Artículos publicados en Diario La Nación 1970-1979

Tenemos el agrado de presentarles los artículos que el Sr. Jorge Corrales Quesada publicó en el Diario La Nación de 1970 a 1979

1971-08-21-CAUSAS DEL PROBLEMA FISCAL SON MUCHAS

CAUSAS DEL PROBLEMA FISCAL SON MUCHAS
Y MUY VARIADAS

La Nación, 21 de agosto de 1971.

Para seguir el consejo brindado por el señor Jaime Solera en el periódico La Nación del día 11 de agosto de año en curso, en el cual se refiere al documento emanado del Banco Central respecto a la situación fiscal del gobierno, en que señala don Jaime que le “parece conveniente que los costarricenses lo analicen y se den cuenta hasta donde ha llegado ese problema en el país…”, me ha sorprendido el editorial publicado por su colega vespertino La Prensa Libre, el día miércoles del mes en curso.

Es por ello que me permito respetuosamente solicitar espacio en sus páginas para expresar mis opiniones acerca de varios aspectos del problema de las finanzas públicas de nuestra nación.

INTERPRETACIÓN ERRÓNEA

El mismo título del editorial mencionado “Contra el gasto público, impuestos: Banco Central” nos muestra la interpretación errónea básica del señor escritor de La Prensa Libre. El estudio del Banco Central claramente menciona “la necesidad doble de reducir la expansión de los gastos y de incrementar los gastos corrientes”; es decir, no hay una sola política de incremento de los impuestos para subsanar un gasto público dado, sino que dicho gasto debe ser contenido. En mi vida de estudiante de economía he visto que, casi siempre, el Banco Central ha sido la institución que más ha llamado la atención al sector público sobre el comportamiento del gasto público. Mi opinión aventurada es que, a grandes rasgos, el Banco Central recientemente ha opinado más acertadamente acerca de los problemas fiscales que de los problemas monetarios. Es por ello que me permito manifestarle al señor editorialista que, en este caso, en el Banco Central sí ha existido “un esfuerzo integral de control en el gasto público”.

Aquí, sin embargo, cabe destacar un problema grave de las estructuras de decisión económica de nuestro país, con respecto a la ordenación del gasto público. Una de las ventajas más grandes de la planificación en un país es la coordinación del gasto público, al darnos cuenta evidente del impacto que sobre la economía de una nación tiene el monto y la composición de las erogaciones del sector público. En muchos países la sincronización de dicho gasto es realizada por los organismos de planificación. En Costa Rica, muy lamentablemente, el gobierno del señor José Figueres rebajó a nuestro organismo planificador del rango de Ministerio al de Dirección General, dependiente del Ministerio de la Presidencia. Esto sucede, paradójicamente, pues el frecuentemente tildado de “conservador” gobierno de don José Joaquín Trejos fue quien la elevó a la categoría de Ministerio, y el supuesto gobierno de “centro-izquierda” del señor José Figueres lo degradó administrativamente. Digo paradójicamente, pues creo que Liberación Nacional se ha caracterizado por sus "deseos planificadores”.

SISTEMATIZACIÓN

Este asunto, en mi opinión, es una prueba lamentable de lo que el señor editorialista menciona como ausencia de sistematización de la agenda pública. Es más, el artículo 122 de la Ley Orgánica del Banco Central menciona la condición dictaminadora sobre las operaciones financieras con el exterior de los entes públicos. Creo que llenarían muchos folios las recomendaciones del Banco Central de cautela y moderación del gasto con endeudamiento externo de las distintas instituciones. Debe notarse claramente que el Banco Central sólo dictamina y no determina sobre la política de endeudamiento exterior de diversos entes públicos. Este es un reflejo más de la ausencia de control y coordinación del sector público, de lo cual no sólo se debe culpar al Banco Central, sino a nuestros poderes ejecutivo y legislativo.

El escritor del editorial que comento, se refiere a un problema grave que efectivamente resta flexibilidad a la política fiscal óptima posible de seguir: no hay orden de prioridades.

Efectivamente, en Costa Rica hace falta un ordenamiento en el gasto público con base en prioridades determinadas por las productividades relativas de los distintos proyectos; es decir, con base en los beneficios y costo privados y sociales de las distintas alternativas de gastos. De esta manera, se invertirá preferiblemente en aquellos proyectos más rentables con base en las posibilidades de financiamiento. Desde hace unos cuantos años tenía yo una sospecha sobre la forma en que gastaba el gobierno de Costa Rica.

Se dice frecuentemente que en los países subdesarrollados, las posibilidades tributarias determinaban el gasto público. Yo pensé que en Costa Rica la cosa era al revés. En una publicación de enero de 1971 del Conejo Monetario Centroamericano titulada “Centroamérica. Evolución de las Finanzas Públicas, 1962-1969”, se menciona que “En general, puede decirse que durante el período 1962-1969 la política de gastos públicos precedió a la política de los ingresos fiscales, en el sentido de que en diversas oportunidades y en distintos países, el nivel de del ingreso ‘se amoldó al de los gastos’”. (p. 21).

Esto tiende a compartir mi opinión. El problema que esto implica es evidente: si no hay un criterio de optimización del gasto público y si dicho gasto continúa creciendo enormemente, el resultado obvio del proceso es nuevos impuestos o ampliación de la base de los antiguos o financiamiento interno o bien del exterior para cubrir dicho gasto.

LO VALIOSO DEL TRABAJO

Lo valioso del trabajo presentado por el Central estriba en que señala claramente los problemas de las distintas alternativas del financiamiento del gasto público.

El financiamiento interno o externo es un método bastante bueno, si se aplicaran como parte de una política racional y coordinada. Tengo amplias dudas de que el crecimiento de la deuda externa se deba a un programa de optimización de ella. El ejemplo más claro de la ausencia de dicha planeación es la existencia de contratos entre organismos internacionales e instituciones autónomas que implican una erogación forzada al gobierno central. Tal parece ser así el contrato BID-SNAA, llamado “Cinco Ciudades”. Conste que no es que en sí el endeudamiento con el exterior sea malo, sino que, más que producto de decisiones sin coordinación de distintos organismos, debiera de ser objeto de un criterio racional por parte de las autoridades encargadas de planear el gasto público. Servir la deuda externa implica un costo a la economía nacional que no debe de dejar de tomarse en cuenta.

La forma alternativa de financiamiento es por medio del crédito interno. Costa Rica ha utilizado principalmente la venta de bonos en los últimos años para financiar la diferencia entre ingresos corrientes y el gasto total del gobierno. De nuevo, se presentan dos problemas que señala el informe del Banco Central: saturación del mercado de bonos y redistribución de los ingresos hacia los sectores que generalmente compran dichos bonos y que son los financieramente más solventes.

OTRA FORMA DE FINANCIAMIENTO

Otra forma de financiar dichos gastos es por medio de la emisión de dinero por parte del Banco Central. Una vez más vale la pena releer el discurso que pronunciara don Jaime Solera. Acerca de la reciente política monetaria en Costa Rica, ante la Cámara de Industrias el pasado mes de julio, en que señala las evidentes presiones inflacionarias en el país debido al crédito excesivo.

Queda otra alternativa: crear nuevos impuestos o ampliar las bases de los ya existentes. La política fiscal tiene tres funciones principales: asignar recursos, redistribuir el ingreso y la riqueza y estabilizar la economía.

Es evidente que las tres funciones están intrínsecamente ligadas; sin embargo, para facilitar el análisis de la política fiscal podemos tratar de verlas separadamente. Mi propósito aquí es hacer observaciones generales, dado que un estudio extensivo e intensivo de estos asuntos llevaría mucho tiempo y abarcaría tanto que se necesitarían varios “periódicos” para publicarlos. Sin embargo, hay tendencias globales que se pueden observar.

Enfocándonos desde el punto de vista de la asignación de recursos, creo que la práctica actual de estudios de proyectos que impliquen gasto público sin un criterio real de productividad, ha creado situaciones harto peligrosas. ¿Cómo se puede justificar que por lo menos el 6 por ciento de los ingresos ordinarios del gobierno tenga que ser asignado al Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 177 de la Constitución de la República? Esto lo pongo como ejemplo; otro lo es el caso de los gastos dedicados a la educación nacional. No digo que se les deban cortar los fondos a uno u otro organismo: lo que menciono es que, siendo pobres de recursos, debemos gastar los escasos ingresos tributarios de la mejor forma posible. El gobierno debe de adoptar los estudios de costo-beneficio como primera medida tendente a organizar al fisco.

EXENCIONES FISCALES

Otro aspecto que me llama a atención, aún dentro del marco de la asignación de recursos, es la política de exenciones fiscales. El trabajo del Central mencionó el caso de la Compañía Bananera. Ojalá que en las conversaciones próximas del Estado y la Compañía se tenga presente cuál debe ser la contribución indirecta que el Estado da a la Compañía por medio de las exenciones tributarias. Recientemente, en una conferencia ante la Cámara de Industrias, el señor Gerente del Banco Central, don Claudio A. Volio, señaló el monto tan alto de exenciones tributarias, tan sólo aduanales, en Costa Rica. El documento del Central así lo menciona: en 1970 era de 908.9 millones de colones. Yo me pregunto: ¿A cuánto ascienden las exenciones del impuesto a la renta y del territorial en Costa Rica? No existe, por lo menos a mi humilde conocimiento, un registro del monto que se deja de tributar por dichas exenciones. ¿No creen necesario que nuestras autoridades hagan un estudio de estas exenciones? Vaya, me llega ahora a la mente la ley recién aprobada de eximir totalmente de impuestos a un estadio de futbol ¡que es un negocio privado! Es más, está actualmente en estudio un proyecto presentado por un conocido diputado de eximir al deporte de impuestos. ¿Cuánto de impuestos paga cierta maquinaria que se dedica a la producción agrícola? Es casi una anarquía total. Es la verdadera ausencia de prioridades.

Otra sección de análisis del sector público es la de la distribución del ingreso. Aquí no sólo el gravamen sino también el gasto público deben de analizarse conjuntamente. Yo tengo serias dudas acerca de la progresividad de nuestra estructura tributaria. No sólo nos llenamos de impuestos que tienden a la regresividad, sino que nuestro principal instrumento de justicia tributaria, el impuesto a la renta, adolece de serias ofensas a los criterios de equidad. ¿Cómo puede concebirse que hoy día las utilidades distribuidas estén exentas de impuesto sobre la renta? O, ¿cómo se puede concebir que las ganancias de capital, con excepción de las provenientes de la venta de la lotificación de los bienes inmuebles, no sea objeto de gravamen? Por otro lado, el impuesto territorial también deja mucho que desear, no sólo debido a la ausencia de avalúos frecuentes, sino a una orientación mal dirigida de lo que debe ser un impuesto territorial.

Es necesario, igualmente, estudiar sobre quién recaen los beneficios del gasto público. Viendo cómo andan de raras muchas cosas desde el lado tributario, guardo reservas acerca de la bondad redistributiva del gasto público. Por ejemplo, el Seguro Social actualmente cubre aproximadamente al 40 por ciento de la población del país, los que, generalmente, no podríamos calificar como los “desposeídos”.

ESTABILIZAR LA ECONOMÍA

Otra función de la política fiscal es la de estabilizar la economía. Este enfoque nos permite racionalizar la necesidad actual de los impuestos como medio de reducir las presiones inflacionarias en el país. En Costa Rica, lamentablemente ̶ y en gran parte lo atribuyo a nuestras autoridades legislativas ̶ apenas se pone un impuesto ya se ha determinado la forma en que debe de gastarse. Cualquier economista sabe que esto, en la mayoría de los casos, equivale a un incremento en la demanda agregada, lo que implica mayor presión inflacionaria. En cuanto a que los ingresos tengan ataduras por ley sobre su gasto inmediato, hace ineficaz toda política fiscal tendente a la estabilización económica.

Para terminar quisiera decirle al señor editorialista que, si bien su pedido de ordenación en el gasto público, es loable, no debe caerse en el error de ver los impuestos como algo malo en sí. El informe del Central tiene la rigurosidad necesaria, producto de un esfuerzo serio de estudio. Es lamentable que no se entendiera su propósito.

1973-02-01-ASIGNACIÓN FAMILIAR UN IMPUESTO SOBRE SALARIOS

ASIGNACIÓN FAMILIAR UN IMPUESTO SOBRE SALARIOS

La Nación, 01 de febrero de 1973.

A fines de agosto del año pasado, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por encargo del señor Presidente de la República, presentó un proyecto llamado de Asignaciones Familiares. Recientemente se ha manifestado en forma pública que la implementación de dicho proyecto tiene prioridad en las acciones del Ejecutivo en el año 1973. Creo que, sin embargo, si se analizan los fines para los cuales ha sido creado dicho plan, el método sugerido para su financiación ocasionaría trastornos bastante serios que, más bien, causarían resultados opuestos a los deseados por las autoridades.

La falla básica en el análisis económico de dicho proyecto se encuentra en lo estipulado por el artículo 12 del documento “Exposición de motivos del Proyecto de Ley para el establecimiento de un régimen de Asignación Familiar”, que el Ministerio de Trabajo diera a la publicidad el 29 de agosto de 1972. Dicho artículo dice:
“El régimen de asignaciones familiares que por esta ley se establece, será financiado mediante una cotización a cargo de los patronos, cuyo monto en ningún caso podrá ser superior al 7% del total de sueldos o salarios pagados…”

En otras palabras, lo que se propone es un impuesto sobre la nómina de salarios que pagan los patronos.
Es de comprender que el Ministerio de Trabajo considere que los que pagan las nóminas son los grupos de ingresos elevados. Aún cuando dicha suposición parece ser aceptable apriorísticamente, existe necesidad de un estudio empírico que compruebe dicha proposición. Aún cuando se acepte que tal sea la situación real, cabe ver si el análisis económico nos puede servir como guía para evaluar dicho plan.

El impuesto sobre las nóminas tiene, entre otros defectos, un efecto negativo sobre el nivel de empleo; por tanto, el plan de asignación familiar presentado por el Ministerio de Trabajo conducirá a un empeoramiento del problema ocupacional del país; especialmente afecta los grupos de trabajadores de más bajos ingresos, que son los no calificados. La anterior información se basa en supuestos plausibles acerca de la elasticidad de la oferta de trabajo. En este caso, dado que hay mucha gente dispuesta a trabajar a un nivel de salarios dado, podremos decir que la oferta de trabajo para las ocupaciones no calificadas es infinitamente elástica o muy elástica, de manera que, como lo sabe el economista, un incremento en los pagos por salarios al haber un nuevo impuesto, ocasionaría una reducción de la demanda de trabajo, puesto que la demanda de trabajo depende sólo del valor de la productividad del trabajo, la cual no ha sido alterada de forma alguna. En pocas palabras, producir lo mismo cuesta más; el factor trabajo continúa con la misma productividad, mientras que ahora cuesta más con el nuevo impuesto. Podré, entonces, afirmar que habrá una reducción en el nivel de empleo (o en los salarios) de dichos grupos.

En general, en los diversos tratados de finanzas públicas, al analizarse el impuesto sobre las nóminas, la parte del pago correspondiente al empleado se considera que recae últimamente en el empleado mismo. Lo que creo que es una ilusión es creer que la parte del impuesto que paga el patrón es efectivamente pagado por éste. Hay que recordar que siempre existe la posibilidad de que haya pro-traslación del impuesto; esto es, un aumento del precio del producto en que interviene el trabajo, y de retro-traslación; o sea, una reducción en el pago del factor que interviene en la producción del bien, en este caso el trabajo.

Dado que el impuesto es nominalmente gravado al productor, cabe pensar que éste sea quien pague el impuesto. La realidad es otra y esa es la tarea que me propongo explicar. Dado que el impuesto es gravado sobre el trabajo (la nómina), esto implica que este factor es más caro. Puesto que el trabajo tiene que cooperar en la producción con capital, habrá un incentivo para que, en vez de emplear trabajo en la producción, se emplee relativamente más capital. Es decir, habrá una reducción en la demanda de trabajo.

En este caso, el mercado implicaría una reducción en los salarios. Si la economía posee un sistema de salarios mínimos legalmente fijos, entonces, el efecto sería un incremento en el desempleo. Vemos entonces cómo el empleado paga su parte y la parte que se supone correspondería al patrón. Es también posible que debido al impuesto se ocasione un alza en el precio del producto en el cual interviene el trabajo. Este resultado yo creo que también no es deseado por las autoridades.

Tal como dice el economista profesor James Buchanan: “En efecto, la distinción entre estas dos partes (empleado y patrón) sirve meramente para crear una ilusión de que el patrón paga, una ilusión que es rápidamente extinguida por el análisis económico elemental”. (James M. Buchanan, The Public Finances, p. 286). Es necesario destacar que el patrón que enfrenta la decisión de renovar su equipo tenderá hora a utilizar técnicas capital-intensivas, las cuales ocasionan problemas a países con gran desempleo.

Otro tratadista de las fianzas públicas, el Dr. Joseph Pechman de la Institución Brookings, concluyó en un estudio sobre el sistema tributario federal de los Estados Unidos, que el impuesto sobre la nómina de trabajo es regresivo, inflexible, que probablemente es pagado por el trabajador. Podría continuar señalando opiniones de economistas, que han analizado no sólo la teoría sino también la práctica de dicho impuesto, para demostrar su nocividad.

Si en Costa Rica el problema principal, tal como lo consideró recientemente la Oficina de Planificación del Gobierno (OFIPLAN), es el desempleo, políticas tales como el plan de asignación familiar van a contribuir a su agravamiento. Deseo que las autoridades nacionales encargadas de fijar la política nacional observen dicho impuesto con la debida atención. Hay que tener presente que una buena intención no basta si la política económica propuesta para lograr un fin, es la errada. En este caso, el sistema de financiamiento propuesto para el plan de asistencia familiar dará resultados opuestos a los deseados por la autoridad pública.

1973-02-11-EFECTOS DEL PLAN DE ASISTENCIA FAMILIAR

EFECTOS DEL PLAN DE ASISTENCIA FAMILIAR

La Nación, 11 de febrero de 1973.

Una vez más quisiera solicitar que se me brindara espacio en el periódico que usted dirige, con el fin de dar respuesta a los comentarios que hizo en La Nación del día 7 de febrero, el doctor Fernando Naranjo V., respecto al Plan de Asistencia Familiar propuesto por el Ministerio de Trabajo.

El doctor Naranjo señala que mi análisis previo, acerca del efecto negativo sobre el nivel de empleo debido a la forma en que se financia el Plan de Asistencia Familiar, adolece del defecto de ignorar consideraciones redistributivas, lo que alteraría las consecuencias que yo predijera, en caso de que dicho plan fuera implementado.

Si bien el doctor Naranjo es un buen seguidor de la escuela de Economía de la Universidad de Pennsylvania, la cual ha aportado análisis sumamente valiosos al pensamiento económico al incorporar los efectos de la distribución en el estudio de las políticas económicas, creo que, en este caso, dicha extensión a mi análisis no afecta las conclusiones básicas de mi trabajo inicial.

Se señala que “al trasladar recursos de una clase a otra, si las propensiones medias a consumir de ambas clases son diferentes, se afecta el volumen global de consumo. En un sistema como el propuesto es de esperar que la demanda por bienes de consumo aumente y, por consiguiente, que se afecte positivamente la demanda de mano de obra”. En síntesis, la reducción en la demanda de trabajo que se efectúa al crearse un impuesto a las nóminas, tendería a regresar a la situación original, debido a un efecto redistributivo, eliminando de esta manera la reducción inicial en el nivel de empleo.

El error del doctor Naranjo creo que estriba en suponer que las clases altas van a sufrir una reducción en los ingresos (y, por consiguiente, en el consumo), en tanto que yo señalé en mi primer artículo que lo contrario es lo que va a suceder. Aquellos quienes van a ver reducidos sus ingresos son los que quedan desocupados debido a la inflexibilidad de los salarios a la baja o aquellos grupos que posean ofertas de trabajo sumamente elásticas, que son generalmente los grupos de trabajadores no calificados. En síntesis, se da una transferencia de ingresos de aquellos quienes quedan desocupados hacia aquellos quienes reciben el subsidio familiar. Cabe, entonces, decir que el posible incremento en la demanda agregada debido al aumento de ingresos de las clases subsidiadas es compensado por la pérdida de los ingresos de los grupos desocupados y que no hay razón, por tanto, para esperar un incremento neto en la demanda de trabajo, tal como lo considera el doctor Naranjo. Por tanto, no estoy de acuerdo con sus ideas de que dicho plan de asistencia familiar irá a influenciar positivamente la demanda de trabajo.

Un aspecto sumamente interesante que plantea el doctor Naranjo en su artículo, es la necesidad de tomar en cuenta las posibilidades tecnológicas de sustitución entre capital y trabajo, la magnitud del aumento del costo del factor trabajo y la importancia relativa de este factor en el valor del producto en cuya producción participa. Estas son algunas de las bien conocidas condiciones Marshallianas de la demanda derivada de los factores de producción.

Yo tenía en mente cierto comportamiento normal de las elasticidades de sustitución entre trabajo y capital, Si mal no recuerdo, estudios de Arrow, Chenery, Solow, Minhas, Kravis, Kendrick y Sato muestran que sí existe cierta sustituibilidad entre dichos factores; además, generalmente, tal como lo menciona el Prof. Gary S. Becker, “las estimaciones de las elasticidades de sustitución casi siempre han mostrado ser más que cero, así eliminando las proporciones fijas o coeficiente fijos de insumo-producto.. Muy pocos han excedido 1.5 o menos de 0.5 y, para algunos economistas, es evidente una tendencia central a la unidad”. Por lo tanto, no creo estar tan errado en asumir cierta sustituibilidad entre dichos factores, por lo que creo que en este sentido el impuesto que se propone promoverá alguna sustitución de menos trabajo hacia más capital, utilizados en la producción.

Con respecto a los otros dos factores que menciona el doctor Naranjo, es claro que una tasa sumamente pequeña de impuesto sobre la nómina, muy posiblemente no ocasione un ahorro en el uso del factor trabajo, pero, si leo bien la ley propuesta por el Ministerio de Trabajo, ésta dice en su artículo 12 que dicha tasa pudiera ser de hasta de un 7 por ciento del total de los sueldos o salarios pagados por las empresas. Dicho monto puede ser sustancial y llegar a causar una alteración en los precios relativos de los factores.

En cuanto a la participación del factor trabajo en el valor agregado o valor del producto, es algo de lo cual no tengo información, pero tengo la sospecha de que esta participación sí es significativa.

En todo caso, mi colega menciona que “en un caso extremo… es muy probable que el encarecimiento del uso de la mano de obra no conduzca a una disminución considerable del volumen de empleo”. Estoy totalmente de acuerdo en que lo que menciona el doctor Naranjo es un caso extremo y que este servidor plantea uno que tiene mayor probabilidad de ocurrencia.

Lo valioso de los comentarios que hizo el doctor Naranjo a mi humilde artículo, creo que estriba en la concordancia en que el financiamiento propuesto por el Ministerio de Trabajo no es satisfactorio. Yo agregaría que más bien es peligroso y va en detrimento del bienestar del trabajador. Es urgente, y así lo compartimos el doctor Naranjo y quien esto escribe, que se realicen estudios serios y objetivos de las consecuencias de dicho plan, sin precipitarse a tomar decisiones para que después, como dice el adagio, no nos ”vaya a salir el tiro por la culata”.

1973-03-04-INCONVENIENTE IMPUESTO QUE SUGIERE GONZALO FAJARDO

INCONVENIENTE IMPUESTO QUE SUGIEREGONZALO FAJARDO

La Nación, 04 de mayo de 1973.

Es interesante notar, a diferencia de la ley que se propone sobre la asignación familiar, que la Cámara de Comercio no se acoge a la idea de que el ingreso suplementario que se ha sugerido, vaya a beneficiar únicamente a los actuales miembros que pertenecen al sistema de la Caja Costarricense del Seguro Social, sino que se da cuenta de que, en primer lugar, la pobreza no es exclusiva de los asegurados por la Caja y, en segundo lugar, que es muy probable que exista mayor pobreza entre ciertos grupos no asegurados, especialmente en el campo costarricense, que entre los favorecidos por el sistema de seguridad social de la Caja.

