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11-10 El freno a la competencia telefónica

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11-10 EL FRENO A LA COMPETENCIA TELEFÓNICA
Por Jorge Corrales Quesada*

En el periódico La Nación del sábado 24 de setiembre aparece una información que puedo resumirla como entristecedora, pues expone los frenos que contiene la ley que aplica la Superintendencia de Telefonía (SUTEL), con los cuales impiden que el consumidor costarricense disfrute a plenitud de los beneficios que traería una mayor competencia en el campo de la telefonía celular.


Los consumidores hemos mantenido la esperanza de que las nuevas empresas telefónicas que han entrado a operar en el país, como resultado de la apertura del monopolio vigente en el sector, nos brindaran la oportunidad de disponer de precios menores y servicios mejores, que los que actualmente hay disponibles por parte del monopolio del ICE, al igual que como ha sucedido en tantos países, quienes decidieron realizar la apertura de sus sistemas internos de telefonía a la competencia más amplia posible.


Al inicio de nuestro proceso de apertura, a muchos nos preocupó que el país tan sólo dejara que fueran dos empresas las únicas que podían ingresar a competir frente al monopolio existente, pues consideramos que, además de aquellas dos, había otras firmas deseosas de entrar a brindar el servicio. Sin embargo, limitaciones del espectro, nos dijeron, fue la razón que impidió que eso se pudiera dar. Pero, por tantas coas que han corrido bajo este puente, me he puesto a pensar si el deseo de nuestras autoridades no ha sido sino el de traerle al monopolio tan sólo un poquito de competencia y no toda aquella plena que nos merecemos los consumidores, quienes se supone somos soberanos en una democracia liberal como la nuestra.



Pero, aún así, nos alegramos con ese poquito de competencia, que parecía que habría de llegar. Pero la triste noticia aparece este sábado en La Nación. El titular de la información lo dice todo. “Ley dificulta competencia en tarifas de servicios celulares”. Aquí es donde se me hace presente la admonición que, en cierto momento, hicieron algunos defensores de oficio del monopolio del ICE, ante la entrada de nuevas empresas. Dijeron que ello más bien iba a elevar los costos de la telefonía, en vez de reducirse, cosa que pocos nos tragamos. Sin embargo, la ley que crearon las autoridades legislativas, posiblemente influenciadas por las acciones que en todo momento llevó a cabo el monopolio durante su aprobación, podrían terminar dándole la razón a esos oponentes del progreso y la competencia, pues resulta que, “la Ley de Telecomunicaciones establece que la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) debe regular las tarifas al usuario final hasta que con un estudio de mercado se demuestre que existe efectiva competencia. Basada en esto, la SUTEL estableció precios tope por minuto celular, mensajes de texto y para velocidades de Internet. Las empresas podrán ofrecer descuentos a partir de los precios tope, pero nunca superarlos…” (La Nación, 24de setiembre del 2011).


Entonces, ¿en qué quedamos? En apariencia, como ha sido la práctica través de los tiempos con este tipo de fijación de precios a bienes o servicios, la acción del Estado ha sido para fijar precios máximos que no se pueden exceder, pero, en este caso, la limitación es para que no se cobren precios menores a los que establece el Estado. Con ello hacen que la competencia no vaya a poder reducir los precios para favorecer al consumidor, porque la Ley y SUTEL se lo impiden, al menos eso nos dicen. Al igual que en la actualidad, los consumidores seguiremos siendo las jodidas víctimas del monopolio oneroso, pues la burocracia no deja que los precios puedan ser menores a los que define.


Las mismas empresas privadas competidoras entrantes ya manifestaron su angustia. Don Ricardo Taylor, representante de la firma Claro en Costa Rica, dijo que “en cuanto a los paquetes, el marco regulatorio tarifario debe ser flexible en el sentido de que el consumidor lo que va a estar buscando es que el valor del paquete por el que pagó le dé los precios que requiere y ojalá más allá de esa expectativa”, siendo reforzado por un funcionario de esa empresa, quien señaló que “es importante que no salgamos con una oferta homogénea, porque, si no, no vamos a competir (…) La idea es que se dé cierta libertad para atacar los distintos nichos del mercado”.
En dos palabras, las restricciones hacen que la empresa Claro quede sujeta a hacer “ofertas homogéneas”; es decir, sin que haya competencia, que es lo que beneficiaría al consumidor, quien así verá frustrar sus expectativas de poder disponer de paquetes que le satisfagan competitivamente en términos de valor y calidad. Y eso lo logramos, no con que se nos “dé cierta libertad”, aunque algo es bueno, sino más bien con que se nos otorgue plena libertad para poder escoger libremente. Sin temor a la libertad de escoger, que es lo que aborrece el monopolista.


