10% y así sucesivamente. Al final de cuentas el dinero en circulación en la economía crece en un múltiplo del depósito original en el banco comercial (para los técnicos y en forma simple, el depósito original de dinero por mil colones al final termina multiplicándose hasta llegar a constituir una cantidad de dinero en circulación de diez mil colones).

Si el Banco Central pone un encaje legal superior, digamos del 25%, la cantidad de dinero en circulación a que dio origen el depósito original de mil colones ya no sería de diez mil colones, sino de sólo cuatro mil colones (crean en mis números, pues no son cruciales para comprender el concepto).

Con ese aumento en el encaje legal el dinero circulando en la economía se redujo de diez mil colones a sólo cuatro mil, y es la razón por la cual se alega en los considerandos del proyecto de ley que se comenta, que el aumento propuesto en el encaje legal le permite al Banco Central aplicar una política monetaria restrictiva que faculte reducir la inflación.

Pero ese aumento tiene varios efectos que deben de considerarse. El primero es la naturaleza de impuesto que tiene y al cual acude el Banco sin expresar que se trata de un aumento en ellos, tema que debería tratarse con el cuidado que merece cualquier incremento de gravámenes. El segundo es que, de darse tal alza, se trasladará a los usuarios de créditos mediante un incremento en los intereses cobrados por los préstamos. Y tercero, si esos intereses aumentan, se eleva el costo de llevar a cabo proyectos de inversión, lo cual no parece ser muy afortunado, en especial si es cierto lo que dijo recientemente el Presidente de que al país se avecinaba “un período de vacas flacas”.

Pero, sobre todo, el alza en la tasa de reserva legal es para que los costarricenses cubramos la irresponsabilidad del Banco Central en el manejo de su política monetaria, principalmente cuando ha pretendido defender un régimen cambiario específico. Ahora busca pasar el costo de ese mal manejo a los costarricenses, sin asumir la responsabilidad financiera de sus actos.

Asimismo, el proyecto de ley busca que el encaje se aplique a “todas las entidades que realizan intermediación financiera” y se “hace manifiesta la posibilidad de aplicación (del encaje) a todas aquellas entidades que realicen intermediación financiera en el país, sin importar donde se ubique el domicilio de la plaza bancaria” pretendiendo así gravar la captación de bancos con domicilio en el exterior que realizan operaciones en el país.

Es poco factible que el Banco Central pueda lograr algo como eso. Por ejemplo, es sabido que en el país operan bancos de la región (les llaman, con cierta ironía, “bancos de maletín”) que prestan a empresas ubicadas en el país en mejores condiciones de crédito que el brindado por intermediarios financieros del país. Esta competencia es buena y si su existencia se origina en distorsiones ocasionadas por políticas internas, pues es una razón fuerte para eliminarlas, pero no para impedir que puedan operar en el país. La pregunta que aquí surge es si el Banco está en capacidad de controlar (para encajarlas) las operaciones en Costa Rica de esos bancos. Tengo grandes dudas de que vaya a poder hacerlo y más bien lo que va a lograr es elevar el costo del capital para operaciones domiciliadas en el país.

El problema no es sólo con esos bancos regionales (o de maletín), pues algo similar ocurre con los que llamo “bancos de maletón”, que son algunos grandes bancos ya ubicados en el país y que bien pueden brindar crédito desde el exterior a empresas ubicadas en Costa Rica. Si lo que se alega como razón para el proyecto de ley, es evitar mediante el encaje la expansión del crédito en el país, ¿estaría el Banco Central de Costa Rica obligando a encajar las operaciones de esos grandes bancos establecidos en el exterior por préstamos que haga a empresas y personas ubicadas en Costa Rica? ¿Acaso cree Usted que pueda tener éxito en tan titánica tarea de encajar esos bancos extranjeros?

Hay más problemas que se le pueden señalar a este proyecto de ley, pero es suficiente por el momento. Tan sólo cabe esperar que los señores diputados (quienes difícilmente van a leer este comentario) estén atentos a las pretensiones e ilusiones que contiene, para evitarnos luego un alegrón de burro.

Por Carlos Federico Smith

2008-05-31-A LA FUERZA, ¡NO!

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COLUMNA LIBRE: A LA FUERZA, ¡NO!

Boletín de ANFE, 31 de mayo del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 204-208.