Sin embargo, no creo que la solución propuesta por la Cámara sea la apropiada por las siguientes razones:

1. La opinión de la Cámara, que favorece un impuesto complementario sobre los ingresos de las personas físicas, es inconveniente, dada la forma en que está organizada la estructura tributaria en Costa Rica, en la que, básicamente, existe una serie de ingresos que no son objeto de gravamen sobre la renta. Caso específico son las ganancias de capital, las cuales no son objeto de ningún impuesto sobre la renta.

Aún más grave considero el hecho de que los dividendos en Costa Rica son gravados de manera diferente a los ingresos generados por otras fuentes, tendiendo, por tanto, a discriminar contra ingresos provenientes del capital humano, por ejemplo, del trabajo calificado.

En este sentido, la ausencia de un sistema global de gravar a los ingresos es, en mi opinión, la causa básica de las tasas marginales altas en el impuesto al ingreso individual. Por tanto, mientras no se imputen los ingresos que pertenecen a los individuos por utilidades no distribuidas y en tanto que se trate de manera diferente a distintas formas alternativas de ingreso, aparte del proveniente del trabajo, existe una discriminación clara contra ciertas formas de ingreso. Por ello, elevar (o cobrar un impuesto complementario, tal como lo propone la Cámara) es obviamente injusto e inapropiado de acuerdo con cánones básicos de equidad tributaria.

2.No hay que precipitarse en implantar un sistema de subsidio familiar o de ingreso familiar mínimo garantizado, sin antes tomar en cuenta la posibilidad de no crear desincentivos al esfuerzo del trabajo; es decir, no crear un grupo de personas o familias que prefieran no trabajar, dado el ingreso mínimo que les está garantizado.

El problema es sumamente delicado y deben de buscarse fórmulas más meditadas, sin tomar decisiones precipitadas que puedan resultar onerosas para la economía costarricense. En este sentido, estudios muy valiosos se están llevando a cabo en el Centro de Estudios Sociales y de Población (CESPO), por un grupo de economistas dirigido por el profesor Fernando Zumbado, los cuales nos permitirán tomar decisiones más claras respecto al plan de asignación familiar.

1973-07-18-FUENTE CORRECTA PARA FINANCIAR LA ASIGNACIÓN FAMILIAR

FUENTE CORRECTA PARA FINANCIAR LA ASIGNACIÓN
FAMILIAR ES EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Nación, 18 de julio de 1973.

El pasado 9 de julio del presente año, el licenciado Juan Rafael Arias Trejos brindó unas declaraciones al periódico La Nación, en las cuales se refiere a las alternativas de financiamiento existentes para el plan de asignación familiar.

Quisiera, una vez más, solicitar las páginas de su periódico con el fin de brindar algunos comentarios relacionados con aquellos del licenciado Arias.

En una mesa redonda celebrada recientemente en la Facultad de Economía de la Universidad de Costa Rica, uno de los participantes sugirió, ante la condena casi general del método de financiamiento basado en un impuesto a la nómina, que los fondos que se podrían emplear para financiar el plan de asignación familiar, se obtuvieran mediante una elevación de las tasas del impuesto territorial. El licenciado Arias menciona que ese impuesto es el más injusto de los existentes, puesto que castiga la eficiencia y no penaliza el mal uso de los recursos. Si bien soy partícipe de que la estructura actual del impuesto territorial no es conducente al logro de una optimización en el uso de los factores de producción escasos, debería mencionarse que la parte del tributo que grava las mejoras de la propiedad, tales como construcciones sobre el sitio, según estudios señalados por el connotado experto Dick Netzer en su libro Economics of the Property Tax, posee una regresividad evidente; es decir, que proporcionalmente los grupos de menores ingresos pagan un impuesto mayor. Aparte de que, según un estudio del doctor Thomas F. Hady, el impuesto no grava igualmente a los grupos con ingresos iguales. Por lo tanto, los cánones tradicionales en las finanzas públicas de equidad horizontal; o sea, igual tratamiento de los iguales, y de equidad vertical; esto es, acerca de cómo debe diferir la imposición de las personas que están en posiciones de ingreso diferentes, lo cual se asocia con la progresividad de los impuestos, no son logrados con un impuesto a la propiedad tal como existe en Costa Rica.

De esta forma, es con beneplácito que recibo la oposición de parte del licenciado Arias a que se utilice un aumento del impuesto territorial actual para financiar el plan de asignación familiar. Lo conveniente es reformar al actual impuesto territorial, de manera tal que se utilice un sistema diferencial de tasas que grave relativamente más el valor de sitio de la tierra y menos a las mejoras que se efectúan sobre ésta.

En lo que sí no estoy de acuerdo es en la opinión del licenciado Arias de que es sumamente difícil encontrar una fuente alternativa de financiamiento al plan de asignación familiar, distinta de la de utilizar el impuesto sobre las planillas. El licenciado Arias deja de lado la fuente que considero es la correcta para financiar dicho plan: el impuesto sobre la renta o a los ingresos. Las ideas modernas de redistribución de los ingresos se ligan cada vez más a la utilización directa de un impuesto negativo al ingreso, dado que lo que ahora se busca es utilizar un flujo existente, como lo es la renta, para redistribuir un flujo; o sea, el subsidio.

Si gravamos la propiedad (un “stock” o existencia) para redistribuir el ingreso (un flujo) aparentemente se rompe la conexión lógica entre categorías analíticas.

A mí me preocupa que, en aras de la facilidad administrativa o de la urgencia temporal, se utilice un mecanismo que, por ausencia de los estudios técnicos pertinentes, implique que nos “salga más caro el caldo que los huevos”.

Mi propuesta se ha orientado a lograr un impuesto al ingreso global, que no grave unos ingresos más fuertemente que a otros, que no deje grandes avenidas de escape tributario y que, filosóficamente, logre un tratamiento igual de los iguales y una progresividad deseable. De esta manera, debemos ligar un impuesto al ingreso apropiado con el plan de asignación familiar; o sea, lo que se conoce técnicamente como un impuesto negativo al ingreso.

1973-07-22-EL ALZA EN EL COSTO DE LA VIDA Y LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

EL ALZA EN EL COSTO DE LA VIDA Y LA POLÍTICA DEL GOBIERNO

La Nación, 22 de julio de 1973.

Consideramos indispensable comentar una reproducción solicitada por el señor Guillermo Villegas H., publicada en La Nación del 15 de julio de 1973, bajo el título “El alza en el costo de la vida: un fenómeno mundial”.

La primera afirmación del artículo mencionado muestra la lógica subyacente en la publicación. Dice: “Es innegable que el costo de la vida ha aumentado, pero la culpa no es del Gobierno. El aumento en el costo de la vida es un fenómeno mundial”.

Si bien podría afirmarse que el proceso inflacionario se presenta en todos los países de la tierra, este hecho no implica que la responsabilidad no recaiga sobre el Gobierno. Es muy fácil decir que nadie es culpable y se evita, de esta manera, la necesidad de señalar al causante del problema inflacionario en Costa Rica.

Lo que se pretende mostrarnos es que la inflación en Costa Rica no tiene un origen interno y que la causa del alza en los precios deberá encontrarse en factores externos a la política gubernamental.

Vamos a suponer, sin que implique aceptación, que la inflación en Costa Rica ha sido importada. En efecto, hay argumentos económicos sólidos que explican la posibilidad de tal fenómeno. Lo que no es aceptable y se quiere ignorar es el hecho de que el Gobierno posee diversos instrumentos que le permiten, si así lo desea, contrarrestar la inflación importada.

Un ejemplo nos podría aclarar la situación. Supongamos que por las fronteras nacionales penetra la bacteria de una enfermedad grave y conocida.

Supongamos que, como la enfermedad es importada, nuestras autoridades sanitarias no toman medida alguna para contrarrestar la enfermedad. Si seguimos la lógica de los autores de la publicación, debemos culpar a las fuerzas externas de nuestra mala fortuna y eximir a las autoridades médicas nacionales de su ineficiencia e indolencia en el tratamiento de la enfermedad. Es más, tal como deduce la publicación, debemos alabar a tales autoridades. ¿No es eso lo que se nos dice al afirmar que “debido a una política de gobierno bien dirigida, nuestro país está en mejores condiciones que esos países que mencionamos”? Jamás hemos visto un elogio a la incapacidad de las autoridades económicas como el que nos brinda el autor del artículo que comentamos. Parece que la mediocracia ha tenido su día.

El problema es sumamente grave, porque las autoridades han lanzado leña de guayabo a un fuego bien encendido, algo así como ayudar a que la nociva enfermedad se extienda. Todos conocemos las tasas de crecimiento tan elevadas de la oferta de dinero de Costa Rica en los últimos años y el gasto público en exceso de los ingresos del Estado. Y esos dos factores son los principales causantes de la inflación o, por lo menos, de la aceleración de la inflación. Por lo tanto, la política del Gobierno ha sido errada, desde el punto de vista económico, respecto al tratamiento del problema de la inflación. Dado lo anterior, hay una razón vital para que grupos interesados busquen una explicación de las actuaciones ineficientes de las autoridades monetarias y fiscales del país.

El paso siguiente consiste en proceder al análisis de las pruebas estadísticas que se ofrecen en defensa de la supuesta situación inflacionaria relativamente mejor de Costa Rica. A manera de introducción, la revista Vanidades, de la cual se tomaron los datos usados en el comentario del señor Villegas, debería dedicarse a sus publicaciones usuales de economía doméstica y no de economía política.

En dicha información se toma una serie de bienes seleccionados sin criterio alguno y se citan sus precios. Luego, se agregan los valores de tales bienes y se obtiene un concepto llamado “total de mercado”. El absurdo es evidente. Supongamos que decidimos seleccionar el producto siguiente: uvas. En muchas naciones, la uva es un producto tan común, como la naranja en Costa Rica. No esperaría nadie, apriorísticamente, que el precio de la uva sea menos barato en, digamos, Chile comparado con Costa Rica. De acuerdo con la lógica empleada en el análisis de las cifras presentadas en el trabajo, Costa Rica tendría una tasa de inflación mayor que la de Chile. Obviamente, hay algo conceptualmente erróneo en esas afirmaciones acerca de las estadísticas.

El índice de precios es un concepto altamente sofisticado de medición estadística. En su elaboración se le brinda la importancia debida a factores como la composición de la canasta en la que se basa el índice. Esto es, qué bienes deberían incluirse en los cálculos.

Otro factor importante es la proporción del gasto en cada artículo específico en el gasto total de la familia. Y nada de esto se utilizó en la preparación de las vanidosas cifras de Vanidades. El índice de precios es un concepto que, en ciertos casos, es difícil de comparar internacionalmente. Pero, al menos, no adolece de los defectos de cifras absolutas como las presentadas en el trabajo reproducido en la prensa.

Hay otro problema grave con los datos del trabajo que se comenta: nada existe que nos garantice que los artículos seleccionados no sufren de influencias externas al sistema de mercado, tales como fijaciones de precios mínimos, cuotas de importación y presencia de monopolios debido a concesiones gubernamentales, que ni siquiera nos permiten hacer una comparación entre los países analizados.

Los autores del artículo de Vanidades no tienen un conocimiento claro del proceso inflacionario. Lo importante en este tipo de estudios es el cambio en los precios de los bienes y servicios en un periodo dado y no los niveles absolutos de los precios. Es más, la reducción a una moneda común, en este caso dólares estadounidenses, deberá tomar en cuenta las situaciones cambiarias particulares de cada país, con el fin de realizar una comparación internacional de las cifras, (Por ejemplo, para Costa Rica, ¿se utilizó un tipo de cambio de ¢6.65 o de ¢8.60 por dólar? La diferencia en los precios es evidente).

El concepto de salario mínimo diario que, para destacar a nuestro país se rodea con un círculo, es sumamente defectuoso. Tales salarios pueden haber sido fijados arbitrariamente por el Estado, sin tomar en cuenta las relaciones de oferta y demanda de trabajo. Perfectamente tal precio podría, arbitrariamente, fijarse en ¢100.00 por hora y tal monto sería un indicador de un nivel de bienestar elevado, dejando de lado la desocupación que implica la fijación del precio por encima del determinado por el mercado. Una vez más, la visión parcializada y un análisis económico defectuoso son característicos del estudio.

El fenómeno de la inflación en Costa Rica y en resto del mundo es bastante serio como para prestarle oídos a los datos de Vanidades y, al mismo tiempo, tal como lo hacen los autores, tender una cortina de humo sobre la responsabilidad del Gobierno, el cual ha fracasado en su política monetaria y fiscal para contrarrestar las presiones inflacionarias. A no ser que el crecimiento de los precios haya sido objeto deliberado por parte de nuestras autoridades gubernamentales.

1973-09-06-SOBRE EL BANCO POPULAR

SOBRE EL BANCO POPULAR

La Nación, 06 de setiembre de 1973. Colaboración de la ANFE.

Los principales fines para los que fue creado el Banco Popular consisten en promover el ahorro de los trabajadores y en aprobarles crédito a ellos, así como a las asociaciones de desarrollo comunal, municipalidades, cooperativas y sindicatos.

La pregunta que debe plantearse es si el Banco Popular logra sus dos propósitos básicos en relación con los trabajadores: el fomento del ahorro y la satisfacción racional de sus necesidades de crédito.

Uno de los factores que explican la cantidad de ahorros es el tipo de interés que el Banco paga. Podemos esperar que, a mayor tasa de interés que se pague por los ahorros, mayor es el incentivo para que el ahorro se mantenga y se posponga el consumo.

Partiendo de esta hipótesis acerca de la relación entre la tasa de interés y la cantidad de ahorros, el Banco Popular decidió, muy acertadamente, elevar el tipo de interés por encima de aquél que pagan los bancos comerciales por los depósitos a plazo. Así, en tanto que los bancos comerciales pagan el 4% anual por los depósitos en cuentas de ahorros, el Banco Popular capitaliza en 6% anual los ahorros allí depositados.

El problema que debe analizarse es si este ahorro, ahorro forzoso que impone a los trabajadores asalariados y a los patronos para beneficio de los primeros, es, dadas las circunstancias por las que atraviesa la economía costarricense, capaz de lograr la meta principal de formación de ahorro de los trabajadores.

Aparte del carácter coercitivo por medio del cual opera el Banco, con la consiguiente distorsión en la asignación de los recursos; independientemente del efecto que sobre la demanda de trabajo tiene el gravamen que recae sobre el patrón, e independientemente del problema que tanto ha señalado ANFE, de que este ahorro forzado pretende una protección social y sólo se da, al igual que toda la protección social, únicamente a los trabajadores con patrón fijo y salario asegurado y sobre todo se da tanto más cuanto mayor sea el salario ̶ nos referimos a la cuota del patrono ̶ hay dos factores muy importantes que exigen un cambio en la forma en que actualmente opera el Banco Popular.

En primer lugar, muy probablemente la tasa de inflación que está sufriendo la economía costarricense; o sea, el alza en el nivel de precios, es mayor que la tasa de 6% anual de interés que el Banco Popular paga sobre los depósitos de ahorros. Si el alza en el nivel general de precios es mayor que el tipo de interés pagado por el Banco, tiene el efecto de reducir el capital del ahorrante. Un ejemplo permite aclarar la situación. Supongamos que a un trabajador se le retienen ¢100.00 de sus ingresos durante un año, como ahorro en el Banco Popular. Al final del año, el trabajador tendrá a su favor los ¢100.00 retenidos más el 6% de interés que ganó durante el año; o sea, un total de ¢106.00. Si suponemos que el nivel general de precios en Costa Rica se elevó en 10% durante el año, lo cual no parece estar muy alejado de la realidad, el trabajador necesitará de ¢110.00 para poder adquirir los mismos bienes que a principios de año le costaban ¢100.00. Por lo tanto, a pesar de que el Banco Popular le paga al trabajador ¢6.00 en intereses, éste sufre un faltante de ¢4.00 para quedar en las mismas condiciones económicas que a principios del año De esta manera, la fijación legal de los tipos de interés de los depósitos a plazo, unido al carácter forzoso del ahorro, además del proceso inflacionario que reduce el poder adquisitivo de la moneda, conspiran conjuntamente para disminuir el capital del trabajador ahorrante.

Se ha esbozado el argumento de que el propósito fundamental del Banco es la educación del trabajador, de manera que éste aprenda la virtud y beneficio del ahorro. Creemos que, dado este fin, lo mejor que puede recibir el trabajador es el pago apropiado al rendimiento de sus ahorros, de acuerdo con lo que el mercado de fondos determina como rentabilidad de la posposición del consumo. No es por medio de la descapitalización de los ahorros del trabajador como se le muestran a éste las ventajas de ahorrar. La lógica nos señala un comportamiento distinto al realizado por el Banco, única manera de que se aumente el incentivo al ahorro del trabajador. Aquí se aplica el de decir de “por favor, no me hagan favores”.

Existen formas alternativas de promover la formación de ahorros. Por ejemplo, la integración de cooperativas de ahorro, el suministro de información de oportunidades de inversión, incluyendo el rendimiento de valores bursátiles, la formación, especialmente en fábricas, de grupos de pequeños inversionistas, la promoción de crear activos financieros con un valor facial bajo y otras. Por lo tanto, en vez de penalizar al ahorrante, deberá facilitársele los medios y mecanismos necesarios para estimular su abstención del consumo.

En segundo lugar, se arguye que el trabajador que ahorra en el Banco Popular tiene acceso a préstamos con tipos de interés favorables en comparación con los existentes en el mercado nacional, de manera que, se dice, la falta de equidad derivada del bajo tipo de interés que se paga por los ahorros del trabajador en una economía con inflación, se ve compensada con la habilidad de disponer de fondos a un bajo costo.

La falacia de este argumento estriba en que se identifica a los oferentes de ahorros con los demandantes de estos fondos. Si bien es cierto que, como un todo, quienes ahorran en el Banco Popular son los mismos a quienes se les prestan los fondos (o sea, los demandantes), nada garantiza que sean, en particular, los mismos individuos tomados aisladamente. De manera que el sistema institucional del Banco Popular castiga al ahorrante individual y subsidia a aquél quien gasta esos ahorros. Es decir, castiga al que se abstiene de consumir para favorecer al que se abstiene de ahorrar. Además, es muy posible que la mayor parte de los créditos otorgados por el Banco Popular, con excepción de los créditos para la construcción de vivienda, los cuales constituyen una inversión real, se han canalizado a líneas de crédito con un carácter dedicado eminentemente al consumo, Esto se debe, en gran parte, a la ausencia de una política definida de inversiones por parte del Banco Popular.

En resumen, podemos decir que el Banco Popular no cumple con su función de promotor de los ahorros del trabajador, al no tomar en cuenta el proceso inflacionario vigente en Costa Rica. La prueba más fehaciente de esto es la enorme aglomeración de cuentahabientes que retiran sus fondos del Banco. Es muy deseable que la forma de operación el Banco, así como las metas para las cuales éste fue creado, sean objeto de una revisión completa, ojalá en un corto plazo, por aquellos interesados en su existencia.

1973-10-06-EL PROBLEMA DE LOS TAXIS EN COSTA RICA

EL PROBLEMA DE LOS TAXIS EN COSTA RICA

La Nación, 06 de octubre de 1973. Colaboración de la ANFE.

Recientemente el Ing. Carlos E. Jiménez, Director de Transporte Automotor, relató en una conferencia de prensa el insólito caso de la venta de un derecho de placa de un taxi por ¢60.000.oo, el cual había costado nada en el Ministerio de Obras Pública y Transportes. En dicha reunión se insistió en que la tarifa mínima para un servicio dentro de la ciudad fuera de ¢2.50 la carrera. Las dos afirmaciones anteriores cobran relevancia en momentos en que se acaba de promulgar la ley reguladora del transporte remunerado de personas en vehículos taxis.

Debemos preguntarnos, ¿por qué es posible vender el permiso o placa, el cual nada le costó al propietario original, en ¢60.000.oo? La razón es muy sencilla: debido a la restricción artificial en la oferta de taxis, por el privilegio o fortuna concedida a algunos por parte de las autoridades. Decimos privilegio o fortuna, puesto que el hecho de que alguno estuviera dispuesto a pagar ¢60.000.oo por esta placa, se explica tan sólo porque el comprador no puede obtener libremente su permiso de operación en el MOPT.

Por lo tanto, el culpable de la situación es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, al restringir el número de taxis.

Por otra parte, se fija la tarifa de los taxis. En efecto, la ley antes mencionada, en su artículo 27 menciona que las tarifas serán fijadas por la Dirección General de Transporte Automotor y que ningún concesionario podrá cobrar tarifas distintas de las autorizadas. Lo interesante del caso es que tales fijaciones de precios han probado ser ineficaces por el hecho de que los usuarios, al observar la escasez artificial de los taxis, están dispuestos a pagar un precio mayor por el servicio que el fijado por la ley. Si se desea que las tarifas se reduzcan, es necesario otorgar permisos o concesiones a los taxistas potenciales que así lo soliciten. De esta manera, al aumentar la oferta de taxis, el precio de los servicios disminuiría. Si se fija un precio mínimo y se restringe el número de taxis, existirá una cantidad bastante grande de demandantes insatisfechos.

La ley reguladora de taxis posee varias características no satisfactorias si lo que se desea es servir a los usuarios.

El artículo 2 de la ley señala que “… el Ministerio podrá tomar a su cargo la prestación de este servicio público en forma directa o a través de otras instituciones del Estado, o bien conceder derechos para explotarlo a cooperativas debidamente inscritas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. No se menciona la posibilidad de que a otros tipos de empresas, tales como sociedades, empresas individuales y otras, con excepción de cooperativas, pueda concedérseles el derecho de explotación. De esta forma, se restringe o bien se particulariza a los oferentes potenciales de servicios.

El artículo 6 señala que “las concesiones sólo podrán traspasarse previa autorización del MOPT”. Lo interesante de este artículo es que el sistema de concesiones se convierte en una característica permanente del servicio de taxis. Lo conveniente es que los individuos que lo deseen, y cuando lo quieran, puedan libremente organizar el servicio de taxis tal como cualquier otra empresa de servicios, sujeta a las leyes generales de registro empresarial.
El artículo 7 indica la obligación de que los propietarios de taxis suscriban una póliza de seguros contra accidentes a terceros. Si bien consideramos que tal medida es correcta, dada la insuficiente protección financiera de nuestras leyes al existir perjuicios a terceros, la suscripción de esta póliza eleva los costos de operación de los propietarios de vehículos, lo cual debe ser considerado en las tarifas cobradas a los usuarios.

El artículo 8 exime de pago de papel sellado o impuestos a las licencias solicitadas “por medio de una organización gremial debidamente inscrita en el Ministerio de Trabajo que represente a los conductores de estos vehículos”. Definitivamente, la disposición anterior discrimina contra los taxistas no sindicalizados, los cuales son afectados relativamente. Además, esto significa un olvido del derecho constitucional a la sindicalización libre. Es muy posible que, ante expansiones en los permisos para nuevos taxis, el sindicato ejerza su oposición, con el consiguiente efecto nocivo sobre los usuarios de taxis.

El artículo 15 señala que “no se autorizarán más concesiones para ninguna de las actividades referidas, y en el caso de que haya tal necesidad, únicamente serán otorgadas esas concesiones a las organizaciones arriba mencionadas, para su distribución a sus miembros.” Esta disposición es sumamente interesante pues podrá interpretarse como una restricción evidente al libre ingreso de empresas de taxis. El Estado promueve de esta manera un privilegio permanente a ciertas organizaciones. El consumidor o usuario es el perjudicado. Lo correcto es que aquel individuo o empresa que solicita el permiso, éste le sea concedido bajo ciertos requisitos básicos y no otorgado únicamente a los miembros de ciertas organizaciones. Una vez más, el Estado actúa protegiendo a unos cuantos a costa del público consumidor y a costa de nuevos trabajadores potenciales.

El artículo 19 señala que “El Ministerio de Obras Públicas y Transportes deberá adquirir taxímetros y venderlos al costo a los interesados”. Esta disposición muestra una competencia desleal del Estado contra los productores y comerciantes privados. Debemos recordar la tendencia a que el Estado utilice sus privilegios para competir con los individuos. Ejemplo reciente fue el del Consejo de Producción, el cual pretendió convertirse en importador de implementos agrícolas. Ahora el MOPT intenta convertirse en vendedor de taxímetros.

En conclusión, la ley reguladora de taxis no toma las previsiones necesarias para resolver el problema del servicio de taxis, que ahora es escaso. Es decir, no elimina la concesión de privilegios de operación, ni contribuye a reducir los costos para los usuarios, lo cual sólo podrá lograrse cuando las concesiones restrictivas sean eliminadas.

