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Boletín ANFE

11-08 Acerca de algunos de los problemas actuales de la CCSS

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Agosto del 2011

11-08 ACERCA DE ALGUNOS DE LOS PROBLEMAS ACTUALES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

Por Jorge Corrales Quesada*

Antes de que alguien me coma vivo porque defiendo a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al menos en la idea fundamental por la cual se le creó y en las dimensiones en que entonces se le pensó, como liberal quiero resaltar lo que en su momento señaló el fundador de ANFE y presidente de ella, el Dr. Fernando Trejos Escalante.

Su libro escrito en 1963, Libertad y Seguridad Social, tenía como propósito “demostrar que la seguridad social puede coexistir con un régimen de libertad económica”. En él señala que “la seguridad social, bien concebida, es el complemento indispensable para un régimen de libertad, cuando menos en los países subdesarrollados.” (Fernando Trejos Escalante, Libertad y Seguridad: Libertad económica y seguridad social, San José, Costa Rica: Asociación Nacional de Fomento Económico, 1963, p. 20).

Cecilia Valverde menciona la razón por la cual Fernando Trejos escribió esa obra: “Estoy escribiendo mi libro, ahora con mayor razón porque es necesario que todos sepan que seguridad social nada tiene en común con socialismo. Más aun, la seguridad social es una de las mejores formas de combatir los motivos que contribuyen al socialismo. Y deseo convencer, a quienes no han acatado esto, de que el socialismo no solo nada tiene que ver con la seguridad social, sino que ésta conviene intensamente como medio de frenar el avance de tal ideología. Todavía más: creo que la seguridad social es un fundamento indudable de la libertad económica.”

(Cecilia Valverde Barrenechea, “Semblanza”, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ensayos en honor a Fernando Trejos Escalante, San José, Costa Rica: Academia de Centroamérica y Asociación Nacional de Fomento Económico, 2004, p. 13).

En este último libro, escribí que “…yo considero a Fernando Trejos como un claro exponente de una versión de liberalismo que no va en contra de sus cánones básicos. Es un liberal clásico para quien era necesario que se aseguraran las condiciones básicas que le permitieran al hombre libre poder vivir una vida buena, producto del desarrollo de su potencial que como tal le es propio hacerlo.” Jorge Corrales Quesada, Fernando Trejos Escalante: un liberal ante los problemas sociales, en Grettel López y Reinaldo Herrera, editores, Ibídem, p. 105.)

Dado mi aprecio hacia esa institución por la cual el Dr. Trejos Escalante luchó tanto, me permito formular, por el momento, algunas sugerencias en torno a la situación difícil que en estos días se ha señalado; principalmente acerca de la insuficiencia de recursos para atender los servicios de tratamiento y curación de enfermedades que brinda la CCSS. Creo que, de esta manera, se podría ayudar a mitigar los actuales apuros, tanto presentes, como, sin duda, futuros.

De previo se debe recordar que la Caja tiene dos tareas claramente definidas: una, la atención a la Enfermedad y Maternidad (EyM), y es a lo que principalmente me refiero, y la otra, el sistema llamado de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el cual sólo toco incidentalmente.

Asimismo es importante tener presente que existe una proliferación de organizaciones sindicales dentro de la CCSS, que en mucho son parte de los problemas que hoy enfrenta, por lo cual quiero enfatizar algo acerca de la naturaleza de dichas organizaciones. Los sindicatos tienen un objetivo esencial, cual es la obtención de beneficios para sus asociados. A veces este propósito se intenta disfrazar, para lo cual alegan buscar el interés de los ciudadanos, lo cual puede ser así, pero debe entenderse que siempre está supeditado a aquel prioritario: el interés de sus asociados.

Por lo tanto, no necesariamente es cierto que busquen el interés nacional y creo que aún menos el de los usuarios de la Caja, aunque suelen alegar tal motivación para sus acciones. Lo primordial para los sindicatos es que sus miembros obtengan favorecimientos; lo demás es simple justificación a las acciones que usualmente llevan a cabo en el logro de tales beneficios. En síntesis, no se trata de instituciones dedicadas al altruismo, a la beneficencia ni a la caridad, sino de entes que buscan maximizar el interés propio de sus asociados.