Aún cuando el empleo de gasohol (gasolina mezclada con etanol) y de biodiesel (diesel mezclado con biodiesel) fueran convenientes para el usuario, la decisión comentada en distintos medios, de que el monopolio de RECOPE únicamente va a venderle a los costarricenses esos combustibles excluyendo las alternativas actuales, por principio debe ser objeto de un rechazo contundente por los costarricenses. Tanta prepotencia puede explicarse tan sólo porque RECOPE es un monopolio, lo cual significa que, querámoslo o no, nos veremos obligados a comprar sus productos, cualquiera que sean sus calidades, sus precios, sus presentaciones o lo que les de la gana darnos como único vendedor. Y más en el caso de los combustibles, pues la existencia de sustitutos viables es muy difícil de encontrar. Claro, siempre tenemos la opción de ponernos a caminar o andar a caballo o innovar con el uso de burros, pero creo que ni Usted ni yo es lo que queremos.

Ya RECOPE había realizado un experimento en Guanacaste con la utilización de estos nuevos combustibles supuestamente “amigables” con la naturaleza (como si los combustibles fósiles no formaran parte de la “naturaleza”). Sin embargo, el resultado de ese experimento nunca fue del conocimiento del público, probablemente porque el ciudadano rechazó utilizarlos. Ojalá que la ignorancia en que se nos quiere mantener en este caso particular, no sea una estrategia de un Estado que, cuando enfrenta un problema, prefiere que las cosas no se conozcan a plenitud. Ejemplos de esto son dos situaciones recientes. Una, la forma poco transparente en que la propia RECOPE intervino en el mercado cambiario por medio del Banco Central, que culminó en una levitación artificiosa del tipo de cambio. Otra es la negativa del Ministerio de Relaciones Exteriores de revelar el costo que tuvo una reciente reunión en el país de nuestros embajadores en todo el mundo. ¡Por alguna razón es que se oculta la información!

La eliminación de los combustibles que actualmente vende RECOPE y su sustitución por los cócteles citados, tal vez sin proponérselo, logra un propósito no previsto cual que evita valorar si tiene sentido económico la propuesta que hacen las autoridades gubernamentales. Si no hay forma de comparar los costos de estos productos similares, se oculta cualquier abuso potencial derivado de una ineficiente decisión. Si se quiere comparar los precios y la eficiencia (rendimiento energético a cada precio) que tienen los combustibles alternativos, la lógica exige que no haya subsidios o impuestos aplicados a alguno de ellos, en tanto que se excluye a otros. Ya alguien por ahí había sugerido que se podría mantener el actual impuesto a los combustibles fósiles y rebajar el de los nuevos combustibles. Tal práctica falsamente mostraría a los ojos del consumidor que los primeros resultan ser más caros que los segundos. Algo equivalente se daría si se decide aplicar un subsidio a los nuevos productos en detrimento de los anteriores.

La transformación que se pretende en el panorama de los combustibles, como que es algo bueno en sí, en realidad provoca grandes dudas al ciudadano, independientemente de que también le permite darse cuenta de la intemperancia de los gobiernos y de los monopolios que le quieren prohibir su libertad de escoger.

Por una parte, no es claro que la nueva mezcla no daña a los vehículos, muchos de los cuales no tienen motores adaptados para estos combustibles. En Brasil me di cuenta de que circulaban modelos de carros que sí tenían los motores específicamente diseñados para usar, tanto los actuales combustibles fósiles como los nuevos tipos de combustibles (llamémosles bio-combustibles) producidos en ese país. Aquí en Costa Rica, un país ya no tan pobre como antes, por lo cual ahora empiezan a circular muchos carros, pero que a la vez no es tan rico, como para tener sólo los últimos modelos que aparentemente no se dañan al usar bio-combustibles, la Asociación Costarricense de Expendedores de Combustibles (ACEC) ha advertido acerca de una “chatarrización” de nuestro parque automovilístico, debido al daño por el uso de los nuevos combustibles en los vehículos más viejos, así como que también, para el caso de los nuevos, que no todas las agencias están dispuestas a garantiza el “rendimiento” de los vehículos con los nuevos combustibles.

El caso se las trae, porque también se requiere de fuertes inversiones para el nuevo proyecto, cuyos costos definitivamente serán trasladados a los consumidores. Empecemos porque el mismo RECOPE, que no ha sido un dechado histórico en su capacidad como buen inversionista, no posee ni los equipos ni las instalaciones requeridas y menos va a tenerlas a tiempo para la fecha –octubre de este año- en se ha anunciado empezará el uso obligatorio de los nuevos combustibles. Es más, dada la experiencia en cuanto a las obligaciones administrativas que se deben cumplir para realizar inversiones públicas, tales como elaboración de carteles, su publicación, su evaluación, el proceso decisorio, la adjudicación, las apelaciones, la Contraloría, etcétera, etcétera, simplemente la infraestructura estatal no va a estar lista para octubre, aún cuando de pronto vayan a pretender que se dé una declaratoria de emergencia para evitar la duración del proceso licitatorio normal.

