REGULACIÓN BAJO CONTROL

REGULACIÓN BAJO CONTROL

Por Jorge Corrales Quesada

Al leer la noticia de La Nación del 4 de setiembre, bajo el titular “ARESEP se prepara para usar datos de buseros en tarifas,” regresó a mi memoria un trabajo de un muy respetado economista, profesor de la Universidad de Chicago, George Stigler, acerca de cómo las agencias reguladoras estatales terminaban siendo controladas por los regulados. Ello porque lograr que ese poder regulatorio estatal vaya en su favor, es algo valioso y hay disponibilidad de los regulados para lograrlo a cambio de algún beneficio para los políticos (por ejemplo, apoyar sus esfuerzos por conservar el poder o darles empleo cuando terminan de trabajar en el organismo regulador, entre otros).

Esos beneficiarios de una regulación a su favor, están muy concentrados -suelen ser relativamente pocos- en tanto que los usuarios -los consumidores- somos muchos. Eso permite que los primeros se organicen mejor y pongan los recursos para lograr su objetivo, mientras que los consumidores no solemos organizarnos. Al ser pocos, los primeros se benefician en mucho, pues lo que logran se distribuye entre un número relativamente pequeño; esto es, el beneficio para cada uno de ellos es muy elevado. Entre tanto, para los segundos, al ser muchos, no sólo es difícil organizarlos, sino que el costo de la medida suele tener una importancia relativa menor. Por ejemplo, cien pesos más por cada pasaje de bus significan mucho dinero proveniente de mucha gente para quien disfruta de la concesión de la ruta, mientras que, para el usuario, si bien no deja de ser un monto significativo, en el total no es tan importante.

La ARESEP, en decisión de febrero del 2016, había decido usar sus propias mediciones para estimar las tarifas, pero ahora de nuevo ha tomado la decisión de volver a aceptar como válidos los datos suministrados por los propios transportistas regulados.

Por ello, incomoda mucho esta decisión en proceso de llevarse a la práctica por la ARESEP, pues, en lugar de que el regulador determine los datos correctos del número de pasajeros trasladados que se utilizan para definir las tarifas, ahora lo vaya a ser de nuevo por los propios dueños de las empresas de buses. Obviamente surge un riesgo moral pues puede quererse subestimar la cantidad de pasajeros transportados, para obtener una tarifa mayor para que la actividad, basada en aquel número, resulte ser rentable. Pero, si no se subestiman tales cifras de personas transportadas, la tarifa fijada conceptualmente sería menor.

Es cierto que el proceso de redefinición de la fuente de información para la ARESEP aún no está concluido y que se determinará un “intervalo de confianza” para definir su utilidad para la determinación de la tarifa, además de que, aparentemente, los usuarios no tendrán papel alguno de consulta o audiencia pública para definir esas tarifas.

Ante ello, tendremos que estar muy alertas a que, ante la concesión monopólica de las rutas de buses, no se eche, ante la falta de competencia, sal en la herida: puesto que se alejarían aún más las tarifas reguladas, de las que surgirían si hubiera una verdadera competencia.

Publicado en mis sitios de Facebook jorge corrales q y Jcorralesq Libertad, el 21 de setiembre del 2018.