1973-11-03-LOS IMPUESTOS ADUANALES, EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y LA SOLICITUD

LOS IMPUESTOS ADUANALES, EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN Y LA SOLICITUD DE TRES PROFESORES UNIVERSITARIOS

La Nación, 03 de noviembre de 1973. Colaboración de la ANFE.

Los fundamentos éticos de la tributación se resumen en dos principios: al primero se le conoce como el de equidad horizontal; o sea, el tratamiento igual de los iguales, Al segundo como el de equidad vertical; o sea, el tratamiento desigual de los no-iguales. De acuerdo con lo primero, dos individuos en igualdad de condiciones deberán ser tratados, desde el punto de vista de los impuestos, de igual manera. De acuerdo con lo segundo, dos individuos quienes difieren en su situación económica serán objeto de un tratamiento impositivo diferente. Un ejemplo de lo primero: dos individuos con igual ingreso deberán de pagar el mismo impuesto sobre la renta, sobre la basa de que todo lo demás es constante, y dos individuos con distinto ingreso deberían de pagar diferente impuesto sobre la renta. Esto se observa en la estructura progresiva de las tasas del impuesto sobre los ingresos.

Una de las formas utilizadas por parte de los legisladores tributarios para poner en práctica los principios de equidad vertical y de equidad horizontal, es la exención para ciertos grupos de individuos del alcance de la ley tributaria. Por ejemplo, la ley del impuesto sobre la renta exime los ingresos derivados del pago de accidentes de trabajo, puesto que se considera que este tipo de renta no es comparable con aquella percibida en el ejercicio normal del trabajo.

En Costa Rica la legislación aduanera no se ajusta a los principios básicos de equidad vertical y horizontal, debido en gran parte a que estos criterios han sido sustituidos por criterios de recaudación; es decir, recolectar lo máximo posible de tributos.

Este concepto de equidad tributaria es lo que mueve a tres distinguidos profesores universitarios, los Dres. Fernando Durán A., Guillermo Chaverri B. y Manuel Constenla U., a pedir que se exima de impuestos aduaneros a los profesores universitarios quienes, habiendo efectuado estudios de postgrado en el exterior, regresan a prestar servicios profesionales en centros universitarios del país, según consta en el periódico La Nación del sábado 6 de octubre de 1973.
Cabe preguntarse, ¿qué implicaciones tiene la petición anteriormente mencionada? El problema básico se deduce del hecho de que a diplomáticos y técnicos extranjeros se les brinda el privilegio de eximírseles de impuestos aduanales cuando terminan sus servicios y regresan al país. Entonces, ¿no será mejor que se concluya dicho régimen de excepción a los diplomáticos y técnicos en el extranjero o, tal vez, que se eliminen totalmente dichos impuestos aduanales? No creemos que exista lógica alguna que permita que el derecho sea extendido únicamente a los profesores universitarios. En primer lugar, si su argumento se basa en que el profesor “regresa al país en situaciones difíciles, a comenzar a instalarse en el nuevo y sin recibir una remuneración adecuada que compense sus sacrificios durante su permanencia en el exterior”, lo anterior no es privativo del claustro universitario.

Muchos otros profesionales, no sólo profesores universitarios, regresan al país a instalarse de nuevo; muchos trabajadores costarricenses emigran por unos años y regresan al país en circunstancias semejantes. No sólo los profesores universitarios sufren del problema de readaptación que ellos citan.
Los profesores universitarios han sido profesionales muy mal pagados. Tan sólo recientemente, con la aparición de otras dos universidades, se ha roto el monopolio existente en el país que detentaba la Universidad de Costa Rica en los servicios que brindan los profesores universitarios. Existen casos de profesionales con estudios de postgrado quienes reciben un salario de ¢320.oo mensuales por cuatro hora semanales de clases.

Sin embargo, debe destacarse que en la decisión de ir a post-graduarse al extranjero por parte de un profesional universitario, éste deberá tomar en cuenta la baja rentabilidad privada de su inversión, antes de ir a estudiar en el exterior. De otra forma, si sus estudios en el extranjero constituyen un bien de consumo, no hay lógica para que la sociedad beneficie ese consumo particular de un individuo por medio de la exención de impuestos aduanales.

Por lo tanto, lo conveniente no es otorgar los privilegios de la exención a los profesores universitarios que realizan estudios de postgrado en el exterior, sino eliminar las trabas derivadas de la existencia de un solo comprador de los servicios profesionales de los profesores, lo cual originaría un aumento en sus salarios. Por lo tanto, la inversión que realizan estos profesionales (por la sociedad como un todo, en caso de que fueran becados), resultaría más rentable de lo que es actualmente.

La existencia de la Universidad Nacional y del Instituto Tecnológico ha incidido en la demanda de profesores, con el consiguiente aumento de sus salarios y puede predecirse la existencia de nuevos centros de enseñanza superior en el futuro, lo cual forzará a la Universidad de Costa Rica a pagar salarios de acuerdo con las condiciones que determine un mercado de trabajo socialmente más apropiado.

La existencia de un mercado más amplio es aplicable a uno de los argumentos esbozados por los señores profesores para que se les conceda la exención solicitada. Dicen ellos que “generalmente (los profesores), han recibido estudios graduados en universidades de países industrializados, donde todo lo que han adquirido no lo pueden ofrecer en venta, pues ahí no es posible que alguien desee comprar objetos usados”.

Consideramos que este argumento no parece ajustarse a la realidad de la situación. Es muy posible que la existencia de mejores medios de información en los países desarrollados, en comparación con los menos ricos, promueva la formación de mercados de objetos usados en forma más extensiva que la observada en nuestros países. Por ejemplo, en los medios cercanos a los centros universitarios existen mercados de bienes usados bastante amplios, como lo puede comprobar cualquier persona que haya realizado estudios de postgrado en los países desarrollados.

En resumen, es comprensible la petición de parte de tres profesores universitarios, para que se les otorgue el beneficio de la exención de impuestos aduanales; sin embargo, no es deseable que se les otorgue este privilegio vis a vis otros ciudadanos. Por el contrario, su estímulo financiero deberá provenir de la disolución de la estructura monopsónica; o sea, de un único comprador de sus servicios, que constituye la Universidad de Costa Rica, lo cual redundaría en salarios acordes con la escasez de profesores tan preparados como los proponentes de la exención de impuestos.

1973-11-08-EL EXCESO DE DINERO CAUSA AUMENTO EN LOS PRECIOS

EL EXCESO DE DINERO CAUSA AUMENTO EN LOS PRECIOS

La Nación, 08 de noviembre de 1973.

Fue escrito en conjunto con el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. El periodista Bosco Valverde realizó la edición de este artículo.

̶ Gobierno principal culpable de la inflación
̶ Doctores Miguel Ángel Rodríguez y Jorge Corrales, demuestran que la inflación no es importada
Por Bosco Valverde.

El problema de la inflación en nuestro país es uno de los más graves que se viven en la actualidad, especialmente por parte del consumidor que depende de un salario, como es el caso de la mayoría de costarricenses.

El significado del término “inflación” no es otra cosa que un alza sostenida en el nivel general de precios. O sea, que el valor de las cosas ̶ de todos los artículos ̶ sube hoy sí y mañana también, hasta alcanzar niveles impredecibles.

Pero, ¿es importada la inflación? He aquí la gran interrogante. Mientras algunos economistas afectos al Gobierno aseguran que ella nos llega de afuera, otros entendidos en la materia sostienen la tesis de que su mayoría es generada localmente. Pero estos últimos aún no habían dado una prueba fehaciente de su afirmación.

PRESIONES INFLACIONARIAS

Un estudio realizado por los doctores en economía Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Jorge Corrales Quesada, no deja lugar a dudas de que la inflación es producto local, en su mayor parte. El contenido de su análisis es la primera evidencia de esta afirmación.

Aseguran los doctores Rodríguez y Corrales que “las presiones inflacionarias en Costa Rica parece que se han generado en dos fuentes fundamentales: el exceso de gasto público sobre la recaudación de impuestos por parte del gobierno y en el aumento artificial del circulante de dinero”.

DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO

Explican en su estudio que “el déficit del sector público se define como el total de gastos del Gobierno, menos el total de ingresos corrientes, y que la oferta de dinero o medio circulante comprende el numerario en poder del público (o sea, la plata de que dispone la gente) y los depósitos en cuenta corriente”. “Ambos factores ̶ añaden los citados economistas ̶ originan el proceso inflacionario, tal como lo establece la teoría económica”.

LA MONETIZACIÓN

“Se ha argumentado ̶ dicen los doctores Rodríguez y Corrales ̶ que debido a factores externos a la economía costarricense, el aumento de la oferta de dinero o masa monetaria se explica en su mayor parte por la necesidad de crear dinero para la adquisición de divisas”. Y explican a renglón seguido: “En efecto, el aumento de la masa monetaria se explica tanto por el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, como por la monetización crediticia; o sea, el financiamiento por expansión del crédito bancario. La monetización crediticia, a su vez, se divide en monetización crediticia externa, que resulta de la conversión en moneda nacional de fondos obtenidos en préstamos en el exterior por sectores no bancarios de la economía y en monetización crediticia interna, que resulta de los préstamos que los sectores no bancarios de la economía obtienen del sistema bancario nacional.”
¿QUÉ ES MASA MONETARIA?

Masa monetaria no es otra cosa que la cantidad de dinero en poder del público consumidor. Esta puede crecer por diversos medios, pero en nuestro país, según lo muestran los autores del estudio que sirve de base para este reportaje, se origina en el aumento del crédito interno. Al haber más masa monetaria en poder del público, es decir, al tener medios disponibles para comprar todo tipo de cosas a precios prohibitivos, se está creando inflación, porque los precios automáticamente suben. Es uno de los defectos del exceso de circulante: pone al consumidor en capacidad de pagar lo que se le cobre y, ante la escasez de la producción, los precios serán lógicamente muy elevados.

AUMENTO DE LA CANTIDAD DE DINERO

El incremento de la citada masa monetaria ha sido extraordinario en los años que van de 1967 a 1972 y en especial en el período 71-72, como se puede ver en el cuadro que sirve de ilustración a estos comentarios.

CUADRO ESTADÍSTICO QUE DEMUESTRA EL AUMENTO
EN LA MASA MONETARIA
Detalle 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Aumento de la
masa monetaria 94.7 121.6 101.1 87.5 176.0 229.9
Déficit corriente de
la balanza de pagos -292.6 -237.7 -304.5 -441.7 -741.4 -609.8
Aumento en la monetización +387.3 +359.3 +405.5 +529.2 +917.4 +839.7
Aumento en la monetización
crediticia externa +455.3 +304.8 +415.8 +363.3 +871.9 +636.0
Aumento en la monetización
crediticia interna -68.0 +54.5 -10.3 +165.9 +45.5 203.7
Fuente: Banco Central de Costa Rica. Cifras en millones de colones.

En el año 1967 la masa monetaria era de ¢94.7 millones y en 1972 está situada en ¢229.8 millones. O sea, ha habido un incremento de ¢135.2 millones en término de seis años. Y si se toman para comparar los últimos años, 1970 al 72, se verá que la curva de crecimiento es mucho más pronunciada.
Entre tanto, el aumento del déficit corriente de la balanza de pagos, ha ido de ¢292.6 en 1972 a ¢609.8 en 1972 y la monetización ha registrado un aumento de ¢387.3 millones a ¢839.7 millones en el periodo objeto de estudio, según se puede apreciar en el cuadro adjunto.

PRESIÓN SOBRE LOS PRECIOS

Este precipitado incremento no hace sino ejercer presión sobre todos los precios, no sólo de los artículos no indispensables, sino también sobre los de consumo popular. La política seguida por el Sistema Bancario Nacional, de incrementar excesivamente el crédito es ̶ a juicio de los autores del estudio ̶ uno de los factores fundamentales del exceso de masa monetaria.

Esto por cuanto, según se verá en una próxima entrega, dicho exceso tiene orígenes internos en su mayor parte y externos en una mínima proporción.

1973-11-09-NO SÓLO CON CRÉDITO SE ESTIMULA LA PRODUCCIÓN

NO SÓLO CON CRÉDITO SE ESTIMULA LA PRODUCCIÓN

La Nación, 09 de noviembre de 1973. Fue escrito en conjunto con el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría. El periodista Bosco Valverde realizó la edición de este segundo artículo de la serie.

̶ Muchas veces es perjudicial para la economía del país.
̶ Uso excesivo de los préstamos por parte del Gobierno Central.
Por Bosco Valverde.

La inflación en Costa Rica motivada por el aumento excesivo en la masa monetaria (el dinero en poder del público) se debe a factores internos, según demuestran los doctores Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Jorge Corrales Quesada, en su estudio sobre el problema de la inflación en nuestro país.
El gráfico que ilustra este reportaje, presenta claramente, tanto en números absolutos como porcentuales, el fuerte predominio de la monetización por causas locales, ante la originada por causas externas. Mientras las causas locales ̶ en 1972 ̶ eran de 88.6 por ciento, las causas externas apenas llegaban a 11.4 por ciento.

ORIGEN DEL AUMENTO DE LA MASA MONETARIA
(Cifras absolutas en millones de ¢)
Detalle 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Aumento de la masa
monetaria 94.7 121.6 101.0 87.5 176.0 229.9
Causas internas de la
monetización -68.0 54.5 -10.3 165.9 45.5 203.7
Causas externas de la
monetización 162.4 67.1 111.3 -78.7 130.5 26.2
% de la monetización por
causas internas -71,8% 44.8% -10.2 189.6% 25.8% 88.6%
% de la monetización por
causas externas 171.8% 55.2% 110.2% -89.6% 74.2% 11.4%
Fuente: Cuadro del primer comentario de esta serie

Del cuadro se desprende que en los años 1968, 1970, 1971 y 1972 el factor interno contribuyó al aumento de la masa monetaria. Más importante todavía es que en el año 1970 el factor interno explica en más de un cien por ciento el aumento de la masa monetaria, en tanto que para 1968 dicha proporción es de 44.8 por ciento; en 1971 alcanzó 25,8 por ciento y para 1972 de nuevo asciende a la cifra elevada de un 88.6 por ciento.

ENTREDICHO

En una parte de su estudio, los doctores Rodríguez Echeverría y Corrales Quesada dicen: “Por lo tanto, el argumento de que la inflación es importada; es decir, que el aumento sostenido en el nivel general de precios tiene un origen externo, queda en entredicho puesto que el aumento en la cantidad de dinero es una de las vías por la cual se origina la inflación en Costa Rica. Podemos afirmar, por tanto, que en 1970 y 1972 el aumento de la masa monetaria debido a la expansión del crédito interno es la principal fuerza explicativa de los aumentos en los precios y que en 1971 refleja una cuarta parte del aumento de la oferta de dinero. De esta forma, la inflación costarricense en los últimos tres años no parece tener origen externo, sino interno”.

PROCESO CONTINÚA

Para demostrar que el proceso inflacionario continuará si las causas se mantienen, los autores del estudio transcriben consideraciones contenidas en un informe de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano, titulado “Análisis de los problemas de política monetaria de los países centroamericanos en el año 1973”, el cual señala que, para este año, “Costa Rica registrará otra vez el nivel más alto de exceso de demanda en la región” y “en comparación con 1972, este exceso de demanda tenderá a traducirse en mayores aumentos de los precios en Costa Rica, mientras que en los otros cuatro países del istmo, se reflejará más bien en importaciones excesivas”.

Concluyen afirmando a este reportero los doctores Rodríguez y Corrales: “Nuestros resultados comprueban la afirmación del Consejo en que ‘en el caso de Costa Rica… hay un estrecho paralelismo entre la creación monetaria y la expansión del crédito interno’”. “Es decir ̶ añaden ̶ han sido las políticas proseguidas por el Estado las que, en los últimos tres años, han ejercido presiones inflacionarias en la economía costarricense”.

EL CRÉDITO

De la tesis esbozada por los doctores Miguel A. Rodríguez y Jorge Corrales, se desprende que la apertura de las llaves del crédito, por parte del Sistema Bancario Nacional, ha sido uno de los factores fundamentales para que todo esté tan caro, como constantemente lo dicen las amas de casa al poner el grito en el cielo por la constante elevación de precios.

Cuando en 1970 el Banco Central anunció el incremento del crédito dijo que se deseaba estimular al productor. Pero el camino se equivocó porque, si bien es cierto que es conveniente darle medios financieros a la producción, es un hecho también que estos deben ser adecuadamente controlados, para que el crédito no tome un rumbo torcido.

Además, la tesis de los economistas es en el sentido de que los precios deben servir como indicador, para determinar en qué áreas se debe estimular la producción. Y a este respecto, el Dr. Corrales nos decía, al momento de hacernos entrega del informe que hemos venido debatiendo, que “en Costa Rica en realidad no hay estímulo para el productor”. Nos puso como ejemplo, el hecho de que “en nuestro país una tierra ociosa paga menos tributos que un terreno sembrado porque se obliga a este último a pagar impuestos sobre lo que produce”.

ESTÍMULO

De lo anterior se desprende que la tesis del Sistema Bancario, al defender su política de “manos sueltas” en el crédito, no es muy valedera, porque no es solamente así como se estimula la producción: hay otros métodos que a la larga vienen a resultar más justos y equitativos.
En este momento, por ejemplo, si el Estado o el Sistema Bancario o a quien corresponda, desean evitar que la inflación continúe, deben proceder a estimular la producción de ciertos artículos, como la carne, por ejemplo, cuyo costo se ha encarecido en forma alarmante.

DÉFICIT DEL GOBIERNO CENTRAL

Los doctores Rodríguez y Corrales se fundamentan en un estudio del Lic. Róger Churnside, en su tesis “Análisis de las rentas del Gobierno Central de Costa Rica”, para afirmar que “en términos porcentuales, el crecimiento del déficit es, aproximadamente, un 430 por ciento más alto en el período 1970-72 en comparación con el período 1967-68”. Además ̶ dicen ̶ debe señalarse que en el período 1970-72 los ingresos aumentaron porcentualmente más que en el período 1967-68. Sin embargo, el crecimiento porcentual mayor de los gastos corrientes durante el período 1970-72, en comparación con el inmediatamente anterior, explica el grave problema de la irresponsabilidad fiscal en los últimos tres años”.

CONCLUSIONES

Los autores deducen que “no podemos atribuir a presiones inflacionarias importadas el aumento relativamente reciente en el nivel general de precios sufrida en nuestro país. Al contrario ̶ advierten ̶ en los últimos tres años, y en especial en 1970 y 1972, las presiones inflacionarias muestran principalmente un origen interno debido a la exagerada expansión del crédito interno por parte del Sistema Bancario Nacional.

POLÍTICA FISCAL

“Además ̶ señalan ̶ es descorazonadora la política fiscal seguida por el Estado en los últimos tres años, en los cuales el gasto excede desproporcionadamente a los ingresos, coadyuvando a mayores presiones sobre los precios”.
Y destacan en seguida que un porcentaje mayor del crédito total ha sido destinado a financiar al gobierno central. En efecto, dicho porcentaje ̶ según se aprecia en el gráfico ̶ ha pasado de -39.1 por ciento en 1979 a 28.3 por ciento en 1972.

CRÉDITO TOTAL Y AL GOBIERNO CENTRAL
(Cifras absoluta en millones de colones)
Detalle 1967 1968 1969 1970 1971 1972
Crédito Total 104.3 81.2 38.3 166.3 547.6 328.1
Crédito al
Sector Público 54.2 35.5 0.1 -65.1 58.3 92.8
Porcentaje 52.0% 43.7% 0.2% -39.1% 10.6% 28.3%

RESTRINGIR EL CRÉDITO

De este cuadro se desprende que, con excepción de los años 1968 y 1970, el aumento del crédito interno se ha dirigido a financiar, en gran parte, las demandas de préstamos por parte del Estado. “Cuando lo deseable ̶ concluyen los doctores Rodríguez y Corrales ̶ por lo menos en los años finales del período analizado, en el que las presiones inflacionarias han arreciado, es restringir el crédito y, por lo menos, atenerse a la política discrecionaria del estado moderno, exigida en situaciones de presión de alza general de los precios”.

PAPEL PREPONDERANTE

Finalizan afirmando, con base en los argumentos técnicos señalados, que “la política fiscal y monetaria de los últimos tres años tiene un papel preponderante en las causas de la inflación en Costa Rica”. Y agregan que “no existen políticas conducentes a controlar la inflación, sino que, al contario, más bien han contribuido a generar la inflación”.

1973-11-14-SUPERÁVIT EN VEZ DE DÉFICIT

SUPERÁVIT EN VEZ DE DÉFICIT

La Nación, 14 de noviembre de 1973.

Los doctores Miguel Ángel Rodríguez y Jorge Corrales nos señalaron que en el artículo titulado “Exceso de dinero causa de aumento en los precios”, publicado el 8 de noviembre en curso en la sección “B” de este periódico, debe hacerse una corrección, ya que se usó la palabra “déficit”, cuando en realidad debió decirse “superávit”.

En realidad, en la columna número tres de dicho artículo se lee: “En efecto, el aumento de la masa monetaria se explica tanto por el déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, como por la monetización crediticia.”

Dicho párrafo debe leerse como sigue: “En efecto, el aumento de la masa monetaria se explica tanto por el superávit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, como por la monetización crediticia.”

Señalan, a su vez, los doctores Rodríguez y Corrales, que esta corrección no invalida ni afecta en nada a las consideraciones y conclusiones por ellos esbozadas en su estudio.

1973-11-22-QUISIMOS SEPARAR INFLACIÓN DOMÉSTICA DE IMPORTADA

QUISIMOS SEPARAR INFLACIÓN DOMÉSTICA DE IMPORTADA

La Nación, 22 de noviembre de 1973.

Fue escrito en conjunto con el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Los doctores Miguel A. Rodríguez Echeverría y Jorge Corrales Quesada, contrarreplican declaraciones de la Oficina de Planificación, con las que se trató de desvirtuar afirmaciones anteriores.

El siguiente es el comentario que formulan al respecto:
El pasado 165 de noviembre, la Oficina de Planificación efectuó varias observaciones sobre un estudio que realizaron los suscritos. Por la importancia de los comentarios de OFIPLAN, consideramos indispensable responder a dichas afirmaciones, con el fin de dilucidar las implicaciones de los resultados que obtuviéramos acerca del proceso inflacionario en Costa Rica.

En primer lugar, la Oficina de Planificación afirma que el estudio no demuestra que el incremento en la cantidad de dinero sea el factor preponderante en el aumento de los precios. Por lo tanto, consideramos indispensable explicar cómo y por qué el aumento en la cantidad de dinero en exceso de las necesidades derivadas de la producción, origina un aumento de los precios.

El dinero, tiene, entre otras funciones, el servir como medio por el cual se intercambian entre las personas las mercancías y los servicios. La utilidad del dinero está dada por lo que se pueda adquirir, tanto en el presente como en el futuro. En un momento dado existe una cantidad de dinero en la economía que se utiliza en la compra y venta de las mercancías y servicios producidos en la economía. Cuando se aumenta la cantidad de dinero en una cantidad mayor que la que aumenta la cantidad producida de bienes y servicios, entonces, los precios aumentan, de manera tal que ese excedente de dinero es absorbido en mayores costos de adquisición de los productos.

En síntesis, la expansión de la cantidad de dinero es absorbida por mayores precios con el consiguiente abaratamiento de la moneda. Si la cantidad de dinero crece más rápidamente, respecto al ingreso, que la cantidad que la gente desea mantener de dinero, ésta deseará gastar ese exceso, elevándose los precios. El crecimiento de la producción en el largo plazo es independiente de los cambios en la cantidad de dinero; el crecimiento es determinado por factores básicos de crecimiento, tales como una capacidad productiva creciente, el crecimiento de la población, mejoras tecnológicas y recursos naturales, incluyendo humanos.

Dadas las consideraciones anteriores, queda en entredicho la habilidad de utilizar la expansión de la cantidad de dinero para aumentar la producción y, más bien, a lo que conduce es a un aumento en el nivel general de los precios, tal como ha sucedido recientemente en Costa Rica.

Lo que la Oficina de Planificación pretende ignorar es el hecho elemental de que el individuo, al tener un exceso de medios de pago, acude a cambiar ese dinero por artículos y servicios, lo cual es conducente a la elevación de sus precios.