Asimismo, las estaciones de gasolina van a tener que transformar sus tanques, porque es conocido que el etanol remueve partículas en los ya existentes, las cuales terminarán por atascar ciertas partes de los motores. Alguien ha señalado que, antes de usar el gasohol por primera, se lave el motor del vehículo, lo cual, por supuesto, Usted tendrá que costear.

Este asunto no se queda aquí, pues de algún lado tendrá que salir el etanol o el bio-combustible, que requerirá de recursos sustanciales dedicados a su producción, específicamente sembradíos de materias primas. No sólo hay dudas muy serias acerca de la disponibilidad de tierras para llevar a cabo esa nueva producción, sino que incluso podría significar la sustitución de áreas actualmente dedicadas a la producción de alimentos. También ya surgen dudas sobre cuál será el verdadero costo de tal producción agrícola, pues algún funcionario público ya ha sugerido la medida estatista de otorgar subsidios –vía intereses- a esa producción, con lo cual se ocultaría la realidad del valor de los recursos empleados. Otorgar este tipo de subsidios me huele a patraña. El costarricense sabe que, de una forma y otra, esos subsidios siempre los terminan pagando los consumidores. Todos los pagamos para el beneficio de algunos pocos: ese jueguito aquí y en todo lado ya es muy viejo.

No me atrevo a incursionar en la incidencia que este proyecto de RECOPE para que usemos forzadamente sus bio-combustibles, puede tener en la conservación del medio-ambiente y de la bio-diversidad del país. Es muy poco lo que conozco de estos temas, pero he conversado con algunas personas conocedoras de estos asuntos y me han señalado que el impacto podría ser sumamente negativo, sobre todo un país en el cual las posibilidades de ampliar las áreas sembradas son sumamente limitadas.

Históricamente ANFE ha defendido el derecho humano esencial de poder elegir libremente. Por ello nos oponemos a la práctica monopolística que intenta RECOPE. Asimismo, ANFE se ha opuesto a los subsidios e impuestos diferenciales introducidos por los gobiernos que alteran las señales que deben primar en un mercado libre. Por esta razón hacemos la advertencia de que la política de precios –al menos lo que se ha podido conocer de algo tan oculto- en torno a los nuevos y viejos combustibles bien podría alterar sustancialmente sus rentabilidades relativas y distorsionar sus costos relativos. Finalmente, ANFE siempre ha creído en la libertad empresarial, de manera que las personas puedan actuar en beneficio propio, que, en un régimen competitivo, termina por beneficiar a los consumidores. Si en la nueva actividad productiva de sustitutos de combustibles fósiles, los individuos y las empresas privadas desean incursionar a su propio riesgo, sin que haya alteraciones ni limitaciones inducidas por la acción estatal, ANFE les da la bienvenida. Lo que no se vale es usar al estado para su propio beneficio y en contra de los consumidores, como parece ser el caso con los nuevos combustibles que RECOPE pretende comercializar forzadamente. ANFE, por supuesto, estará vigilante en proteger al ciudadano de cualquier abuso que contra él pretenda llevar a cabo el Estado por medio de alguna de sus dependencias.

Por Carlos Federico Smith

2008-06-30-BREVES SUGERENCIAS SOBRE USO DE ENERGÍA

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COLUMNA LIBRE: BREVES SUGERENCIAS SOBRE EL USO DE ENERGÍA

Boletín de ANFE, 30 de junio del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 209-215.

Es muy posible que las sugerencias sencillas que se me ocurren en torno a las políticas energéticas que hoy se siguen en nuestro país, nunca vean la luz. Me imagino que será porque encaran la mentalidad socialista de algunos de quienes han definido nuestras políticas energéticas, precisamente caracterizadas por una notoria intervención estatal. O tal vez porque afectarían algunos feudos casi entronizados en nuestro medio, lo cual nos trae a colación el significado de la tiranía del status quo. Asimismo, no debían descartarse razones que una mente individual como la mía puede no haber tomado en cuenta –algo hemos aprendido de Hayek- motivo por el cual acudo a que sea el mercado quien defina acciones que no pueden ser tomadas por mente individual concreta, sin que tenga la arrogancia de pretender conocerlo todo.

Primera sugerencia: eliminar el monopolio de RECOPE. No se asusten; no voy a profundizar en esta propuesta pues me tomaría mucha letra y probablemente aburriría a los lectores de esta columna. Tómenlo como la reiteración de un principio de ANFE, cual es su lucha contra los monopolios y RECOPE es uno de los más notorios.

Segunda sugerencia: va muy en contra de la política (si así se le puede llamar) recientemente dictada por el gobierno de subsidiar relativamente el uso del diesel, al tiempo que carga de impuestos a otros combustibles. El tema es algo nebuloso pues el gobierno lo que propone es eliminar un impuesto sobre el diesel y no subsidiar su utilización. Ese ogro filantrópico lo que simultáneamente ha decidido es que el impuesto al diesel se traslade a las diferentes gasolinas que vende RECOPE. No da un subsidio al precio del diesel, sino que en compensación aumenta el impuesto a las gasolinas.

