Jorge Corrales Quesada
29/08/2017, 08:46
Por Jorge Corrales Quesada
Al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), en el 2016 le ingresaron “impuestos” (contribución parafiscal, le llama la burocracia) de un 1.5 a un 3% de los ingresos brutos de las empresas operadoras de redes públicas de telecomunicaciones, por aproximadamente unos ₡20.000 millones, a la vez que gastó alrededor de unos ₡1.5 miles de millones, quedando disponible un neto de más o menos ₡18.5 miles de millones (exactamente, según sus estados financieros, un excedente de ₡18.405 millones –un 54% más que el del año previo). Este saldo se suma a las reservas patrimoniales de dicha partida, elevándola al cierre de ese año a ₡164.911 millones; un aumento del 15% respecto al 2015. Ese impuesto bruto sin duda que forma parte, de una manera u otra, del costo que esas empresas trasladan a los consumidores en los precios de los servicios. Pro-traslación, en el lenguaje económico. El ICE aporta el 55%, Claro un 11% y Telefónica un 10% del total señalado.
Esa enorme suma se supone que se utilizaría en llevar telefonía e internet a áreas del país que no cuentan con ellas, para promover “el acceso universal y solidario.” O sea, para bien o para mal, conveniente o no, debería de haberse gastado en proyectos para cumplir ese objetivo. Recuérdese que el aporte inicial al fondo provino cuando, en el 2011, se consolidó la apertura del mercado de telecomunicaciones a las empresas Claro y Telefónica (costos que me imagino serán amortizados a través del tiempo en los precios a los consumidores). La suma inicial aportada fue de ₡90.575 millones.
Gran parte de esos dineros siguen sin gastarse en brindar los servicios antes señalados. De hecho, señaló el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, don Marcelo Jenkins, que, “en el 2016, este sector tuvo una ejecución presupuestaria de apenas el 4.87% por la inactividad del Fondo.”
Ante la mínima ejecución efectuada, ¿qué se hace con esos recursos sobrantes? FONATEL invierte una mitad en títulos de deuda del gobierno; un 26% en el Banco de Costa Rica y un 12% en Bancrédito. Sólo en el 2016, FONATEL obtuvo ₡7.178 millones en intereses. Y, por supuesto, Hacienda y los bancos estatales están felices con ese comprador tan grande de sus obligaciones.
¿Por qué no se hacen las inversiones debidas? Si usted lo desea, y posiblemente no se equivoca, la razón usual es la incapacidad del estado incluso para gastar lo que se le autorizó (así, el informe de ejecución presupuestaria de final del año de muchos presupuestos de los entes estatales, presenten un superávit al compararse lo ejecutado con lo autorizado), pero también se esgrimen algunas razones que vale la pena indicar.
Como se señala en el medio: “... Las principales barreras son de instituciones del estado”; en sencillo, problemas con las burocracias estatales, tales como “la falta de seguridad que deben que deben brindar instituciones públicas a los equipos informáticos entregados por el Fondo. También por atrasos en entrega de permisos de la” Setena. Además de límites con el sector privado referidos a “procesos de contratación administrativa, por apelaciones contra trámites,” pero hago notar que esto último es también un problema derivado de una legislación ineficiente. En síntesis es un problema que debería resolver el estado: es un típico caso de una culebra ineficiente (el estado) que muerde su propia cola; la burocracia no deja que funcione la misma burocracia. Ante lo cual pregunto: ¿qué han esperado las autoridades del gobierno, de la SUTEL, para resolver estos problemas propios del estado? Ya se dan cuenta ustedes por qué hablo tanto acerca de la ineficiencia estatal en nuestro país.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 27 de julio del 2017.
Al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL), en el 2016 le ingresaron “impuestos” (contribución parafiscal, le llama la burocracia) de un 1.5 a un 3% de los ingresos brutos de las empresas operadoras de redes públicas de telecomunicaciones, por aproximadamente unos ₡20.000 millones, a la vez que gastó alrededor de unos ₡1.5 miles de millones, quedando disponible un neto de más o menos ₡18.5 miles de millones (exactamente, según sus estados financieros, un excedente de ₡18.405 millones –un 54% más que el del año previo). Este saldo se suma a las reservas patrimoniales de dicha partida, elevándola al cierre de ese año a ₡164.911 millones; un aumento del 15% respecto al 2015. Ese impuesto bruto sin duda que forma parte, de una manera u otra, del costo que esas empresas trasladan a los consumidores en los precios de los servicios. Pro-traslación, en el lenguaje económico. El ICE aporta el 55%, Claro un 11% y Telefónica un 10% del total señalado.
Esa enorme suma se supone que se utilizaría en llevar telefonía e internet a áreas del país que no cuentan con ellas, para promover “el acceso universal y solidario.” O sea, para bien o para mal, conveniente o no, debería de haberse gastado en proyectos para cumplir ese objetivo. Recuérdese que el aporte inicial al fondo provino cuando, en el 2011, se consolidó la apertura del mercado de telecomunicaciones a las empresas Claro y Telefónica (costos que me imagino serán amortizados a través del tiempo en los precios a los consumidores). La suma inicial aportada fue de ₡90.575 millones.
Gran parte de esos dineros siguen sin gastarse en brindar los servicios antes señalados. De hecho, señaló el entonces ministro de Ciencia y Tecnología, don Marcelo Jenkins, que, “en el 2016, este sector tuvo una ejecución presupuestaria de apenas el 4.87% por la inactividad del Fondo.”
Ante la mínima ejecución efectuada, ¿qué se hace con esos recursos sobrantes? FONATEL invierte una mitad en títulos de deuda del gobierno; un 26% en el Banco de Costa Rica y un 12% en Bancrédito. Sólo en el 2016, FONATEL obtuvo ₡7.178 millones en intereses. Y, por supuesto, Hacienda y los bancos estatales están felices con ese comprador tan grande de sus obligaciones.
¿Por qué no se hacen las inversiones debidas? Si usted lo desea, y posiblemente no se equivoca, la razón usual es la incapacidad del estado incluso para gastar lo que se le autorizó (así, el informe de ejecución presupuestaria de final del año de muchos presupuestos de los entes estatales, presenten un superávit al compararse lo ejecutado con lo autorizado), pero también se esgrimen algunas razones que vale la pena indicar.
Como se señala en el medio: “... Las principales barreras son de instituciones del estado”; en sencillo, problemas con las burocracias estatales, tales como “la falta de seguridad que deben que deben brindar instituciones públicas a los equipos informáticos entregados por el Fondo. También por atrasos en entrega de permisos de la” Setena. Además de límites con el sector privado referidos a “procesos de contratación administrativa, por apelaciones contra trámites,” pero hago notar que esto último es también un problema derivado de una legislación ineficiente. En síntesis es un problema que debería resolver el estado: es un típico caso de una culebra ineficiente (el estado) que muerde su propia cola; la burocracia no deja que funcione la misma burocracia. Ante lo cual pregunto: ¿qué han esperado las autoridades del gobierno, de la SUTEL, para resolver estos problemas propios del estado? Ya se dan cuenta ustedes por qué hablo tanto acerca de la ineficiencia estatal en nuestro país.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 27 de julio del 2017.