Mostrar Feed RSS

Boletín ANFE

09-10 Derechos y libertades "Inalienables"

Calificar esta Entrada
Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Octubre del 2009

09-10 DERECHOS Y LIBERTADES “INALIENABLES”


Por Sergio Ugalde G.*

Un articulista Inglés hacía una reflexión sobre la forma como en su país se deterioraban ciertos derechos y libertades civiles. Decía que cuando se corta un árbol que tiene cien años, puede que éste árbol vuelva a crecer, pero que nunca lo hará de la misma manera como lo hizo antes de ser cortado. Algo así –sostuvo- está pasando con derechos y libertades esenciales de los ciudadanos.

Es notable que, principalmente en las sociedades occidentales, incluida Costa Rica, se han venido perdiendo libertades y derechos básicos o inalienables que tradicionalmente habían sido asociados al sistema democrático. Así, la libertad de expresión, la libertad de reunión o asociación, la libertad de tránsito, el derecho a la intimidad, el derecho a la justicia pronta y cumplida y el principio de inocencia, para mencionar algunos, son principios fundamentales que se han deteriorado sostenidamente.

Intromisión del Estado. Los Estados buscan cada día hacerse con mayores y diversos poderes sobre los ciudadanos. Invariablemente, las llamadas sociedades democráticas occidentales dirigen sus esfuerzos a lograr que cada conducta humana sea regulada e igualada con una correlativa sanción. El principio de inocencia, ya perdido hace rato, implica que los ciudadanos ahora debemos probar, en cada acto y en cada esquina, que no estamos realizando conductas antisociales o criminales, y que tampoco representamos una amenaza para el Estado.

El nivel de intromisión de algunos estados ha llegado al punto donde toda la información y las actividades cotidianas de los ciudadanos son recogidas, analizadas y guardadas por esos estados. Toda información relacionada con la salud, el trabajo, las finanzas, la educación, el recreo, el comercio, el tránsito, y hasta las relaciones familiares, son objeto del continuo escrutinio del Estado. Toda comunicación electrónica, sea esta la visita a un sitio de internet, un correo electrónico o una simple llamada telefónica, es monitoreado, analizado y guardado.

Propuesta polémica. Una de las propuestas más polémicas que se ha planteado en un país de los llamados “democráticos”, ha sido que todos los niños en edad escolar, desde los 6 años, sean objeto de una minuciosa entrevista, en la cual los niños deben revelar datos personales y de sus familias. Adicionalmente a datos personales, sobre raza, sexo, nacionalidad, condición médica, discapacidades y un sinnúmero de otras informaciones del menor, los niños deben revelar datos que podrían constituir evidencia contra sus padres o tutores, en aquellos casos que la información brindada por el niño haga creer al trabajador social que su familia realiza acciones que podrían constituir delitos, porque esto es considerado como una potencial afectación al menor. En la entrevista no se requiere que esté presente los padres o el tutor del menor, y en efecto, no se ha concebido como derecho que el menor se rehúse a ser entrevistado.

Desde la perspectiva de los estados, la tarea de revisión de los alcances y recalificaciones de las libertades y de los derechos de los individuos, constituyen acciones necesarias a fin de proteger la integridad de la sociedad como un todo. En el caso de la entrevista a los niños a la que hice referencia, se ha defendido como un mecanismo por el cual el Estado puede tener acceso a la situación especial de cada niño, y así responder adecuadamente a sus necesidades, sean estas necesidades médicas, educativas o incluso de custodia, si el Estado llegara a sospechar de la comisión de delitos por parte de la familia del menor.

En consecuencia, los estados defienden sus acciones como respuesta a las amenazas modernas, que incluye desde el terrorismo hasta la descomposición social que vive el mundo, lo que justifica que se ponga en práctica estas invasivas y restrictivas medidas, pues de lo contrario, se nos dice, no existirá nada sobre lo cual el Estado y la sociedad en general pueda sostenerse. Todas estas explicaciones suenan perfectamente razonables, pero, ¿en realidad lo son? Es decir, ¿es válida la privación de derechos y libertades inalienables con el objeto de “prevenir” conductas criminales? Cada quien tiene su respuesta, la mía es que no.

