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Boletín ANFE

11-05 Reflexiones minúsculas

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Mayo del 2010

11-05 REFLEXIONES MINÚSCULAS

Por Jorge Corrales Quesada


Es posible que para algunos se trate tan sólo de “aspectos poco importantes” de la conducta gubernamental y con base en tal apreciación, desecharlos por su falta de relevancia. Opino diferente: aunque aparentemente se trata de actos minúsculos, desnudan la indiferencia con que el gobierno asume sus responsabilidades, cual es, por lo general, un descuido evidente de lo que tiene que hacer bien, una búsqueda casi exclusiva de obtener plata a cómo haya lugar, un desprecio del dolor (costo) que se le causa al ciudadano con la excusa esperada de que, después de tres días, ya nadie se acuerda de lo sucedido.

Tomemos, como ejemplo, la falta de provisión de hidrantes no sólo en San José sino también en otras áreas urbanas. Desde hace más o menos dos años los costarricenses pagamos rigurosamente un impuesto que se carga a nuestros recibos de agua. No hay quite: simplemente allí aparece. Ese es el producto de una ley aprobada por la Asamblea Legislativa para dotar de fondos al SNAA y al Cuerpo de Bomberos para reponer hidrantes viejos, herrumbrados e inservibles, así como dotar de nuevos a muchas partes de la ciudad de San José y otras que hoy no tienen.

Da pena escuchar a un agradable y fortachón caballero encargado de nuestros bomberos, cómo los incendios se extienden por la falta de agua en los hidrantes. Lo triste es que últimamente ese señor, al preguntársele por qué si los costarricenses ya han venido pagando por instalar nuevos hidrantes, estos no aparecen por ningún lado, nos dice que, si bien el SNAA ya tiene los fondos, no ha procedido –por diversas razones- a llevar a cabo el proyecto. Así, totalmente desarmado, nos lo dice el franco jefe de bomberos. Por supuesto, de inmediato viene la excusa burocrática del SNAA:

Que el atraso se debe a lo complejo de los trámites licitatorio, que la Contraloría exige muchos papeles, etcétera; mientras las llamas pueden, por la libre, hacer más daño. Este es un excelente ejemplo del desprecio con que las burocracias estatales tratan lo que son responsabilidades. Es más, como nunca nadie ha sido acusado y juzgado culpable de incumplimiento de deberes, el camino está servido para que las cosas no mejoren y menos que avancen..


¿Y qué hace el SNAA con todos esos fondos recaudados para construir hidrantes? Me imagino que allí están, en algún lado, intocados… Si así fuera, el SNAA estaría en la obligación de pagar intereses por esos fondos, que, aunque no los utiliza, los mantiene en su poder sin hacer nada, pudiendo colocarlos en un banco, usándolos para cubrir sus necesidades de caja –¡vaya Usted a saber! En todo caso, el incentivo es para que simplemente “allí estén”. Si el SNAA tuviera que pagar intereses por esos fondeos depositados allí por los costarricenses, entonces tendría un incentivo para apurar las cosas y no dejar que duerman el sueño de los justos. Después de todo, ¿acaso no es cierto que, apenas pasado un mes de atraso en el pago del recibo del agua, el SNAA procede a cobrarnos ágilmente intereses para que procedamos rápidamente a pagarlo? Es más, nos cortan el agua casi de inmediato y luego nos cobran un elevado costo por reinstalarla. No me opongo a estas medidas, pero, ¿por qué no le aplicamos lo mismo al SNAA con el dinero que allí hemos pagado y depositado para nuevos hidrantes y reparación de los viejos? Les apuesto que entonces sí se apurarán, aunque sea tan sólo un poquito más.

La Municipalidad de San José se había lerdeado en aumentar el costo de los parquímetros. Lo hace ahora con un súbito aumento del 35%. Bueno, a como se ha comportado la tasa de inflación del país, según cifras del Banco Central, ese ajuste de un 35%, si hipotéticamente se hubiera ajustado al aumento de la inflación, hubiera comprendido la sucedida en el período que va de, más o menos, febrero del 2007 a abril del 2011. Bien podría ser que no se haya aumentado el costo del estacionamiento público desde aquella fecha, pero podría estar equivocado. Si lo que intuyo es correcto, lo más posible es que la Municipalidad de San José, en esa euforia estatal de lograr aumentar los impuestos o recaudaciones a como haya lugar, se aprovecha para encarecer el costo de estacionarse por encima del crecimiento inflacionario, proporcionando otro golpecito al alicaído bolsillo de los josefinos. Si me equivoco, de antemano me excuso, pero la suspicacia y malicia indígena han probado serme útiles en muchos casos anteriores.