Pero, para sosegar en parte la queja pública de que la rebaja en el precio del diesel beneficia a los dueños de vehículos de lujo movidos por ese combustible, el estado ha propuesto compensar el favorcito con un aumento en los impuestos de circulación que pagarían a fin de año. Así, mucho quejoso de la “injusticia” que se daba, tendría que sosegar su razonable ira. Pero el cálculo del gobierno, que nunca pierde oportunidad de aumentar nuestros impuestos, está más bien en aumentar su recaudación porque, por una parte, compensa la rebaja en el diesel con un aumento en los impuestos a las gasolinas, y, por la otra, adicionalmente eleva el gravamen al ruedo de un número sustancial de “vehículos de lujo” que usan el diesel.

Por esta -entre otras razones- creo que no deben darse subsidios cruzados por las enormes distorsiones y afecciones que ocasionan a la ciudadanía. Aceptemos, por un momento, que la decisión del gobierno de subsidiar relativamente el uso del diesel se toma para ayudar a los grupos más pobres (subsidio del transporte público) así como a sectores productivos (para apelar al sentimiento popular, señala a los agricultores, pero también entran algunos muy poderosos que usan el diesel en su producción). Asumamos que tal fin es loable, pero de inmediato surgen varias preguntas. En primer lugar, si se trata de ayudar a los pobres, entonces, ¿por qué desprecia al pobre que usa un carrito viejón y barato movido por gasolina? Resulta obvio que hay mucho pobre que se mueve en vehículos que usan gasolina y que ahora será doblemente gravado con esa política gubernamental de subsidios cruzados. La conclusión lógica de tal política gubernamental es que hay “unos” pobres y hay “otros” pobres. A “unos” los ayuda, a “otros” los arruina más. Este criterio gubernamental lo califica como oportunista, demagógico y alejado del principio de igualdad ante la ley (esto es, hay unos menos iguales que otros).

En segundo lugar, si de ayudar al sector productivo se trata, me pregunto, ¿acaso no es “productivo” un profesor universitario quien usa su carro impulsado por gasolina para ir a dar clases y quien ahora verá como violentamente se incrementa su costo de producción? ¿O es que acaso no es “productivo” -digamos- un médico que se traslada en carro de gasolina a prestar sus servicios en un hospital? ¿O tampoco es “productivo” el obrero de una fábrica que usa ese tipo de carro para ir a trabajar? Según el gobierno, no lo son. Simplemente son ciudadanos de segunda que ahora tendrán que pagar más, pero mucho más, de lo que en verdad cuesta trasladarse a “producir” para otros seres humanos. Simplemente el objetivo público es que algunos paguen en beneficio de otros. De nuevo, se otorga un subsidio a “unos” productores a costas de “otros” productores. Otra vez más, la hipocresía social.

Anecdóticamente, me contó un amigo empresario que alguien le preguntó su opinión acerca del proyecto de subsidiar al diesel con un impuesto a la gasolina, dado que su flotilla de vehículos era toda de diesel. Me comentó que su primer impulso produccionista fue dar una respuesta positiva a esa iniciativa, pero una segunda reflexión lo hizo pensar en que, con esa medida, no se tomaba en cuenta que se empobrecía a la clase media, que es la que esencialmente consume sus productos. Me señaló que Costa Rica se ha convertido básicamente en una economía de servicios en donde la mayor parte de la gente que labora en ese segmento tiene autos de gasolina. Con la medida propuesta, se empobrecería al grueso de los consumidores. Con suma sencillez, mi amigo empresario desnudó una enorme y grave consecuencia no prevista a raíz de las decisiones de los zares energéticos de nuestro país.

Tercera sugerencia: ¿Por qué RECOPE insiste en llevar a cabo enormes inversiones que el sector privado podría llevar a cabo a su cuenta y riesgo? No es necesario estar bien informado para sabre que desde hace mucho tiempo RECOPE –en donde RE significa refinadora- no refina nada de nada. Es un simple intermediario importador de unos bienes bajo su manto monopólico, además de otros para los que no hay razón de ser un único importador, como es el caso del gas licuado derivado de gas natural. RECOPE debería de limitarse a importar lo que su ley permite, mientras que el Estado debería facilitar que los individuos privados abastezcan libremente a los consumidores, sin endosarles el costo de quiméricas inversiones cuya experiencia fallida es la mejor lección de incapacidad recientemente tenida. Sí, como dice el gobierno, la cosa está “fututa”, debería dejar que las personas puedan aportar sus recursos, conocimientos, habilidades y disposición de asumir riesgos, en vez de ser la doña toda que intenta resolver cuanto problema aparece en nuestra sociedad, en la que, más bien, muchos surgen de su propia acción.

