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Boletín ANFE

10-12 Regulaciones absurdas e insatisfaccion ciudadana

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Diciembre del 2010

10-12 REGULACIONES ABSU
RDAS E INSATISFACCION CIUDADANA


Por Jorge Corrales Quesada*


Deprime ver, en una nación supuestamente de ciudadanos libres como la nuestra, qué gran cantidad de personas acude a solicitar mayor regulación o control estatal de la más diversa gama de actividades que desempeñan otras personas. Esa actitud puede deberse a una desconfianza generalizada en la capacidad de los individuos de realizar transacciones con otros individuos en donde ambas partes ganan, sin que necesariamente una tenga que ganar a costas de la otra. De ahí saltan a que en dichas transacciones debería participar la mano visible del estado, para que sea mejor llevada a cabo en forma regulada que voluntariamente.


Por ello no extraña que, citando tan sólo unos pocos ejemplos recientes, haya peticiones para que el estado regule los precios de una serie de artículos importados (Mayi Antillón del MEIC), sale un decreto reciente para regular el transporte especial de personas (MOPT) o inicialmente se prohíbe la realización de la Teletón, aunque afortunadamente tal decisión absurda se tuvo luego que echar para atrás (TSE). Pero todos estos ejemplos se caracterizan por la creencia de que el estado sabe mejor que las personas lo que hay que hacer y que si se regula de acuerdo con base esa idea las cosas van a estar mejor que antes.

Por naturaleza soy enemigo de manifestaciones en la vía pública que afecten la libertad de tránsito de las demás personas. Según ello debería estar en contra de la realizada por un grupo de transportistas de servicios especiales el pasado lunes 25, frente a la instalaciones del Ministerio de Obras Públicas (MOPT) en San José. Pero en verdad cuenta con todo mi apoyo, porque tienen toda la razón de protestar ante la incapacidad de aquella institución, pero ante todo por su arrogancia de creer que, limitando mediante regulaciones la libertad de las personas, van a resolver un supuesto problema con el transporte privado de ciudadanos.

Lo que al final de la jornada hace el MOPT es impedir una mayor competencia en el transporte de la ciudadanía, imponiendo una regulación que exige una serie de costosas transacciones a las partes -a los ciudadanos y a esos empresarios del transporte- quienes durante muchos años han acordado libremente realizar un contrato privado, por el cual no se afecta a terceros indebidamente.

Cuando joven iba a los partidos de futbol de un equipo de futbol de amigos de Barrio México y para ello contratábamos un bus que nos llevaba y traía de algún pueblo adonde se fuera a jugar. No había que pedir permiso a ninguna burocracia: simplemente nos poníamos de acuerdo con el propietario del busito en cosas básicas tales como el costo, la hora y el lugar. El estado no aparecía en nada, afortunadamente: no había que firmar papeles con pocos días de anticipación, ni llevarlos sellados ni autenticados ni ninguna otra majadería similar. Ningún burócrata se metía en el asunto y las partes estábamos contentos. Si algo fallaba, pues en la próxima ocasión se usaría a otro transportista. Estos últimos, con tal de asegurarse la continuidad del cliente, siempre nos trataban de lo más bien.

Ahora, a algún genio brillante en la administración del MOPT -tal vez inducido por alguien que desea quedarse con un negocio que ha venido operando normalmente sin intervención burocrática- se le ocurrió poner en práctica un decreto (le agregan “de ley”, para que se vea como muy importante lo que es un acto insignificante en el fondo, pero oneroso en sus consecuencias), con el cual se introduce una serie de restricciones, regulaciones, obligaciones, molestias, necedades, para renovar los permisos de operación de empresas que hoy dan ese servicio de transporte especial a los ciudadanos. Esto es, el transporte de grupos a fiestas, funerales, partidos de futbol, tomatingas de amigos que afortunadamente así disponen de un chofer designado; en resumen, de todo aquel tipo transporte de pasajeros que no sea el remunerado de personas que de diario conocemos.

Con anterioridad los transportistas especiales podían disponer de permisos de operación que duraban un mes. Ahora se cambió para que duren sólo por tres días. Además -siempre presente la voracidad fiscal- cada vez que se solicita se impuso un costo de ¢7.500, monto que, sin duda, será trasladado a los consumidores que contraten el servicio. ¡Chingo de estímulo para que grupos de amigos los contraten para ir a tomar tragos! Así es como el MOPT contribuye a manejar sin alcohol Y, por supuesto, como la minita ya fue encontrada, los burócratas exigen tal pago cada vez que tenga que dar un servicio. A su vez, en el camino sancionador de los reguladores, si el transportista comete el pecado de alejarse de la ruta establecida en el permiso (no se si por cambiar de un camino a otro alternativo, como hay que hacer cuando se viaja a Caldera por la Ruta del Sol), podrían ser multados, se les quitarían las placas y quedarían inhabilitados para trabajar por tres años.

En su protesta cuentan con mi apoyo y estoy seguro que de los costarricenses quienes usan su servicio y los que lo verán encarecerse por la decisión burocrática. Como dijo Jesús Campos, presidente de la Asociación Nacional de Transportistas de Servicios Especiales (ANATRANS), interpretando mejor que nadie lo que está en juego, “nosotros hacemos las cosas legales (y los reguladores del MOPT) deberían hacerlas más fáciles en lugar de complicarlas”. Y no encarecerlas, agrego yo.

*Jorge Corrales Quesada es Ex presidente de ANFE. Este comentario fue originalmente publicado el 2 de noviembre en el sitio de ASOJOD http://asojodcr.blogspot.com/

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Actualizado 28/07/2011 a las 14:29 por Boletín ANFE

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