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08-06 Columna libre: Breves sugerencias sobre el uso de energía

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Este artículo fue publicado en el Boletín de ANFE de Junio del 2008

08-06 COLUMNA LIBRE
:BREVES SUGERENCIAS SOBRE EL USO DE ENERGIA

Es muy posible que las sugerencias sencillas que se me ocurren en torno a las políticas energéticas que hoy se siguen en nuestro país, nunca vean la luz. Me imagino que será porque encaran la mentalidad socialista de algunos de quienes han definido nuestras políticas energéticas, precisamente caracterizadas por una notoria intervención estatal. O tal vez porque afectarían algunos feudos casi entronizados en nuestro medio, lo cual nos trae a colación el significado de la tiranía del status quo. Asimismo, no debían descartarse razones que una mente individual como la mía puede no haber tomado en cuenta –algo hemos aprendido de Hayek- motivo por el cual acudo a que sea el mercado quien defina acciones que no pueden ser tomadas por mente individual concreta, sin que tenga la arrogancia de pretender conocerlo todo.

Primera sugerencia: eliminar el monopolio de RECOPE. No se asusten; no voy a profundizar en esta propuesta pues me tomaría mucha letra y probablemente aburriría a los lectores de esta columna. Tómenlo como la reiteración de un principio de ANFE, cual es su lucha contra los monopolios y RECOPE es uno de los más notorios.

Segunda sugerencia: va muy en contra de la política (si así se le puede llamar) recientemente dictada por el gobierno de subsidiar relativamente el uso del diesel, al tiempo que carga de impuestos a otros combustibles. El tema es algo nebuloso pues el gobierno lo que propone es eliminar un impuesto sobre el diesel y no subsidiar su utilización. Ese ogro filantrópico lo que simultáneamente ha decidido es que el impuesto al diesel se traslade a las diferentes gasolinas que vende RECOPE. No da un subsidio al precio del diesel, sino que en compensación aumenta el impuesto a las gasolinas.

Pero, para sosegar en parte la queja pública de que la rebaja en el precio del diesel beneficia a los dueños de vehículos de lujo movidos por ese combustible, el estado ha propuesto compensar el favorcito con un aumento en los impuestos de circulación que pagarían a fin de año. Así, mucho quejoso de la “injusticia” que se daba, tendría que sosegar su razonable ira. Pero el cálculo del gobierno, que nunca pierde oportunidad de aumentar nuestros impuestos, está más bien en aumentar su recaudación porque, por una parte, compensa la rebaja en el diesel con un aumento en los impuestos a las gasolinas, y, por la otra, adicionalmente eleva el gravamen al ruedo de un número sustancial de “vehículos de lujo” que usan el diesel.

Por esta -entre otras razones- creo que no deben darse subsidios cruzados por las enormes distorsiones y afecciones que ocasionan a la ciudadanía. Aceptemos, por un momento, que la decisión del gobierno de subsidiar relativamente el uso del diesel se toma para ayudar a los grupos más pobres (subsidio del transporte público) así como a sectores productivos (para apelar al sentimiento popular, señala a los agricultores, pero también entran algunos muy poderosos que usan el diesel en su producción). Asumamos que tal fin es loable, pero de inmediato surgen varias preguntas. En primer lugar, si se trata de ayudar a los pobres, entonces, ¿por qué desprecia al pobre que usa un carrito viejón y barato movido por gasolina? Resulta obvio que hay mucho pobre que se mueve en vehículos que usan gasolina y que ahora será doblemente gravado con esa política gubernamental de subsidios cruzados. La conclusión lógica de tal política gubernamental es que hay “unos” pobres y hay “otros” pobres. A “unos” los ayuda, a “otros” los arruina más. Este criterio gubernamental lo califica como oportunista, demagógico y alejado del principio de igualdad ante la ley (esto es, hay unos menos iguales que otros).