Lo primero que debemos de tener muy claro es la verdad acerca de la situación financiera de la Caja, tanto en la parte correspondiente a las pensiones (IVM) como en la de servicios de salud (EyM). Lo digo enfáticamente, pues uno suele escuchar diferentes versiones acerca de la situación de la Caja proveniente de diversas fuentes respetables, como lo son la misma institución, la Superintendencia de Pensiones o la Oficina Panamericana de Salud (OPS), entre otras. Es cierto que ello se puede deber a diferencias en las metodologías empleadas para el cálculo de sus estimaciones, pero ello de alguna manera tendrá que ser compatibilizado, a fin de que los verdaderamente afectados con los problemas –los usuarios cotizantes de la Caja- sepamos cuál es la verdad verdadera.

En segundo lugar se ha mencionado, pero luego rechazada, la posibilidad de que se aumente el porcentaje de la cotización actual hoy pagada por los trabajadores y los patronos. Por supuesto que ni pensar en aumentar la cuota a esa tercera parte del financiamiento tripartito vigente, cual es el Estado como Estado (ya que, como patrono, es otra cosa), pues creo que todos nos hemos dado cuenta de que, en esa condición, realmente se le podría considerar como el “moroso” más grande de las obligaciones con la Caja. Lo que ha venido haciendo a lo largo de los años es que, de vez en cuanto, como aseguro que lo hará pronto en estos días, cancela estas obligaciones entregándole bonos a la Caja, lo cual sabemos que es un artilugio financiero, pues sólo permite inyectar algo de liquidez a la Caja con los intereses que le paga por dichos bonos. Pero realmente se trata del acto de un estado irresponsable del momento, puesto que en el futuro le cargará esos pagos por los bonos a quienes hoy pagan impuestos; esto es, a los trabajadores y a las empresas, a fin de pagar esta creciente deuda pública entregada a la Caja. Claro que no hay que excluir la posibilidad de que, al llegar “ese futuro”, por la falta de plata –como ahora- el estado simplemente declare un default en el pago de esa deuda bonificada.

Eso sí hay un hecho crucial del que se habla de vez en cuando, pero no se encara, como debe ser, tal vez por una creencia de que, si se actúa de esa manera, el problema deja de existir. Los cotizantes al régimen de la Caja estamos viviendo muchos más años en comparación a cuando se instauraron y se definieron las cotizaciones con base en la esperanza de vida de aquel entonces.

La realidad es que los costarricenses estamos viviendo, afortunadamente, cada vez más años. Por otra parte, no es cierto, como lo alegó un funcionario de la Caja, que, como no se actualizan las cuotas de la CCSS, los ingresos no alcanzan para cubrir los gastos. Lo cierto es que el porcentaje definido, al irse aplicando sobre un Producto Interno Bruto creciente, significa que aumenten también los ingresos de la Caja.

Pero el menor crecimiento del PIB durante los últimos años, lo cual significa que la Caja tendría menores recaudaciones, es una buen razón para que se practiquen reducciones correspondientes, al menos temporalmente, de los gastos, lo cual parece que no se ha efectuado.

Me parece que más serio para las finanzas de la Caja es el envejecimiento paulatino de la población –que en mucho, creo, se puede adscribir al buen servicio médico que hay en el país- pues no sólo exige pagar pensiones por muchos años más de lo esperado según el diseño inicial, sino que también esa población más vieja suele demandar más servicios médicos, hospitalarios y medicinales de la Caja. Aquí la solución razonable es clara, en mi opinión: aumentar los años de cotización a la Caja y, por ende, para pensionarse, en vez de elevar los porcentajes que hoy se pagan como cotizaciones. Evidentemente este proceso tiene que irse practicando con sumo cuidado, pues dichos incremento en los años de cotización y de inicio de la pensión no puede hacerse en un solo momento, sino que debe ser algo gradual para que, quienes ya están relativamente cercanos a pensionarse, no sufran un impacto devastador.

Las experiencias hoy vividas en cierto países de Europa, como Grecia y Portugal, en donde gran parte del problema fiscal que sufren se deriva de regímenes de pensionas que no se han ajustado al envejecimiento que gradualmente ha ido experimentado su población cotizante, les ha obligado a tomar medidas draconianos que nadie desea. Por ello, lo mejor es actuar al respecto lo más pronto posible, cuando los ajustes se pueden asimilar con mayor facilidad, pero es necesario que no sigamos haciéndonos “los majes”, como si el envejecimiento gradual de la población cotizante a la Caja no fuera un problema real.