Si duda de lo expuesto, averígüense el monto de los planes de inversión que RECOPE ha presentado ante la Contraloría para los próximos años, en donde lamentablemente deja de lado a la capacidad privada de suplirlos. El gobierno lo que va a lograr es ampliar su participación interventora en la economía. El estado costarricense haría mejor con no poner obstáculos a la capacidad creativa de nuestra empresa, a través de una regulación exageradamente innecesaria. Si actuara como facilitador de la acción privada, se incrementaría en mayor grado el progreso y la riqueza de la nación y de sus ciudadanos.

Cuarta sugerencia: mucho costarricense ya habrá notado la mejoría en la fluidez del tránsito una vez concluidas las obras en la antigua rotonda de San Sebastián. Esta loable acción del Ministerio de Transportes sirve para probar algo: que las viejas rotondas causan enormes presas, en donde los vehículos hacen largas filas gastando innecesariamente una enorme cantidad de combustible. Urge variar la estructura de ciertas vías cruciales para el transporte urbano. Como tal cambio requiere de una fuerte inversión, a pesar de la gran recaudación de impuestos a los combustibles que se supone eran para mejorar las vías, al menos, ¿porqué, por un cierto tiempo mientras se realizan tales obras, no se contrata más inspectores de tránsito para que todos los días y, en especial, en horas pico, se dediquen a agilizar el tránsito por las rotondas? Si se hicieran bien las cosas –no es mucho pedir al Tránsito- el costo de esos agentes de tránsito adicionales se vería más que compensado por el ahorro de combustible.

Quinta sugerencia: Quiten ya el cobro de peajes. ¿Qué será que las autoridades de gobierno no ven los reportajes de noticieros en la televisión que muestran las enormes filas al pagar los peajes? Los gobernantes, con tal de agarrar unos pocos colones por el peaje que cada uno de nosotros paga, no toma en cuenta el enorme gasto de combustible en que incurre cada ciudadano por las presas que se arman en las casetas de peaje.

Sexta sugerencia: ¡Qué lindo y fácil es decir que la solución al gasto de combustibles en el país está en el empleo colectivo de vehículos en vez de su uso individual! Bueno, a estos precios del combustible ya muchas personas, por medio de las empresas, están contratando transporte colectivo. Yo conocí cómo –ya hace varios años- en una entidad reguladora un trabajador compró una buseta para brindar transporte diario a un grupo de compañeros desde Cartago a San José y viceversa. Al tiempo ya había podido amortizar su busito y los compañeros estaban felices porque se evitaban las enormes presas del centro de San José, viajaban con toda comodidad y con amigos, a la vez que tenían un servicio siempre a tiempo para cumplir con su trabajo. Por si no lo saben, eso llama espíritu empresarial en acción.

¿Por qué razón el gobierno no permite oficialmente que haya taxis privados colectivos que cobren individualmente por cubrir una ruta específica? Tales taxis, conocidos como peseros en México, en donde los conocí, simplemente tendrían que cumplir con requisitos muy sencillos, como tener una foto del conductor del vehículo. Y punto, sin más enredo burocrático. Saldrían de, digamos, el este de San José, para ir a centros de trabajo en el oeste de la ciudad, sin circular por el centro y cobrando a cada persona (me imagino que el límite sería de 5 personas por viaje) una suma –digamos de 500 colones; un dólar- por transportarlos en la ruta preestablecida.

A propuesta tan sencilla se opondrán taxistas ya establecidos, así como los piratas actuales, pero veremos cómo muchos de ellos se dedicarían a este transporte colectivo. La mayor oposición vendrá de autobuseros que actualmente detentan una concesión (o una próxima concesión) pues surgirá competencia en su hoy protegido mercado. Probablemente esta última será la razón por la cual aquellos que hoy regulan su vida, limitando su libre movilidad con ocurrencias que terminan por fracasar, no van a aceptar esta sugerencia.

Pero el silencio suele ser la reacción de los gobernantes. ¿Acaso nos informaron de cuánto fue el ahorro de combustible al decidir hace cierto tiempo prohibir la circulación por número de placas en el centro de San José? Y menos comparó el posible ahorro de congestión y de combustible con las incomodidades, molestias y caídas de la producción que esa política ocasionó. Pero, antes de terminar, aprovecho para manifestar otra inquietud. Dado que ahora la gasolina va a subsidiar enormemente el uso del diesel, ¿qué va a hacer nuestro omnisapiente gobierno con las tarifas de taxis? ¿Habrá una más baja para taxis que usan diesel y otra más cara para aquellos que emplean gasolina? No se pierdan la próxima feliz ocurrencia para resolver este problema que las mismas autoridades causaron.