En segundo lugar, si de ayudar al sector productivo se trata, me pregunto, ¿acaso no es “productivo” un profesor universitario quien usa su carro impulsado por gasolina para ir a dar clases y quien ahora verá como violentamente se incrementa su costo de producción? ¿O es que acaso no es “productivo” -digamos- un médico que se traslada en carro de gasolina a prestar sus servicios en un hospital? ¿O tampoco es “productivo” el obrero de una fábrica que usa ese tipo de carro para ir a trabajar? Según el gobierno, no lo son. Simplemente son ciudadanos de segunda que ahora tendrán que pagar más, pero mucho más, de lo que en verdad cuesta trasladarse a “producir” para otros seres humanos. Simplemente el objetivo público es que algunos paguen en beneficio de otros. De nuevo, se otorga un subsidio a “unos” productores a costas de “otros” productores. Otra vez más, la hipocresía social.

Anecdóticamente, me contó un amigo empresario que alguien le preguntó su opinión acerca del proyecto de subsidiar al diesel con un impuesto a la gasolina, dado que su flotilla de vehículos era toda de diesel. Me comentó que su primer impulso produccionista fue dar una respuesta positiva a esa iniciativa, pero una segunda reflexión lo hizo pensar en que, con esa medida, no se tomaba en cuenta que se empobrecía a la clase media, que es la que esencialmente consume sus productos. Me señaló que Costa Rica se ha convertido básicamente en una economía de servicios en donde la mayor parte de la gente que labora en ese segmento tiene autos de gasolina. Con la medida propuesta, se empobrecería al grueso de los consumidores. Con suma sencillez, mi amigo empresario desnudó una enorme y grave consecuencia no prevista a raíz de las decisiones de los zares energéticos de nuestro país.

Tercera sugerencia: ¿Por qué RECOPE insiste en llevar a cabo enormes inversiones que el sector privado podría llevar a cabo a su cuenta y riesgo? No es necesario estar bien informado para sabre que desde hace mucho tiempo RECOPE –en donde RE significa refinadora- no refina nada de nada. Es un simple intermediario importador de unos bienes bajo su manto monopólico, además de otros para los que no hay razón de ser un único importador, como es el caso del gas licuado derivado de gas natural. RECOPE debería de limitarse a importar lo que su ley permite, mientras que el estado debería facilitar que los individuos privados abastezcan libremente a los consumidores, sin endosarles el costo de quiméricas inversiones cuya experiencia fallida es la mejor lección de incapacidad recientemente tenida. Sí, como dice el gobierno, la cosa está “fututa”, debería dejar que las personas puedan aportar sus recursos, conocimientos, habilidades y disposición de asumir riesgos, en vez de ser la doña toda que intenta resolver cuanto problema aparece en nuestra sociedad, en la que, más bien, muchos surgen de su propia acción.

Si duda de lo expuesto, averígüense el monto de los planes de inversión que RECOPE ha presentado ante la Contraloría para los próximos años, en donde lamentablemente deja de lado a la capacidad privada de suplirlos. El gobierno lo que va a lograr es ampliar su participación interventora en la economía. El estado costarricense haría mejor con no poner obstáculos a la capacidad creativa de nuestra empresa, a través de una regulación exageradamente innecesaria. Si actuara como facilitador de la acción privada, se incrementaría en mayor grado el progreso y la riqueza de la nación y de sus ciudadanos.

Cuarta sugerencia: mucho costarricense ya habrá notado la mejoría en la fluidez del tránsito una vez concluidas las obras en la antigua rotonda de San Sebastián. Esta loable acción del Ministerio de Transportes sirve para probar algo: que las viejas rotondas causan enormes presas, en donde los vehículos hacen largas filas gastando innecesariamente una enorme cantidad de combustible. Urge variar la estructura de ciertas vías cruciales para el transporte urbano. Como tal cambio requiere de una fuerte inversión, a pesar de la gran recaudación de impuestos a los combustibles que se supone eran para mejorar las vías, al menos, ¿porqué, por un cierto tiempo mientras se realizan tales obras, no se contrata más inspectores de tránsito para que todos los días y, en especial, en horas pico, se dediquen a agilizar el tránsito por las rotondas? Si se hicieran bien las cosas –no es mucho pedir al Tránsito- el costo de esos agentes de tránsito adicionales se vería más que compensado por el ahorro de combustible.
Quinta sugerencia: Quiten ya el cobro de peajes. ¿Qué será que las autoridades de gobierno no ven los reportajes de noticieros en la televisión que muestran las enormes filas al pagar los peajes? Los gobernantes, con tal de agarrar unos pocos colones por el peaje que cada uno de nosotros paga, no toma en cuenta el enorme gasto de combustible en que incurre cada ciudadano por las presas que se arman en las casetas de peaje.

