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10-09 Colegios profesionales: El ejemplo moderno del latrocinio gremial

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Setiembre del 2010

10-09 COLEGIOS PROFESIONALES: EL EJEMPLO MODERNO DEL
LATROCINIO GREMIAL

Por Alejandro Barrantes Requeno*


Decía Jeff Daiell que "cuando la mafia exige un pago para permitir hacer negocios, se llama latrocinio. Cuando el estado exige un pago para permitir hacer negocios, se llama impuesto de ventas". Si bien uno podría aducir que los impuestos y los Colegios Profesionales no tienen nada que ver, mi análisis debería arrojar, cuando menos, una interesante similitud que va más allá de la frase supracitada.

La Constitución Política de la República de Costa Rica establece, en su artículo 56, que el individuo tiene derecho al trabajo y que, entre otras cosas, corresponde al Estado impedir que se establezcan condiciones que, en alguna forma menoscaben la libertad o la dignidad del hombre, debido a la ocupación que libremente puede escoger cada persona. Sin embargo, a pesar que nuestro Texto Fundamental reconoce algunas libertades, no han tardado la Sala Constitucional, la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo en restringirlas a como dé lugar, so pretexto de la satisfacción de un interés superior: la entelequia del bien común, que se erige, realmente, como esa condición que menoscaba la libertad y dignidad del hombre.

Una forma que han encontrado los planificadores y colectivistas para obstaculizar el libre ejercicio del derecho al trabajo son los Colegios Profesionales. Se trata de organizaciones gremiales, muchas de ellas creadas al amparo de una ley, que no sólo regulan y fiscalizan el ejercicio de una actividad, sino que incluso establecen barreras de entrada al mercado laboral. El rasgo común que comparten casi todos los Colegios -y los que aún no lo tienen, avanzan hacia él- es la obligatoriedad de la afiliación como requisito para ejercer. De esta forma, no importan ya los títulos, esfuerzos y conocimientos de un profesional para dar fe de su propia capacidad. Mucho menos importa el criterio de quienes, voluntariamente, requerirán su servicio a cambio de un pago. Sólo importa el visto bueno de una Junta Directiva o de una Ley que establecen quiénes son dignos y quienes no de realizar una actividad profesional.

Pero eso no es todo: la afiliación obligatoria va de la mano con el pago de cuotas mensuales para mantener a esos elefantes blancos gremiales. Dependiendo de la actividad y el Colegio, las sumas varían, pero siempre tienen el mismo fin que, curiosamente, coincide con el de los impuestos: quitarle recursos a unos -los trabajadores- para trasladarlos a organizaciones ineficientes que no contribuyen en nada a mejorar condición alguna.

Al igual que con los impuestos, la coerción hace su aparición en la toma de decisiones individuales, toda vez que los Colegios Profesionales se erigen como instituciones que cobran por dejar trabajar. En los años 70, la mafia neoyorkina visitaba los negocios, los destruía y luego cobraba a sus dueños por protección. Claro está, se trataba de protección contra ellos mismos. En nuestros días, esa figura de latrocinio se ha perfeccionado y legalizado, de forma tal que si un profesional no se afilia a su colegio y/o no paga mensualmente las cuotas establecidas, sencillamente no puede ejercer su profesión.

Para muestra, un par de ejemplos: hace un tiempo, supe de una profesional que había dejado de pagar las mensualidades, por considerar que el mantenimiento de la burocracia gremial no le aportaba beneficio alguno; muy pronto, los fiscales de su Colegio la acosaron, hasta el punto de recomendar al Departamento de Recursos Humanos del Ministerio donde ella trabaja, su despido. En mi caso particular, para poder ingresar a trabajar como Asesor en la Asamblea Legislativa, la Ley No. 7106, Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, me obliga a estar colegiado.

Ahora bien, para algunos ese libre ejercicio de la profesión puede dejarse en segundo plano para darle prioridad a la seguridad en el desempeño de las labores. Por eso, afirman que los Colegios Profesionales existen para garantizar que los profesionales inscritos cuenten con los conocimientos y requerimientos éticos necesarios para el desempeño de sus labores o, en el peor de los casos, que sirven como instancias a los que puede recurrir una víctima en caso de mal praxis. Empero, la evidencia falsea ese argumento: resulta que, en la vida cotidiana y a pesar de la existencia de Colegios Profesionales, nos encontramos con miembros inescrupulosos o incapacitados para hacer su trabajo. La simple inscripción en esa organización no es garantía de calidad ni conocimiento, mucho menos de la tenencia de valores para trabajar.

Por supuesto que no faltará quien diga que sería absurdo y peligroso dejar por la libre a los ingenieros, a los abogados o a los médicos, pues construirían edificios defectuosos, estafarían a sus clientes o incumplirían criterios éticos. ¡Cuidado profesionales! Quien afirme eso, claramente está demostrando que no cree que ustedes tengan capacidades ni valores para hacer su trabajo y que, al igual que los menores de edad, deben ser vigilados por otros. En otras palabras, parten del prejuicioso principio de que todos son malos por naturaleza.

Thomas Jefferson decía que si se dice que no se le puede confiar al hombre el gobierno de sí mismo. ¿Puede, entonces, confiársele el gobierno de los demás? ¿O hemos encontrado ángeles que asumen la forma de reyes para hacerlo? Así pues, si todos son malos y los Colegios deben existir para evitar la perversión, ¿qué nos garantiza que esos vigilantes no sean tan malos como aquellos a quienes vigilan?. ¿qué nos garantiza que ellos están por encima del bien y del mal como para erigirse en jueces morales de los demás? ¿Quién custodia a los custodios? sentenció Juvenal.

Ante esto, tampoco será de extrañar que quienes mencioné antes se retracten, so pretexto de que no es eso lo que ellos pretenden. Dirán que hay unos profesionales buenos y otros malos y que el Colegio lo que procura es darle respaldo a los primeros y sacar de circulación a los segundos. Pero he acá otro error: el mercado esto es el conjunto de individuos libres que toman decisiones respecto a qué comprar y qué vender, con quién realizar intercambios voluntarios, a quién premiar y a quién castigar es el mejor mecanismo para determinar cuáles profesionales son buenos y cuáles son malos. Quien sea incapaz de satisfacer las demandas y necesidades de su clientela, rápidamente será puesto a un lado y quien tenga esa capacidad, pronto será premiado.

¿Y qué pasará con aquellos cuya actividad mal realizada podría representar un serio riesgo para los consumidores? Ya existen dos mecanismos que no requieren de un Colegio Profesional: a priori, las referencias que de ellos hagan otros clientes. La publicidad boca a boca es, indudablemente, la más efectiva en la historia de la humanidad y en un país tan pequeño como Costa Rica, no faltará quien nos informe de una mala experiencia con un profesional. Y si no tuvimos esa información antes de tomar la decisión, siempre nos queda la posibilidad de recurrir a los Tribunales para demandar a quien es responsable de los daños. Como puede observarse, hay alternativas reales y prácticas a los Colegios Profesionales. No se requiere de una organización que establezca barreras de entrada y criterios antojadizos para el desempeño de una profesión.

De acuerdo con Hayek, el gran error del socialismo radica en creer que alguien tiene toda la información para decidir en nombre de los demás. Pues bien, el mismo error aplica para los defensores de los Colegios Profesionales, quienes creen que un grupo está más capacitado para determinar cómo los demás deben hacer su trabajo.

*Politólogo. Miembro de la Junta Directiva de ANFE.

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