ASÍ ¡QUÉ RICO…!

ASÍ ¡QUÉ RICO…!

Por Jorge Corrales Quesada

Una de las virtudes derivadas de la inconformidad de la ciudadanía con el aumento propuesto de impuestos en la Asamblea Legislativa, es que se hayan destapado muchos abusos en distintos entes gubernamentales. Ya debe ser obvio para los ciudadanos que, si el gobierno obtiene nuevos recursos provenientes de las personas privadas con nuevos y mayores impuestos, eso simplemente financiará el gasto gubernamental futuro, pues no parecen estarse tomando las medidas para reducir -sí, reducir, pues lo que están haciendo es evitar que crezca más, pero no rebajarlo- el excesivo gasto público, fuente de nuestro déficit gubernamental.

Un ejemplo de la cornucopia idealizada en que viven ciertos altos funcionarios del Poder Judicial, quienes, ni bien lerdos ni perezosos, arguyen autonomía frente a otros poderes del estado, como debe ser, la emplean para darse aumentos ostentosos de sus salarios, sin que el ciudadano que paga impuestos para ellos pueda decir algo. Un ejemplo de las revelaciones aparece en el comentario de La Nación del 9 de julio, bajo el encabezado “Magistrados se aprobaron dos grandes aumentos en lapso de dos años: Entre 2008 y 2010, el llamado índice gerencial subió hasta 96% el salario de 46 jerarcas.”

Empecemos por señalar cuales son esos 46 cargos llamados “jerarcas” o de “alto rango”: los magistrados, los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los directores del OIJ, los jefes de la Defensa Pública, el fiscal general y los directores y subdirectores administrativos de la Corte.

El primer aumento se dio en agosto del 2008, con base en dos razones: la primera, que sus salarios fueran competitivos con los de otros entes gubernamentales y con los de la empresa privada y, la segunda, “que sus ingresos eran muy distintos a los de sus similares en instancias judiciales de Latinoamérica y Europa.” Ese plus, llamado “índice salarial,” fue un sobresueldo que aumentó el salario base para aquellos jerarcas, lo cual elevó los salarios entre un 10% y un 58%, dependiendo del cargo. (No olviden que también hay otros pluses en el Poder Judicial, que están en función del salario base: al aumentar este, aumenta el desembolso por otros pluses: uno se apila sobre el otro).

El segundo aumento fue en noviembre del 2010, ahora fundamentado en que se habían otorgado aumentos salariales a otros grupos de empleados de ese Poder y que, entonces, era necesario aumentar el de los magistrados para mantener la distancia con los de “jueces, fiscales, defensores públicos y jefaturas del sector administrativo.” En sencillo, ante el aumento que se les dio a los de “más abajo,” fue necesario subirlo a los de “más arriba.” Si te “ayudo, tú me ayudas”; o en una versión chapulinesca, “fue sin querer, queriendo.” Este segundo aumento no fue sobre el salario base, sino un alza en el “índice general,” y significó un incremento del 25% para la clase gerencial.

El efecto financiero de estos dos aumentos al plus del “índice gerencial” entre el 2008 y el 2017, fue de ¢2.071 millones para 46 funcionarios judiciales de “alto cargo” y el aumento significó que los salarios de los “jerarcas” subieran, en algunos casos, hasta en un 96%.

Por supuesto, toda esta “abundancia” de recursos públicos se tiene que reflejar en los problemas fiscales que hoy encaramos. Y, si se les dan más fondos al gobierno, esperaremos que sucedan cosas como las descritas: el gobierno no puede resistir la tentación de gastar cualquier plata que le entre. Y eso lo terminamos pagando todos.

Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 3 de agosto del 2018.