El Estado de Hoy. Los cimientos sobre los cuales se han concebido los sistemas democráticos se están socavando de manera irremediable. El árbol está siendo cortado desde la base misma. Cierto que es necesario brindar a los estados las herramientas para proteger a sus ciudadanos, pero estas no pueden ir más allá de lo necesario para permitir a éstos, los ciudadanos, el goce de ciertos derechos y ciertas libertades sobre las cuales el Estado democrático ha sido erigido.

La diferencia entre la concepción filosófica de Hobbes y Rousseau sobre el Estado y el rol del individuo radica en el valor de éste último. La concepción de Rousseau había logrado afianzarse en los estados democráticos. Rousseau, Locke revisitado, consideró que el Estado es sólo un medio para alcanzar los objetivos de la sociedad, la cual a su vez está sustentada y tiene su razón de ser en los individuos que la componen. En el siglo XX se dio forma a este pensamiento romántico, con limitaciones, y se había pensado que se llegó a un equilibrio óptimo. Es decir, los individuos constituían el eje central de la acción de los estados democráticos. Las leyes cumplían con el propósito de garantizar una convivencia armoniosa de los individuos entre sí, y de estos con el Estado. Esto significaba que había principios básicos que soportaban ese andamiaje, principios que el Estado no podía quebrantar. En los albores del siglo XXI, pero de manera acelerada en la presente década, todo eso cambió.

La visión Hobbesiana del Estado se afianzó. En ella, el Estado es y será el fin de la sociedad, y en éste los individuos son solo parte de su engranaje. La evidencia actual confirma la existencia de un Estado cuasi-dictatorial, donde el individuo no tiene derechos cuando estos se contraponen al interés del Estado. ¿Y qué de los derechos y libertades de los ciudadanos? En el Estado Hobbesiano no existe cabida para aspiraciones románticas de ese tipo. El Estado es y será el eje del quehacer de la sociedad. Los ciudadanos estamos rápidamente siendo irrelevantes.

Esta alarmante realidad está cobrando cada vez más fuerza en Costa Rica. Complacientemente o no, los costarricenses, ya sometidos a un mundo sin fronteras, estamos siendo forzados a adoptar medidas y a acomodar un modelo de sociedad que se contrapone a los principios y a la estructura societaria que nos caracterizó como nación. Incluso, con complicidad propia hemos aceptado cambios fundamentales que desdibujan ciertos valores fundamentales. Es nuestro derecho y nuestra obligación no permitirlo.

Derechos y libertades en Costa Rica. En las acciones que experimentamos los costarricenses, dirigidas a cambios sustantivos a los derechos y libertades individuales que, hasta hace poco, concebíamos como perpetuos e inalterables, se presentan dos actores fundamentales. Se trata del Estado por un lado, éste por intermedio de sus agentes, es decir el Poder Legislativo, El Poder Ejecutivo y el Poder Judicial; y por el otro, los ciudadanos, es decir, nosotros mismos.

Los tres poderes del Estado ejercen crecientes acciones tendientes a reescribir la concepción inalienable, y con ello, los alcances y el impacto real de los derechos y libertades de los ciudadanos. El Poder Ejecutivo, mediante las acciones de sus burócratas, se atañe a sí mismo cada vez más poder y mayor control sobre los ciudadanos. Esto lo cumple mediante actos administrativos, o mediante su propia interpretación de las leyes, que siempre le favorece. El Poder Legislativo legitima, mediante la sanción de ciertas leyes que desgastan derechos y libertades básicas, los poderes del Ejecutivo. El Poder Judicial, y porqué no decirlo, la Sala Constitucional, avalan livianamente esas leyes y los actos e interpretaciones del Poder Ejecutivo. Algunos ejemplos actuales ilustran esta tendencia.

En la lucha contra el crimen organizado, y en particular la lucha contra el tráfico de drogas y el lavado de dinero -en la cual tanto los ciudadanos como el Estado tenemos un interés común de erradicar-, el Poder Ejecutivo demanda ciertas potestades legales para la lucha contra ese flagelo. Esto se ha traducido en legislación que, si bien permite mayor acceso a la información de delincuentes reales, también significa acceso a mayor información de todos los ciudadanos. Además del acceso a la información, se restringe muy notablemente ciertas garantías procesales, se reduce significativamente el alcance del principio de inocencia y disminuye la capacidad del individuo para repeler acciones arbitrarias de los agentes del Estado.

