Mostrar Feed RSS

Boletín ANFE

10-05 Columna libre: Los salarios de los diputados

Calificar esta Entrada
Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Mayo del 2010

10-05 COLUMNA LIBRE: LOS SALARIOS DE LOS DIPUTADOS

Por Carlos Federico Smith

No se había acomodado el nuevo gobierno, cuando un socollón político lo despertó del embeleso en que se encontraba: los diputados solicitaron aumentos salariales millonarios en una de sus primeras sesiones de trabajo. Claro, esto alborotó el cotarro y, lo digo con su comprensión, pues es muy, pero muy, fácil atacar esas pretensiones, no sólo porque, a los ojos de los costarricenses, los anteriores diputados habían incumplido con sus obligaciones básicas, sino también porque los entrantes sin haber probado que sí pueden hacerlo, de entrada llegaron solicitando aumentos impensables. Y no voy a referirme a la envidia, como explicación de la reacción popular, pues hay mucho de razón en los dos argumentos previos para oponerse a tal desaguisado.

El cuestionamiento que civilizadamente debemos plantearnos es si en el régimen salarial de los diputados ha surgido un desbalance evidente frente a los de miembros comparables del gobierno. Y aquí las cosas no parecen estar tan en contra de las peticiones laborales de los diputados. Es un hecho de que, desde hace cierto tiempo, los diputados han tenido un rezago en sus salarios respecto a otros funcionarios estatales y que según aquellos deberían de ganar algo similar. Así, arguyen que todos los miembros de los llamados supremos poderes deberían de ganar montos parecidos. Para simplificar, por miembros de los supremos poderes entendemos a Ministros (dejemos de lado a la Presidenta y sus dos Vice-presidentes), Diputados, Contralores y Magistrados (tanto de la Corte como del Supremo de Elecciones) y también no se haría mal en incluir al Alcalde de San José, quien presuntamente gana más que la Presidenta de la República.

Es cierto que los diputados han perdido posiciones relativamente, pero la primera y evidente pregunta es ¿por qué los miembros de los supremos poderes deberían de ganar lo mismo? No creo que alguien tenga una respuesta contundente que zanjara este problema, pero sí me atrevo a señalar que los diputados, por la forma en que se definen sus salarios y por el principio básico de que no pueden legislar en su propio beneficio, han ido cediendo terreno en la carrera salarial comparativa dentro de los supremos poderes.

Dicho esto, alguien podría pretender acercar “adecuadamente” estos salarios “ya y de una vez por todas”. Pero aquí surge uno de los mayores problemas con esta pretensión de los diputados: se les olvidó que es el ciudadano el que les paga su salario por medio de impuestos a que les somete ese mismo Poder Legislativo. Por ello la reacción ciudadana no se ha hecho esperar: parece que aquella ambición logró lo que no han podido hacer los políticos venezolanos contra Chávez ni los oponentes de Liberación en las elecciones: unificar las fuerzas opositoras de una gama muy diversa y a lo largo de todo el espectro político. No he encontrado, excepto por algunos diputados, persona razonable que acepte “ya” un aumento en los salarios de los congresistas de la magnitud pretendida y más bien una mayoría se inclina hacia no aceptar aumento alguno. Esta última posibilidad no es una solución adecuada a un problema real. Creo que es necesario que el país disponga de una política salarial para los funcionarios miembros de los supremos poderes, política que probablemente lleve varios años en su implementación, a fin de lograr un cierto grado de equiparación.

Paso a señalar varios aspectos relacionados con la definición de estos salarios, que tal vez podrían servir para desatascar el enrarecimiento político que encara el nuevo gobierno, porque, a como van las cosas, posiblemente será necesaria una acción definitoria, tal como un veto por parte de la Presidenta Chinchilla (y que ojalá no lo resellen), dado que los diputados, a la fecha en que esto se escribe, se han recetado un sueldo de ¢4.3 millones mensuales, pues lo aumentaron en ¢1.8 millones a los ¢2.5 millones por mes que ya recibían.