El segundo argumento que la Oficina de Planificación esgrime contra nuestro estudio se basa en que “existen factores más importantes que explican el aumento en los precios… En efecto, su reciente aumento es un fenómeno universal”. Realmente no entendemos el discurrir de la lógica de los autores del trabajo de OFIPLAN. Nuestro estudio señala que los factores internos, en el período 70-72 y con énfasis especial en los años 1970 y 1972, son los causantes principales del aumento de la masa monetaria, la cual afecta el nivel general de precios. Es como demostrarle a OFIPLAN que dos más dos son cuatro y que, luego, la OFIPLAN diga que no, que son cinco, sin explicar por qué no son cuatro. Parece un acto de fe de la Oficina de Planificación el señalar que no son razones internas las principales fuerzas causales del proceso inflacionario en Costa Rica.

Se nos tienta a señalar que lo que se busca es echar la culpa a los extranjeros para encubrir las incapacidades de nuestras autoridades monetarias y fiscales en controlar la inflación nacional. Culpar a otros es una manera fácil de eludir la responsabilidad en el problema de la inflación, cosa muy conveniente, en especial, cuando los conceptos de “externo” o “fenómeno universal” son tan difíciles de particularizar, de manera tal que se les pueda señalar como responsables de los problemas inflacionarios de Costa Rica, sin temor a la réplica o comprobación de error por parte de estos entes anónimos.

Baste señalar lo dicho en un informe del Banco Central en su Boletín Estadístico Mensual de agosto de 1973, para brindar más luz sobre la naturaleza del problema: “Al analizar el índice de precios al por mayor según la procedencia de los artículos, se observa un cambio en su estructura. Ciertamente, los artículos de origen extranjero contribuyeron con un 28.9 por ciento y los nacionales con un 71.1 por ciento, cifras que contratan con la de un año antes, cuando fueron de 18.3 por ciento y 81.7 por ciento, en el mismo orden. En la consecución del cambio general fueron los bienes importados los más dinámicos, aunque en definitiva el ascenso estuvo determinado primordialmente por los bienes de origen nacional”. (P. 8; el énfasis es nuestro).

Según proyecciones basadas en el comportamiento del índice general de precios al por mayor en los últimos nueve meses, éste ascenderá en 1973 a una tasa de crecimiento de 23.5 por ciento anual, lo que indica, una vez más, la gravedad del problema, el cual exige una acción decidida para obtener un equilibrio en los precios.

Pero, al contrario, según las últimas cifras de expansión de la cantidad de dinero, provenientes del Banco Central, estimamos que el proceso inflacionario continuará en el futuro con mayor intensidad.

La Oficina de Planificación, en una tercera afirmación acerca de nuestro trabajo, señala que la política redistributiva del Estado es un factor causal de la inflación. Realmente no existen datos que muestran que, efectivamente, hayan existido políticas redistributivas del ingreso en los últimos años.
En efecto, el estudio más reciente y único realizado en forma directa de la distribución del ingreso en Costa Rica es el efectuado por el Prof. Víctor Hugo Céspedes, con información de 1971 y el cual no se puede comparar con ningún otro estudio de distribución del ingreso, puesto que no existe algún otro trabajo comparable. Por lo tanto, hablar de redistribución del ingreso por parte de la acción pública, es hablar sin base empírica.

Nosotros tendemos a creer que, al contrario de lo que dice OFIPLAN, sí ha existido una redistribución del ingreso, pero de los grupos de ingresos fijos, tales como pensionados, trabajadores asalariados, receptores de rentas fijas, ahorrantes, tenedores de bonos, hacia aquellos que pueden, en forma relativa, ajustar más fácilmente los ingresos ante presiones inflacionarias.

Dadas las consideraciones que hemos señalado, queremos, una vez más, indicar que el objeto de nuestro estudio fue el de determinar los cambios en el nivel general de precios separando la inflación importada de la doméstica. Aún estamos en espera de un análisis serio que demuestre el error de nuestro estudio.”

1973-12-08-IMPORTANTE PAPEL DEL DINERO EN LA ECONOMÍA

IMPORTANTE PAPEL DEL DINERO EN LA ECONOMÍA

La Nación, 08 de diciembre de 1973.

Fue escrito en conjunto con el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

“Mucho nos extraña la simpleza con la cual el Dr. Fernando Naranjo analiza la teoría cuantitativa del dinero”, dicen los doctores Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Jorge Corrales Quesada, en un artículo por medio del cual contestan apreciaciones del Dr. Naranjo.

Las manifestaciones del señor Naranjo se produjeron a raíz de dos reportajes que publicó La Nación, basados en un estudio de los doctores Rodríguez y Corrales, en el cual sustentaban la tesis de que la excesiva circulación de dinero es la principal causa en el aumento del costo de la vida.

Naranjo refutó la teoría citada. La contrarréplica de los autores del estudio no se produce sino hasta ahora en vista de que uno de ellos, don Miguel Ángel Rodríguez, se encontraba fuera del país.
Por ser un poco largo el artículo que nos enviaron, lo publicaremos en tres partes, de las cuales ofrecemos hoy la primera:

“El pasado 21 de noviembre el Dr. Fernando Naranjo V. remitió al periódico La Nación una serie de opiniones y aclaraciones sobre un trabajo efectuado por nosotros. Con el fin de responder a sus afirmaciones, procedemos al análisis de los puntos a que hizo mención el señor Naranjo.

1.- El critica nuestra afirmación de que el déficit del sector público y la emisión de dinero originan el proceso inflacionario y menciona que tan sólo un grupo reducido de economistas extremadamente conservadores, que pertenecen a la escuela de Chicago, siguen defendiendo la validez de la teoría cuantitativa del dinero.

Nos extraña la simpleza con la cual el señor Naranjo analiza la teoría cuantitativa del dinero. Nos atribuye la creencia de que existe una relación una a una entre la cantidad de dinero y el nivel general de precios. La situación es más compleja. Los entendidos en moneda no mantienen, tal como se lo atribuyen algunos post-keynesianos, que el dinero sea la única influencia sobre las magnitudes reales o nominales.

Cabe señalar al Dr. Naranjo la existencia de numerosos tratadistas, y no sólo de la Universidad de Chicago, que cada vez le dan un lugar más importante al papel del dinero en la economía. Es más, los mismo modelos econométricos de los Estados Unidos que siguen la tradición keynesiana, tales como el Wharton del Prof. L. Klein y el del MIT-FRB del Prof. F. Modigliani, han incorporado el efecto de los saldos monetarios reales y, el último de los mencionados, demuestra que, tal como lo afirman los entendidos en moneda, los cambios en la cantidad de dinero en el largo plazo, influyen en el nivel general de precios.

Pero no vayamos muy lejos, aún economistas nacionales, como el Dr. Naranjo, han afirmado que “en cuanto a la política monetaria, aunque sea un punto en el que ya se ha insistido mucho y sobre el que he comentado en otras oportunidades, es necesario que en los próximos años se siga una política cautelosa en materia del crédito bancario. De otra manera, si se continúa con un aumento rápido del crédito, necesariamente se ejerce una presión, muy fuerte sobe la balanza de pagos por medio del aumento de las importaciones”. (La Nación, 11 de noviembre de 1972) y “algunos economistas hemos venido insistiendo en que la desacertada política fiscal y monetaria que se ha venido siguiendo en los últimos años, unida a algunos factores estructurales de nuestra economía, conduciría irremediablemente a una aceleración del ritmo de crecimiento de los precios (La Nación, 12 de diciembre de 1972). Ambas son afirmaciones que muestran, aún para estructuralistas como el señor Naranjo, la importancia que tiene el dinero sobre la demanda agregada, el nivel de precios y la producción. Ese, Dr. Naranjo, es nuestro enfoque y si usted desea bautizarlo como un enfoque monetarista, a nosotros no nos preocupa el apelativo que se le quiera adscribir.

Un ejemplo del uso de modelos econométricos, utilizando un enfoque monetarista para un país subdesarrollado con una economía sumamente abierta, caso específico de México, es el presentado por un economista del Banco de México, el señor Gilberto Escobedo, en una investigación para el Banco de la Reserva Federal de San Luis, en la cual concluyó que “La cantidad de dinero, que posee un influencia grande y rápida (tres trimestres) sobre el gasto total, es una variable muy importante en la política monetaria de corto plazo. A niveles de empleo elevados el gasto incrementado se reflejará rápidamente en precios domésticos más altos y en importaciones incrementadas. (Revista del Banco de la Reserva Federal de San Luis, marzo de 1973, p. 19). De manera que, señor Naranjo ¿para qué seguir presentando pruebas de la importancia del dinero en la economía? Esto, creemos, es un hecho elemental que usted tiende a olvidar en su artículo reciente, aunque no en los que escribió el año pasado.

2.- No nos interesa probar a teoría cuantitativa del dinero. Lo que no comprendemos son las afirmaciones del Dr. Naranjo acerca de que “es una teoría muy superada por desarrollos recientes de la teoría monetaria”. Nos parece que ignora el estado actual de la evolución de la teoría monetaria.

Señalamos previamente las tendencias en los modelos econométricos de los Estados Unidos, de origen keynesiano, de incorporar variables monetarias. Pero, para no ser injustos con el señor Naranjo, nadie defiende la teoría cuantitativa cruda de Hume, que sí está superada por la evolución de la teoría monetaria. Lo que sí tiene importancia es destacar que la teoría cuantitativa moderna, tal como está expresada en los trabajos de Milton Friedman, Philip Cagan, Anna J.

Schwartz. William F. Gibson, Karl Brunner, Thomas Mayer, etc., goza cada vez más de la respetabilidad científica del mundo académico. Pero es más, dentro del análisis keynesiano la moderna teoría de la demanda monetaria como un problema de “selección de cartera” (Baumol o Tobin), no lleva a resultados distintos en cuanto a las variables que determinan esa función. Se puede probar que un enfoque de la demanda de dinero, siguiendo la tradición keynesiana, conduce a resultados similares en cuanto a la forma general de la función a los obtenidos en un enfoque moderno cuantitativo, que considera al dinero como un activo o bien de capital y explica la demanda en función de los servicios que presta. Ver Miguel Ángel Rodríguez, “Individual Supply of Funds and Demand for Money”, Working Paper 189, Center for Research in Management Science, University of California, Berkeley, setiembre de 1966.

Dado que la oferta monetaria depende en buena medida de factores institucionales, el hecho de que se llegue con diversos enfoques a funciones de demanda monetaria similares, conlleva, al menos en este sector, una participación igual de los factores monetarios dentro de modelos teóricos. Es más, si esos modelos resultan de un proceso de agregación que no es arbitrario y se parte de un análisis de preferencias y de la teoría de la producción, esa participación de las variables monetarias es igual en los diferentes enfoques. Esto, por supuesto, no es cierto cuando el modelo resulta simplemente del capricho de juntar varias funciones.

1973-12-09-NUESTRO COLEGA NO ENTENDIÓ EL TRABAJO

NUESTRO COLEGA NO ENTENDIÓ EL TRABAJO

La Nación, 09 de diciembre de 1973.

Fue escrito en conjunto con el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Esta es la segunda parte de la respuesta que los doctores Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Jorge Corrales Quesada, dan a un comentario del Dr. Fernando Naranjo, hecho con base en un estudio en que estos afirmaban que el exceso de liquidez monetaria es la causa del alza en los precios.

“Es extraño leer a don Fernando Naranjo cuando afirma que la teoría cuantitativa “no tiene prácticamente ninguna aplicabilidad en los países subdesarrollados muy abiertos al comercio internacional”. Realmente este dicho desafía nuestra fe en que las afirmaciones del Sr. Naranjo se fundamentan en un conocimiento de lo que es la teoría cuantitativa. Para hacer un poquito de historia, debemos mencionarle que los economistas ingleses John Locke, John Law, Richard Cantillon, David Hume, David Ricardo y John Stuart Mill, quienes estudiaron los problemas derivado del papel del dinero en la economía, se referían en sus estudios a una nación sumamente abierta al comercio internacional, como lo era la Inglaterra de los siglos XVIII y XIX, por lo cual no comprendemos por qué el Sr. Naranjo enfatiza que la teoría cuantitativa es aplicable tan sólo a economías cerradas, ignorando de esta manera la historia de las doctrinas económicas.

3.- El Dr. Naranjo menciona que nosotros podemos constatar en cualquier libro introductorio de Economía, que, entre mayor sea el déficit corriente de la balanza comercial, mayor será la desmonetización. El Sr. Naranjo no leyó o no quiso leer o no vio La Nación del 14 de noviembre en la que los autores realizamos la corrección de la palabra déficit por superávit. Pero ahí afirmamos que “esta corrección no invalida ni afecta en nada a las consideraciones y conclusiones” de nuestro estudio. Es más, el Sr. Naranjo no vio o ignoró el cuadro publicado en nuestro artículo original, en el cual el déficit aparece con un signo negativo, lo cual, si menos por menos se convierte en más, consiste en un superávit para efectos de cálculo. Sr. Naranjo, no es apropiado de un profesor el querer vestir de ignorancia un simple y obvio error al escribir.

4.- El Dr. Naranjo dice que “es realmente increíble que dos economistas de sólido prestigio profesional ignoren en su análisis de la inflación costarricense el efecto del aumento de precios en los mercados mundiales…”

Para nosotros es aún más increíble que nuestro colega no entienda nuestro trabajo. Por supuesto que sí tomamos en cuenta el impacto de efectos externos a la economía costarricense. ¿No es tomar en cuenta un efecto externo el introducir el comportamiento de la cuenta corriente de la balanza de pagos y su influencia en el aumento de la cantidad de dinero? ¿No es un factor externo la variable que hemos llamado monetización crediticia externa, que es la conversión en colones de los fondos obtenidos en el extranjero por los sectores no bancarios de la economía?”

1973-12-10-DR. NARANJO DEJA LA ECONOMÍA Y SE METE A CLARIVIDENTE

DR. NARANJO DEJA LA ECONOMÍA Y SE METE A CLARIVIDENTE

La Nación, 10 de diciembre de 1973.

Fue escrito en conjunto con el Dr. Miguel Ángel Rodríguez Echeverría.

Publicamos hoy la tercera parte del trabajo de los doctores Miguel Ángel Rodríguez Echeverría y Jorge Corrales Quesada, con el que contestan apreciaciones del Dr. Fernando Naranjo, quien criticó un estudio en que ellos demostraban que el exceso de liquidez causa aumento en los precios.
“Por lo tanto, Sr. Naranjo, es evidente que Ud. no leyó cuidadosamente nuestro trabajo, si nos acusa de ignorar efectos externos sobre la inflación nacional. Para abarcar directamente la influencia de precios del exterior es de interés observar los de varias naciones, de las cuales obtenemos la mayor parte de nuestros productos industriales y materias primas importadas.

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR
(Porcentaje de aumento)
PAÍS 1971 1972 1973
Estados Unidos 4.2 3.5 5.1
Canadá 3.0 4.7 6.5
Japón 6.0 4.5 9.3
Francia 5.5 5.7 6.3
Gran Bretaña 9.0 7.1 9.0
Alemania 5.1 5.7 9.3
Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD), citado en Comercio Exterior, México, setiembre de 1972, p. 882.

Nadie en Costa Rica cree que los precios hayan ascendido en nuestro país a tasas promedias de 4 a 10% anual. Según nuestras estimaciones para el caso de Costa Rica, el alza en el índice general de precios al por mayor asciende en 1973 a un 23.5% anual. ¿No esperaría Ud. que el alza de los precios de Costa Rica sería semejante al de los países de los cuales se importa la mayor parte de los artículos? Sin embargo, nuestros precios crecen más rápidamente. ¿Por qué en nuestro caso ese multiplicador externo de la inflación sí opera?

El Consejo Monetario Centroamericano señala que para Centroamérica, en 1973, “el aumento en el nivel de precios atribuible a los referidos factores externos sería de sólo el 2.5 por ciento. A nivel de países… el incremento neto en 1973 puede estimarse así: 8.8 por ciento para Costa Rica…” y el Banco Central de Costa Rica en su informe de agosto de 1973 indica que “en la consecución del cambio general (en los precios) fueron los bienes importados los más dinámicos, aunque en definitiva el ascenso estuvo determinado primordialmente por los bienes de origen nacional”. Creemos que ya esta evidencia satura los deseos del lector de saber en dónde está el impacto principal que origina la inflación en Costa Rica.

Y ya que el Dr. Naranjo cita a los países centroamericanos, lo referimos al trabajo de don Jorge González del Valle, del Consejo Monetario Centroamericano, titulado “Inflación y Desarrollo: Una Dualidad Imposible”, en el cual se menciona que “desde el punto de vita de los factores internos, me atrevo a asegurar que, con la posible excepción de Costa Rica, la presente situación inflacionaria de los países centroamericanos no ha sido generada por una excesiva expansión del crédito bancario”, (p, 17). Por lo tanto, el Sr. González del Valle está dando razón a nuestra opinión de que el crédito bancario, para el caso de Costa Rica, es el factor interno más importante de nuestra inflación.
En todo caso, para usar otra fuente externa a nuestro estudio, en un memorándum del 5 de octubre de 1973 del Banco Central de Costa Rica, la opinión de un destacado técnico del mismo sobre la inflación en Costa Rica, dice “puede concluirse, aunque con reservas, que no forzosamente el aceleramiento en el alza de los precios es, durante 1973, un fenómeno mundial, pues una tercera parte de las naciones para las cuales se tiene información, están experimentando este año incrementos de precios inferiores a los de 1972”. Y luego añade, “a partir de 1970, la causa fundamental, reforzada en 1971 por el aumento de las reservas, fue el incremento del crédito concedido por el Sistema Bancario Nacional (p. 8).
Entonces, ¿en qué quedamos, Sr. Naranjo? ¿Por qué nos atribuye cosas que no afirmamos? ¿Qué hay de diferencia cuando afirmamos que en 1970 y 1972 el aumento de la masa monetaria debido a la expansión del crédito interno es la principal fuerza explicativa del aumento en los precios?
5.- En nuestro estudio no utilizamos datos para 1973 puesto que no tenemos información de la balanza de pagos en cuenta corriente para este año. Pero ya don Fernando nos ha hecho el favor de presentarnos una tabla que muestra las fuentes del cambio en el medio circulante en 1973. Perfectamente puede deberse este cambio a la recuperación de las reservas monetarias internacionales. Sin embargo, debemos señalar, en primer lugar, que eso no invalida a la teoría cuantitativa del dinero, lo cual nos muestra, una vez más, que el Dr. Naranjo tiene un concepto totalmente equivocado, producto, tal vez, del desconocimiento de lo que es la teoría cuantitativa. Ud. bien sabe, Dr. Naranjo, que la hiperinflación española del siglo XVI es uno de los ejemplos más popularmente empleados por los economistas cuantitativos para explicar el alza de los precios y Ud. muy bien sabe que eso se debió al fuerte ingreso de metales preciosos provenientes de las Indias, y eso, Sr. Naranjo, es un factor externo a la economía europea, lo cual lo explica la teoría cuantitativa.
Segundo, lo importante es que, para 1973, según el memorándum de un técnico del Banco Central antes citado, “en el programa monetario crediticio para 1973 se señaló un aumento del 9.9 por ciento (del medio circulante)” y “esta tasa de crecimiento… va a ser ampliamente superada por los resultados al final el presente año” en una cifra “superior en ¢40 millones a la fijada como meta en diciembre”. Eso, Sr. Naranjo, es lo importante, y nada vale el que Ud. busque cubrirlo con una terminología despectiva acerca de la teoría cuantitativa del dinero. El aumento del circulante por causas externas obligaría a una política interna más cuidadosa de creación de liquidez.

6.- Aquí el Dr. Naranjo deja la Economía y se mete a clarividente, al afirmar que nuestro trabajo busca un fin político. Por razones profesionales deseamos dejar este aspecto de lado, recordando que fue él quien el 12 de diciembre de 1972 se quejaba del problema general de los precios y es él quien hoy se calla para decir muy orondamente, en tan sólo dos páginas escritas a doble espacio, que el tema no puede tratarse en 8 páginas escritas a máquina a doble espacio. Lo único político de nuestro artículo es la reacción que ha provocado en personas de conocida filiación, quienes en lugar de analizar y probar que la inflación tiene origen externo preponderantemente, como lo manifiestan, se dedican a hacer afirmaciones en el aire y no atinentes al punto que creemos haber demostrado, de que en 1970 y 1972 los factores principales de aumento de la liquidez se originaron en elementes internos y no en causas importadas.”

1973-12-22-INTERPELA A LOS ECONOMISTAS

INTERPELA A LOS ECONOMISTAS

La Nación, 22 de diciembre de 1973.

El Director recibió esta carta:

Solicito que se me permita expresar las siguientes opiniones:

El miércoles 19 de diciembre de 1973, el periódico La Nación señaló, en su primera página, que los economistas señores Jaime Solera, Raúl Hess, Fernando Naranjo y Miguel A. Rodríguez “todos coinciden en que el tipo de cambio que se establezca (con la unificación cambiaria) debe ser superior a ¢8”. La información mencionada aclara, en las páginas interiores del periódico, que el Dr. Rodríguez señala “que el tipo de cambio debe ser el que llegue a determinar el mercado mediante la libre fluctuación del dólar”. De lo anterior se deduce que la recomendación del Dr. Rodríguez no implica necesariamente un tipo de cambio superior a ¢8 por dólar, tal como se menciona en la primera página del periódico, sino aquél determinado por las fluctuaciones de la oferta y demanda de dólares.

Aclarado lo anterior, quisiera preguntar a los economistas lo siguiente: Al Lic. Jaime Solera, ¿por qué y basado en qué criterio determinó él que el tipo de cambio fuera de ¢8,50 por dólar? Al Lic. Raúl Hess: ¿con qué razón determinó, según lo expresa el artículo de La Nación, que el tipo de cambio fuera superior a ¢8 por dólar? y, al Dr. Fernando Naranjo, ¿por qué el tipo de cambio deberá unificarse entre ¢8,20 y ¢8,60 por dólar? Las anteriores preguntas las formulo porque aún no he podido obtener una explicación de por qué se han determinado esos números mágicos del tipo de cambio del colón por el dólar.
Jorge Corrales Quesada

1974-03-01-UNIFICACIÓN CAMBIARIA E INFLACIÓN

UNIFICACIÓN CAMBIARIA E INFLACIÓN

La Nación, 01 de marzo de 1974. Columna de la ANFE.

El miércoles, tal como lo anunciamos, el doctor Jorge Corrales hizo una exposición de la unificación cambiaria y la inflación en Costa Rica, en la primera reunión de una serie que hemos programado para exponer diferentes temas de interés actual. Las próximas serán dedicadas al proyecto de asignaciones familiares y al precio de los combustibles, Finalmente, este último tema era el que íbamos a tratar de primero, con el propósito de insistir en lo que dijimos en recientes declaraciones para la prensa, en el sentido de que el precio de la gasolina que se decretó en Costa Rica es excesivamente alto en relación, no sólo con precios de otros países en las mismas condiciones del nuestro, sino en relación con los costos de producción. Pero hemos preferido aplazar un poco este tema para dar tiempo a que el señor Ministro de Economía conteste la pregunta principal que hicimos: a qué se deben estas alzas desmedidas.

El doctor Corrales sostuvo en su exposición que es necesaria la reunificación cambiaria porque es una arbitrariedad que el gobierno fije distintos tipos de cambio. Pero ̶ dijo ̶ tan arbitrario como eso es fijar a priori el nuevo tipo de cambio.

Para llegar a la unificación de cambio real sólo hay una forma y es dejar que sea el mercado el que determine ese cambio.
La receta que nos aplicaron de los cambios múltiples y de otras fórmulas de política monetaria, ha sido un experimento que hemos tenido que pagar a un costo muy elevado. Ese costo se llama inflación.

“La política de incrementar el almacenamiento de dólares en las arcas del Banco Central ha sido uno de los factores más importantes en la generación del proceso inflacionario de la economía costarricense, porque permitió una creación de dinero mayor que la que existiría alternativamente puesto que, con un tipo de cambio mayor que ¢6.65, se aumentó la liquidez por cada dólar que compraba el Banco Central. Esto causa, por ende, un aumento general de precios”. Esto ̶ dijo el doctor Corrales ̶ lo demostré muy claramente en conjunto con el doctor Miguel Ángel Rodríguez en varios artículos publicados en La Nación a fines de 1973.