En el nombre de la lucha contra el narcotráfico, una de las luchas más loables, el Estado tiene la potestad de reducir, incluso borrar principios básicos de protección de todos los ciudadanos. Aunque en el Estado hay muchos y muchas costarricenses incorruptibles, honestos y justos, hay otros que no lo son tanto. Hemos visto a algunos de esos agentes haciendo alarde de sus portes “seudo heroicos”, diseminando su poder con enormes despliegues publicitarios, y ejercitando sus potestades más allá de lo que establece la ley. Es aquí donde el Poder Judicial, llamado a crear un balance entre el Estado y los ciudadanos, no lo ha hecho, al menos no lo ha hecho con la fuerza y con la decisión que debe hacerlo.

Otro ejemplo ilustrativo de esta realidad es el poder de ciertas instituciones financieras en general. Estas han logrado repetidamente que se les reconozca potestades, en la violación principalmente del derecho a la intimidad, sin parangón en la historia de nuestro país; tal es la intromisión en el derecho a la intimidad que se le atribuyen a la ley 8204, y que ha hecho que incluso algunos bancos hayan sugerido su revisión.

Este deterioro franco también tiene sus gestores en nosotros mismos. Hemos sido los ciudadanos que demandamos “un hombre o mujer fuerte”, refiriéndonos a las acciones que esperamos que el Estado tome frente a ciertos flagelos, pero que el Estado ha interpretado como carta blanca para mayores poderes. Cuando un ciudadano legítimamente cuestionó, con éxito, la forma irregular como se había establecido la restricción vehicular, muchos otros le criticaron con dureza, se dijo que el interés individual no podía estar sobre el interés público; pero ¿no es acaso el interés público por excelencia el defender el principio de legalidad y los derechos y las libertades garantizados por la Constitución?


Un equilibrio. Es real que el sueño romántico, donde el ciudadano tendría un lugar central en un Estado democrático como el nuestro, se extingue. No obstante, los ciudadanos no debemos renunciar a exigir que el poder del Estado se ejercite en circunstancias excepcionales. Es imperativo reafirmar que los ciudadanos costarricenses tenemos derechos fundamentales que nos distinguen de otras naciones, y que la atribución y el ejercicio de poderes dirigidos a disminuir nuestros derechos inalienables es inadmisible.

Los Poderes del Estado deben guiarse por los principios básicos que caracterizan a la nación costarricense, y sus leyes deben lograr el mayor equilibrio entre el poder del Estado frente a los derechos y libertades del ciudadano. El Poder Judicial debe, particularmente, regirse por esos principios. La Constitución Política no dice lo que la Sala Constitucional dice que dice, sino que dice lo que la visión humanista y democrática costarricense dice que dice. La Sala Constitucional, con el poder que se ha vestido a sí misma, debe, con toda firmeza, defender la integridad de los derechos y libertades fundamentales de los costarricenses. Esto es importante si queremos destacarnos como una de las mejores y más justas sociedades en el orbe. Esto es esencial si aspiramos a heredar a nuestros hijos una nación digna, libre y ejemplar.

+ El máster Sergio Ugalde es experto en Derecho Internacional y Arbitro de Costa Rica ante la Corte Permanente de Arbitraje de la Haya. Es Magíster Juris de la Universidad de Oxford, Corpus Christi College.

Enviar "09-10 Derechos y libertades "Inalienables"" a Digg Enviar "09-10 Derechos y libertades "Inalienables"" a del.icio.us Enviar "09-10 Derechos y libertades "Inalienables"" a StumbleUpon Enviar "09-10 Derechos y libertades "Inalienables"" a Google

Actualizado 22/07/2011 a las 16:00 por Boletín ANFE

Etiquetas: sergio ugalde g Agregar / Editar Etiquetas
Categorías
Sin Categoría

Comentarios