Los salarios de miembros de los altos funcionarios del Estado (los llamados supremos poderes) que más han aumentado en los últimos años (digamos que en la última década) son los de los Magistrados principalmente porque estos, casi sin contrapeso político, han podido lograr tales incrementos, por lo general por encima de la inflación nacional. Tan sólo hace unos pocos años, a pesar de que en su momento se dio una fuerte crítica social y política, lograron un aumento verdaderamente elevado, que dejó fuera de proporción a aquellos otros salarios más o menos equivalentes del resto del sector público. El efecto no se hizo esperar. Para empezar, el sueldo de los contralores suele seguir muy de cerca a los incrementos de los sueldos de los magistrados (hay un larga tradición de ello, tanto en salarios como en otras remuneraciones en especie). Este aumento del sueldo de los contralores es, a la vez, muy apreciado (y objeto de rogativas a los dioses para que se dé) por miembros de otras instituciones gubernamentales, como los integrantes de juntas directivas de los bancos del estado, gerentes de instituciones descentralizadas y otros similares, pues sus remuneraciones están an alguna proporción definidos por los salarios de los contralores. A su vez, sus incrementos disparan otras peticiones de ajuste salarial en los otros rangos de la administración estatal.


¡Que la cascada funciona, funciona! Por ejemplo, no habían terminado los nuevos diputados de cuajar su petición de marras para aumentarse sus salarios, cuando la flamante nueva Defensora de los Habitantes pidió, creo, un 18% de alza a su “bajo” salario (por supuesto, para no verse tan solita en su pretensión, dijo que había que aumentarlo también para los altos funcionarios de la Defensoría).

Por otra parte, en el área financiera del estado se ha venido dando un aumento muy grande de salarios para los principales ejecutivos. No niego la necesidad de tomar en cuenta las condiciones de los mercados, pero el hecho es que muchas veces son peticiones a partir de estudios encargados por los propios interesados en donde se comparan sus sueldos con aquellos del privado (no quiero ser injusto: piden que alguien independiente haga el estudio comparativo). Pero el hecho es que en el sector financiero privado los altos ejecutivos tienen que competir internamente así como con posiciones comparables internacionalmente, mientras que los ejecutivos de las entidades públicas tal vez no serían contratados a esos sueldos en las entidades privadas (de ser así, ya se los hubieran “llevado”). Tal vez sería mejor dejar que esos ejecutivos públicos se vayan al sector privado, pero se observa, a veces, que ex funcionarios de bancos estatales luego se emplean en bancos privados, pero con sueldos menores a los que tenían.

En todo caso, los aumentos de salarios en el área financiera del estado han incidido en peticiones de sueldos de funcionarios de otras áreas del gobierno. Destaca el caso del ICE en donde, también aunado al argumento de retener a sus altos funcionarios de una competencia que algún día habrá de existir, se han disparado fuertemente los altos salarios, que posteriormente inciden en la cadena interna, así como son imitados en sus aspiraciones salariales por empleados similares en otras entidades públicas.

No omito manifestar que, de darse el aumento salarial a los actuales diputados, tendrá otros efectos que deben señalarse: habrá que aumentar las pensiones de un número importante de ex diputados estimado entre 200 y 300 (creo que aquellos que lo fueron antes de 1994, que todavía hay muchos, gracias a Dios), así como de los ex Presidentes de la República, cuyas pensiones también están en función de los salarios actuales de los diputados. Como esos incrementos dependen de la magnitud del aumento en los salarios de los diputados, habría que esperar que, de lograrse el aumento sustancial pretendido (de cerca de un 80%), se eleven en esa proporción las pensiones de estos otros ciudadanos. Si estimamos en 250 el número de beneficiarios indirectos, ese aumento significaría un gasto adicional en sus sueldos de ¢5.850 millones anuales (250x1.8x13meses), que, sumado a los aproximadamente ¢1.300 millones de aumento a los actuales diputados (57x¢1.8x13meses), nos daría un impacto adicional en el gasto público de aproximadamente ¢7.150 millones por año.