Y siguiendo con algunas de mis reflexiones minúsculas, debo mencionar el gasto del estado en torno a la liberación y tratamiento de los involucrados en un accidente de una avioneta cargada de cocaína sucedido hace algunos meses. Resulta que a dos de los imputados una jueza les otorgó la casa por cárcel, para lo cual debían de contar con un domicilio conocido, que no tardó en encontrarse (por supuesto que nunca en un domicilio cercano al de la jueza). Parte de lo lamentable con toda esta situación es que todos los que pagan impuestos deberán de enfrentar el costo de cuidar a los angelitos, que, según algunas estimaciones, superará los sesenta millones de colones al año. ¡Qué poco importó que esos costos los tuviéramos que pagar todos los ciudadanos! Podíamos habérnoslos ahorrado si en la cárcel en que estaban se les hubiera puesto a trabajar, para que con ello pagar el costo de un mantenimiento que le imponen a toda la sociedad, además de aquellos derivados del delito por el cual se les ha detenido.

Hay más: resulta que el piloto de la avioneta en mención quedó malherido. La Caja Costarricense de Seguro Social a la fecha ha incurrido en gastos por más de ciento veinte millones de colones para reparar al piloto. No creo que éste pagará la factura, pues el gasto no sólo ya ha sido incurrido por la Caja, sino que, también, de acuerdo con una visión que se ha venido aplicando en tiempos recientes por diversos jueces, incluso de la Sala Constitucional, la salud es un derecho en vez de ser algo que cada uno de nosotros deberá prever. Al ser un derecho –según algunos constitucionalmente garantizados- a servicios médicos que se brinda a cualquiera que los requiera sin tener que pagar por ellos, esos gastos los asume la Caja, que luego verá cómo hace para recuperarlos. Como se imaginan, esa factura está escrita en una marqueta de hielo.

Esa facilidad con que las cortes deciden sobre los gastos de salud social no es nueva. En cierto momento han exigido que a ciertos pacientes la Caja les brinde el tratamiento más caro y de moda que pueda existir en el mundo, pues así los pacientes lo solicitaron en juicios ante esas cortes y los cuales ganaron. En las decisiones de los jueces no median las limitaciones financieras de la Caja; esto es, no importa si se trata del dinero que pagamos todos los costarricenses para que la Caja los administre y de que es imposible gastar en salud fondos sin limitación alguna. (Además, alegan que eso fue lo que quisieron los diputados y así lo plasmaron en la constitución). De hecho, es una visión imposible que se sostenga en tanto los recursos sean limitados. El país no dispone de fondos para tener todos los hospitales que se podrían construir, dotados de los mejores médicos del mundo y con las mejores medicinas y tratamientos que tiene la humanidad. Si se trata de cumplir a plenitud con un derecho presuntamente garantizado por nuestra constitución, no hay recursos que alcancen. Sabemos que el costo de las cosas sí importa y subestimarlos sólo conduce a que el régimen de seguridad social sufra consecuencias tan graves como su bancarrota. Despreciar el principio de escasez que cubre toda la acción humana -principio fundamental en Economía- lo cual incluye la salud, es un error fatal…

No se me puede acusar de xenófobo, porque no creo serlo y así lo he demostrado, pero más de uno podría acudir a acusaciones de tal especie, con tal de demeritar mi argumentación. Creo en la inmigración, pues un pueblo se beneficia con la infusión de sangre de seres humanos que vienen al país y pueden aportar mucho al progresar en él, tal como lo hemos visto en muchas ocasiones a través de nuestra Historia. Sin embargo, deseo comentar que no es posible que la Caja se vea obligada a brindar salud a quienquiera que la solicite, con el prurito de respetar con ello los derechos humanos. Todo quien utilice sus servicios debe pagar por ellos, tal como sí lo tienen que hacer los ciudadanos afiliados a la Caja, a la cual deben pagar rigurosamente sus cuotas adosadas a los salarios que perciben. ¿Habrá alguien que esté dispuesto a ponerle el cascabel al gato o esperarán que nuestro sistema de salud entre en quiebra, entre otras razones -en mucho- por brindar a cualquiera atención médica de todo tipo y medicinas en la cantidad y calidad necesarias, con sólo presentarse enfermo y solicitar que se les trate el caso? Como no hay que pagar nada por ello, como nada cuesta, así hasta yo me vengo a vivir a Costa Rica…

Publicado en el sitio de ASOJOD el martes 24 de mayo del 2011.

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