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Boletín ANFE

11-02 Columna libre: Un estado inviable

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Por Jorge Corrales Quesada

Escuché hace poco en la televisión a una persona aseverar que, con una carga tributaria del 13.5% del PIB, “Costa Rica es un estado inviable“. Esa aseveración hoy me conmina a hacer una serie de reflexiones, pues hasta ahora no había escuchado tal argumentación en favor de la aprobación de impuestos, tal como el gobierno propone actualmente en la Asamblea Legislativa.
El primer punto es valorar qué significa que un país sea inviable. Me imagino que quien así opina tiene en mente la incapacidad del país, con los recursos tributarios de que ahora dispone, para enfrentar las demandas de gasto que del gobierno la gente espera. Si así fuera, es muy posible que tenga razón: en las circunstancias actuales la gente quiere que el gobierno le satisfaga una serie de necesidades que posiblemente requieran de mayores impuestos, pero que parecen ir más allá de lo que esas mismas personas desean pagar. Como tal, la afirmación resultaría ser entonces una perogruyada; esto es, una verdad tan evidente que es una clara bobería formularla como una hipótesis. El hecho de que en la economía en este año habrá un déficit del sector público de un 5% significa que en ese porcentaje hay un gasto gubernamental en exceso de los impuestos. Por lo tanto, la demanda de gasto público estaría excediendo lo que la ciudadanía pagaría en impuestos.

Lo expuesto es algo ya estimado y conocido. Sería un error, ante ese exceso de demanda, dejar de plantearnos por qué se da esa excesiva presión de gasto público, porque si a las personas se les dijera que tienen que pagar más impuestos para sufragar el gasto público que desean, estoy seguro que dudarían en promover el gasto estatal. Pero sólo si ello significa que directamente deben disminuir sus posibilidades de gasto personal ante los mayores impuestos que deberán cubrir

Estos comentarios parecen formar parte de una “clasecita” de Introducción a las Finanzas Públicas en alguna universidad, pero mi propósito es aclarar la forma simplona con que a veces se afirman ciertas cosas, como el comentario de marras que hoy analizo. Si se le cobrara a esa gente por todo lo que desearía gastar por medio del estado, estoy seguro de que buscaría refrenar esos ímpetus de gasto. Siempre traigo a colación lo que una vez me dijo un “amigo”, quien en ese momento me escuchaba abogar por reducir el gasto público: “cómo proponés reducir el gasto público… entonces, si el gobierno tiene menos plata, quién me va a comprar las medicinas que le vendo a la Caja”. En síntesis: siempre se estará en favor del gasto público financiado con los impuestos que pagan todos los costarricenses, si es que ese gasto me beneficia en más de los impuestos que yo tendría que pagar. ¿O no es este un ejemplo claro de la conducta humana?

La tal “inviabilidad” del país por esa carga tributaria es siempre resultado de que la gente quiere más gasto público y correspondientemente pagar menos impuestos. Un aspecto importante a considerar es quiénes se benefician relativamente más con el gasto del gobierno en comparación con los impuestos que pagan. Otro es si los impuestos mayores que se proponen para llenar el hueco fiscal van a afectar las posibilidades de crecimiento (es decir, de generar más riqueza en el país tal que permita pagar los mayores impuestos), con lo cual habría una pérdida neta para todos los costarricenses. Es muy “sabroso” demandar mayor gasto público si él me beneficia en más que los impuestos que pagaría y mejor si son otros los que tienen que sufragarlo.

Pero menos “rico” si ese aumento de impuestos afecta las posibilidades de crecimiento de la generalidad de las personas.


Con tal concepción de “inviable” nunca habrá país que aguante, pues siempre habrá presión para mayor gasto público si no se tiene que pagar impuestos para financiarlo o de los beneficiarios con él, si son otros los que deberán cubrirlo con impuestos. Por ello, para que una nación sea viable es necesario que se limite el gasto que puede realizar el estado y no como sucede ahora que, como hay un déficit, simplemente se deberá cubrir con más impuestos sin plantearse la pregunta antecedente, de si los ciudadanos deseamos que el estado gaste todos los ingresos que logramos o si preferimos que seamos nosotros mismos los que esencialmente lo gastemos según nuestras preferencias.

Alguien me dirá que aquel señor se refiere a que un 13.5% del PIB es una carga tributaria “baja” como para permitir que los costarricenses puedan vivir civilizadamente. De inmediato le respondo que tal creencia es una falacia, pues de hecho hemos vivido con ella “civilizadamente” durante los últimos tiempos. También permítanme responderle con cierto grado de cinismo acerca de si en verdad tal es la carga tributaria en Costa Rica. Me parece que ese porcentaje es mayor a solo entender como “carga tributaria” a los recursos que en impuestos directamente visibles y denominados como “impuestos” paga toda la ciudadanía. Lo que pasa es que hay muchos pagos que se hacen para la manutención del gasto público que no se contabilizan dentro de esa “carga tributaria” del 13.5% de la que hacen mención muchas personas.