Termino aquí para no cansar a los lectores, cuya paciencia hacia mis escritos admiro. Pero antes, no resisto la tentación de hacer una última propuesta.

Sétima y última sugerencia: Tal vez porque fue una decisión del presidente socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, podría tener aquí algún eco, porque, para serles franco, no estoy plenamente convencido de su conveniencia. Allá, tal como aquí, han surgido presiones de aumentos salariales debido a la crisis energética. Lo interesante es que el presidente Zapatero decidió que tan sólo se aumentarían los sueldos de trabajadores públicos que no fueran de puestos altos. En Costa Rica hace poco altos funcionarios del Instituto Nacional de Seguros y de la Corte Suprema de Justicia buscaron tener enormes aumentos en sus sueldos, los cuales son pagados por todos los costarricenses. Haría bien el estado en no otorgar tales aumentos a altos funcionarios que a la fecha reciben gasolina (y vehículos) gratuitamente. Entre ellos estarían el Presidente de la República, la Vicepresidenta, los Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos, Gerentes, Auditores Internos, Contralores, Diputados, Procuradores, Defensores de los Habitantes, Fiscales Generales, algunos Directores, la Corte Suprema de Justicia y perdónenme si dejo a alguno por fuera. Sería cuestión de “justicia social. O ¿no es cierto?

Por Carlos Federico Smith

2008-07-30-BANDAS Y FLOTACIÓN CAMBIARIA qdDg

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COLUMNA LIBRE: BANDAS Y FLOTACIÓN CAMBIARIA ¿q. d. D. g?

Boletín de ANFE, 30 de julio del 2008. Reproducido en el libro de Carlos Federico Smith, “Políticamente Incorrecto”, 2009, p. p. 216-222.

De las cosas más difíciles de predecir es cuándo debe desaparecer una institución, problema que se complica si la entidad en cuestión no es “antigua”, y que por ende ya haya podido probar su utilidad o carencia con el paso de los años. En el caso del régimen cambiario llamado de bandas una de las ventajas a fin de predecir su futuro es que no lleva tantos años de existir, pues se inició allá por octubre del 2006, cuando se abandonó al entonces llamado sistema cambiario de mini-devaluaciones. El problema radica en lo que hemos comentado en otras ocasiones: la tiranía del status quo; esto es, en síntesis, que una vez que las instituciones se establecen, cuesta quitarlas dados los intereses creados a su alrededor y que se favorecen con su existencia.

Pero, lo que los costarricenses hemos conocido como el esquema de bandas cambiarias tal vez es más fácil de predecir: su futuro es muy pobre, si bien uno nunca sabe, en especial en estos casos de instituciones públicas, si será posible eliminarlas una vez creadas. Pongo dos ejemplos de ello: el Consejo Nacional de Producción y la Fábrica Nacional de Licores, que han sido imposible cerrarlos y que es tal vez lo que debería de hacerse.

Acerca de la introducción de un sistema de bandas cambiarias hubo dos fuertes corrientes, una que me atrevo a calificar de “liberal”, posiblemente porque se sustentaba en una respetable tesis de economistas, como Milton Friedman, quienes han promovido la libre flotación de los tipos de cambios. Esto de hecho significa que la banda cambiaria es infinita. Asimismo, hay instituciones como el Fondo Monetario Internacional, en donde al menos algunos y posiblemente una minoría han abogado por dejar que el tipo de cambio se determine libremente en el mercado, como forma de controlar el problema de la inflación. En nuestro medio, el editorialista de La Nación consistentemente ha argüido por la flotación del colón, cuyo precio sería determinado, esencialmente, por la oferta y la demanda en los mercados de divisas, lo cual significa que el valor del colón estaría definido dentro de una banda de límites infinitos o indeterminados.

Otro grupo, comandado por el Banco Central de Costa Rica, ha abogado por un régimen de bandas cambiarias, dentro de un rango limitado, con límites superior o inferior dentro de los cuales flotaría el colón, si bien dicha fluctuación sería influida determinantemente por intervenciones del Banco Central. Dicha banda podía ser ampliada, reducida, retorcida -como se quiera- según la voluntad del Banco Central, el cual, en cualquier momento, podía definir una nueva banda cambiaria diferente de la anterior. Sin embargo, al menos en el largo plazo, la idea es que la banda llegue a ser tan amplia como sea posible, lo cual incluye la posibilidad de que haya una libre flotación sin límite alguno.