Por otra parte, la otra empresa competidora recién ingresada al mercado, Telefónica, señaló por medio de su representante, señor Jorge Abadía, que “Al haber una tarifa máxima por minuto, se quita flexibilidad para ofrecer paquetes más atractivos a los clientes, con ofertas creativas e innovadoras… Sabemos que se ha revisado el tema, pero es muy importante que esté listo antes de la entrada con la oferta comercial”, lo cual refleja la importancia que para ésta y la otra empresa, que recientemente ingresaron a competir en el marcado, tiene la vigencia de una apertura del mercado, en donde puedan competir ofreciendo cada cual lo que mejor puede ofrecer a los consumidores, en cuanto a precio y calidad.


La respuesta del órgano regulador SUTEL, en voz de su presidenta fue que no tenía otra opción dada la ley. O sea, que los consumidores seguiremos siendo ninguneados y sujetos a la explotación de un monopolio de hecho, sólo que ahora integrado por tres empresas, dado que quien las ordena y las cobija fijará las misma reglas para todas en lo que a precios y calidades se refiere; esto es, que no habrá competencia: el monopolio de hecho queda así ordenado por el Estado y ello lo aborrecen las empresas, dispuestas a seguir el camino de la competencia para lograr obtener el favor de los consumidores.



Lo que desde ya la SUTEL debería de estar haciendo es el famoso estudio “de mercado que demuestre que existe efectiva competencia”. ¿No entiendo cómo, si la ley prohíbe que las empresas compitan, algún estudio demostrará alguna vez que hay competencia en el mercado? Tal vez la solución obvia al problema, es si se les pregunta a los ciudadanos que si con la entrada esperan que haya competencia, mediante diversidad de precios y calidades. Entre tanto, SUTEL debe simplemente proceder a lograr una revisión de la ley, pero dada la lerda experiencia que caracteriza a ese proceso legal, proceder a aprobar los distintos proyectos de precios y calidades que le presenten las diferentes empresas que participan competitivamente en el mercado. De lo contrario, los engañados seremos los consumidores, tan sólo una vez más, pero quienes tal vez merecemos mejor suerte.


Creo que fue el 24 de marzo del 2009 cuando escribí un artículo en el periódico La Extra, titulado “Los estertores del monopolio”, del cual me permito reproducir un par de párrafos. En él señalé que “Éste (el monopolio del ICE) al ver pasos de animal grande, pues los costarricenses justamente nos preguntamos ¿por qué salían tan caras las llamadas del ICE?, lo que hizo, como niñito con rabietas, fue quejarse ante los órganos reguladores de la competencia telefónica, de la ilegalidad de esos nuevos teléfonos que no habían seguido ciertos trámites para operar y que procedieran a cerrarlos. Al monopolio llorón no le quedó más que, de nuevo, tratar de impedir que otros pudieran decir que el ‘emperador estaba chingo’.



Ya no hay necesidad de usar los caros servicios del ICE para llamar al exterior. Ojalá que la competencia innovadora pronto nos ofrezca diferentes opciones, que hasta podrían ser más caras, pero que nos den mejor servicio.”


Bueno, ya vemos que la mesa de la ley estaba servida: el monopolio llorón no va a sufrir el pleno impacto de la competencia, gracias al proteccionismo que le brinda el Estado, quien estuvo dispuesto a sacrificar el bienestar del consumidor y, sobre todo, a frustrar las aspiraciones y esperanzas que tenía, de que un proceso de apertura y competencia le brindara mejores servicios a menores precios. Qué después nadie me vena a decir que la competencia de la apertura telefónica no le trajo beneficios al consumidor, si fue que la burocracia y el Estado no dejaron que funcionara en pro de los intereses de la ciudadanía consumidora de este país.

*Jorge Corrales Q. es ex Presidente de ANFE. Este comentario fue originalmente publicado en el sitio de ASOJOD el 27 de setiembre del 2011.

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