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09-06 Propuesta de políticas de desarrollo nacional de largo plazo para Costa Rica

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Junio del 2009

09-06 PROPUESTA DE POLÍTICAS DE DESARROLLO NACIONAL DE LARGO PLAZO PARA COSTA RICA


Por César A. Jaramillo Gallego*


Ante un entorno internacional en crisis, de profundidad y duración aún desconocidas, Costa Rica requiere medidas económicas que refuercen su estructura económica y social a la vez que promuevan un ambiente sano. Es tiempo entonces de aplicar otro tipo de política económica, enfocándose en el beneficio directo y palpable de las mayorías, es decir, de la clase media. En ese entorno y con tal propósito se proponen cuatro grupos de medidas principales:


  1. Promover el ahorro: La política económica puede coordinarse para lograr una menor propensión al consumo. Si además se retoma el camino para reducir la fragmentación del mercado de capitales, sería posible hacer llegar más recursos a las empresas y a un menor costo. Por ejemplo, debe eliminarse el impuesto que pesa sobre los títulos valores, debe aumentarse el crédito fiscal por utilidades no distribuidas y a la vez debe reducirse el margen de intermediación financiera como un objetivo de política en sí mismo, mediante la acción directa de los bancos comerciales del estado. Al incrementar el ahorro y la colocación de tal ahorro en proyectos de inversión en el país y no en el extranjero, se aseguran empleos y se reduce la dependencia del mercado de capitales del exterior sin llegar al extremo de cerrar esta posibilidad. El factor crítico de éxito de este eje de política es que las tasas de interés bajen mientras aumenta el flujo de fondos prestables de origen nacional y se reduce el margen de intermediación.



  1. Dirigir la política energética y de transporte hacia la nacionalización de fuentes y usos: Desde hace algunos años, Costa Rica navega contra corriente de los postulados y políticas a las que debe su éxito estructural en materias tan fundamentales como la energía y el transporte. En el primer caso, una serie de razones tienen ahora al país al borde de cometer una de sus peores equivocaciones con la construcción y operación de una planta térmica a base de bunker de grandes dimensiones en Garabito, Puntarenas, en vez de apresurar la puesta en operación de plantas eólicas y de ampliar la capacidad de los sitios de extracción de calor volcánico para los mismos usos y en los mismos períodos pico. Por otro lado, se ha minimizado y aplazado el proyecto de los combustibles de fuente orgánica renovable y local, como el etanol y el biodiesel, al extremo de que se pretende una sustitución minúscula de los combustibles fósiles, cuando el país más bien debería estar avanzando ya desde hace varios años en la conversión de su flota hacia vehículos movidos con altos porcentajes de biocombustibles de base nacional. En tercer lugar, el anunciado proyecto de crédito para infraestructura con fondos del BID no se ha planteado con la rigurosidad suficiente para asegurar efectos multiplicadores internos y es muy posible que, al igual que la carretera a Caldera, se destine a nuevas vías hechas de asfalto, en vez de cemento o reforzadas con cemento, que es más duradero y más barato a la larga, además de producir importantes beneficios en cuanto a ingresos y empleos locales. En estos y otros aspectos, el país está despreciando los importantes efectos multiplicadores del ingreso nacional que se generan por el encadenamiento de las actividades productivas locales. Costa Rica debe aspirar a una oferta de energía y a una red de transporte de alto contenido nacional y también diversificadas, abundantes, baratas y de buena calidad, sobre las cuales basar una nueva ventaja comparativa. Con tal claridad de miras es posible establecer un segundo eje de política económica.



