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Boletín ANFE

10-09 Columna libre: Nuevas reflexiones sobre al panorama fiscal

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Setiembre del 2010

10-09 COLUMNA LIBRE:
NUEVAS REFLEXIONES SOBRE AL PANORAMA FISCAL

Por Carlos Federico Smith

En cierto momento pensé que mi segundo comentario en torno al panorama actual de las finanzas públicas trataría acerca de la propuesta de un nuevo impuesto a los costarricenses de $200 o $300 sobre las sociedades anónimas. No se exactamente de cuánto; tan sólo recuerde que el Estado suele ser insaciable. Sin embargo, el demoledor artículo que en contra de dicho gravamen publicó el vicepresidente de ANFE, Dr. Juan Muñoz, en La Nación del pasado jueves 2 de setiembre -y que se reproduce en este Boletín- ha provocado que varíe mi propósito inicial y en esta ocasión trate de un tema más general que me ha venido preocupando bastante durante los últimos tiempos.

En una ocasión, hace ya buen rato, el Ex Ministro de Comercio Exterior, don Roberto Rojas, expresó ante un pequeño grupo de personas que a él le parecía conveniente que todo Costa Rica fuera una zona libre. Algunos le miraron incrédulo: yo estaba muy de acuerdo con esa idea. Y sigo pensando que para bien de los costarricenses disponer de un sistema tributario unificado, no dos sistemas como sucede en la actualidad, puede ser muy conveniente.

Tiempo después y más recientemente el entonces Presidente de la Junta Directiva de CINDE y asimismo Ex Ministro de Comercio Exterior, don Alberto Trejos, señaló en medios de prensa, ante la idea que ese entonces circulaba de aumentar fuertemente los impuestos sobre la renta que pagaban las empresas ubicadas en las zonas francas, que de ponerse en práctica tal medida podría provocar una salida de la inversión extranjera ya ubicada en las zonas francas, pero principalmente afectaría el arribo al país de nueva inversión. Y con razón enfatizó la importancia que tenía una política tributaria de gravámenes bajos para explicar el enorme crecimiento que se había venido dando en las exportaciones provenientes de nuestras zonas francas.

Lo cierto es que, si bien ese tratamiento preferencial a las empresas de zonas francas es sumamente conveniente para consolidar nuestro esfuerzo exportador y para generar fuentes de empleo calificadas en el país, indirectamente -tal vez una consecuencia no prevista- se ha creado un tratamiento dispar a la inversión en el país que debe ser corregido, a fin de eliminar lo que ya es una seria distorsión en nuestra economía. Mientras que la inversión de una empresa privada en el país paga tasas del impuesto sobre la renta de un 30% en el margen, una empresa que se ubique en la zona franca en la actualidad no pagaría impuesto sobre la renta alguno, si bien hay hace poco más de un año se presentó un proyecto de ley para que pagara -redondeando- un 6% después de estar operando cinco años en el país. El hecho es que aún con este nuevo impuesto que nunca se aprobó y que parece estar agazapado en las sombras legislativas para dar el salto en cualquier momento, pone en evidencia una diferencia tributaria para la inversión que se ubica en el país de un 24%

En mi opinión el país debe evolucionar, con el paso del tiempo, hacia un sistema tributario sobre la renta en que cualquier empresa ubicada en el país pague las mismas tasas de impuestos sobre la renta. Por supuesto que el estatista de siempre correrá a decir que entonces de inmediato habría que elevar las tasas que pagan las firmas ubicadas en las zonas francas, pero tal visión es miope u omisa ante lo que anteriormente se refirió don Alberto Trejos: las empresas ya ubicadas aquí tenderían a irse a mejores rumbos, pero sobre todo Costa Rica dejaría de ser un lugar deseable para invertir si los gravámenes sobre la renta empiezan a aumentar sin ton ni son. Todo lo contrario: la idea que propongo se medite significa ir reduciendo gradualmente las elevadas tasas impositivas que afectan relativamente a la inversión nacional.

No hay razón para discriminar para efectos tributarios en cuanto al origen del capital: tanto las empresas de zonas francas como las domiciliadas fuera de éstas utilizan recursos propios del país. Ambas utilizan el factor trabajo en el cual han invertido los costarricenses (en buena hora), emplean una mano de obra que goza de buena salud, en mucho, en mi opinión, por un sistema de salud pública que todos los costarricenses sufragamos de una manera u otra, así como emplean los caminos -o vías que se les parezcan- que también todos los ciudadanos hemos contribuido para su existencia, aunque ya sabemos del déficit que caracteriza nuestra red vial. Y así sucede con muchas otras cosas que con gusto ofrece la ciudadanía para su utilización rentable por medio de empresas, cualquiera sea su procedencia. Es más la paradoja es tal que incluso la inversión extranjera que se ubica en una zona franca es tratada relativamente mejor que una misma inversión extranjera que se ubica en otra parte del país, fuera de dichas zonas. No veo razón para diferenciar tal trato. Ambas empresas, la ubicada en la zona franca como la que está fuera de ella generan riqueza -afortunadamente- mediante la buen utilización de recursos nacionales y extranjeros.

El meollo del dilema está en ver como se concilia un país que necesita de la inversión extranjera para generar empleo y riqueza tanto para los costarricenses como para los extranjeros con la equidad básica de que la inversión que genera empleo y riqueza, independientemente de dónde se ubique, pague impuestos similares.

La propuesta tributaria que ha estado circulando en los últimos días es simplona: aumentar los impuestos sobre la renta, pero de hecho sería sólo sobre aquellas empresas que se ubican fuera de las zonas francas, con lo cual se aumentaría la disparidad entre firmas que inviertan en el país como un todo. Pero si aumentan los gravámenes sobre la renta (o se ponen del todo), bien podría ahuyentar la inversión extranjera ya localizada en zonas francas dentro del país o, tal vez peor aún, se convertiría en un freno para atraer nueva inversión al país.

La solución, a plazo podría estar en dos vías: tener una aumento ligero en la imposición a las empresas ubicadas en las zonas francas -tal vez después de unos años de operar en el país, de manera que puedan descontar la inversión inicial, lo que podría ser tal vez unos cinco años, que implicaría una tasa de rendimiento del 20% anual, que es nada inusual, y así contribuirían a sufragar el gasto del estado que hoy día recae sobre el resto de los domiciliados en el país. La segunda vía sería ir reduciendo gradualmente las tasas marginales exageradamente altas de un 30% que hoy día paga el resto de empresas (grandes) no ubicadas en zonas francas. Habrá un especie de convergencia que me parece deseable ir llevando a cabo.

Como liberal desearía tener un país totalmente libre de impuestos, si ello fuera posible, pero los liberales no somos anarquistas y requerimos de un estado, que si bien buscamos minimizar, permita que funcione un sistema de libre mercado, visión que es muy distinta del estatismo que ha caracterizado nuestra economía durante los últimos tiempos. Parte del costo de ese estado debe ser sufragado por empresas que hoy día no pagan impuestos y sí utilizan recursos del país, a diferencia de cómo exagerada y desproporcionadamente lo hace el restote firmas que se ubican en el país. Se que es un tema difícil, pero por ello no debe ser soslayado de la discusión seria.

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