Boletín ANFE

Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Febrero del 2010

10-02 COLUMNA LIBRE: PANORAMA TRIBUTARIO POST-ELECTORAL

Por Carlos Federico Smith

Dicen que no hay que mencionar sonar soga en casa de ahorcado, pero parece casi seguro que el aumento de los impuestos estará presente en este año. No esperen que les diga cuándo, pues no soy un brujo, pero puedo indicar que la situación de las finanzas públicas no es la mejor: a pesar de que ya se observa un ligero crecimiento en los ingresos tributarios, el gasto público se ha disparado, si bien en mucho por el pago extraordinario del aguinaldo escolar en enero, de forma que el déficit sigue creciendo como porcentaje de nuestra producción.

Un indicador del problema en ciernes es la apetencia por repetir el permiso legal obtenido para la aprobación del más reciente presupuesto del Estado, para que pueda de nuevo endeudarse para cubrir gastos corrientes -indicador de un camino al despeñadero, que pocos han advertido- además de las señales que ya se están mandando al mercado de que el Estado incurrirá en fuerte demanda de recursos financieros.

Esto no es lo único. Si bien en campaña sólo el PAC anunció que promovería la aprobación de nuevos impuestos, el PLN en ese momento indicó, como para salir de apuros, que, a menos que la situación económica mejorara, apoyaría tal incremento. Ello abre un espacio político interesante: los posibles afectados enfatizarán que la situación económica es tal que no deben de aprobarse nuevos gravámenes, pero la realidad objetiva del déficit es tan grande que ya se están comentando varias posibilidades. Por una parte, se habla de un impuesto a los casinos, sobre el cual falsamente se dijo que el Movimiento Libertario se oponía, pues más bien el gremio de los casinos ha buscado un régimen tributario similar al de Panamá. Ello les daría una mayor respetabilidad legal en el país. Pero más atrayente es la propuesta de los llamados centros de apuestas, que hoy día operan casi en la ilegalidad, con problemas esenciales para funcionar, y que estarían dispuestos a pagar los impuestos que se han venido proponiendo a cambio de gozar de todos los derechos (y deberes) de empresas legalmente constituidas en el país. El problema será con la aceptación (¿veto?) previa de esa idea por parte del gobierno de los Estados Unidos, que parece aborrecer la competencia en materia de bases tributarias.

Un impuesto a los casinos y a los centros de apuestas se ha mencionado que brindaría los recursos necesarios para poder cumplir con las promesas de campaña en cuanto luchar contra la delincuencia. Aparentemente es algo que se va a llevar a cabo seriamente, a fin de cumplir con un clamor popular que solo quien no quiere oír puede no haberlo escuchado. El problema está en la consecución de recursos frescos. Pero si la fuente para lograrlos son tales impuestos, sería para financiar un nuevo gasto, con lo cual no redundaría en una reducción del déficit.

Otro impuesto que podría entrar en juego es el cobro efectivo de ese barroco gravamen a las viviendas de lujo, pero es muy posible que enfrente serios problemas legales que retrasen su plena entrada en vigencia: como que el Estado ni siquiera es eficiente en diseñar impuestos que se pueden cobrar efectivamente. Me imagino que constituye el mejor mentís de quienes –con la moda- ahora nos hablan de lo bueno que es ampliar el tamaño del Estado.

Creo que fue a un excelente ex Ministro de Comercio Exterior, don Roberto Rojas, lamentablemente algo alejado de la política necesaria, a quien le escuché que para desarrollarnos en serio lo mejor sería que Costa Rica fuera una gran zona franca. En discusiones recientes acerca del impacto de tales zonas en la ligera recuperación de la actividad económica de nuestro país, algunas personas ligadas (y muy interesadas en dicha actividad) casi que hasta cabilderos de ese sector, han enfatizado la generación de empleo que en él ha tenido lugar, incluso en lo más profundo de la crisis. Como de soslayo se refieren al régimen tributario preferencial de que disponen las empresas allí instaladas como lo que hacen atractivo invertir en el país y con ello generar fuentes de trabajo.

Aleluya: esos cabilderos descubrieron el agua tibia. Se dieron cuenta de que los menores tributos que pagan (si bien se vieron aumentados en recientes negociaciones como resultado de las reglas que la Organización Mundial de Comercio OMC impuso a las zonas francas) son un importante aliciente para atraer inversión extranjera en el país.

La triste paradoja radica en que, al menos para los actuales gobernantes y algunos adláteres ubicados en sectores claves de organizaciones del sector privado, con esa reforma acordada ya no se va a poder aumentar los impuestos a las empresas de las zonas francas. Esto impasse me parece tributariamente realista y evitaría que con un nuevo aumento de impuestos, no tanto que se fuera mucha inversión extranjera del país, sino que esas firmas no reinvirtieran sus utilidades en el país o que dejaran de llegar recursos privados externos a ese sector, lo cual sería muy malo para los costarricenses.

Pero el Estado hace aguas en sus finanzas y tendrá que ver de dónde saca plata para financiar su gasto en exceso. Lo que posiblemente sucederá es que el gobierno, si la economía no revierte su ligero crecimiento observado en los últimos meses, acudirá a nuevos gravámenes. Se oirá de nuevo la expresión hipócrita de “que los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres” para tratar de justificar nuevas o mayores tasas impositivas

Este nuevo proceso impositivo seguirá el mismo ritual de siempre: ampliemos las bases, pongamos mayores tasas a los ricos, pero las cosas se moverán como siempre para que esos gravámenes sean trasladados a los de menores y medianas posibilidades económicas, pues surgirá algún plan nuevo de excepciones o deducciones que hagan que los de mayores ingresos terminen pagando tasas efectivas menores. O hará que disminuya la inversión privada y así se reduzca la generación de empleo. O se propondrá de nuevo la vieja idea de poner un impuesto de $200 a las sociedades anónimas (algo “fácil” de cobrar”), que es un monto muy elevado a las pequeñas empresas, pero cualquier cochinada para las grandotas y grandotes, quienes con gusto aceptarían el sacrificio

Todo igual que siempre. Mi esperanza es que ahora más bien se hable de reducir las elevadas tasas marginales y más bien busquemos impuestos bajos y uniformes, en donde no haya excepciones y privilegios, para así estimular la inversión, el empleo y la generación de riqueza. Es muy difícil, dado el acuerdo reciente que logrado con las empresas de zonas francas, llegar a un tasa única y baja, pero debemos dirigirnos hacia a lo que en mis palabras don Roberto Rojas propuso que el país tuviera desde hace muchos años: una tasa baja general, en todo el país y no sólo para firmas establecidas en zonas francas, evitando una discriminación indebida en el trato al capital (mayoritariamente) extranjero de las zonas francas y el que se invierte en el resto del país.

En su momento ANFE presentará ideas en torno a la propuesta de un impuesto bajo y uniforme, no como dogma liberal con que alguno la ha acusado, sino para promover razonadamente un reforma tributaria que estimule el crecimiento de nuestra economía, sin crear privilegios para algunos y en sentido contrario, mayores impuestos para otros.