El actual gobierno devaluó parcial e innecesariamente el colón a la vez que impuso medidas fiscales y monetarias que también contribuyeron a crear inflación. Esto provocó un aumento de las presiones internas que, de otra manera, se podrían haber canalizado, por lo menos en parte, hacia mercados externos.
A lo anterior hay que agregar el “costo” que se deriva del entrabamiento burocrático, el que unido al aumento del poder discrecional del gobierno puede engendrar corrupción y favoritismo.

Se refirió también a lo errado que es la acumulación de reservas. Pero esto lo dejamos para resumirlo mañana.

1974-03-02-EL ERROR DE LAS ALTAS RESERVAS DE DIVISAS

EL ERROR DE LAS ALTAS RESERVAS DE DIVISAS

La Nación, 02 de marzo de 1974. Columna de ANFE.

El Dr. Jorge Corrales insistió, en la exposición que hizo el miércoles en la reunión-almuerzo que organizamos como la primera de una serie de este tipo, en algo que hemos dicho aquí repetidamente.

En el error que significa el considerar que es conveniente que el Banco Central acumule grandes reservas de divisas.

Con base en ese error hay quienes se sienten muy satisfechos ̶ y esto incluye a algunos economistas ̶ de que en estos momentos haya más de 70 millones de dólares acumulados.

Es difícil explicarse cuál es el propósito de esta práctica.

La única explicación que tiene, como tantas veces lo hemos dicho aquí, es la mentalidad mercantilista que primó en Europa entre los siglos XV y XVIII, cuando se consideraba que la riqueza era por sí misma el oro y los metales preciosos. Hoy día no se acumula oro, pero se acumulan divisas extranjeras a manera de sustitución. Podría llamársele a esto neo-mercantilismo, pero la mentalidad que hay detrás de éste es la misma que hubo en esos siglos pasados en el viejo continente.

La consecuencia de esta práctica ̶ que no es sistema ni doctrina ̶ es la de abstenerse de comprar a los extranjeros más de lo que se les vende, con el fin de poder acumular las divisas. ¿Por qué? Porque en el fondo quienes así proceden, asimilan divisas a riqueza y creen que el acumular divisas evita el empobrecimiento. Típico mercantilismo; no hay otra explicación.

Pero la verdad es que esto es un error. De nada sirve acumular divisas e ir agradando una reserva.
Para las economías subdesarrolladas como la nuestra, este mantenimiento de reservas en las arcas de los bancos tiene un enorme costo, como lo explica muy bien el Dr. Corrales.

Cualquier propietario de un almacén ̶ dijo ̶ sabe que si mantiene un inventario guardado sin venderlo, sufre un costo muy elevado, que es el costo de tener dinero ocioso que no está cumpliendo misión alguna ni produce utilidades.
Cuando esto lo hace un empresario particular, es cosa suya ese costo. Pero, cuando eso se hace nacionalmente desde el Banco Central, el costo por el empantanamiento lo paga toda la población.

Y en ese proceso estamos. Hace unos pocos años se consideraba adecuada una reserva de veinte a treinta millones de dólares. Ahora la reserva es mayor de setenta millones y parece que no basta. Sería importante que las autoridades monetarias informaran hasta dónde piensan llevar dichas reservas.

1974-03-19-SE AUMENTARÁ LA DESOCUPACIÓN

SE AUMENTARÁ LA DESOCUPACIÓN

La Nación, 19 de marzo de 1974.

En general, es sumamente agradable escuchar palabras que apelan a los sentimientos de justicia, de equidad y de espíritu democrático del pueblo costarricense. Y eso fue lo que efectivamente hizo el señor Ministro de Trabajo, don Francisco Morales, en su charla en la televisión el día jueves 14 de marzo, en la cual realizó una explicación acerca de lo que consiste el llamado Plan de Asignación Familiar.

Sin embargo, en una alocución que apelaba a la nobleza del costarricense, ostentosamente se ocultó o dejó de tratar una serie de implicaciones del Plan de Asignación Familiar.

El salario es el pago que recibe el trabajador por la venta de los servicios del trabajo. Por lo tanto, está íntimamente ligado a su productividad. A mayor productividad del trabajo, mayor salario real que recibe el trabajador.

El Plan de Asignación Familiar consiste en un suplemento al salario del trabajador, aparte del pago de su trabajo, por lo cual se va a romper la relación que existe entre la productividad del trabajo y el salario que se paga por ésta.

DESOCUPACIÓN

Lo que el Sr. Ministro ignora o quiso ignorar es que, si se aumenta el costo del trabajo, sin que se aumente su productividad, el empresario disminuirá la cantidad empleada de trabajo. Es decir, desocupará gente, pues ahora le rinde lo mismo pero le cuesta más. Para mí es un error básico del Plan de Asignación Familiar que se financie con un impuesto a los salarios, puesto que ahora el empresario encontrará que la maquinaria es más conveniente de utilizar, dado que es ahora relativamente más barata. Por otra parte, el trabajo más caro hay que economizarlo, desocupando trabajadores.
Lo que más lástima me da es ver organizaciones, tales como el Comité Unitario Sindical, quienes se suponen que defienden al trabajador, apoyar el Plan de Asignación Familiar que lo que va a causar es el desempleo de sus defendidos. Presumo que el Comité Unitario Sindical no se ha asesorado bien en cuanto a la defensa que debiera de ejercer de sus agremiados. Con los resultados sobre el desempleo del Plan de Asignación Familiar es muy posible que se cumpla el deseo de ver ejércitos de desocupados que formarían las bases de la revolución de los proletarios que predicara Carlos Marx. No sería de extrañar, siguiendo una lógica irreductible de ayudar a contribuir a la pronta caída del sistema de propiedad privada, que en el futuro líderes de corte marxista dieran el apoyo al plan de Asignación Familiar.

POCO EMPLEO

Lo que don Francisco Morales no dijo o no quiso decir es que el famoso plan va a contribuir a formar grupos de desocupados y que juzgue la moral de cada uno de sus proponentes si eso es lo deseable que suceda en nuestra nación.

Lo anterior es excesivamente delicado, en especial cuando es bien conocido que las tasas de crecimiento de la población de Costa Rica fueron excesivamente elevadas durante la década de los cincuentas y que esas masas juveniles constituyen un incremento impostergable de la fuerza de trabajo de la década de los setentas. Lo increíble es que, tras de que aumenta la oferta de trabajo en proporciones peligrosas, se disminuye la cantidad demanda de trabajadores por medio de impuestos a las planillas, como sucede con el Plan de Asignación Familiar, lo cual ocasiona niveles de empleo aún más bajos. La incompatibilidad es evidente cuando se lee en el Plan Nacional de Desarrollo que “la fuerza de trabajo crecerá a más de un 3.5 por ciento anual durante los próximos diez años… la continuación de la política social seguida hasta ahora, repercutirá en el encarecimiento relativo de la mano de obra, lo que creará condiciones que propiciarán su creciente sustitución por capital. Ello podría crear dificultades adicionales con el empleo en ciertos sectores, acentuando el problema de la brecha social…” (Plan Nacional de Desarrollo: Diagnóstico, p. 85).

PRECIOS

Lo que el señor Ministro no dijo o no quiso decir, es que el Plan de Asignación Familiar va a crear presiones inflacionarias sobre la economía. No es, tal como dijera en un programa de televisión, que hay “ciertas” presiones sobre los precios. Al contrario, existe una inflación sumamente grave en el país. Observe los índices de precios al por mayor, al por menor, los índices de costos de la construcción; ponga atención a las quejas de los constructores y de las amas de casa y no diga que son tan sólo “ciertas presiones inflacionarias”. De muchas fuentes, estimaciones de colegas basadas en datos fragmentarios, porque ya ni información existe ̶ y cuando hay la niegan ̶ se saca la conclusión de que la inflación ha estado entre un 25 por ciento y un 30 por ciento en los últimos meses.

¿Está usted, señor Ministro, dispuesto a asumir la responsabilidad de que con la Asignación Familiar se vayan a aumentar los costos de producción, los cuales van a significar mayores precios; o sea, inflación? A veces creo que se está perdiendo el sentido común y que aspiraciones falsamente justicieras se están traduciendo en una serie de errores que van a lanzar a la economía por la borda. La responsabilidad del gobernante hacia los gobernados es sumamente seria y ella exige estudios serios, de profesionales conocedores de las implicaciones económicas de esquemas tributarios y de mercados laborales quienes, en este caso específico de las Asignaciones Familiares, están ausentes. Se ha ignorado el estudio del economista de la reputada institución Brookings, John A. Brittan sobre el impacto de los impuestos al trabajo en el sistema de seguridad social de los Estados Unidos; se han dejado de lado los estudios del economista alemán Horst Claus Rechtenwald sobre la incidencia del impuesto sobre las planillas; se han lanzado al olvido los estudios de otros connotados economistas tributarios, los doctores Joseph A. Pechman, Henry J. Aaron y Michael K. Taussig. Todos los anteriores estudios señalan las características negativas de impuestos sobre los salarios. Pero, una vez más, la opinión del político, oh gloria excelsa, basta y sobra y el decreto se lanza como si las leyes pudieran sustituir la acción humana.

Lo que don Francisco Morales sí dijo, y equivocadamente, es que el empresario es “el que va a pagar la asignación.” No es así, serán los desocupados quienes liberarán recursos del fondo de salarios o serán los consumidores, a través de precios más altos que tendrán que pagar.

EMPRESAS

Lo que don Francisco Morales no dijo o no quiso decir es que se presenta una situación de precario a nuestras empresas frente a la competencia del mercado centroamericano y el resto del mundo. La poca visión de las Cámaras, que en diferentes formas veladas y abiertas se han manifestado a favor del impuesto a los salarios, es sorprendente. Si las empresas pueden trasladar ese aumento de costos en precios más altos que los consumidores estén dispuestos a pagar, bien, la situación no es crítica. En cuanto ese traslado de la carga de los costos no sea absorbido por el consumidor, entonces, señores de las Cámaras, las quiebras estarán a la orden del día, gracias a la poca visión actual. La economía es sumamente delicada para jugar de manera tal.

Lo que el señor Ministro no dijo o no quiso decir es que el patrono es partícipe de la obligación de brindar información fidedigna del número de hijos de sus obreros y en caso de que estos últimos “metan un gol”, el patrono será penado. O sea, el señor Ministro no señaló que los patronos tendrán que convertirse en guardas de la vida privada de sus trabajadores, para así estar en claro con la ley.

Lo que don Francisco Morales dijo a medias es que, por un lado, al ir creciendo los ingresos, las familias tienen menos hijos y que, por otra parte, se tiene cuidado en que no se estimule el crecimiento de la población. O una u otra: o el ingreso extra es un incentivo para tener más hijos o no es un estímulo para la procreación. Estudios del profesor Gary S. Becker han mostrado pruebas del carácter del juicio económico que explica parcialmente el número de hijos de una familia.

Lo que el señor Ministro no dijo y debería de haberlo dicho es por qué inicialmente el financiamiento del Plan de Asignaciones Familiares consistía de un impuesto del 5 por ciento de los salarios, luego era de un 7.5 por ciento, luego de un 10 por ciento y hoy día es de un15 por ciento, según el proyecto de ley presentado a la Asamblea Legislativa. Señaló en una conferencia el licenciado Alberto Di Mare que no conoce de país en donde la carga sobre los salarios para propósitos de la Asignación Familiar sea inferior al 21 por ciento de los salarios. ¿Hacia allá vamos?

¿Sabe el señor Ministro del estudio de la ODECA titulado “La Incidencia de las Cargas Sociales en la Industria Manufacturera de Centro América”, en el que se ve claramente la desproporción de las cargas en Costa Rica respecto a las de otras naciones del istmo? ¿No considera usted que otro aumento de ellas acentuaría el grave problema de los costos ya de por sí más elevados de nuestros productos, respecto a los de los otros países? Creo que, más bien, es que no quiere o no desea ver la situación real.

LA ADMINISTRACIÓN
Lo que el señor Ministro no dijo y sí debería de haberlo dicho, es cómo va a ser el organismo administrador de la Asignación Familiar. ¿Se imaginan ustedes las implicaciones administrativas de la atención de 200.000 familias que, según el señor ministro, recibirían la Asignación Familiar? ¿Cómo harán para enviar los 200.000 cheques mensuales? ¿Cuál será el costo administrativo de la fastuosa burocracia que se va a asociar con la Asignación Familiar? Lo que sí dijo don Francisco es que el gobierno central no va a pagar la Asignación. Ja, vaya, ahora si vemos algo del truquito.

Los trabajadores desocupados y los consumidores que tendrán que pagar mayores precios por sus productos van a subsidiar la estructura burocrática del Gobierno Central. Todo el sector privado, que incluye a empresarios, trabajadores, consumidores, va a contribuir a que el Gobierno Central continúe con su expansión burocrática. Todos pagan el pato, excepto el que organizó e invitó a la fiesta. Eso se llama “habilidad financiera”.

Lo que don Francisco no dijo y sí debería de haberlo dicho es que los grupos asalariados no son los que se encuentran al extremos inferior de la llamada brecha social. Al contrario, son los grupos independientes, formados por personas no asalariadas, las cuales carecen del “ingreso básico” que se busca brindar con la Asignación Familiar. Al contrario, con este proyecto se comete la grave injusticia de dar ingreso a grupos militantes asalariados, que no necesariamente necesitan esos ingresos si los comparamos con los verdaderos pobres de nuestro país, que son los desocupados y algunos grupos no asalariados. Sí hay datos de este aspecto, señor Ministro. El valioso estudio del profesor Víctor Hugo Céspedes, cuyo trabajo usted sí conoce, es prueba evidente de mis afirmaciones.
¢650 MILLONES

No, señor Ministro, los ¢650 millones que cuesta el Plan de Asignación Familiar tienen que salir de algún lado. No son vanas afirmaciones de justicia, de equidad y otras cosas lindas las que pueden ocultar la cruel realidad del proyecto más mal concebido en los anales modernos de Costa Rica, ya que tiene como corolario la desocupación de los trabajadores y el aumento de la inflación, la cual es ya de por sí una pena sobre los hogares costarricenses.

1974-04-03-OFRECÍ MI COLABORACIÓN GRATUITA PARA MEJORAR

OFRECÍ MI COLABORACIÓN GRATUITA PARA MEJORAR ASIGNACIÓN FAMILIAR

La Nación, 03 de abril de 1974.


El Lic. Alfonso Piedra Pereira, funcionario del Ministerio de Trabajo, escribió el día 23 de marzo del presente año un artículo que publicó La Nación, en el cual hace referencia a opiniones que yo expresé en el mismo periódico acerca del Plan de Asignación Familiar. Esta es mi respuesta.

Señala el Lic. Piedra que mis manifestaciones están “planteadas a un nivel abstracto y subjetivo sin base seria en algún estudio científico o experiencia”. Esperaba que el funcionario del Ministerio de Trabaja presentara algunas afirmaciones no abstractas y sí objetivas. Lamentablemente, él, quien ha trabajado en el Ministerio en el proyecto de asignaciones familiares, no aporta ningún dato que permita señalar que la colectividad costarricense se va a beneficiar con la Asignación Familiar. Al contrario, hace una serie de afirmaciones inconexas y erróneas.

El Lic. Pereira lamenta que no tomara en cuenta “la obligación moral que un catedrático de una universidad tiene de aportar sus conocimientos” para mejorar el Plan de Asignación Familiar.

Ha sido el Ministerio de Trabajo el que ha presentado el plan de Asignación Familiar y no este servidor. Es al Ministerio al que le corresponde presentar un proyecto consistente que no conduzca a los resultados que he señalado. En febrero del año pasado llamé la atención acerca de los problemas que el financiamiento del Plan de Asignación Familiar ocasionaría sobre el nivel de empleo y la inflación de Costa Rica. El Dr. Fernando Naranjo realizó un comentario acerca de mis opiniones, lo cual originó un intercambio público y personal de ideas que yo he valuado. A diferencia del Dr. Naranjo, el Sr. Danilo Jiménez Veiga hizo afirmaciones bastante fuertes y poco constructivas, como puede leerse en La Prensa Libre del 3 de febrero de 1973.

En el intercambio de opiniones con el Dr. Naranjo señalé que no debería de precipitarse la aprobación del proyecto de asignaciones familiares. Tal vez esto motivó que al actual Ministro de Trabajo, Sr. Francisco Morales, me llamara a su despacho, en donde expuse los problemas que origina un impuesto a los salarios sobre la economía y bienestar nacional. Le ofrecí mis servicios gratuitos con el fin de ver en qué podía mejorar el Plan de Asignación Familiar. Le señalé que un impuesto a la renta era una mejor alternativa y que un impuesto negativo a la renta era aún más apropiado. Por razones que desconozco el Sr. Ministro de Trabajo no utilizó mis conocimientos.

En julio de 1973, en un comentario a unas declaraciones del Lic. Juan Rafael Arias Trejos, quien sugería un aumento del impuesto territorial para financiar el Plan de Asignación Familiar, abogué otra vez por el uso del impuesto a la renta. También lo hice en otro intercambio de ideas con el Lic. Gonzalo Fajardo.
Comprendo que, para eruditos de la talla intelectual del Sr. Piedra, el hecho de que yo explique el fundamento de la productividad marginal de los factores le resulta ser sumamente prosaico y sin utilidad. Cabe señalar dos cosas: en mis artículos de febrero de 1973 hice un análisis más profundo del problema del impuesto a los salarios, lo cual impidió que el lego comprendiera en forma plena el sentido de mis afirmaciones. Por eso en este último artículo decidí explicar la verdadera situación que originaba un impuesto a los salarios. En segundo lugar, al decir que mi trabajo no hace mención “a la incidencia de los costos, a la relación de las utilidades con los empresarios y, por supuesto, a la situación concreta de Costa Rica en cuanto a la distribución del ingreso” no es como el diálogo prospera. El Lic. Piedra debería de leer mi artículo en donde hablo de la implicación sobre la estructura de costos del Plan de Asignación Familiar. No puedo saber, porque es algo muy complejo de determinar, cuál será la implicación del Plan sobre las utilidades de los empresarios y, en último lugar, menciono que el Plan va originar una transferencia de ingresos de quienes quedarán desocupados o del total de los consumidores, quien les pagarán precios más altos por los productos como resultado del impuesto a la planilla, hacia los que queden empleados y reciban el subsidio familiar.

Al criticar mi opinión de que el Plan de Asignación Familiar va a ocasionar la sustitución de mano de obra por capital, el Lic. Piedra dice que “el proceso hay que referirlo a la evolución de la maquinaria y no sólo al de la mano de obra”. Por supuesto que sí. ¿No es cierto que en Costa Rica los tipos de interés han permanecido estables durante lo últimos años, en tanto que el precio del trabajo ha ido aumentando? Tal problema lo descubrió aquí, en Costa Rica, el Dr. Bela Balassa, quien señaló que él veía como un problema grave la existencia de tipos de interés subsidiados, que promueven el uso de técnicas que utilizan intensivamente el capital, al mismo tiempo que se encarecía arbitrariamente el factor trabajo.

El Lic. Piedra hace mal uso del estudio de CESPO que realizó el Dr. Fernando Zumbado, pues afirma que el factor más importante en el uso de técnicas intensivas en el empleo de capital se debe al avance tecnológico. ¿Cómo puede ser posible que el Lic. Piedra no se dé cuenta de que el avance tecnológico se puede reducir a un problema de precios relativos de los factores? Le sugiero que lea el libro de Samuelson, capítulo 37, octava edición en inglés, texto que él menciona como apropiado para estudiantes de primer año de la facultad. Estoy seguro que encontrará una explicación clara y concisa del problema que no entiende.

El Lic. Piedra señala un estudio de la SIECA que dice que, no obstante que el costo de una hora de trabajo es más elevado en Costa Rica respecto a Centro América, el costo de la mano de obra dentro del valor bruto de la producción es el más bajo de la región. Por supuesto, si el trabajo es aquí más caro, es evidente que en el proceso productivo se tienda a economizarlo. Y es lo mismo que yo alego que va a ocasionar el Plan de Asignación Familiar: menor empleo del factor trabajo.

El Lic. Piedra dice que olvido el hecho de que la unificación cambiaria mejorará las condiciones de nuestros exportadores. No es así, pues, en primer lugar, la devaluación del colón trae aparejada un impuesto a las exportaciones. En segundo lugar, puede ser que los demás países del istmo tomen represalias y, en tercer lugar, no sabemos cómo son las elasticidades del comercio internacional, por lo que los resultados de la devaluación del colón pueden ser negativos.
Presumió mal el Sr. Piedra al decir que no he leído el Plan Nacional de Desarrollo. Éste, entre otras cosas buenas, tiene varios defectos. Creo que existe inconsistencia entre la cita que yo hice, en la que mostraba preocupación por el encarecimiento del relativo del trabajo ante el capital, y su defensa del Plan de Asignación Familiar, el cual promueve un uso más intensivo del capital respecto al trabajo.

No es necesario ser muy listo para darse cuenta de que el Plan de Asignación Familiar tiene que aparecer en el Plan Nacional de Desarrollo y que si el Plan Nacional de Desarrollo no trata de las asignaciones, implícitamente se dice lo que yo he dicho: que es un proyecto nocivo. O hay una contradicción e inconsistencia en el Plan Nacional de Desarrollo o se trata de incorporar el tema por razones políticas.

La xenofobia del Lic. Piedra es algo sui generis; lamenta que utilice las opiniones de profesores y economistas extranjeros para señalar el carácter inflacionario del Plan de Asignación Familiar y, por otro lado, nos señala experiencias con las asignaciones familiares “en diversos países del mundo y de la América Latina”. Es la oficina del Lic. Piedra la que tiene que probar al pueblo costarricense que el Plan de Asignación Familiar no va a causar los efectos sobre el desempleo y la inflación que esos autores señalan. Esa es la responsabilidad que el Ministerio de Trabajo ha eludido constantemente.

El Lic. Piedra dice que yo afirmé que “los sectores más pobres se encuentran en el grupo de los desocupados”. Deduzco que él no sabe leer con cuidado, pues yo señalé que “son los grupos no asalariados los cuales carecen del ingreso básico que se busca brindar con la Asignación Familiar”. O no entendió lo que yo escribí o bien el Sr. Piedra interpreta que tan sólo el asalariado es el ocupado y que, quien no es asalariado, luego, no está desocupado.

Nada se gana con que el Lic. Piedra diga que las asignaciones familiares van a contrarrestar la tendencia a que la brecha social siga ampliándose. Lo que yo alego es que se va a dar una transferencia de ingresos de los consumidores o los desocupados que resulten, hacia los asalariados que queden empleados. Va a ser una transferencia de ingresos entre los mismos o semejantes grupos de ingresos. Lo que el Lic. Piedra tiene que probar es que existe un beneficio neto para toda la colectividad si se aprueba como está discutido el Plan de Asignación Familiar.

1974-06-27-EL CULPABLE DE LA INFLACIÓN

EL CULPABLE DE LA INFLACIÓN

La Nación, 27 de junio de 1974.

Es muy frecuente que ciudadanos o instituciones expongan en forma pública la utilización de mecanismos que resuelvan el “problema del aumento creciente de los precios”. En la mayoría de los casos existe un deseo sincero de llevar a cabo esta lucha, pero no siempre el remedio que sugieren resulta ser el más apropiado.

En mucha ocasiones los consumidores culpan de la elevación de los precios a los comerciantes minoristas, al mismo tiempo que estos señalan que los causantes de la especulación son los comerciante mayoristas, quienes a su vez ponen el dedo acusador hacia los productores agiotistas, continuando sin fin esta cadena de responsabilidad transferida.

Lo anterior recuerda un juego que se solía efectuar en algunos bailes, en los que un número impar de jóvenes bailarines se pasaba una escoba en mano y nadie quería ser sorprendido con el artefacto en mano, pues tendría que bailar la pieza musical con una compañía tan poco agraciada. Todos tratábamos de que fuera a otro a quien le tocara la escoba y nos deshacíamos de ella en el instante en que tocara nuestras manos. Igual sucede con la inflación: todos los diversos participantes en la economía nacional buscan hallar en otros a los culpables del alza de los precios para, de esta manera, poder continuar en el baile con la conciencia tranquila.

