EL ESTADO ASFALTERO

EL ESTADO ASFALTERO

Jorge Corrales Quesada

Se muy bien que la palabra “asfaltero” no existe, al menos en el diccionario de la Real Academia. Pero, calza bien para hablar de un estado que se dedica a la producción de asfalto. Así, en nuestro medio hemos visto que hay o hubo un “estado banquero,” un “estado asegurador,” un “estado cementero,” un “estado telefonista,” un “estado gasolinero,” un “estado niñera,” un “estado paternalista,” etcétera, palabras usadas para calificar a una serie de funciones que el estado realiza en nuestro medio, sin ser lo propio de su función, cual es, esencialmente, defender nuestros derechos y libertades.

“Estado empresario” es tal vez la mejor forma de calificar esas funciones que el nuestro suele exhibir: producir bienes y servicios que serían mejor creados por las personas, en donde por mejor se entiende que, o son más baratos, o que, a un mismo precio, la calidad es mayor.
Afortunadamente, don Rodolfo Méndez se dio cuenta de ello, al decidir, como ministro del MOPT, que se cerraran definitivamente las plantas productoras de asfalto propiedad del estado. Esto aparece en un comentario de La Nación del 14 de julio, bajo el título “MOPT cierra plantas de asfalto en las que gastó ¢3.000 millones: Material que producen es más caro y de menor calidad.”

Las plantas de producir asfalto fueron compradas por el MOPT entre el 2011 y el 2013 para usarlo en la reparación de las vías cantonales y el costo total de su adquisición, en esos momentos, fue de ¢3.295 millones. Ahora, lo conveniente es vender esas plantas y usar los fondos para ayudar a cerrar el déficit, en vez de aumentarnos los impuestos.

Las razones de don Rodolfo para la decisión deben destacarse, pues son inapelables en su lógica. Para esas plantas “no hay demanda, porque no tenemos [el gobierno] que ser un industrial de la mezcla de asfalto, tenemos costos más elevados que el mercado nacional y si vendemos asfalto subsidiado tendríamos pérdidas. Tampoco cumplimos con requerimientos técnicos.” Clarísimo: el estado “asfaltero” demostrado con toda claridad en su ineficiencia y esta lo pagamos todos los costarricenses.

No sólo es más barato y de mejor calidad el asfalto producido privadamente -por ello los usuarios de ese producto, las municipalidades, prefieren comprarles en vez del producido por el estado- sino que, también, las plantas gubernamentales apenas se usan. La de Santo Domingo tan sólo produjo, en el 2017, un 4.5% de la capacidad actual instalada y la de Siquirres, sólo un 6.3% en ese mismo año. Las de Cañas y Paso Real ni siquiera están en operación. Otro fracaso del estado empresario y eso, repito, lo pagamos todos los contribuyentes.

En buena hora la decisión tomada por el ministro Méndez Mata. Ojalá esa actitud se extienda a tantas otras cosas en que el estado es ineficiente y que otros ministros hagan algo similar con muchas cosas improductivas que están en manos del estado. La reducción en los gastos y la venta de actividades estatales ineficiente, que en manos privadas posiblemente harían mejor las cosas, es una forma de evitar el enorme déficit gubernamental. No es sólo con aumentos en los impuestos que se puede resolver el problema (impuestos que bien podrían terminar en compras de más avioncitos o más plantas procesadoras de asfalto).

Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 3 de agosto del 2018.