Tal porcentaje no incluye como ingresos tributarios a las llamadas “cargas sociales” que se aproximan al 50% del salario del costarricense. Con el pretexto de que forman parte de un esquema de pensiones sociales, se les excluye como impuestos, cuando lo cierto es que son gravámenes cargados contra los salarios nominales que perciben los ciudadanos. Reducen el ingreso neto que el trabajador lleva a su hogar, al igual que sucede con un impuesto a las ventas o el salario neto que queda después del pago de un impuesto sobre la renta. Dicha exclusión me parece equivocada: los impuestos sobre salarios -llamadas cargas sociales- deben formar parte de lo que se denomina como carga tributaria pagada por los ciudadanos.

El asunto de lo inapropiado que es la actual medición de la carga tributaria va más allá: hay otras cargas que simplemente se usan para financiar, de una u otra manera, el gasto gubernamental, como por ejemplo el gravamen que la inflación impone sobre el dinero que demanda el costarricense. Esta carga no aparece como un impuesto, pero el ciudadano sabe que si su salario no aumenta por un plazo de, digamos, un año, y durante ese lapso la inflación es de un 7%, al final del año cada cien colones de ingreso real se habrá reducido a cerca de noventa y tres colones y esa diferencia se la ha apropiado el Banco Central, quien nos entregó papeles por un valor inalterable en el año de cien colones, pero que al final sólo valen noventa y tres, en términos de su poder adquisitivo.

Lo que aparenta ser una puerilidad, no resulta ser tanto al leerse en los periódicos acerca de la reacción de ciertos funcionarios públicos ante la falta de cobro de las recientemente muy elevadas multas de tránsito. En La Nación del martes 18 de enero de este año aparece el siguiente encabezado “COSEVI (que forma parte del gobierno) recauda apenas 37% del monto por infracciones del 2010” y luego se señala que durante el 2010 se recaudaron 10.000 millones de colones de los 26.700 millones en multas. Dice el director ejecutivo de COSEVI que esa partida se reparte entre varias instituciones: la Cruz Roja con un 10% -por decisión de gastarlo así por parte del estado- otro 10% va a las municipalidades y al Poder Judicial -ambas forman parte del estado- le queda otro 10%, en tanto que a la policía de Tránsito -que obviamente son empleados del estado- y a la Dirección General de Adaptación Social que administra las cárceles -la cual también parte del estado- le queda un 5%. Además, hay un recargo sobre las multas de un 30% que va a dar al PANI, que como sabemos también forma parte del estado costarricense. En síntesis, las multas son -para fines loable o no; ese es otro tema- utilizadas como un medio de financiamiento del gasto público. ¿Comprenden ahora por qué la actitud tan firme de parte de autoridades gubernamentales por recolectar plata de las multas? Yo creía que el propósito de esas multas era la disuasión de ciertas conductas antisociales observadas en el tránsito, con lo que hubiera esperado, no una preocupación por la falta de recaudación de platas, sino porque, al no cobrárseles, se afecta el esfuerzo por reducir esos “delitos”? Pero, no: estaba equivocado; parece que el fin último es obtener plata, para los propósitos que sean dentro de la acción del estado.

Sin extenderme mucho sobre estema, también debo citar que las regulaciones que el estado impone para llevar a cabo los negocios privados se pueden considera como una forma de impuestos, lo cual, obviamente, no forma parte de la medición de carga tributaria. El tema es intersante y posiblemente hasta cuantificable, tal como se suele hacer en los estudios sobre competitividad y trabas al comercio internacional, pero en esta ocasión es harto difícil presentar alguna información relevante.

He señalado estos ejemplos para enfatizar que hay más hojas que tamal en la supuesta precariedad de la recaudación tributaria. Y eso que no me he atrevido en esta ocasión a referirme a la calidad del gasto gubernamental, tal como lo he hecho en otras ocasiones.

Como conclusión, la persona que señaló que Costa Rica, con esa carga tributaria, era un estado inviable, está en la obligación de presentar datos que confirmen su aseveración. Por supuesto que no lo hace, simplemente porque no tiene pruebas de ello. Sin lo que en verdad piensa es que un país con esa carga tributaria no crece tanto como otros con una carga tributaria mayor -esto es, aún dándole una interpretación laxa que usa del término “inviable”- es su obligación presentar la información que lo compruebe. Pero no lo hace: lo que en realidad ha hecho es lanzar puras palabras al viento.

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Actualizado 02/08/2011 a las 11:22 por Boletín ANFE

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