Pero resulta, y esto debe tenerse bien claro, que la inflación no es un juego ni siquiera un juego académico. Desgraciadamente su presencia es ahora tan real en la economía nacional, que ella exige señalar con claridad cuál es su causa. Existe una relación estrecha entre la cantidad de dinero que hay en una economía y el nivel de su producción. Si se aumenta exageradamente la cantidad de dinero respecto al crecimiento de todos los bienes y servicios que se producen en el país, el exceso se traduce en un aumento del precio de todos los artículos. Al tener la gente más billetes en las manos, procede a comprar diversos productos, los cuales necesariamente van a subir de precio si no ha aumentado lo suficiente su producción. El aumento en la cantidad de dinero ocasiona un alza en los precios.

En Costa Rica, el crecimiento de la cantidad de dinero durante los primeros años de esta década ha sido sumamente elevado en relación con el crecimiento de la producción, lo cual ha originado el alza en los precios. Esto era inevitable y así lo pronosticó ANFE desde 1963, cuando la causa empezó a operar. Nótese que este comentario no dice que la inflación se debe sólo a factores internos. Es evidente que la inflación es hoy una epidemia con carácter mundial. Pero sí se puede alegar que, en nuestro proceso inflacionario, los factores nacionales o internos han sido unos motores bastante fuertes en la elevación del nivel general de precios.

Uno escucha muy a menudo que los empresarios con los culpables del crecimiento general de los precios. Los proponentes de este argumento fracasan al no conocer cuáles son las verdaderas causas de la inflación. Para ello, basta con preguntar a los que mantienen estas opiniones, ¿por qué es que hasta ahora los empresarios elevan los precios?; o, al menos, ¿por qué no lo hicieron antes? Es imposible admitir que, súbitamente en la década de los setenta, los empresarios han conocido la astucia y han empezado a darse cuenta de lo que es actuar según su propio interés. Si los mismos empresarios no actuaron así antes, ¿por qué ahora sí?

La explicación del fenómeno es relativamente sencilla, ya que no puede creerse que se haya originado en un cambio en la naturaleza humana en el transcurso de unos pocos años. Lo que sucede es que los empresarios, quienes siempre buscan obtener las mayores utilidades posibles, antes no podían elevar los precios porque se quedaban sin vender sus productos. En cambio, ahora, debido a que la cantidad de dinero es excesiva, la gente como un todo podrá pagar esos precios más elevados por los productos, que es lo que caracteriza a la inflación. Por lo tanto, resulta incorrecta la interpretación de que la inflación se debe a los “comerciantes especuladores”. Ojalá la explicación fuera tan simple como esa.

El argumento de que las presiones inflacionarias se deben a los aumentos de salarios impulsados por los sindicatos es igualmente inapropiado. Este fenómeno cobra una actualidad especial con la huelga bananera, la cual tiene como objetivo principal el aumento de salarios que permita a los obreros reponer las pérdidas debidas a la inflación. La petición de un aumento del 36 por ciento en sus salarios es una cifra que no asusta a quienes conocemos la gravedad del alza reciente de los índices de precios.

No se puede deducir que la causa de la inflación se deba al aumento de los salarios puesto que el proceso es exactamente al revés. Es la inflación la que causa las peticiones del aumento de los salarios. Y la inflación es originada por el exceso de circulante en relación con el aumento de la producción.

El responsable de la inflación es el Estado, pues es el único que por ley puede emitir dinero. El uso excesivo de las máquinas impresoras de billetes, más allá de lo requerido por la producción, ocasiona la inflación. Es necesario que todas las partes que colaboran en la producción nacional dejen de culparse mutuamente y que se den cuenta de que el órgano emisor de dinero (el Banco Central) es el que determina el comportamiento de los precios, porque es el que controla el volumen de los medios de pago en el país.

No debemos olvidar que el gran negociante y beneficiario de la inflación es el Estado, puesto que compra bienes y servicios al sector privado con billetes que al mismo tiempo han perdido su valor. He aquí la lucha a que debe abocarse el hombre libre: forzar al Estado a que no siga políticas inflacionarias, las cuales ocasionan el deterioro individual por causa de ese Estado.

En Costa Rica aún no se ha señalado la índole de la política monetaria que seguirá el actual gobierno, Es necesario que a la mayor brevedad se traduzca la incertidumbre económica que afecta al país. El tema de las políticas anti-inflacionarias, así como el estudio de algunas supuestas medidas muy en boga que han sido sugeridas, serán objeto de análisis en otro trabajo.

1974-07-01-EL CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS ES UN ERROR

EL CONGELAMIENTO DE LOS PRECIOS ES UN ERROR

La Nación, 01 de julio de 1974.


En mi artículo anterior señalé la necesidad de que el nuevo gobierno defina las políticas monetaria y fiscal que va a proseguir durante su gestión. Esto se debe a la importancia que reviste la existencia de una moneda sana en la estabilidad económica del país.

La definición de las políticas económicas del gobierno cobra una trascendencia especial cuando se observan las muchas sugerencias orientadas a la aplicación de alguna forma de congelamiento de los precios. Es interesante recordar cómo, hace varios años, en Costa Rica se hablaba del problema con la inflación de otros países, con su secuela de congelamiento de precios y de retroceso en los niveles de producción y, hoy día, la inflación en nuestro país se agrava cada vez más y dolorosamente se observa cómo las personas se dejan seducir por los cantos de las sirenas, que piden el control de precios.

A veces dudo acerca de si la gente aprende lecciones de la Historia, como puede deducirse al observar los múltiples intentos de congelamiento de los precios que se han ensayado a lo largo de los siglos.

Puedo señalar el edicto del emperador Diocleciano en el año 301, el cual fijaba controles de precios y que terminó en el fracaso más rotundo, incluyendo derramamientos de sangre en la consecución de provisiones.

Poco tiempo después, el emperador Julián de Antioquía utilizó un sistema de controles semejantes y gracias al mercado negro fue que se suministró algún alimento a la hambrienta comunidad.

En la época de la guerra de la independencia de los Estados Unidos se impuso el control de los precios, lo cual casi ocasionó la muerte por hambre de los ejércitos de Washington en Valley Forge.

Los nazis controlaron los precios en la Alemania de la segunda guerra y, al termina ésta, durante tres años más se mantuvo un control estricto de los precios. No fue sino hasta que los valores de los artículos se dejaron al libre mercado, que los alemanes pudieron tener productos en los cuales gastar sus marcos.

Recientemente, Richard Nixon, quien meses antes había asegurado que no congelaría los precios y salarios, haciendo cálculo político decidió en agosto de 1971 fijar los precios y salarios como una medida para combatir la inflación. Hoy día, casi tres años después, el veredicto ampliamente generalizado de los técnicos entendidos en la materia es totalmente negativo y, al contrario, muchos economistas explican que los problemas económicos actuales de ese país se deben, en gran parte, a las erróneas políticas de control de precios proclamadas por el señor Nixon.

Las experiencias históricas acabadas de describir deberían de hacer meditar a muchos de los encargados de fijar las políticas nacionales. Es obvio que ordenar una limitación a los precios suena sumamente placentero a los oídos de muchos. Después de todo, ¿por qué no fijar un precio de cero o casi cero a todas las cosas y de esta manera lograr un caudal de satisfacciones sin paralelo? Es por esta razón que el político generalmente acepta medidas de control de precios, pues ello, por lo menos durante un tiempo, le asegura el favor popular. Sin embargo, las distorsiones que ocasionan a la economía medidas como esas, terminan por imponerse: la escasez hace surgir los mercados negros y la ausencia de incentivos normales a la producción terminan por dislocar los sistemas de abastecimiento.

Los controles generales de precios que se han aplicado en Costa Rica han funcionado por una razón muy sencilla: igual hubiera sucedido si tales leyes de control de precios no hubieran existido; han sido totalmente innecesarias e irrelevantes. (Dejo de lado, por supuesto, a ciertos productos específicos, como, por ejemplo, la leche; tal vez los pasajes de autobuses). El problema surge cuando el gobierno cree que en una situación inflacionaria puede controlar por decreto todos los precios de los bienes y servicios que se producen en la economía. Lo anterior no sólo requiere de un ejército contralor de precios, sino que es una lucha realmente estéril.

El sistema de mercado es tan complejo que lo mejor que el hombre puede hacer es dejar que las miríadas de decisiones individuales se conjuguen en la oferta y la demanda para la determinación de los precios.

Hace muchos años que en Costa Rica se han venido exponiendo los peligros de la inflación: ahora la tragedia está presente en nuestra nación. Es necesario, ahora, llamar la atención acerca de los costos sociales elevados que ocasiona una supuesta política social de fijación de precios. Espero que la sabiduría humana se imponga y que nuestras autoridades no prosigan el camino fácil, alejado de la ciencia, de atacar los síntomas y no las causas de la inflación.

Lo impostergable es que el gobierno busque una solución al problema. Hace bastante tiempo que se espera que el Estado fije clara y concretamente su posición frente a la inflación: es necesario conocer qué medidas de tipo fiscal y monetario se piensa utilizar. La incertidumbre entre los productores privados es enorme. El consumidor no sabe cómo ajustar sus presupuestos familiares ante las variaciones cada vez más fuertes de los precios y los ahorrantes e inversionistas tienen complicaciones cada vez mayores en la determinación de sus políticas de precios.

El problema de la inflación y del control de precios me recuerda el ejemplo que señalaba un distinguido economista; es como tener una caldera u olla de presión, con el fuego a todo meter. Mientras haya un escape, la situación no es peligrosa. Si se le pone una tapa, terminará por explotar. Si nuestra economía está siendo objeto de presiones sumamente fuertes, los precios al alza son esa válvula de escape. Si se congelan los precios; o sea, se le pone esa tapa a la olla, la economía terminará desintegrándose. Lo conveniente es reducir las llamas que están recalentando nuestra economía y no poner un control de precios.

1974-07-09-GENERACIONES Y RECURSOS NATURALES

GENERACIONES Y RECURSOS NATURALES

La Nación, 09 de julio de 1974.

Uno de los temas que más han sido objeto de recientes comentarios es el de la contaminación ambiental y la depredación de los recursos naturales. Alrededor de estos asuntos se ha dicho que son un problema que trasciende lo económico y que “el ambiente ecológico tiene no sólo valor económico sino un decisivo valor humano” (Contratos, extremismos y desarrollo, por José A. Sáenz Renauld, La Nación, 19 de junio de 1974).

La preocupación que comparto es la búsqueda de una utilización de los recursos y la conservación de un ambiente apropiado para las generaciones venideras, con “un sentido económico”, como apunta el Prof. Sáenz. Debemos por tanto, definir claramente el criterio que se deberá seguir en el empleo de los recursos naturales, de manera tal que tanto las generaciones actuales como las futuras, usen óptimamente los recursos escasos que brinda la naturaleza.

Si bien la tecnología, la política, la ética y otras ciencias tienen que ver con el problema de la utilización de los recursos naturales, la característica definidora de la ciencia económica es la optimización en el uso de los recursos escasos cuando hay fines alternativos. Por ello, yerran en su enfoque acerca del problema de la contaminación ambiental y el empleo de los recursos quienes dejan de lado el análisis económico.

El punto fundamental de la discusión es cómo deben utilizarse los recursos naturales. Es obvio que si lo que se desea es mantener en existencia los recursos naturales no renovables por el mayor tiempo posible, entonces, lo óptimo es que nunca sean utilizados. Sin embargo, no creo que los “conservacionistas” estén dispuestos a que se congele el empleo de los recursos no renovables, aunque de esta forma los nietos y los tataranietos heredarían el máximo de recursos naturales.

Por lo tanto, debemos buscar un medio racional para la utilización de los dones de la naturaleza. Para ello, supongamos que poseemos un bosque. Podríamos, como una alternativa, no cortar el bosque y dejar que termine su ciclo natural. Esto implica que se está incurriendo en un costo al dejar de ganar por no cortar los árboles. Entonces, ¿deberíamos cortarlos ahora? Veámos: si vendo la madera hoy obtendré ciertos ingresos; pero si dejo que los árboles crezcan por otro año éstos me redituarán más. Por lo tanto, tiene que existir algún punto en la vida de los árboles en el cual su corte rinde las mayores ganancias.

La regla que el economista brinda es que los árboles deben ser cortados a lo largo del tiempo, de manera tal que se haga máximo el valor presente o descontado de esos árboles. Se habla de valor presente porque los costos en que incurran en el futuro serán una carga menor que si tuvieran que ser pagados hoy y los beneficios cada vez valen menos mientras más en el futuro se perciban.

La regla sugerida aparece, entonces, de la comparación de los beneficios de no cortar el bosque (el terreno puede ser usado como un centro de recreación o de campamento) con los costos de no cortar los árboles (los costos alternativos de no vender la madera por lo que se le pueda sacar).

Por lo tanto, un significado operativo del concepto de conservación es el uso óptimo a lo largo del tiempo de nuestros recursos naturales fijos.

Veamos un ejemplo, no ya de bosque, puesto que los árboles pueden siempre volverse a plantar, sino de un recurso no renovable, tal como el caso de las calizas que se utilizan en la producción del cemento (pueden ser, también petróleo, gas natural, hierro, níquel, etcétera, pero no parece que los haya en Costa Rica hasta este momento).

Creo que si la caliza no se usa nunca; es decir, es totalmente “conservada” ni nosotros ni nuestros tataranietos recibirán beneficios por el empleo de ella. Dado lo absurdo de esta situación, ¿cómo decidimos cuál ha de ser la tasa a que utilizaremos estos recursos? De nuevo el criterio es emplearlos de manera tal que el valor presente de este recursos sea el máximo. Por lo tanto, eventualmente es posible que en la alguna fecha del futuro se agoten las calizas. Y ello es resultado de una utilización óptima de los recursos porque, si se paralizara o detuviera el uso de las calizas, muy posiblemente se empleará algún otro recurso en forma más intensiva o se desarrollarán sustitutivos. Es decir, se gastarán más rápidamente que en la forma alternativa. Debemos recordar que es imposible “conservar” todo. Si así lo fuera, el hombre no hubiera existido desde hace mucho tiempo. El criterio de uso óptimo requiere que utilicemos antes los recursos que nos son más baratos y los más caros, luego. Si decidimos emplear ahora una combinación de recursos que tiene un costo mayor que otra, estaremos engañando a las generaciones futuras, las cuales heredarán una riqueza menor. Con su “conservacionismo” así les hacemos un flaco servicio a nuestros descendientes. “Conservacionismo” no puede significar un uso erróneo de nuestros recursos mediante limitaciones emotivas; al contrario, el verdadero conservacionismo significa la obtención máxima de los beneficios derivados de la utilización de nuestros recursos naturales escasos.

Si nuestra preocupación es el bienestar de las generaciones futuras, los “conservacionistas” no deben olvidar que el bienestar de la población venidera depende del comportamiento de los ahorrantes actuales. Por ello, el criterio del máximo valor presente es el conducente al empleo mejor de nuestros recursos naturales escasos. Es un error definitivo el dejar de lado o subestimar el criterio económico. No existe un divorcio entre el valor económico y el valor humano, puesto que, al fin y al cabo, la economía es una ciencia social al servicio del hombre y no se trata de algo extrahumano.

1974-07-24- EL ESPECULADOR EN LA PICOTA

EL ESPECULADOR DE LA PICOTA

La Nación, 24 de julio de 1974.

Gracias a Dios, al fin y al cabo se le ocurrió a nuestro bondadoso gobierno tomar cartas en el asunto: la especulación está llegando a niveles insuperables. Se imagina tener que pagar ¢1,50 por una Coca Cola o ¢7,00 por entrar al cine a ver una película mejicana. Gracias a la ley de protección al consumidor ahora se le acabará el negocito a los tagarotes, que lo único que tienen en mente es amasar más y más billetes a costa de las pobres amas de casa, de los trabajadores y, en general, de todos los grupos desvalidos de Costa Rica.

Después de todo, ¿qué es lo que hace el especulador? Compra barato para vender luego más caro. Compra frijoles a peso en los Chiles y después los vende en San José ¢3,50 y eso con suerte de que no tengamos que pagar ¢4,00; o bien compra naranjas en marzo en Villa Colón en plena cosecha, las almacenan, las someten a refrigeración y luego, para que compitan con las uvas y manzanas decembrinas, nos las venden ¢0,50.

Pero, eso se va a acabar. Se arreglará el problema de la inflación. Vamos a fijar el precio de los frijoles en ¢0,50, como el de aquellos tiempos y las naranjas costarán un cinco, como solíamos pagarlas antes de que los especuladores causaran esta inflación.

Suena bien a los oídos de los costarricenses este asunto de fijar los precios. ¿Qué les parece si también congelamos el precio del Neutrodor, en ¢2,50?, así tendremos menos olorosos en los camiones de mediodía.

Me puse muy contento al leer el artículo primero a la Ley de Protección al Consumidor, que propone el Gobierno “Es atribución del Ministerio de Economía, Industria y Comercio fijar precios oficiales a los bienes y servicios necesarios para la producción y el consumo nacional, así como procurar un adecuado abastecimiento”. Me parece que la intención es muy buena, aún cuando exija un esfuerzo enorme de la burocracia estatal el tener que determinar los precios oficiales de los automóviles, de las casas, de los perfumes, de las lámparas, del arroz, de los chumicos; en fin, de cuanto chunche se utilice en la producción y consumo nacional. Tal vez ello requiera que 1.846.200 costarricenses, según estimación preliminar del censo de 1973, tengan que dedicarse a ver cuál debe ser el precio del chayote, según sea blanco o verde, tierno o sazón, con pepa o sin ella, según venga de Alajuela o de La Línea. Nada importa, al fin y al cabo están protegiendo al consumidor. Ahora hablemos en serio. En realidad, lo absurdo de la ley de protección al consumidor exige analizar claramente cuál es la raíz del problema.

En primer lugar, no es congelando los precios como se resuelve el problema de la inflación. En tanto el Estado no tome medidas restrictivas de la cantidad de dinero en la economía, así como del gasto público, la inflación no cederá. Al contrario, con esta medida lo que va a ocasionarnos es la escasez de los productos esenciales en la economía. Lo que el Estado debería de hacer es promover la producción nacional: si el problema es el de precios elevados, aumentando la producción logrará, por lo menos, aminorar el alza de los precios. Creo que la fijación de precios lo que va a obtener es un aumento en la escasez de los productos, lo cual muy posiblemente ocasione que surjan mercados negros, contrabandos, colas para adquirir productos, tarjetas de racionamiento, envidias de los vecinos que pueden delatar a una persona por venganza, sabotaje y espionaje industrial que lesionan la competencia y, sobre todo, la omnipotencia del Estado determinado quiénes son los favorecidos con sus políticas.

Es más, ¿qué garantiza al productor o consumidor que los precios que fije el Estado nos son arbitrarios? ¿Quién garantiza al ciudadano que, por razones políticas, ideológicas, o lo que fuere, no habrá persecución por medio de la fijación de precios, que ocasionen pérdidas en los negocios de los opositores o no simpatizantes del Gobierno? Debe el pueblo costarricense meditar sobre las implicaciones que tiene para la libertad individual el que un burócrata pueda decidir el destino de su empresa. Si lo que se desea es que el Estado, con su sabiduría omnipotente, determine los precios sustituyendo a la infinidad de productores y consumidores que actúan a través del mercado, entonces, los costarricenses debemos estar dispuestos a ceder nuestra autonomía individual.

El artículo primero de la ley, cuyo texto cité anteriormente, no sólo permite fijar los precios de los productos: si se lee cuidadosamente se podrá observar que el Ministerio de Economía, Industria y Comercio tiene la atribución de fijar precios a los servicios. Entonces, perfectamente el día de mañana el burócrata en turno puede determinar la congelación de los salarios, si así le place. Es de esperar que todo productor desee que los precios de los artículos y servicios que compra para ser usados en la manufactura de su producto, sean congelados, pero, al mismo tiempo, desea que su producto no sufra la fijación de su precio. También es de esperar que a los consumidores les agrade que se fije un precio máximo a los productos que compran, pero no al trabajo o al producto que venden. El juego es muy peligroso, porque la presión política se convierte en determinante acerca de qué artículos o servicios deben tener precios máximos o el nivel de esos precios.

Para terminar, la existencia de cuerpos de vigilancia de precios es el preámbulo de la chilenización en Costa Rica. No permitamos, como hombres libres que formamos el pueblo costarricense, que la demagogia barata se refleje en sueños de opio como en la propuesta ley de protección al consumidor. Combatamos los monopolios, luchemos porque en nuestro país se vuelva a la disciplina financiera y monetaria, disminuyamos la protección arancelaria excesiva, pero no nos hagamos ilusiones de que con el congelamiento de precios se resuelve el problema de la inflación. Al contrario, se presentará el hambre, la corrupción proliferará y disminuirá la libertad fundamental en la vida de cada uno de los costarricenses.

1974-07-26-LA BRECHOLOGÍA Y LA BRECHA SOCIAL EN COSTA RICA

LA BRECHOLOGÍA Y LA BRECHA SOCIAL EN COSTA RICA

La Nación, 26 de julio de 1974.

Uno de los conceptos de nuevo cuño empleado algunas veces por políticos estudiosos y algunas otras por políticos menos estudiosos, por tratadistas sumamente serios de la economía y también utilizado en documentos como el Plan Nacional de Desarrollo, es la llamada brecha social.

Mi búsqueda en el Plan Nacional de Desarrollo de una definición operativa de la llamada brecha social, terminó en un fracaso rotundo, pero sirvió de estímulo para realizar una incursión académica en la “brechología” o estudio de las brechas. Mi preocupación creció al darme cuenta de que, como ejemplo en el Plan Nacional de Desarrollo, se habla ya no sólo de la existencia de una brecha social, sino del aumento de ella, lo cual es un concepto que, aunque relacionado, es totalmente distinto.

La idea de brecha social la fundamentan algunos autores en la diferencia de ingresos existente entre grupos sociales, ya sea en un momento dado o a lo largo del tiempo.

Este punto de partida es importante porque, después de todo, la división que se hace entre ricos y pobres no deja de ser arbitraria y, además, muchos de los ricos actuales pueden perfectamente haber sido pobres en épocas pasadas o viceversa. De esto se deduce que se presenta un grave problema para definir la dimensión de la llamada brecha social. Por ello, diría yo, el concepto de desigualdad que se suele utilizar implícitamente en los estudios de la brecha social, debería más correctamente ser enfocados en términos de diferencias de ingresos, lo que constituye un concepto éticamente neutral, tal como lo requiere la metodología de la ciencia económica.

Dejo de lado estos problemas de definición del concepto de brecha social popularizado recientemente en Costa Rica y me refiero a la utilización que de éste hace el Plan Nacional de Desarrollo. Para este análisis, el Plan se fundamenta en el valioso estudio de la distribución del ingreso de Costa Rica realizado por el profesor Víctor Hugo Céspedes, el cual constituye una muestra de la seriedad científica con que debe realizarse una investigación económica. El trabajo del profesor Céspedes se refiere al año 1971, pero, infortunadamente, no es analizado en forma apropiada en el documento de OFIPLAN, pues se le compara indebidamente con otra distribución del ingreso realizada en 1961, que tiene una dudosa calidad científica (ver OFIPLAN, Diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo, p.p. 75-76). El profesor Céspedes hace una comparación de ambas distribuciones de ingresos, pero, como científico serio que es, no habla de que pueda alegarse que exista algo así como la llamada brecha social; al contrario, son otros quienes han utilizado su estudio para derivar conclusiones erróneas dentro del marco de la brechología.

Por lo tanto, no es necesariamente válida la comparación que aparece en el Plan Nacional de Desarrollo de las distribuciones de ingresos de 1961 y 1971, puesto que sus bases metodológicas son muy distintas, dudándose de la calidad del primer estudio en 1961. Pero, aún cuando este problema de comparación no existiera, ¿es válido hablar de brecha social? Los economistas saben que existen muchos productos y servicios que son consumidos por las mismas familias que los producen y que no son objeto de medición en el mercado, lo cual implica un grave problema en la valoración de los ingresos reales, También los economistas saben que algunos bienes o servicios que se toman como ingresos, realmente constituyen costos de producción y que, como tales, deberían de excluirse de los cálculos de ingresos. Además, los economistas reconocen que las actitudes respecto al ocio varían entre grupos diferentes, por lo cual las medidas del ingreso pueden tener un margen de error elevado. Y, para terminar, los estadísticos acentúan la importancia de tomar en cuenta la composición por edades de los distintos grupos, puesto que, de no hacerlo así, las comparaciones de ingresos pierden sentido.