En tercer lugar, a fin de poner algún grado de orden en los gastos de la Caja es necesario que se cobre por los servicios que brinda a personas que no cotizan. Parte de la atracción de extranjeros hacia el país es posible explicarla porque, entre otras cosas, no tienen que pagar por las medicinas ni por la atención médica de su persona y sus familiares. Simplemente van a la Caja y ahí, sin costo, se les otorgan. No me opongo al ingreso de extranjeros honrados que vienen al país en búsqueda de una vida mejor, pero no me parece que debamos incentivar tal decisión disminuyendo los costos de ella, en especial cuando podría convertirse en un factor importante en cuanto crear problemas serios al financiamiento de un régimen solidario, el cual incluso puede llegar a estar en riesgo de quiebra. Un ejemplo de ello ha sido lo que se ha presentado en Canadá, en parte debido a la afluencia de estadounidenses que deben pagar muy caro por medicinas en su país, en tanto que las pueden obtener más baratas si viajan y las obtienen en el sistema de seguridad social de Canadá.

Ejemplo de la utilización de servicios de la Caja por personas que no cotizan al régimen es lo sucedido hace poco con un piloto herido en un accidente de aviación, supuestamente envuelto en el traslado de drogas. Se le dio una excelente atención en la Caja por muchos meses y mediando gastos enormes, pero que ahora no se sabe quién los va a pagar. Esos costos ya han sido incurridos por los costarricenses que solidariamente pagan a la Caja.

Otro ejemplo es la venta de medicinas de la Caja en Nicaragua, que fuera denunciada hace ya varios años y que parece aún proseguir. Es más, hay nicaragüenses que residen en Costa Rica y que pagan cuotas a la Caja, pero sus beneficios los reciben familiares que residen en Nicaragua y que vienen al país cada cierto tiempo o cuando es necesario para asistir a citas. Y no evado mencionar la gran cantidad de nicaragüenses y colombianos quienes viven en el país, pero, aunque trabajen, no cotizan a la Caja, pero acuden -y lo digo porque los he visto y me lo han comentado médicos que no tiene razón para mentirme- a recibir los servicios médicos que brinda la Caja. Es hora de que los cotizantes actuales de la Caja, por medio de los que se suponen los representan en los cuerpos de decisión política, redefinan la política de atención a extranjeros que no cotizan a la Caja, pudiendo variar desde la exclusión total o, al menos, a que se efectúen cobros que permitan cubrir, aunque sea parcialmente, los costos en que obligan a incurrir al régimen. Hay diversas manera de entrarle a la solución del problema.

Un ejemplo más: se da el caso de extranjeros, incluso ya pensionados en sus países de origen, quienes llegan al país y aparecen laborando como trabajadores de sociedades en donde ganan poco, de forma que así logran cotizar algo, pero poco, a los regímenes de la Caja. Saben y aprecian los buenos servicios médicos de la Caja y la “gratuidad” de las medicinas que se les otorgan y por ello efectúan tales arreglos. Pero no me parece algo conveniente, en especial a la luz de principios básicos de igualdad ante la ley, si lo comparamos con la multitud de trabajadores nacionales que han cotizado toda una vida a los regímenes de la Caja, sin fingir que perciben salarios bajos que les aseguren el acceso a sus servicios.

Deseo recalcar que mis propuestas cobrar por los servicios que la Caja brinda a no cotizantes no se refiere exclusivamente al caso de extranjeros, sino que también, por supuesto, es aplicable a nacionales que no cotizan y que reciben servicio de la Caja.

Relacionado con todos estas últimas cosas que he tratado–y sé que me estoy metiendo a aguas procelosas- creo que es necesario que la Sala Constitucional revise su política de exigir a la CCSS a que brinde los servicios a personas que han solicitado su intervención para que se les otorguen. Muchas veces tales servicios solicitados requieren de sumas que parecen ser excesivas a las posibilidades del principal régimen solidario que han escogido los costarricenses. Los buenos principios de administración y economía no parecen contar para los ilustres magistrados, quienes creo que, si bien intencionados, no paran en mientes de que sus decisiones pueden ser muy onerosas para la posibilidades de un país, en donde las limitaciones naturales de recursos son mayores que las de otros más ricos. Lo primero que deberían de darse cuenta es que la medicina cuesta y que hay procedimientos cuyos costos no pueden ser cubiertos en países relativamente pobres como los nuestros.

