Jorge Corrales Quesada
28/08/2017, 23:14
Por Jorge Corrales Q.
Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”
Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.
A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual.
Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015. Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.
Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015. Esto es, la “presa” va aumentando.
La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.
En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo.
Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de junio del 2017.
Creo que el Segundo Informe del Estado de la Justicia -parte del Programa del Estado de la Nación- el cual lo recoge La Nación en su edición del 20 de abril, hace un valioso aporte al país al revelar el serio problema de ineficiencia productiva de nuestro Poder Judicial, de acuerdo con diferentes e importantes indicadores. El comentario se titula “Productividad judicial cae pese a más personal y presupuesto: Informe del Estado de la Justicia no encuentra explicación a baja en rendimiento en 15 años.”
Quiero señalar algunos de los hallazgos de ese estudio. Empiezo por uno que considero debió ser mejor analizado, aunque el resultado siempre habría sido igual de revelador. Se trata de que, aunque el presupuesto de dicho Poder haya aumentado, su productividad ha disminuido, indicando que, “por ejemplo, hace quince años, el presupuesto por cada funcionario era de $32, mientras que en la actualidad para el 2015, pasó a $156.” La inflación en dólares en Estados Unidos en el período diciembre del 2010 a diciembre del 2015 fue de casi un 36%. Si asumimos que esa inflación en dólares fue igual en el país, en términos reales, el presupuesto por funcionario pasó de $32 a $115 aproximadamente, lo que daría una idea más exacta -pero similar- del problema: un aumento anual real promedio del 17.3%.
A pesar de lo anterior, el incremento en el número de empleados varió: de “160 servidores por cada 100.000 habitantes; 15 años después esa cifra se elevó a 246.” Esto es, un aumento anual promedio aproximado de 3.6% anual.
Por contraste, si medimos “la producción” del Poder Judicial, en términos de tres indicadores, primeramente, la cantidad de casos atendidos por un juez de primera y única instancia, pasó de “2000, [en que] ingresaron 844 procesos; en el año antepasado, entraron 529,” indicando un descenso anual promedio aproximado del 4%. En segundo lugar, otro indicador de producción que analiza el informe citado, señala que la cantidad de casos terminados por los jueces descendió “de 841 procesos terminados en el 2000 a 491 en el 2015”. Esto es, una caída anual promedio de alrededor de un 4.75%. Tercero, si se mide por el número de sentencias dictadas, varió de “958 sentencias en el 2000 a imponer sólo 135” en el 2015. Es decir, una disminución anual promedio de más o menos un 40.6%. Este último dato es, sin duda, impresionante.
Otro dato relevante en ese mismo sentido es que en dicho lapso se acumularon los casos apilados en los despachos, a pesar de duplicarse en ese mismo período el número de “jueces, fiscales y defensores por cada 100.000 habitantes.” Así, el número de expedientes activos, que el medio llama “varados en un escritorio”, pasó por cada juez de primera instancia “de 824 en el 2000 a 839 en el 2015”; esto es, casi que se estancaron, en tanto que los que están en trámite -el periódico los llama como que estaban en una etapa más cruda- por cada juez pasó “de 467 en el 2005 a 563” en el 2015. Esto es, la “presa” va aumentando.
La investigadora que coordinó el informe, Evelyn Villarreal, indica, algo que lo deja a uno muy preocupado, es que no encontraron ante ese fenómeno determinado “que se haya dado un cambio procesal, o algo que hiciera los procesos más complejos. No encontramos nada, no encontramos una gran explicación.” Preocupa que no se señale el porqué de esa declinación tan significativa y que se sugieran remedios a la situación. Por ello, es crucial que las autoridades responsables administrativamente de estos asuntos, se dediquen de inmediato a encontrar las causas del descalabro.
En el caso particular del Organismo de Investigación Nacional (OIJ) -ente del Poder Judicial- tan sólo en el 2015, de cada 100 denuncias recibidas, 71 no se resolvieron. Se aduce que se debe a que “el 85% de las quejas interpuestas son contra ignorado; es decir, el ofendido no conoce el autor del supuesto delito.” Lo que se podría pensar como una justificación aceptable, más bien muestra una baja capacidad de resolver los procesos de investigación, en cuanto a la identificación de los denunciados. Son muchos los ciudadanos que posiblemente ni siquiera se molestan en denunciar hechos delictivos, pues el porcentaje de identificación de los delincuentes demuestra ser muy bajo.
Este reporte es muy útil no sólo porque la sociedad destina una cantidad muy elevada de recursos para administrar la justicia, sino también porque, a pesar de ser unos fondos crecientes, la productividad va cada vez peor. Urge una acción definida de los diversos responsables de la administración de justicia, para enderezar esta situación tan lamentable, la cual sólo redunda en un mayor desprestigio y desconfianza de los ciudadanos, ante los entes encargados de llevar a cabo una tarea esencial del estado. La ineficiencia del Poder Judicial debe ser enfrentada prontamente.
Publicado en el sitio de ASOJOD, en los blogs del Instituto Libertad y de PuroPeriodismo, así como en mis sitios en Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 13 de junio del 2017.