El problema más grave, aunque todo lo que he dicho no fuera importante o relevante, es que el concepto de brecha social nunca ha sido aclarado acerca de si se refiere a las diferencias de ingreso absolutas o relativas. Es muy posible que, por ejemplo, hace 10 años los grupos o familias tenían 500 y 1.000 unidades de ingresos respectivamente, y que ahora esos mismos tengan 9.000 y 10.000 unidades de ingresos.

Puede decirse que la brecha absoluta de ingresos se ha duplicado, pero, al mismo tiempo, se ha dado una reducción en la diferencia relativa de ingresos, puesto que hace 10 años los grupos o familias pobres tenían un ingreso igual al 50 por ciento de aquél de los grupos o familias ricas, en tanto que ahora los grupos o familias pobres un ingreso igual al 90 por ciento de los grupos o familias ricas; es decir, se ha dado una reducción porcentual o relativa de la brecha de un 40 por ciento (antes la diferencia era de un 50%, ahora es de sólo un 10%; la brecha se redujo en términos relativos en un 40%),

Por ello, si bien la posibilidad de que en Costa Rica la diferencia absoluta entre los ingresos más elevados y los menos elevados pueda haber aumentado, la diferencia proporcional o relativa puede haberse reducido. Por ello, es factible que la llamada brecha social incremente nuestra mitología política.
Es más, al hablar de la existencia de una brecha social basadas únicamente en las magnitudes de los ingresos familiares, se ignora que los indicadores deberían de referirse a estado sicológico y que una simple reducción a un número, tal como el ingreso per cápita o familiar, constituye un grave error de orden conceptual.

Economistas distinguidos como los profesores Frankel, Bauer, Berenson y otros resaltan la existencia de este problema cuando se hacen comparaciones de grupos con modos de vida distintos y con satisfacciones sicológicas disímiles.
Cabe, por tanto, pedir a los “brechólogos” que definan el concepto de brecha social para, de esta manera, saber no sólo cuándo es que tal brecha existe, sino su magnitud, para con ello establecer si esta brecha aumenta o disminuye a través de los años, además de que se pueda señalar con propiedad acerca de entre cuáles grupos es lícito hablar de la existencia de una brecha. Me parece que el idioma de los “brechólogos” es únicamente una herramienta más al servicio de políticos quienes desean, sin preocuparse por la coherencia, utilizar un nuevo medio intervencionista del Estado, ante la decadencia de los viejos clisés que han probado carecer de bases razonables.

1974-08-01- LA INFLACIÓN Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

LA INFLACIÓN Y EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Nación, 01 de agosto de 1974.

En una información suministrada por el periódico La Nación el 22 de junio del presente año, la Lic. Violeta Pino, asesora de la Tributación Directa, señaló el aumento considerable obtenido en el impuesto sobre la renta en comparación con el de períodos anteriores.

Esto es evidente debido a la progresividad que tiene nuestro impuesto sobre la renta; es decir, ante un aumento de la renta gravable, la porción que pasa a manos del Estado es proporcionalmente mayor.

Así, supongamos que don Juan Pérez, quien es empleado de una empresa en donde gana ¢4.000.00 mensuales, es casado tiene dos hijos y un dependiente. El total de renta de don Juan en un año, incluyendo aguinaldo, se eleva a ¢52.000.00 y, si suponemos que no tiene ninguna otra deducción o exención, la parte deducible por sí mismo y su familia asciende a ¢17.000.00, lo cual, unido a la deducción estándar de ¢15.000.00, determina una renta objeto del impuesto de ¢20.000.00.

El total del impuesto que paga don Juan al fisco, según nuestras tasas actuales, es de ¢1.500.00. Ahora, dado que la inflación en Costa Rica durante el último año fue de aproximadamente un 30%, según diversas estimaciones, podemos suponer que a don Juan se le aumentó el salario de manera tal que su ingreso real permaneció constante (o, como se dice a veces, de manera tal que se conserva su poder adquisitivo). Su renta anual será ahora de ¢67.600.00 (¢5.200.00 mensuales durante 13 meses). Como las deducciones familiares no han variado y aún es conveniente deducir los ¢15.000.00 por deducción personal, don Juan tendrá ahora una renta gravable de ¢35.600.00, lo cual le ocasiona un pago de impuestos de ¢3.596.00.

¿Cuál es el problema? Antes del aumento de sus salarios por la inflación, don Juan Pérez pagó ¢1.500.00 de impuestos sobre la renta; ahora él paga ¢3.596.00. Pero, aún cuando su ingresó aumento en sólo un 30%, el impuesto que tienen que pagar se elevó en aproximadamente un 140 %. Es decir, el Estado aumentó sus ingresos reales a costas de una disminución del ingreso real de la familia de don Juan Pérez.

Muchos economistas alaban esta propiedad del impuesto sobre la renta pues es anti-inflacionaria, debido a que sustrae ingresos de las personas las cuales se ven forzadas a disminuir sus gastos, lo cual es lo deseable en una situación en que haya inflación.

El nombre técnico de esta propiedad es de “flexibilidad intrínseca” del impuesto sobe la renta (built in flexibility). Sin embargo, es indispensable aclarar cuál es el supuesto fundamental para que el mecanismo descrito sea anti-inflacionario: al darse un aumento de los ingresos del Estado por el impuesto sobre las rentas, éste tiene que ahorrar más de esos ingresos, que en lo que se reduce el gasto de los individuos al tener que pagar esos mismos impuestos.
Del caso anterior podemos derivar dos lecciones. En primer lugar, los aumentos en los ingresos de muchas familias se van en un pago de impuestos al fisco, proporcionalmente mayor que su ingreso y, en segundo lugar, a no ser que el Estado ahorre proporcionalmente más por lo recaudado en impuestos, estos no tendrán ningún efecto anti-inflacionario.

Por ello, debemos primeramente pensar en no lesionar seriamente los ingresos de las familias que tributan y, luego, debemos asegurarnos que el Estado siga una política fiscal anti-inflacionaria; es decir que el Estado disminuya relativamente el gasto público.

1974-08-12-YO SOY UN TRABAJADOR IGUAL A USTED

YO SOY UN TRABAJADOR IGUAL A USTED…

La Nación, 12 de agosto de 1974.

…Y por eso me preocupan los fondos que pago al Banco Popular. A pesar de una campaña reciente, bastante insólita por cierto, en la que el Banco Popular trata de lograr la solidaridad de los trabajadores, no ha logrado convencerme de que allí se cumplen los dos objetivos básicos del Banco: el fomento del ahorro popular y una utilización eficiente del crédito.

Hay una explicación bastante simple del porqué existen grandes colas de trabajadores retirando sus ahorros: dado el carácter coercitivo de la cotización al Banco, nos hemos dado cuenta de que la inflación ha erosionado nuestros ahorros y es por ello que sacamos nuestra plata apenas se pueda. Veamos un ejemplo: supongamos que durante un año el Banco ha recibido cien colones de ahorros de un trabajador. El interés que allí ha ganado la plata es de 6 por ciento; o sea, el trabajador al final del año tiene derecho a ¢106,00. Sin embargo, debemos señalar que no es cierto que uno pueda retirar los ahorros al año de haber cotizado. El Banco se ha valido de una serie de excusas, apoyado en argumentos de reorganización interna, para no entregarnos los ahorros anuales, tal como todos teníamos entendido

Bien, supongamos que efectivamente podemos retirar nuestros ¢106 al año de ahorrado. Con una tasa de inflación anual del 30 por ciento, yo necesito, al final del año, ¢130 para comprar lo mismo que hace un año me costaba ¢100, y ahora, ¿qué me ocurre?, que mis ahorros de ¢100 tan sólo equivalen a ¢81,50; o sea, la inflación ha disminuido mis ahorros reales. ¿Puede, de esta manera, alegar el Banco Popular que se ha convertido en promotor del ahorro nacional? Como no cotizamos voluntariamente, lo que hacemos es perder recursos a los cuales los trabajadores podemos darles un mejor uso. Las colas, cada vez más largas y deprimentes, son el mejor respaldo a mis argumentos. Es más, ¿cuánto pierde la economía nacional por las horas que desperdicia el pueblo haciendo fila para retirar sus ahorros? Si el Banco tuviera esa mentalidad tan dinámica como pretende demostrarlo con su propaganda, sería mejor que atacara la raíz del problema: los trabajadores experimentamos una reducción constante en el ingreso real de los fondos que allí nos tienen congelados y esto será así en tanto que los intereses que se paguen no compensen ni tan siquiera el alza de los precios por la inflación.

El segundo principio en el cual falla el Banco Popular es la eficiencia en el uso de los créditos.

Se dice que, si bien es cierto que el trabajador recibe intereses bajos por sus ahorros, éste al mismo tiempo se ve compensado por los intereses bajos que tiene que pagar por los préstamos que le hace el Banco. Este argumento no es correcto, pues confunde a los que ahorran con los que solicitan como préstamos los fondos ahorrados. No necesariamente don Juan Pérez, quien ahorra ¢100 anuales, es el mismo quien recibe un préstamo de ¢100. Dada la forma en que está estructurada su política de intereses, el Banco Popular está castigando al que ahorra y premiando al que gasta.

Mi propuesta es radical y bastante clara, para que así los trabajadores le demos vuelta al asunto: que el Instituto de Fomento de las Cooperativas sustituya al Banco Popular y que el primero se dedique a la promoción de nuevas cooperativas de ahorros y crédito. Entonces, y sólo entonces, estaremos los trabajadores decidiendo el uso apropiado de los fondos que nos pertenecen, sin que un burócrata tenga que decirnos que es un trabajador igual a nosotros, para tratar, de esa manera, de encubrir la ineficiencia completa de una institución que más bien ha causado disgusto y pérdidas en los ingresos de los trabajadores.

1974-08-14-ALGUNAS DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO

ALGUNAS DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO

La Nación, 14 de agosto de 1974.

En una época en que en nuestro país se escucharon demasiados gritos, que me situaron en medio de un coro de plañideras ̶ aquellas mujeres que los antiguos pagaban para acompañar llorando en los entierros ̶ alguien lanzó el famoso grito de Tres Ríos, por el cual, a machetazo limpio, se pondría un impuesto de un dólar por cada caja de banano que se exportara de Costa Rica.

Era una exigencia patriótica estar a favor de la lucha del banano. En caso de pensar distinto, se exponía uno a las acusaciones de estar vendido a los intereses extranjeros, al imperialismo y a que le endilgaran toda la pléyade de atavíos con que suele adornársele, a quien a veces desea plantear dudas acerca de la corrección de ciertas posiciones demagógicas.

En ciertos círculos de economistas se comentó dubitativamente acerca de si el mercado es capaz de absorber el impuesto de un dólar. Varios de nosotros dudamos de la viabilidad de poner en práctica dicho impuesto y el hecho de que un dólar inicial del impuesto terminara en un “quarter” (25 centavos de dólar) fortaleció nuestras primeras impresiones.

Lo importante es recalcar que no basta con lanzar un “grito” para asegurarse un aumento en los ingresos por exportaciones, Si así fuera, se aplicaría el dicho de que “quien más llora, más mama” y creo que la realidad económica demuestra que eso son es así. Al contrario, en los mercados internacionales opera infinidad de fuerzas económicas que se encuentran resumidas en la oferta y la demanda y no en las estridencias vocales.
En todo caso, la UPEB (Unión de Países Exportadores de Banano) fue un intento de conformar un “cartel” de los productores de banano, el cual supuestamente permitiría elevar los precios del producto, por medio de la manipulación de la oferta. Sin embargo, tal como la teoría económica de los “carteles” lo señala, estos son intentos que por lo general traen su propio germen de destrucción, como se evidenció al no ingresar Ecuador al cartel, muy inteligentemente, por cierto.

Hay una derivación interesante de todo este asunto. Generalmente se escucha el argumento de que los distribuidores del banano en los grandes mercados mundiales son virtuales monopolistas, entonces, si suponemos que así lo son, ¿por qué estas grandes compañías no elevaron, por sí solas, los precios del banano en un dólar (equivalente al famoso impuesto) y de esta manera quedarse ellos con las ganancias? Yo creo que las condiciones de la demanda de banano, determinada por la infinidad de consumidores, no permite un alza de los actuales niveles de precios. Muy posiblemente el descenso que se ocasionaría en las ventas sería proporcionalmente mucho mayor que el aumento en los ingresos que traería el precio más elevado.
El asunto del banano se ha complicado bastante. Más bien diría yo, se ha oscurecido, En mi próximo artículo me referiré a esto.

1974-08-16-CONTINÚAN DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO

CONTINÚAN DUDAS SOBRE EL ASUNTO DEL BANANO

La Nación, 16 de agosto de 1974.

Como considero que es un problema urgente proteger al consumidor de los actos del Gobierno, antes de que se les ocurra a nuestros políticos comprar la Standard, es necesario que realicemos nuestro examen de conciencia acerca de esto y para ello me atrevo a formular varias preguntas y opiniones para que el amigo lector se las plantee y analice.

En primer lugar, ¿estará administrativamente capacitado el Estado para convertirse en productor de banano? Si el Estado no fuera el que administra las plantaciones, ¿quién o quiénes van a estar cargo de la empresa bananera?

Segundo: la compra de la Standard asciende a $8.7 millones (o sea, casi ¢75 millones). Preguntémonos, ¿de dónde van a salir esos ¢75 millones? Es más, ¿es una buena inversión para la economía costarricense dedicar tal magnitud de recursos a la compra de la Standard? ¿No habrá un uso más productivo de esos ¢75 millones en vez de comprar la Standard?

En tercer lugar, no hay certeza de que, en caso de que el Estado adquiera las plantaciones de la Standard, se pueda vender la fruta. ¿Exista algún acuerdo para realizar la venta de la fruta o terminaremos comiendo bananos “a la Proterrico” o “a la Incaparina”, como sustitutos del escaso arroz con frijoles?

Se ha comentado en ciertos corrillos que la United Fruit va a encargarse de la venta del producto en los mercados de los Estados Unidos, lo cual, de paso, robustece su posición económica en dicho país al disminuirse la competencia de la Standard. Sin embargo, tal eventualidad no parece confirmada aún, posibilidad que no deja de ser interesante.

Cuarto: ¿cuál será la posición de los bananeros independientes quienes actualmente venden su producto a la Standard Fruit?

Para terminar, el pueblo costarricense debe meditar acerca de las implicaciones que tiene para la libertad individual el hecho de que el Estado asuma una actividad típicamente realizable por el sector privado. Si ya en nuestro país el Estado es el licorero, el asegurador, el banquero, ahora será bananero. ¡Al fin nos convertiremos en una verdadera “Banana Republic”!

1974-08-25- ES LA DEVALUACIÓN INEVITABLE

¿ES LA DEVALUACIÓN INEVITABLE?

La Nación, 25 de agosto de 1974.

En Costa Rica anda el runrún de que el colón se va a devaluar frente al dólar; es decir, que para obtener un dólar el pueblo tendrá que pagar más de ¢8.60. Los rumores nos dicen que habremos de pagar ¢10 ó ¢12 por un dólar y a veces se escuchan cifras aún más elevadas.

Por otra parte, recientemente el Presidente de la República dijo que durante su Administración no se va a devaluar el colón y el eco del presidente ejecutivo del Banco Central, señor Claudio Alpízar, no se hizo esperar, corroborando la inflexibilidad de la paridad del colón.

Aún tomando en cuenta que la experiencia histórica costarricense nos demuestra que en diversas ocasiones se ha asegurado que el colón no se va a devaluar, y lo primero que sucede es que éste pierde su valor respecto al dólar, no sabemos a ciencia cierta si el colón se va devaluar.

¿Qué es lo que determina el valor del colón en términos del dólar? Si en Costa Rica existieran tasas de cambio flexibles, la oferta y la demanda en dólares determinarían el valor apropiado del dólar en términos de colones. Sin embargo, en nuestro país las tasas de cambio son fijas; así, por ejemplo, ahora el dólar vale ¢8.60 independientemente de que el mercado libre determine tal precio. El Gobierno, por medio del Banco Central, estabiliza las tasas de cambio con su propia participación en el mercado de dólares, exigiéndose, por tanto, una política sobre las reservas de divisas. Por ello, el valor del colón, en términos de dólares, depende de la política que siga el Banco Central respecto al monto de divisas en poder del Sistema Bancario Nacional.

Con el fin de tener alguna idea acerca de la posible estabilidad en el tipo de cambio, es necesario conocer el comportamiento de la balanza de pagos del país, tanto en la llamada balanza comercial; o sea, exportaciones menos importaciones, como en las cuentas de movimientos de capital.

Sin embargo, la información de nuestra balanza de pagos no parece estar muy actualizada o, por lo menos, si existen estimaciones en el Gobierno acerca del comportamiento esperado de la balanza de pagos, no es fácil que éstas vean la luz pública para que de esta manera se puedan obtener conclusiones relevantes sobre el valor del colón.

La estabilidad del valor del colón respecto al dólar depende, en gran parte, del comportamiento de los precios nacionales respecto a los de países de donde se importan y exportan nuestros productos. Por ello, la fuerte inflación que sufre nuestra economía hace que los precios de los productos que importamos sean menores que los de bienes producidos internamente y que los precios de los artículos que Costa Rica exporta sean más elevados que los producidos en el extranjero. Por ejemplo, tasas de inflación menores en los países de donde importamos, en comparación con la de Costa Rica, estimulan las importaciones nacionales. Este es uno de los factores causantes del descenso de divisas en el país. Por lo tanto, es urgente que el Gobierno utilice herramientas tendentes a contener la inflación interna; en especial, políticas restrictivas del gasto público y de la cantidad de dinero en la economía.

Desgraciadamente, por más decretos que dicte el Gobierno y por más deseos que tengan nuestras autoridades de evitar una devaluación, éstas no son medidas necesarias ni suficientes, en tanto no se ataque de lleno y en forma seria el grave problema de la inflación

1974-08-26-UNA REFORMA APROPIADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

UNA REFORMA APROPIADA AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

La Nación, 26 de agosto de 1974.

Ante la excitativa que le formulara la Asociación Nacional de Empelados Públicos y otros grupos organizados, el Ministro de Hacienda, señor Porfirio Morera, decidió expresar su apoyo a la idea de que se amplíe el monto de ingresos básicos deducibles para efectos del pago de impuestos sobre la renta.

Esta petición tan apropiada de parte de los grupos citados, surge del hecho de que con la inflación se dio un aumento en los ingresos nominales de las personas, lo cual no necesariamente significa un aumento de los ingresos reales. Sin embargo, la deducción básica de ¢15.000 de ingresos tiene ahora un valor más bajo. Veamos un ejemplo, si tomamos como punto de partida la última reforma al impuesto sobre la renta efectuada en 1972 y si consideramos que la deducción de ¢15.000 es la cantidad de ingresos reales que la sociedad deseaba que no fuera objeto de ningún impuesto sobre la renta y luego, si en estos dos últimos años los precios han aumentado en, digamos, un 50 por ciento, entonces, para efectos del poder adquisitivo básico de las personas, en dos años la deducción real se redujo en un 50 por ciento; o sea, bajó de ¢15.000 a ¢7.500.

Dado lo anterior, si lo que se desea es que la persona tenga un ingreso mínimo exento de impuestos, esta cifra base debería ser ahora de ¢22.500. En general, una reforma tributaria sencilla sería ajustar, para efectos del pago de impuestos, todo tipo de exenciones y deducciones, así como los distintos grupos o intervalos de ingresos a los cuales se les aplican las tasas de impuestos, por medio de algún índice del costo de la vida.

Así, por ejemplo, si el índice del costo de la vida señala un aumento del 50 por ciento, la exención básica se elevaría a ¢22.500 automáticamente, o bien el máximo deducible por primas de vida pagaderas al INS, primas sobre títulos de capitalización del Sistema Bancario Nacional y las cuotas de Ahorro y Préstamo pagados al INVU, que ahora ascienden a ¢8.000, se elevaría a ¢12.000. También hoy las personas que tienen un impuesto del 7 por ciento sobre el exceso de ¢5.000 hasta ¢10.000 de ingreso gravable, sería objeto de una tasa impositiva del 7 por ciento, pero sobre el exceso de ¢7.500 hasta ¢15.000. Todos los ejemplos anteriores resultan de mantener una estructura de impuestos basada en consideraciones reales; es decir, en términos del poder adquisitivo de los ingresos de las personas, y no en factores nominales; o sea, en el simple valor facial de los ingresos.

Con esta reforma se evitará que el impuesto sobre la renta se apropie, cada vez más, de ingresos que son crecientes tan sólo debido a la inflación (llamados ingresos nominales) y no por aumentos verdaderos en el poder adquisitivo de las personas (ingresos reales).

1974-08-28- RESPUESTA AL PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

RESPUESTA AL PRESIDENTE DEL BANCO POPULAR

La Nación, 28 de agosto de 1974.

En la Nación del 15 de agosto, el presidente de la Junta Directiva del Banco Popular, Sr. Jorge Salazar, se refiere a los comentarios que sobre este Banco hice en este mismo periódico el pasado día 12, en un artículo titulado “Yo soy un trabajador igual a usted…”.

Lo que dije del Banco Popular no le debe extrañar al Sr. Salazar. En efecto, a nadie le han extrañado mis comentarios por una razón muy simple. Es cosa sabida por nuestro pueblo el estado desastroso como opera el Banco Popular. Y yo, como un cotizante más, lo que hago es poner en el papel lo que mucha gente piensa acerca de la mediocridad del Banco. Mis preocupaciones personales sobre el estado del Banco se remontan a hace más o menos un año. En La Nación del 6 se setiembre de 1973 dije lo mismo que señalé hace una semana y a lo cual el Banco nunca se refirió públicamente: que el Banco Popular “no cumple con su función de promotor de los ahorros del trabajador”. Entonces, al Sr. Salazar no tienen por qué extrañarle mis comentarios sobre el Banco.

El Sr. Salazar dice que “no puedo disimular mi resentimiento contra el Banco por alguna tramitación que no le fue hecha en la forma diligente que él creyó merecedor”. Veámos cuál fue la tramitación a la que él se refiere: el pasado mes de abril me dirigí al Banco para que me devolvieran los fondos ahorrados desde hace más de un año. Se me indicó que hiciera fila en una de dos ventanas, las cuales tenían más cola que algunos políticos nacionales. Después de desperdiciar una hora, mi nombre no apareció en sus listas de ahorrantes. Al rato, casi perdida mi paciencia, me dijo un empleado que hasta julio de 1975 (obsérvese, julio de 1975) no se me devolvería la plata que tenía ahorrada desde hacía más de un año.

¿Qué camino me quedaba? Ir al tercer piso del Banco a ver quién me daba razón de la medida por la cual se congeló la devolución de mis ahorros. Allí alguien me explicó que, por una reforma a la ley aprobada por la Asamblea Legislativa, mis fondos no serían entregados sino hasta julio de 1975, debido a que era necesario reorganizar el Banco. Esta reorganización, evidentemente, es una excusa para no devolver los fondos de los ahorrantes, esté o no esté la excusa basada en una sanción legal.

Quiero que el Sr. Salazar sepa que no culpo a su bando de la inflación, como él en su ignorancia me lo atribuye. Ese desmedro de la situación económica del pueblo, que él menciona, tiene orígenes muy distintos al Banco Popular y él, quien dice que mi “pensamiento es harto conocido por los costarricenses”, parece la excepción a esta regla que él fijó, pues en mis comentarios sobre la inflación jamás he mencionado al Banco como causante del alza en los precios. Tal vez, en lugar de fijarse en mis opiniones acerca de la asignación familiar que, a propósito, afectará principalmente a los obreros, por la desocupación y la inflación que este proyecto va a causar, el Sr. Salazar debería ver cómo se les garantizan los ahorros reales a los trabajadores, para que no sean objeto de la explotación de los ahorrantes que hoy día hace el Banco.

Ojalá que el Sr. Salazar entienda que, si bien es cierto que uno sufre la disminución de los ahorros en una época de inflación (en caso de que el pago de intereses no compense por la devaluación del colón), ya sea que ahorre en “el Banco Popular o en cualquier otro, incluyendo fiduciarias y bancos privados”, como él dice, también es cierto que no hay ley ni nadie me obliga a ahorrar mi plata en los bancos comerciales, públicos o privados, cooperativas de ahorro o lo que sea. La diferencia que el Señor Salazar trata de ignorar, y que es la esencia del problema, está en que el trabajador tiene que ahorrar forzosamente en el Banco Popular y ahí es donde, velis nolis, pierde uno los ingresos reales. ¡Que el estimable lector juzgue la lógica de este razonamiento!