El inicio de un arreglo a la estructura de los sueldos de los diputados actuales vis a vis los de otros miembros de los supremos poderes (principalmente magistrados y contralores) debe pasar por una moratoria a los incrementos de los sueldos de estos últimos, a fin de que gradualmente se acerquen entre sí con cierto grado de razonabilidad.

La petición salarial de los diputados adicionalmente se lleva a cabo en momentos fiscales sumamente difíciles. Algún cínico habría aconsejado que la hicieran en momentos en que hubiera “abundancia” relativa de recursos públicos. Lo cierto es que se estima que, para este año, el déficit gubernamental se acercará a un 5% del Producto Interno Bruto, cifra no vista en épocas recientes, lo cual señala con suma claridad la vulnerabilidad fiscal en que se encuentra el país.

Por ello, ante la pregunta formulada a algunos diputados acerca de dónde provendrían los recursos para financiar el aumento salarial solicitado (los más de 7.000.000.000 de colones anuales, sin tomar en cuenta el efecto cascada antes mencionado en otros sectores del gobierno diferente de la Asamblea, ex diputados y ex presidentes), la respuesta ha sido un ominoso silencio, con la excepción de siempre, que se ha atrevido a desvelar la verdad: habrá que aumentar los impuestos. Lo de recortes “tipo PAC” al gasto de la Asamblea para financiar los aumentos salariales de los diputados son menudencias en comparación con el impacto total de la propuesta sobre las finanzas estatales y en concreto del Congreso. Además de que no sirve de justificación decir que se financiarán con recortes de gastos innecesarios, pues de ser así, desde hace mucho, pero mucho, tiempo deberían haber sido eliminados, sin tener que esperar, haciendo gala de un oportunismo indeseable, a tomárselos ahora para su propio beneficio: malos administradores de los fondos públicos propiedad de todos los costarricenses.

Aquí surge el meollo del asunto. Desde hace ya bastante rato cierta gente ha venido impulsando un aumento de la carga tributaria del país, pero, sin entrar por el momento a discutir tal idea, la aspiración de los diputados entrantes a lograr tal aumento salarial posiblemente signifique que estarán gastando recursos que ni siquiera han ingresado a las arcas del fisco. Por ello me sorprende que los diputados libertarios, pues tengo entendido que esta solicitud de aumento salarial no forma parte del pacto ya conocido con Liberación Nacional, no se hayan opuesto a un alza salarial que va a traducirse en un aumento en los impuestos: ¿con qué cara van después a oponerse a un aumento de los impuestos, si con su disposición a incrementarse los salarios necesariamente impulsan mayores tributos? ¿No es que los libertarios eran el partido de la moderación en el gasto público y la mesura en los impuestos o es que París bien vale una misa? ¿Será acaso que el apoyo incondicional que la fracción libertaria le ha dado a la fracción liberacionista es parte de un pacto conocido entre ellos, pero no por la ciudadanía? Es justo preguntar esto último por alguien quien confió en la sabiduría, oportunidad y conveniencia de dicho pacto legislativo (ver el boletín de ANFE del mes anterior).


Con toda razón la Presidenta Chinchilla ha señalado que los diputados deberán señalar de dónde provendrán los recursos con los cuales financiarían el aumento de sus sueldos. No lo han dicho, pero alguna se ha atrevido a decir que provendrán de gastos que se ahorrarían en el presupuesto actual de la Asamblea Legislativa. Y esto último sólo indica que hay un despilfarro actual: si hay fondos sobrantes o mal utilizados debe arreglarse de inmediato la situación y no correr a gastarlo en algo que los costarricenses objetamos en la forma en que se ha planteado. Ello equivaldría a que, en medio de apuros por falta de ingresos en mi hogar, me encuentre un billete de mil mal parado y corra de inmediato a gastarlo en lo que sea, en vez de ahorrarlo para momentos difíciles o bien cuando sea estrictamente necesario (que no creo sería en los abultados salarios de los diputados). Lo expuesto sólo refleja, no candidez, sino insensibilidad ante la inteligencia ciudadana. Bien ha hecho nuestra Presidenta en pedirle cuentas a los diputados: simplemente protege lo que en impuestos hemos pagado los ciudadanos.