Me ha parecido apropiado exponerle al primer grupo –el de los libreflotadores- la cita exacta en la cual Friedman sustenta su caso en favor de la libre flotación de los tipos de cambio. En su ensayo “The Case for Flexible Exchange Rates” expone la naturaleza del mercado en el cual hipotéticamente funcionaría su propuesta, cuando señala que “Estas condiciones hacen que un sistema de tipos de cambio flexibles o flotantes -tasas de cambio en un mercado abierto libremente determinadas primordialmente por transacciones privadas y, tal como sucede con otros precios en los mercados, variando día tras día- sea absolutamente esencial para llenar nuestro objetivo económico básico: el logro y mantenimiento de un comercio multilateral sin restricciones.” (Milton Friedman, Essays in Positive Economics, Chicago: The University of Chicago Press, 1953, p. 157.)
Cuando Friedman realiza su propuesta de libre flotación tiene en mente un mercado en que básicamente las transacciones cambiarias son privadas y no determinadas por la intervención o irrupción en los mercados de la acción estatal, ya sea por un Banco Central o por adláteres (permítaseme el barbarismo) que forman parte de la estructura pública, probablemente porque es bien sabido que sus transacciones no necesariamente están determinadas por consideraciones económicas, sino políticas.

Friedman, además, señala que “abogar por tipos de cambio flexibles no es equivalente a abogar por tipos de cambio inestables… La inestabilidad en los tipos de cambio es un síntoma de inestabilidad en la estructura económica subyacente. La eliminación de este síntoma mediante el congelamiento administrativo de los tipos de cambio no cura ninguna de las dificultades subyacentes y tan sólo hace más doloroso el ajuste de ellas.” (Op. Cit., p. 158.)

El problema, para quienes localmente arguyen en favor de que el tipo de cambio sea libremente determinado en los mercados correspondientes, estriba en que, dada la estructura de nuestro mercado cambiario, el tipo de cambio no es “libremente determinado por transacciones privadas primordialmente”, sino que es notoria, por una parte, la influencia de entidades públicas participando en dicho mercado, y, por la otra, que tampoco el mercado es lo suficientemente profundo –esto es, que haya un grado relativamente alto de participantes- como para que el accionar de algún participante concreto no pueda afectar el precio de la divisa. Esto es, que hay actores “muy grandes” que con sólo entrar en el mercado cambiario de Costa Rica definen el valor de la divisa. Estas consideraciones obviamente no forman parte de la propuesta de Friedman a favor de tipos de cambio flexibles, quien básicamente tiene en mente los mercados globales competitivos. La estructura institucional del mercado cambiario costarricense impide lograr los frutos de una libre flotación.

El grupo que encabeza el actual Banco Central optó por un régimen cambiario de bandas dentro de las cuales se movería el tipo de cambio; sin embargo, la experiencia habida me mueve a señalar que sobre todo dio lugar a un incremento en la incertidumbre acerca del valor esperado de nuestra moneda, vis a vis la divisa estadounidense. Las erráticas decisiones tomadas en cuanto el manejo de las bandas y, sobre todo, en la definición de reglas de intervención en dicho mercado, ha generado una enorme desconfianza entre los tenedores de colones y de dólares (tanto en Usted como en mi persona), quienes ahora buscan mayor estabilidad en sus haberes y deberes, diferente de la que podría lograrse con un régimen de bandas.

Tan sólo tres meses después de que en octubre del 2006 el Banco Central decidió establecer un régimen cambiario de bandas, ese mismo ente efectuó el primer cambio, pues pasó de una banda que se deslizaba según la tendencia de devaluación que en ese entonces se tenía, a otra en la cual el límite superior continuó devaluándose, pero a una tasa diferente de la previa, a la vez que fijó el límite inferior de la banda.

Diez meses después, en noviembre del 2007, de nuevo el Banco Central tomó una decisión acerca de la estructura de la banda cambiaria. Debido a que se veía obligado a adquirir los dólares relativamente abundantes en el mercado costarricense y dada su cabezonada de mantener artificialmente alto el valor del dólar, en vez de dejar que el colón se revaluara, como correspondía en un régimen cambiario libre, el Banco hizo lo que tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo atrás: amplió toda la banda cambiaria para dejar que el colón se fuera apreciando gradualmente. Con ello intentó evitar el exceso de colones en la economía que empujaba los precios internos al alza, debido a las compras de dólares que realizaba el Banco Central.

Esta última medida agarró en frío a importantes participantes del mercado cambiario, principalmente del sector financiero y de los sectores exportadores, quienes, como es natural, pusieron su grito al cielo. Según una estimación presentada por una firma de asesoría financiera hace unos tres meses, el “bajonazo” de la banda provocó pérdidas a los bancos por cerca de ¢19.000 millones de colones. Además, fue públicamente evidente la molestia de sectores exportadores, quienes principalmente se quejaron por la incertidumbre en el valor de sus exportaciones y por la falta de instrumentos de cobertura ante fluctuaciones de la divisa, pero, sobre todo, porque no tenían idea de hasta qué grado se podría revaluar el colón (y por ende sus costos, tales como el salario de sus trabajadores denominados en colones).