Quedan por aclararle un par de cosillas al Sr. Salazar, quien dijo que, debido a mi permanencia en el extranjero, yo no me daba cuenta de que “nuestro trabajador no tiene la disciplina del ahorro, no ha sido educado para ello y de ahí las colas de retiro de ahorros” y, al mismo tiempo nos dice que las colas de gente son de “tan sólo 30 por ciento de los trabajadores del país”.

Quien sepa razonar lógicamente le pediría al Sr. Salazar que le aclare el enredo en que se metió. Si el trabador, tal como él dice, no tiene la disciplina del ahorro y que por ello retira los ahorros y también el Sr. Salazar nos dice que las colas son pequeñas, existe una contradicción porque si los retiros son escasos, entonces, será porque el trabajador sí sabe ahorrar. No se necesita haber vivido tiempo en el extranjero para aprender a razonar.

Es más, si lo que se desea es educar al trabajador para que ahorre, entonces, ¿por qué, por lo menos, no se le pagan intereses que conserven sus ahorros reales, promoviendo así en el trabajador la virtud de la capitalización y del ahorro? Por ello, con el fin de estimular la formación de ahorros, en mi artículo sugerí que se crearan, en vez del Banco Popular y por medio del INFOCOOP, cooperativas de ahorro y crédito para que el trabajador pueda disponer de mejores y más rentables medios para canalizar sus ahorros. El Sr. Salazar ignoró esta alternativa que permitiría al trabajador ser dueño de sus ingresos totales.

Tal como es tradicional en politiquillos de nuevo cuño, el Sr. Salazar no analiza las ideas con la razón, sino según quien sea el que las emite. Quiero dar un ejemplo de la demagogia del Sr. Salazar y cito la afirmación que él hizo de mi persona: “una alta remuneración y solvente económicamente desde hace mucho tiempo, tanto como su edad”. Con esto el Sr. Salazar se introduce en mi vida privada y desgraciadamente lo primero que hace es meter las patas. Muchas personas conocen el hogar de trabajo al que pertenezco y que cualquiera consideraría como de clase media. Para aclarar la confusa mente del Sr. Salazar, ha sido el esfuerzo familiar lo que me ha permitido vivir decorosamente por medio del trabajo arduo. Debo decirle al Sr. Salazar que, cuando vaya a referirse a algo tan delicado como la vida privada de las personas, por lo menos indague antes cuál es la realidad.

Pero el asunto de fondo es muy claro y muy directo. La institución que el Sr. Salazar preside se ha convertido en una máquina que ocasiona pérdidas progresivas a los ahorrantes forzados, a la vez que promueve el gasto no productivo. Ya el pueblo se ha dado cuenta de que el Banco Popular no sirve. Al mismo tiempo, la gente reconoce que la palabrería barata, la propaganda de “yo soy un trabajador igual a usted” y todo el aire de pretendido interés social del que esa institución cree rodearse, no son más que una cortina de humo que trata de ocultar la ineficiencia extrema del Banco.

1974-08-30- LAS GANANCIAS DE RECOPE

LAS GANANCIAS DE RECOPE

La Nación, 30 de agosto de 1974.

Se supone que la razón fundamental por la cual el monopolio de la RECOPE pasó a manos del Estado, fue evitar que las ganancias derivadas de la compra y venta de hidrocarburos quedaran en manos de particulares y, en parte, propiedad de extranjeros.

Esto sonó muy bien en los oídos de los xenófobos e intervencionistas, pues de esta manera se protegería, supuestamente, al consumidor de la rapiña de los empresarios privados y de los trusts internacionales. Pero parece que la idea no ha caído tan bien en los bolsillos del pueblo consumidor.

Si el propósito por el cual el Gobierno interviene en los monopolios es la regulación de su actividad, con el fin de evitar que se cobren precios más elevados (o que se restrinja la producción) de los que determina el mercado libre, entonces mal hace el Gobierno en seguir una política tal como la efectuada con RECOPE.

Los propósitos de la regulación de las industrias monopólicas se fundamentan en la fijación de un precio máximo a sus productos, determinando así un margen “razonable” según el criterio político de las autoridades públicas acerca de la inversión de la empresa. Así, en muchos países occidentales existe la regulación pública de los precios de los monopolios privados. Por ejemplo, empresas de electricidad, transporte y teléfono, son objeto de limitaciones a sus márgenes de ganancias.

El problema se complica cuando es el Estado el dueño del monopolio y no ejerce una regulación sobre el precio cobrado por el producto monopolizado, de manera tal que no se presenten “ganancias extraordinarias”. De esta forma, con el pretexto de que las ganancias de RECOPE serán empleadas en un fondo para comprar frijoles, se han dejado que RECOPE fije el precio de la gasolina tal como lo haría cualquier monopolista privado. Dado este hecho, si la filosofía que subyace a la política de regulación del precio del producto monopolizado es la protección del consumidor, en este caso, en el que virtualmente no hay regulación en el precio de la gasolina, el consumidor otra vez, bajo el pretexto del gobierno de proteger los intereses del pueblo, termina pagando un precio más alto por el producto que compra; o sea, la gasolina.

Sin duda alguien exclamará que el objeto de las ganancias de RECOPE es beneficiar al consumidor, quien podrá adquirir frijoles subsidiados. Sin embargo, este argumento es erróneo por lo siguiente: supone que los beneficiarios por un consumo abaratado de los frijoles son más merecedores de la bondad gubernamental que lo que son los sufridos consumidores de la gasolina. Este problema debe ser resuelto por el político a través del sistema tributario. En efecto la política de subsidio del fríjol no requiere que RECOPE esté en manos del Estado. Perfectamente don Juan Pérez y otros pueden ser dueños particulares de la RECOPE, al mismo tiempo dejar que la empresa cobre el precio de mercado y las ganancias podrán, por medio de un impuesto, ser trasladadas al fisco para los efectos que este último considere necesarios.

Podemos deducir que el Estado no ha seguido una política congruente con la regulación de un monopolio; específicamente, RECOPE. Esto trae el consiguiente perjuicio al público consumidor. Es más, no hay necesidad de que RECOPE esté en manos del Estado para que de esta manera se puedan lograr los fines de subsidiar al consumidor de frijoles, dado que, según el gobierno, en esto se utilizarán las ganancias de la RECOPE. Se puede sugerir, por tanto, que se permita la existencia de cuantas empresas deseen trabajar en la producción y venta de hidrocarburos y que, en caso de que existiera un monopolio privado, el gobierno podría pensar en regularlo, pero no necesariamente hacerlo su propiedad, ¡Cuándo se aprenderá a reconocer las virtudes de la eficiencia de la empresa privada!

1974-09-03-CON SÓLO QUE DIGA SOCIAL ES BUENO

CON SÓLO QUE DIGA “SOCIAL” ES BUENO

La Nación, 03 de setiembre de 1974.

Ya todos conocemos la popular frase “¡Libertad, libertad, cuántos crímenes no se cometen en tu nombre!” Ahora, en Costa Rica, la moda ha cambiado y así, aún el proyecto más absurdo que ustedes se pueden imaginar, recibe la bendición de los exégetas del intervencionismo con sólo agregarle la etiqueta de “social”.

La razón de por qué se acepta esta manera de operar es evidente. Tal como sucedió con la Santa Inquisición, en nombre de Cristo se martirizó a los humanos y esto permitió una aceptación casi general del populacho, que se extasiaba con los actos del Santo Oficio. Hoy, muchos, al oír el adjetivo “social” adscrito a un proyecto, sienten la imperiosa necesidad de darle su aprobación sin pensar en las implicaciones que éste tiene.

Lo anterior es justificable: ¿quién quiere exponerse a que le digan ricacho, enemigo del pueblo, esbirro del capitalismo y toda la serie de epítetos que se le enrostran a quienes se oponen a la demagogia populachera?

A veces es más fácil congraciarse con la masa o con los de arriba que viven a costas de la misma masa, por medio del expediente fácil de dar rienda suelta a la irresponsabilidad social y, al mismo tiempo, a la conveniencia personal.

Los estrategas de la “conciencia social” tienen su mecanismo de defensa. Cualquier ciudadano, quien piense distinto de la concepción particular que estos “líderes” tienen acerca de la sociedad, necesariamente debe estar motivado por algún interés económico particular, en tanto que ellos no, pues supuestamente defienden los derechos del pueblo. De esta manera, si alguien critica a alguno de los llamados “proyectos sociales”, éste no tiene razón en sus críticas porque el comentario viene de algún “rico”. Lo más divertido del caso es que, entonces, ser rico o no pobre es una condición excluyente de la capacidad de poder ejercer una opinión lógica o racional. Si así fuera el caso, Engels, el famoso compañero de Carlos Marx, o algunos de los líderes de la llamada izquierda, democrática o no, para no ir muy lejos, realmente tampoco tienen ni la autoridad moral ni la intelectual para poder opinar sobre algo “social”.

Lo que los intocables de lo “social” quieren evadir es enfrentarse con el hecho de que las ideas deben ser analizadas por su contenido, por el mensaje que éstas traen y por las implicaciones que tienen sobre el quehacer humano. ¿Desde cuándo, para que una idea sea buena, tiene que provenir necesariamente de alguien que tenga esa supuesta “conciencia social”?

En Costa Rica la moda de lo “social” hace su agosto; si uno señala filas estructurales en el Banco Popular, tal capacidad de diagnóstico queda anulada porque uno no es “social”; si algún ciudadano, basado en la solidez del conocimiento profesional se opone al Proyecto de Asignaciones Profesionales, dicha posición queda en entredicho porque el ciudadano no tiene ”conciencia social”; si algún individuo se atreve a opinar en contra de la Ley de Protección al Consumidor, que supuestamente lo defiende, al momento se descalifica su opinión porque se le acusa de defender algunos intereses oscuros opuestos al “interés social”.

El pueblo costarricense sabe que el mero hecho de llamar “social” a algún proyecto no lo va a convertir necesariamente en algo bueno. No debe permitirse que los cantos de sirena de algunos nos vayan a conducir a situaciones peores que la actual. El pueblo debe exigirles a sus dirigentes una explicación completa y concreta de los llamados proyectos “sociales”.

Déjenme darles un ejemplo de lo que menciono. Pregunte usted a los proponentes del Proyecto de Asignaciones Familiares si ¿su financiamiento, por medio de un impuesto a los salarios (que comienza con un 2 por ciento y termina en un 5 por ciento) y por un aumento del impuesto a las ventas, que se elevará a un 8 por ciento, no va a ocasionar desempleo y, al que no quiere caldo que le den dos tazas, si eso no va a causar inflación? Comprueben luego si la interpelación del ciudadano vigilante es contestada o no; si la respuesta es seria, basada en verdaderos argumentos o en estudios de conocedores de la materia o si, por el contrario, no hay en ella análisis, ni seriedad, y sólo unas frases sin contenido, que nos hablan de lo “social”, pero sin explicarnos realmente las razones del proyecto.

1974-09-04-EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA VIDA

EL ÍNDICE DEL COSTO DE LA VIDA

La Nación, 04 de setiembre de 1974.

Uno de los aspectos más importantes en la economía es disponer de buena información. Poco gana la persona si actúa basada en un conocimiento errado o parcial. Con el fin de poder tomar decisiones apropiadas, es indispensable que existan datos que le permitan formarse un juicio inteligente.

El aspecto económico de mayor actualidad es la inflación. Ésta se define como el crecimiento sostenido en el nivel de precios. Uno de los indicadores de la inflación es el comportamiento del índice general de precios. En Costa Rica se han utilizado diversos índices de precios, tales como el de precios al por mayor y el de precios para el consumidor. Sin embargo, el indicador más significativo en la medición de la inflación es el índice general de precios al consumidor.

¿En qué consiste el índice de precios al consumidor? Es una medida del cambio de los precios que, en promedio, paga el consumidor, en el cual se le da importancia mayor al precio de los artículos más importantes en el gasto familiar. De esta forma, es posible tener una aproximación de cómo se comportan los precios de los artículos consumidos por las familias, adecuándolos según la importancia económica de los productos.

Podemos deducir que el índice de precios al consumidor es sumamente importante. Veamos un ejemplo de su uso: supongamos que hace un año el ingreso mensual de una familia era de ¢5.000 y con ello compraba toda una serie de artículos y de servicios. Sin embargo, con la inflación supongamos que todos los precios se doblaron. Entonces, con esos mismos ¢5.000 tan sólo podrá adquirir en realidad ¢2.500 a los precios actuales, pues ahora todo cuesta el doble.

También a un país le interesa medir el aumento de la producción nacional en términos reales, no en términos nominales y, por ello, para evitar el efecto de la inflación en la medición de la producción nacional, se utiliza el índice de precios para ajustar las cifras elevadas artificialmente por el efecto de la inflación. Igualmente, muchos trabajadores quienes solicitan aumento en sus salarios utilizan el índice general de precios como indicador del alza en el costo de la vida, a lo cual se debe ajustar el incremento en sus ingresos por salarios.

Esto último es muy interesante, pues en una alocución televisada pre-eleccionaria del entonces Presidente de la República, don José Figueres, afirmó que en 1973 el índice de salarios; o sea, los indicadores del aumento de salarios pagados, había aumentado más que el índice del costo de la vida, lo cual significa que el trabajador, en promedio, tenía un salario real mayor. Veamos qué fundamento tiene dicha opinión.

¿Existen en Costa Rica índices del costo de la vida y de salarios? ¡Ya no! El índice general de precios para el consumidor dejó de publicarse en diciembre de 1972.
Por una “coincidencia” el índice desapareció en una época de enorme inflación y, por otra “coincidencia de la vida” esto sucedió poco antes de que se iniciara la campaña electoral que culminó en febrero de 1974. Igualmente, el índice de salarios dejó de publicarse en junio de 1971. Por lo anterior, no sé de dónde el ex presidente obtuvo los datos de 1973.
Podemos deducir varias cosas. En Costa Rica, el Estado no brinda siquiera cierta información indispensable, como son los índices de precios para el consumidor y el de salarios, lo cual brinda una perspectiva real a la verdadera situación del asalariado y del alza en el costo de la vida, en general. Es indispensable que dichos índices vuelvan a salir a la luz pública: febrero de 1978 está bastante lejos.

1974-09-06-LA INFLACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE 1975

LA INFLACIÓN Y EL PRESUPUESTO DE 1975

La Nación, 06 de setiembre de 1974.

Los modernos gobernantes, partidarios decididos de la “economía planificada” acuden con tan encendido entusiasmo a la inflación porque enturbia y trastoca todo el proceso económico.” Henry Hazlitt, La Economía en una Lección, Biblioteca de la Libertad, Unión Editorial S. A., p. 187).

En el periódico La Nación del pasado 31 de agosto, el Ministro de Planificación señaló que el presupuesto nacional para 1975 supera los ¢600.000.000 con respecto al presupuesto presentado para el año 1974.

Es interesante señalar que uno de los argumentos que esboza el gobierno actual (y que endosaron ciertos economistas durante la campaña electoral pasada) es que la inflación que azota a Costa Rica tiene un origen externo. Es decir, el alza en los precios de los artículos se debe a factores internacionales que han sido importados por Costa Rica.

Si bien es cierto que parte de nuestra inflación es importada —nadie puede negar el alza del precio del petróleo— también es muy cierto que hay muchos elementos de política económica nacional que son causantes de la inflación. Así, por ejemplo, podemos destacar el exagerado aumento en el crédito bancario durante los primeros años de la inflacionaria administración Figueres; igualmente, la elevación reciente de impuestos indirectos, tales como el de consumo, conducen a una elevación mayor en los precios y, para poner la albarda sobre aparejo, en la administración Figueres el gasto público aumentó en una forma violenta, ocasionando presiones en la demanda que, ante una oferta poco creciente, trajo como resultado el alza de los precios.

El gobierno actual ha dicho hasta la saciedad que desea combatir la inflación. Que para ello ha tomado las medidas técnicas que lograrán evitar un alza mayor en los precios. Así, el Poder Ejecutivo envió el proyecto de ley de protección al consumidor, el cual, por medio de la fijación de precios máximos pretende controlar la inflación. El error de estos señores radica en el no reconocimiento de que el alza de los precios es el resultado de la inflación; es un reflejo de comportamiento de la oferta y de la demanda. Por ello, en tanto que se controlen los precios y no las presiones de la demanda, nada se va a lograr, excepto escaseces, mercados negros, colas y corruptela de toda índole. Controlar los precios es como controlar la calentura, sin darse cuenta que ella es causada por alguna infección en nuestro cuerpo. En tanto no se cure la infección, no cederá la calentura. Así, en tanto no se controle el exceso de demanda en la economía, los precios no van a bajar.

Veamos si el gobierno está atacando la infección; es decir, si está tomando medidas que van a reducir las presiones de demanda en el país. Según la información proporcionada por el Ministerio de Planificación, en el presupuesto de 1975 se da un aumento de ¢800 millones de colones; o sea, de un 33.6 por ciento sobre el presupuesto enviado el año anterior. Si bien es cierto que el gasto público final es el que cuenta; es decir, incluyendo los presupuestos extraordinarios, el presupuesto actual es un mal precedente y un indicador de presiones inflacionarias adicionales en la economía nacional.

Lo conveniente en un país con inflación es disminuir el gasto público: de esta forma se reducen las presiones que la demanda ocasiona sobre los precios. Una de las funciones del gobierno es la de estabilizar los precios y parece que en Costa Rica el síntoma es hacer lo opuesto de lo que se debería hacerse. Los señores diputados son quienes en última instancia aprueban el presupuesto nacional; si desean traer algún alivio al sufrido consumidor, quien ya no sabe qué hacer con el exagerado crecimiento de los precios, tendrán que armarse de unas tijeras para recortar el presupuesto, que es lo que el interés nacional reclama.

En todo caso, esperamos que el gobierno asuma, por lo menos, parte de la responsabilidad del grave proceso inflacionario que continúa sufriendo el país, y que no nos venga a dar atolillo con el dedo, aduciendo que son impersonales “extranjeros” los culpables de nuestras malas políticas financieras, que afectan aún más los exiguos ingresos del pueblo.

1974-09-09-EL CUERO DE ALGUNOS

EL CUERO DE ALGUNOS


La Nación, 09 de setiembre de 1974 y reproducido en ese periódico el 15 de setiembre de dicho año.

El Poder Ejecutivo acaba de emitir un decreto en el cual se fijan cuotas a la distribución y venta de cueros producidos en el país.

Algunos pensarán que este decreto es uno más de tantos que hay por allí y probablemente, en su adentros, se dirán que, al fin y al cabo, a uno qué le importa les fijen cuotas a los productores de cueros.

Una de las enfermedades más comunes de la vista es la miopía, que consiste en no poder ver más allá de las propias narices, la cual está haciendo estragos en Costa Rica. Y creo que es hora de pensar acerca de cómo debemos curar esa cegatería, que me atrevo a llamar miopía empresarial. Existen algunos productores a los cuales no les preocupa el hecho de que el Estado súbitamente decida, por decreto, a quién y cuánto debe vender uno lo que ha producido. Y digo que nos les preocupa puesto que no lo están experimentando en carne propia. Puede uno pensar que lo mejor es el lema “zapatero a tus zapatos” y que así el perjudicado directamente, en este caso, el productor de cueros y el consumidor que paga por la ineficiencia de algunos empresarios protegidos por decretos estatales, sea quien lleve la batuta en la lucha contra los impedimentos a la libre compra y venta de los productos.

¿En qué radica, entonces, la miopía empresarial? En que no se dan cuenta de que la fijación de cuotas en la venta de cueros, que ahora afecta a algunos productores, el día de mañana puede, perfectamente, hacerse extensivo a su propio producto. Y entonces, señores, esos mismos empresarios que hoy muestran indiferencia ante el decreto presidencial porque no afecta sus bolsillos, serán los primeros en cacarear por lo que entonces les hagan. Permítanme hacer varias preguntas muy concretas: ¿Qué creen ustedes que harían los comerciantes si el día de mañana se emite un decreto por el cual se les obliga a vender una cuota de su producto a ciertos individuos o grupos o lo que sea, impidiéndoles venderlo a quien les dé la regalada gana o al mejor postor? ¿Qué piensa usted que harían los trabajadores si el gobierno emite otro decreto ordenando que tengan que trabajar cierto número de horas en ciertas empresas y a un salario menor que el que les pagarían en otras? ¿Qué cree usted que vayan a decir los agricultores si el Poder Ejecutivo les ordena el día de mañana que tengan que entregar una cuota de su producción de caña, de café, de chayotes o de lo que sea, a alguna empresa que por ahí tuvo el beneficio de satisfacer ciertos apetitos de algunos políticos por hacer “algo social”? ¿Qué opina usted sobre lo que clamarán los industriales si de pronto se ven obligados a vender su materia prima o sus productos acabados en cuotas para favorecer a ciertos beneficiarios de la bondad de Papá Estado?

Creo que es hora de que el empresario se dé cuenta de que aún cuando hay ciertas medidas que ahora aparentemente no le perjudican, nada garantiza que mañana sea él quien clame en el desierto por ayuda para poder operar libremente. Es necesario eliminar esa miopía empresarial basada en el error craso de no mirar más allá de sus propios intereses personales del momento. Tal vez debemos deducir algo de la regla de oro de “no hacer a los demás lo que no se quiere que los demás le hagan a uno”, como sería “hoy por ti y mañana por mí”.

1974-09-17-EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y EL SERVICIO DE CORREOS

EL MINISTRO DE GOBERNACIÓN Y EL SERVICIO DE CORREOS

La Nación, 17 de setiembre 1974.

En declaraciones del Ministro de Gobernación, Sr. Edgar Arroyo, que fueron reproducidas en el periódico La Nación del día 9 del presente mes, éste señaló que, dados los gastos tan elevados en el transporte de la correspondencia en avión y camiones del aeropuerto, propondrá que se “obligue al transporte automotor a traer la correspondencia sin costo para el Estado”.

No deja de causar sorpresa tal declaración, puesto que desafía nuestro conocimiento de las reglas del juego de la economía el que, aduciendo razones de altos costos, el Estado obligue a que una persona o empresa le trabajen gratuitamente.

Si así lo fuera, en múltiples ocasiones funcionarios públicos se han quejado de lo oneroso que resultan para el presupuesto de la República, las partidas correspondientes al Ministerio de Educación. Entonces, perfectamente siguiendo la lógica del Sr. Ministro de Gobernación, su colega de Educación podría proponer que se obligue a los maestros a que trabajen, sin costo alguno para el Estado. O bien, tal como me comentaba un amigo, si la idea del Ministro de Gobernación se debe a que su dependencia no tiene servicio propio de transporte y por ello fuerza a empresas o individuos particulares a que transporten el correo, entonces eso equivaldría a pedir a las personas que tienen pistolas a que disparen a los delincuentes, aduciendo que nuestros policías no tienen pistolas.

Evidentemente, las declaraciones del Sr. Ministro de Gobernación no tienen la intención de obligar al “transporte automotor” a traer la correspondencia sin costo del aeropuerto al correo. No sabemos a qué transporte automotor se refiere puesto que, me imagino, aquellos que hemos pagado ¢2,50 por el estacionamiento de nuestro vehículo automotor en el Coco, no tendremos la obligación de hacer de carteros y menos gratuitamente al regresar a San José, por lo cual deduzco que se trata de usar los camiones de transportes de carga, lo cual los hace sujetos, por la medida propuesta por el Ministro de Gobernación, de la coerción estatal en la libre disposición de su producto.

Recientemente el Ministerio de Economía, Industria y Comercio decretó que los productores de cuero están obligados a entregar cuotas de su producto a cierto grupo de tenerías. Ahora se perfila un caso semejante en contra de la libertad de comercio, puesto que habrá alguien que se verá obligado, y aún peor, porque será sin costo para el Estado, a realizar el transporte del correo. Los síntomas son muy malos, pues en este último caso significan ni más ni menos que una forma de eliminación de la propiedad privada, pues se obliga a la persona a trabajarle gratuitamente al Estado. Dado lo anterior, estoy seguro que el Sr. Ministro de Gobernación tiene que haber dicho otra cosa, diferente de lo indicado en sus declaraciones.
Si así fuera, hay más de una cosa que está resultando muy cara para el erario y no tan sólo el transporte de los paquetes de correo desde el Coco al centro de San José.