Sexta sugerencia: ¡Qué lindo y fácil es decir que la solución al gasto de combustibles en el país está en el empleo colectivo de vehículos en vez de su uso individual! Bueno, a estos precios del combustible ya muchas personas, por medio de las empresas, están contratando transporte colectivo. Yo conocí cómo –ya hace varios años- en una entidad reguladora un trabajador compró una buseta para brindar transporte diario a un grupo de compañeros desde Cartago a San José y viceversa. Al tiempo ya había podido amortizar su busito y los compañeros estaban felices porque se evitaban las enormes presas del centro de San José, viajaban con toda comodidad y con amigos, a la vez que tenían un servicio siempre a tiempo para cumplir con su trabajo. Por si no lo saben, eso llama espíritu empresarial en acción.

¿Por qué razón el gobierno no permite oficialmente que haya taxis privados colectivos que cobren individualmente por cubrir una ruta específica? Tales taxis, conocidos como peseros en México, en donde los conocí, simplemente tendrían que cumplir con requisitos muy sencillos, como tener una foto del conductor del vehículo. Y punto, sin más enredo burocrático. Saldrían de, digamos, el este de San José, para ir a centros de trabajo en el oeste de la ciudad, sin circular por el centro y cobrando a cada persona (me imagino que el límite sería de 5 personas por viaje) una suma –digamos de 500 colones; un dólar- por transportarlos en la ruta preestablecida.

A propuesta tan sencilla se opondrán taxistas ya establecidos, así como los piratas actuales, pero veremos cómo muchos de ellos se dedicarían a este transporte colectivo. La mayor oposición vendrá de autobuseros que actualmente detentan una concesión (o una próxima concesión) pues surgirá competencia en su hoy protegido mercado. Probablemente esta última será la razón por la cual aquellos que hoy regulan su vida, limitando su libre movilidad con ocurrencias que terminan por fracasar, no van a aceptar esta sugerencia.

Pero el silencio suele ser la reacción de los gobernantes. ¿Acaso nos informaron de cuánto fue el ahorro de combustible al decidir hace cierto tiempo prohibir la circulación por número de placas en el centro de San José? Y menos comparó el posible ahorro de congestión y de combustible con las incomodidades, molestias y caídas de la producción que esa política ocasionó. Pero, antes de terminar, aprovecho para manifestar otra inquietud. Dado que ahora la gasolina va a subsidiar enormemente el uso del diesel, ¿qué va a hacer nuestro omnisapiente gobierno con las tarifas de taxis? ¿Habrá una más baja para taxis que usan diesel y otra más cara para aquellos que emplean gasolina? No se pierdan la próxima feliz ocurrencia para resolver este problema que las mismas autoridades causaron.

Termino aquí para no cansar a los lectores, cuya paciencia hacia mis escritos admiro. Pero antes, no resisto la tentación de hacer una última propuesta.

Sétima y última sugerencia: Tal vez porque fue una decisión del presidente socialista español, José Luis Rodríguez Zapatero, podría tener aquí algún eco, porque, para serles franco, no estoy plenamente convencido de su conveniencia. Allá, tal como aquí, han surgido presiones de aumentos salariales debido a la crisis energética. Lo interesante es que el presidente Zapatero decidió que tan sólo se aumentarían los sueldos de trabajadores públicos que no fueran de puestos altos. En Costa Rica hace poco altos funcionarios del Instituto Nacional de Seguros y de la Corte Suprema de Justicia buscaron tener enormes aumentos en sus sueldos, los cuales son pagados por todos los costarricenses. Haría bien el estado en no otorgar tales aumentos a altos funcionarios que a la fecha reciben gasolina (y vehículos) gratuitamente. Entre ellos estarían el Presidente de la República, la Vicepresidenta, los Ministros, Viceministros, Presidentes Ejecutivos, Gerentes, Auditores Internos, Contralores, Diputados, Procuradores, Defensores de los Habitantes, Fiscales Generales, algunos Directores, la Corte Suprema de Justicia y perdónenme si dejo a alguno por fuera. Sería cuestión de “justicia social. O ¿no es cierto?

Carlos Federico Smith
Queda debidamente autorizado para reproducir esta columna en el medio de su predilección.

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