En noviembre del 2007 fue que se dio esa “fuerte” baja en la banda cambiaria, en la cual el límite superior seguía ampliándose –esto es, incrementándose el rango posible de una devaluación del colón- a la vez que el límite inferior de la banda seguía deslizándose, lo cual permitía acomodar el valor de un colón que se revaluaba. Pero, vean qué interesante: en los meses previos el tipo de cambio se había pegado al límite inferior de la banda, indicando que en ese momento el colón se estaba revaluando dentro de la banda, pero, una vez que se tomó la decisión de bajar toda la banda, el precio de la divisa en el mercado volvió a pegarse al nuevo límite inferior. Evidentemente los mercados indicaban que el colón debería de revaluarse aún más.

Ante esta situación, el Banco Central (recuerden que ese mismo Banco había reducido sustancialmente las tasas de interés para evitar que ingresaran dólares dizque especulativos al país, así como para que aumentaran las importaciones nacionales) siguió adquiriendo dólares en el mercado e incrementando sus reservas, lo cual, por la monetización a que da lugar, se traducía en mayores presiones inflacionarias. Los tenedores de colones y de dólares se fueron poniendo “nerviosos” ante el comportamiento interventor del Banco Central, pues, por un lado, el Banco quería limitar la entrada de dólares y que más bien estos salieran de la economía, pero, por el otro, evitaba que el colón se revaluara, mediante su decisión de no reducir más el límite inferior de la banda cambiaria, como es lo que correspondía.

El cuarto cambio que el Banco Central hizo a su régimen de bandas se dio tan sólo un año y nueve meses después de que inició tal sistema cambiario. En julio del 2008 decidió aumentar la banda cambiaria, mediante un incremento en su límite inferior, a la vez que el nuevo límite superior, si bien lo redujo con lo cual disminuyó el ancho de la banda, se iría ajustando diariamente, de manera que era un indicador de que el colón se podría devaluar. Ahora las cosas resultaron al revés: el tipo de cambio se pegó al límite superior. Los actores cambiarios rápidamente se dieron cuenta de que el tipo de cambio seguiría devaluándose y muchos acudieron a liquidar sus colones para convertirlos en dólares que se apreciarían a futuro. Ni se diga de la incertidumbre que esta nueva maniobra generó en el mercado. La preocupación del ciudadano era evidente. De nuevo no se tenía claridad hacia dónde irían los tipos de cambio, pues hasta era evidente un conflicto entre el principal banco estatal, el Nacional, secundado por el de Costa Rica, y el Banco Central en cuanto al manejo cambiario.

Antes del último cambio en la banda, precisamente en los días comprendidos entre el 9 y el 16 de mayo, el abrupto aumento en el tipo de cambio inducido por las compras de divisas que el Banco Central hiciera en el mercado cambiario para RECOPE, propició un enorme beneficio para los intermediarios bancarios. Se estima que en mayo los bancos habían ganado más de ¢21.000 millones. El último salto en el tipo de cambio, a mediados de julio, también favoreció a los bancos, aun cuando no se tenga a mano los datos de las ganancias cambiarias registradas por esas entidades.

En la actualidad el Banco Central ha acudido a utilizar sus reservas para mantener un tipo de cambio con pocas variaciones y tan sólo siguiendo la pauta diaria de devaluación indicada por el límite superior de la banda. La “extracción” de reservas en el Banco Central continúa y la incertidumbre campea aún, pues no se tiene ni idea de cuánto va a sostener el Banco esa pérdida gradual de reservas. La presión es, de nuevo, para que el tipo de cambio se pegue al límite superior de la banda; esto es, que proseguirá la devaluación y muy posiblemente las presiones inflacionarias ante el aumento del costo de los bienes e insumos importados. Los intentos del Banco de aumentar las tasas de interés como forma de atraer dólares al país no parecen ser de la profundidad necesaria, pues aquéllas continúan siendo altamente negativas, además de que en los mercados internacionales han proliferado las alzas en las tasas de interés, con lo cual relativamente el mercado nacional no ha mejorado su capacidad para atraer capitales financieros desde el exterior.

Ante el desbarajuste mostrado por las volátiles bandas cambiarias, no es de extrañar un clamor creciente por dolarizar la economía, como lo evidencia el editorial de primera página del periódico La República del martes 29 de julio, el cual atinadamente lo encabeza con “Una moneda seria”. Tal vez estamos en presencia no sólo del inicio del sepelio de régimen de bandas cambiarias, sin tal vez hasta de una moneda nacional profundamente deteriorada por las acciones del Banco Central. Q. d. D. g.


Por Carlos Federico Smith