Si fuere necesario que ese incremento salarial de los diputados se dé, deberían entonces tomar en cuenta las circunstancias fiscales del país. El gobierno entrante debe saber que, como ya lo está anunciando su Ministro de Hacienda, la gente no va a recibir bien que un aumento en sus impuestos se use para pagar mayores salarios a los diputados.


Lo preocupante es que, a criterio del actual Ministro de Hacienda, según lo mencionado recientemente en diversos medios de comunicación, ya la situación económica mala del país ha ido pasando y por ello, tal como se había mencionado en la reciente campaña política, sería entonces el momento de preparar proyectos para aumentar los impuestos. Esa visión optimista del Ministro de Hacienda no es muy compartida y más bien lanza un balde de agua fría a la inversión privada de los costarricenses, que cortará cualquier brote de recuperación económica que se pueda estar dando. No es aumentando impuestos como se logra aumentar la producción y el empleo. Esto me parece lo tienen muy presente algunos otros miembros del gobierno, que han indicado que, de aprobarse nuevos impuestos, lo sería cuando haya un recuperación sustancial de la economía. La propia Presidenta Chinchilla lo ha mencionado al señalar que el financiamiento para el aumento en los sueldos de los diputados no provendría de aumentos en los impuestos, propuesta que ella ha indicado es claramente inconveniente y lo cual respaldo con toda firmeza.

Desconozco en qué mundo vivirán algunos funcionarios, quienes dándose cuenta clara de males ajenos, no piensan por un momento acerca de si las decisiones económicas que están proponiendo son las más convenientes. Lo que actualmente sucede en Europa es reflejo de economías que no han sido capaces de ordenar sus finanzas gubernamentales, en donde no se gasten recursos más allá de lo que disponen, como es el caso de Costa Rica y si no, que lo diga el elevado déficit fiscal. El déficit gubernamental ya previsto en nuestro país, sin esos aumentos salariales expuestos, cercano a un 5% del PIB nos obliga a la moderación y no a gastar superfluamente. En España, Grecia, Inglaterra -y habrá otros países europeos- como parte del costo que se debe pagar ahora por haber vivido en el desorden fiscal en los últimos tiempos, han tenido que reducir sustancialmente los sueldos de los altos funcionarios públicos (digámoslo; de los supremos poderes), mientras que aquí, con debilidades fiscales similares, más bien lo que se pretende es aumentar ese rubro del gasto estatal.

Lo sucedido con los salarios de los diputados es una excelente ocasión para empezar a poner orden en la estructura salarial de los supremos poderes, por lo que, para empezar, es necesario informar a la ciudadanía acerca de la composición de dichos salarios. Como este es un tema muy sensible para los distintos cuerpos políticos (hipersensible si uno se lo plantea directamente a los involucrados), lo conveniente sería que alguno o algunos de los medios “independientes” hagan un análisis comparativo de los salarios en las diversas estructuras gubernamentales, especialmente en los llamados supremos poderes. Este sería el punto de partida para tratar de poner algún grado de orden en lo que parece ser un desmadre, como lo es el aumento aprobado el pasado 24 de mayo: casi el primer acto del nuevo Congreso.

Enviar "10-05 Columna libre: Los salarios de los diputados" a Digg Enviar "10-05 Columna libre: Los salarios de los diputados" a del.icio.us Enviar "10-05 Columna libre: Los salarios de los diputados" a StumbleUpon Enviar "10-05 Columna libre: Los salarios de los diputados" a Google

Categorías
Sin Categoría

Comentarios