Por eso, no debe extrañarles que muchas veces hay ricos que salen del país para recibir tratamientos que en Costa Rica no pueden obtener, básicamente por ser muy costosos. Sé que es un difícil equilibrio el que se debe guardar, pero los señores magistrados deberían meditar sobre las consecuencias económicas que tienen sus decisiones, en especial para el caso de regímenes solidarios como la Caja de los costarricenses. No puede creerse en derechos sobre cosas con una independencia de sus costos.

Recientemente se han mencionado dos rubros de gasto importantes en salud que lleva a cabo la CCCSS, cuyas posibilidades de reforma han irritado a ciertos sindicatos de la institución. Ya han hecho llamados a huelga –poca otra cosa parece ocurrírseles- que dañarán principalmente a los cotizantes de la Caja y que en ese momento requieren de sus servicios, por los cuales ya han pagado. Antes de referirme a esos rubros, quiero enfatizar que la actitud de esos sindicatos de acudir a huelga por cualquier cosa, probablemente se origina en tres factores. El primero, que aunque la huelga sea declarada como ilegal, siempre llegan a un acuerdo con las autoridades de la CCSS mediante el cual se les paga lo que no debió de pagárseles por estar en huelga.

Segundo, porque siempre aducen que no es el interés propio el que mueve a los huelguistas, sino que suelen incorporar otros elementos que sí se podrían considerar como que reflejan algún grado de aprecio por el interés de los cotizantes de la Caja.

La realidad es que lo que más les interesa a esos sindicatos es el interés propio de sus agremiados y no el de terceros. En tercer lugar, porque los servicios de salud en nuestro medio son estratégicos y no hay gobierno que pueda mantenerse firme, asumiendo que es lo correcto, ante ciertas pretensiones sindicales. Los gobiernos no aguantan la presión pública que surge de la falta de servicios médicos y, por tanto, prefieren acceder a lo que le pidan los sindicatos. La ciudanía no siente de inmediato lo que está pagando de más por el desperdicio o bien no toma en cuenta de forma adecuada que esos mayores gastos tendrán que ser sufragados de alguna manera, llámese mediante mayores cuotas a la Caja o por una inflación más elevada o por un mayor endeudamiento, que sólo sirve para tirar la bola hacia adelante, pues serán las generaciones venideras las que tendrán que pagar el derroche.

El primero de esos dos rubros de gastos indebidos, sobre los cuales las autoridades están considerando tomar medidas que los corrijan, es el trato privilegiado, en comparación con el resto de los costarricenses que cotizamos para la Caja, otorgado a los empleados de esa entidad por el pago de incapacidades. En la Caja esos subsidios otorgados por incapacidad son considerados como salarios para efectos del treceavo mes, mientras que, para nosotros, el resto de mortales cotizantes de la Caja, dichos pagos son subsidios y no salarios para efectos del treceavo mes. Es hora de que los empleados trabajadores de la Caja tengan los mismos derechos y no más que los que dispone el resto de trabajadores del país. Recuerde que, si los empleados de la Caja tienen mayores derechos o privilegios, todos nosotros tendremos que pagárselos, de una u otra manera.

El segundo elemento de gasto desproporcionado en cuanto a los trabajadores de la Caja es la excesiva cantidad de incapacidades que logran. Las autoridades de la Caja han dado cifras contundentes de ello -contundentes aún si suponemos que trabajar en la Caja implica un riesgo mayor que todo el reto de las ocupaciones en Costa Rica. Asombra la cantidad de incapacidades que se dan a los empleados de la Caja en comparación con los trabajadores del sector privado y ello debe terminar. Si ese abuso se debe a que dichos trabajadores tienen un acceso privilegiado a quienes otorgan las incapacidades–sus mismos compañeros- pues tal conducta negativa aumenta en su dimensión, cuando más bien deberían de ser ellos quienes mayor atención pongan a que no se otorguen tales incapacidades indebidas, pues ello mina el esfuerzo solidario de la CCSS, institución para la cual laboran y se les paga por sus servicios..
Ojalá hagan huelgas para terminar con los privilegios y no para conservarlos y hasta aumentarlos.

*Jorge Corrales Quesada es ex presidente de ANFE. Este comentario fue originalmente publicado en el sitio de ASOJOD el martes 12 de julio del 2011.

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