BIEN HECHO POR EL PODER EJECUTIVO

BIEN HECHO POR EL PODER EJECUTIVO
Por Jorge Corrales Quesada

Parece apropiada la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el llamado Código Procesal Laboral, recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa. Simplemente dicha decisión se basa en una correcta interpretación del deseo ciudadano de disponer la decisión de algún sindicato de acudir a la huelga, que no toma en cuenta ese interés ciudadano general.

Estoy en favor del derecho de las personas de crear sindicatos, como una asociación libre de trabajadores, pero no lo estoy con su práctica de obligar al resto de la ciudadanía a pagar por cuanto privilegio se les pueda ocurrir. Sobre todo cuando para lograrlos se pretende interrumpir servicios vitales, como seguridad pública, servicios hospitalarios, transporte público, entre otros cruciales para el desempeño normal de la actividad económica del país. A ello debe aunarse el hecho de que muchas veces los grupos sindicalizados, sin siquiera contar con el apoyo expreso de una mayoría de los trabajadores involucrados, decide irse a paro, obligando a sus compañeros a ser partícipes. Muchas veces una decisión de huelga de los sindicatos significa la restricción a la libertad de movimientos del resto de los ciudadanos. Lo atestiguan los enormes problemas de tránsito que con frecuencia se originan, por cuanta manifestación se les ocurre realizar en las vías públicas, en donde todos nosotros se supone que tenemos derecho al libre transitar.

El Código en mención parece contener mejoras importantes en las relaciones obrero-patronales del país, pero hay dos temas cruciales que, a buen criterio del Poder Ejecutivo, resultan ser inconvenientes y merecedores de su veto. El primero se refiere a que permite las huelgas en servicios públicos básicos y, el segundo, que impide al gobierno contratar personal que venga a sustituir a aquel que está en huelga. Por ejemplo, que, frente a un paro de controladores aéreos o de una suspensión de los servicios en los hospitales, el gobierno, ante estas emergencias, no podría contratar al personal que resulta ser indispensable para asegurar la continuidad del servicio. Me parece que los ciudadanos somos conscientes de que ambas limitaciones, que fueron incorporadas en la ley en mención, sin que se supiera a plenitud cómo fue que eso se dio en el seno legislativo, pues aparentemente el proyecto original no las contenía, nos causan un profundo grado de indefensión en cuanto al disfrute de nuestros derechos básicos. Por ello, el veto de doña Laura es más que apropiado. Era necesario. Indispensable.

Si de algo sirve aprender de lo sucedido en otros momentos y otros lares, la práctica sin freno de huelgas en los servicios públicos casi lleva a la ruina y al caos a Inglaterra, durante el último cuarto del siglo pasado. La abrumadora elección y apoyo que en aquel entonces recibió Margaret Thatcher, quien fue la gobernante que puso orden en este tipo de conductas, se dieron por la molestia ciudadana contra el abuso sindical. Debemos tener presente que los excesos de los sindicatos los terminamos pagando todos los ciudadanos.

Publicado en La Extra del 23 de octubre del 2012