  1. Simplificar y concentrar las labores del Estado en lo que el país demanda de él: Los ejercicios de ajuste estructural anteriores, si bien tuvieron los efectos económicos deseados en cuanto a aumento de la eficiencia, acaso tuvieron un efecto parcial sobre el bienestar de las mayorías. Una reducción del número de instituciones públicas, recolocando a los empleados en labores de directo beneficio para la clase media del país, tales como salud, educación y seguridad públicas, administración de justicia y la persecución y castigo de los delitos contra la vida y la propiedad, es urgente. Esto es un reto enorme y requiere de muchísimos recursos humanos y materiales, por lo cual es necesario eliminar el gasto redundante. Entidades como el INCOP, JAPDEVA, CNP, INFOCOOP, IFAM y muchas otras son rémoras que castigan sin misericordia el tejido social y económico del país, acrecentando las desigualdades y limitando la gobernabilidad y las oportunidades de progreso. Muchas de las entidades públicas de este tipo basan su existencia en glorias pasadas pero tienen un aporte real muy pequeño, por lo que deben desaparecer. Una buena medida del éxito alcanzado en esta dirección es que el gasto en procura de estos bienes públicos en los hogares disminuya (consulta médica privada, gasto en rejas, alarmas y armas de fuego, por ejemplo). El reacomodo de las instituciones públicas, donde muchas de ellas se eliminan para fortalecer las prioritarias debe platearse en su totalidad y no dentro de un enfoque gradual, si se desea llevarlo a término, que es lo que ha fallado en los esfuerzos anteriores: Dicho de otra manera: debe ser posible explicar a la gente las ventajas del énfasis en ciertas áreas para que sea posible eliminar la institucionalidad redundante en otras. Dentro del Gobierno Central también es útil la simplificación de trámites y del régimen tributario. En este último aspecto debe reducirse a no más de diez el número de rentas fiscales, en vez de las más de cien existentes, muchas de las cuales no rinden ni siquiera para pagar su administración.



  1. Combatir la pobreza: En esta materia, Costa Rica no necesita otro estudio de situación. Ya sabemos dónde están los pobres, cuántos son y hasta se cuenta con el dinero para aliviar en unos casos y hasta para erradicar esta condición que tristemente viven todavía tantas familias nacionales y extranjeras en nuestro país. El IMAS, el FODESAF, el Ministerio de Vivienda, entre otras instituciones, se han encargado en demorar el proceso de combate a la pobreza como una forma de mantener su vigencia. Los ejemplos recientes y lejanos sobre desvío de recursos destinados a tan importante causa son muestra de que no ha habido ejecutividad en el desembolso de los recursos y por ello situaciones de pobreza se perpetúan innecesariamente en el campo y las ciudades del país. Este es un problema de administración y de personas. Los “expertos” en pobreza deben sustituirse por otros menos preocupados por mantener sus empleos, quizá hasta mejor remunerados, pero con base en resultados concretos y de corto plazo. Especial mención a este respecto merece la erradicación de tugurios en las principales ciudades y la atención de las comunidades indígenas del país. Dejando politiquería aparte, hay un porcentaje de pobreza y de miseria que existirá en cualquier caso, porque se refiere a una condición dinámica de la sociedad y sus imperfecciones bajo cualquier esquema institucional, que puede rondar entre el 5% y el 1% de los hogares, respectivamente: Esa debe ser la meta a alcanzar a corto plazo, con los recursos actuales y un sistema más concentrado de decisión y operación.

El lista anterior no es exhaustiva, pero todas estas medidas tienen en común que producen efectos económicos, sociales y ambientales muy superiores a su impacto inicial, porque al distribuirse los beneficios de manera más que proporcional dentro del país y dentro de sectores económicos bajos y medios, tienen un efecto multiplicador parecido al que se ha logrado con el crecimiento del sector turismo, por ejemplo.
Si se quisiera calificar de alguna manera estas propuestas bajo algún esquema filosófico o político, podríamos decir que Costa Rica requiere de un enfoque nacionalista, intermedio entre el socialismo y el liberalismo tradicionales, para salir adelante: Del primero requiere la sensibilidad de miras y del segundo la efectividad en los instrumentos, pero sólo un nacionalismo bien entendido permite medir la externalidades de la acción pública y privada y evitar así ser los tontos útiles de intereses ajenos.
Un mejor país es posible y un gobierno con metas claras de beneficio a su población lo puede lograr, aún en medio de la crisis internacional como la que nos rodea… o quizá gracias a ella…
* César Jaramillo Gallego posee una maestría en Economía y es asociado de ANFE.

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Actualizado 21/07/2011 a las 13:57 por Boletín ANFE

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