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11-02 Un tributo al privilegio y la ocurrencia

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11-02 UN TRIBUTO AL PRIVILEGIO Y LA OCURRENCIA


Por Luis E. Loría*

Debemos discutir acerca del manejo sostenible del bosque fiscal y no solamente pelear para que sus ramas y hojas terminen acomodándose como algunos prefieran. Por el lado de los impuestos, no existe una receta mágica que indique quiénes, en qué proporción y cómo los deben pagar, a pesar de que algunos expertos insisten en lo contrario. Por el lado del gasto público, el asunto es igualmente complejo. Cualquiera puede hacer una lista de los 10 gastos más malos y los 10 gastos más buenos, para argumentar en contra o a favor de más impuestos. Si bien es cierto que hablar acerca de esos ejemplos es importante, no se puede continuar evitando la discusión de importantes problemas de fondo.


Al menos, tres problemas merecen discusión seria y análisis profundo, para determinar el tipo de reforma fiscal que se requiere en Costa Rica:

1. Acumulación de gasto público basura. Cada Gobierno, cada año, incluye nuevas partidas en el presupuesto que nadie se encarga de eliminar posteriormente. Algunas de ellas corresponden a buenas iniciativas, pero muchas otras corresponden a pago de favores políticos, privilegios injustos para sectores específicos y ocurrencias que no benefician a los ciudadanos. Lo peor de todo es que, bajo la sombra de cada una de esas nuevas partidas presupuestarias, nace un ejército de defensores de las ocurrencias y privilegios a los cuales ya sea por amistad, miedo o pereza los políticos de turno prefieren no enfrentar.

En otras palabras, cada Gobierno se encarga de incluir en el presupuesto nuevos rubros de gasto público sin utilidad y al final del periodo de gobierno nadie se encarga de sacar ese gasto basura que se acumuló. Ante esa realidad, ¿cómo sugerir que al Estado no le alcanza la plata para brindar los servicios que los ciudadanos demandan, cuando parte importante de los impuestos se invierte en alimentar un creciente e inmoral sistema de transferencia de riqueza hacia grupos injustamente privilegiados y cubrir el costo de programas de gasto sin utilidad alguna?

2. Intentos por evadir el problema económico. A los políticos no les interesa enfrentar la triste realidad de que los recursos de la sociedad son limitados. Como se menciona arriba, a lo largo de los años, el presupuesto del Estado acumula rubros de gasto público basura y, adicionalmente, a cuadrillas de expertos, que les hablan al oído a los políticos, se les ocurren un montón de proyectos y programas (buenos y malos) para gastar el dinero del pueblo. Como es natural, cada uno de esos expertos está convencido de que sus propuestas son las más importantes y convenientes para todos los costarricenses (como si se tomaran el tiempo de preguntarle a la gente lo que realmente quiere) y pelea a muerte para que estas se vean reflejadas en el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Nacional de Inversión Pública.

Como resulta evidente, para cualquiera que le dedique un minuto a revisar esos planes, no hay plata que alcance para tanta ocurrencia. Lo más sencillo para los políticos es evadir su responsabilidad de priorizar las propuestas para seleccionar las que sirven y desechar las que no sirven y, en su lugar, proceden a proponer que el Estado extraiga una porción mayor del fruto del trabajo de los ciudadanos, por medio de impuestos, para no verse obligados a sacrificar ninguna de esas ocurrencias que los ciudadanos nunca solicitaron.

3. Parche o solución definitiva. El Gobierno prefiere concentrarse en discutir cómo solucionar principalmente, con más impuestos su problema de corto plazo y postergar la discusión acerca de tomar medidas para garantizar que los problemas de irresponsabilidad en el manejo de las finanzas públicas no se repitan en el futuro.

En otras palabras, lo que le interesa es un parche y no una solución definitiva. Esta pasaría por asumir el costo político de una reducción significativa e inmediata del gasto público basura y aprobar una Ley de Responsabilidad Fiscal (Exp. 17,868 Asuntos Hacendarios), con sanciones ex ante y ex post y para los funcionarios que la incumplan.

En la Ley de Responsabilidad Fiscal se establecen los límites al crecimiento del gasto público, deuda total sobre PIB y el requerimiento de un superávit primario. También, la ley obliga al Gobierno a presentar planes para reducción del endeudamiento público y déficit, que serían de cumplimiento obligatorio, hasta alcanzar las metas definidas. Mientras los políticos de todos los partidos carezcan del coraje necesario para encarar y resolver estos problemas de fondo, cualquier nuevo impuesto no será otra cosa que un tributo al privilegio y a la ocurrencia.

*Luis E. Loría es presidente de ANFE. Este comentario fue originalmente publicado en La Nación del 29 de enero del 2011.

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Actualizado 29/07/2011 a las 09:57 por Boletín ANFE

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