Jorge Corrales Quesada
28/08/2017, 20:18
Por Jorge Corrales Quesada
Desde mediados de marzo a la fecha en que esto se escribe -fines de abril- se han visto varios intentos de aumentarles a una gran cantidad de ciudadanos los costos por el servicio de la electricidad.
En primer lugar, una rebaja, que existía desde el primero de enero del 6.7%, fue echada para atrás por decisión de la ARESEP. Así aparece consignado en un comentario de La Nación del 17 de marzo, titulado “ARESEP deja sin efecto rebaja de 6.7% en electricidad: Ajuste regía desde el 1⁰ de enero.”
Según la información, el ente regulador más bien decidió aumentar la tarifa que el ICE cobra en un 8% a partir del 1⁰ de abril. Inicialmente, ARESEP había rechazado trasladar a los consumidores los costos de la planta hidroeléctrica Reventazón, medida que fue apelada por el ICE y ahora, como gran cosa, la ARESEP dice que aceptará trasladar a los abonados sólo más o menos una quinta parte del costo total del proyecto, para “velar por el equilibrio financiero de la empresa” y por considerar que “existe justificación”.
Francamente, el costo de la planta del Reventazón resultó ser el doble de lo que inicialmente se consideró y en ese momento se dijo que operaba en un 25%. Pero, el punto más importante es qué beneficio trae a los consumidores esa nueva planta, si significa un aumento en los costos que tenemos que pagar. Uno esperaría que un proyecto nuevo fuera conveniente por reducir los costos ante alternativas, pero no que más bien salga más caro a los consumidores. Así, los responsables del desaguisado -el doble el costo de lo estimado- no tendrán que pagar por ello, sino que seremos nosotros, los consumidores cautivos.
Aún hay más: según ARESEP falta que luego venga otro aumento en la tarifa que pagan los consumidores, en el momento en que el ICE le explique las dudas que tiene acerca de los costos. En síntesis: entre más caro un proyecto, mayor costo habrá en las tarifas a los consumidores, lo cual hace casi que uno le tenga que rogar al ICE que, por favor, no haga más proyectos, porque con ello nos encarecerá la electricidad.
En segundo lugar, aquí no termina esto de los aumentos en las tarifas eléctricas. En esa misma semana se anunció otro aumento, esta vez de un 1.82%, correspondiente a la estimación de gasto trimestral de combustible utilizado para producir electricidad. O sea, si lo sumamos al porcentaje anterior, el aumento que actualmente se cobra por la tarifa eléctrica será de un 9.82% adicional.
Se dice que “al que no quiere caldo, que le den dos tazas”. Pero a nosotros nos van a dar más de dos tazas. Esto porque, en tercer lugar, a los 540.000 usuarios de Fuerza y Luz en el país se nos quiere cobrar un incremento del 41% -usted leyó bien, no se asuste- de un 41% adicional en la tarifa eléctrica. Como concesión graciosa, eso sí, será un aumento en dos partes: uno del 26.6% que empezará en el segundo semestre de este año -o sea, a partir del 1⁰ de julio- y el resto, un aumento adicional del 13.75%, será a partir del 2018. La información aparece en La Nación del 6 de abril del 2017, bajo el título “CNFL pide alza de 40% en luz para los próximos 9 meses: Entidad propone dos ajustes: uno en julio y otro en enero del 2018.” ¿Se acuerdan cuando se nos dijo que en esta administración se rebajaría el costo de la electricidad a los consumidores?
En justicia es crucial señalar que, en un derecho de respuesta de la CNFL a esa información de La Nación publicada el 28 de abril, señala que lo del 41% de aumento es un error, porque esos dos aumentos no son acumulativos ─si es cierto lo que dice la CNFL, La Nación debió disculparse por el grave error incurrido. Ello porque el segundo aumento del 13.75% regiría en el 2018, pero con base en el monto vigente antes del alza del 26.6%. Esto es, no son acumulativos. Pero, al final de la jornada, tenga o no tenga razón La Nación o la CNFL, en conjunto se tendrá aumentos muy superiores a la tasa de inflación del período relevante, debido a las razones de ineficiencias citadas. Un aumento tan alto, cual sea, sigue siendo un crimen sobre las finanzas personales.
En el 2015, el déficit de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) fue de ₡27.155 millones y, para el 2016, de ₡589 millones. Ahora, la amable ARESEP simplemente nos aumentará los costos de la energía eléctrica para rellenar esos faltantes financieros de la CNFL. En última instancia nos están pasando la factura a los consumidores por el fracasos estruendoso de dos proyectos en que se vio involucrada la CNFL (no pregunte por los responsables de ello) como fueron el Balsa Inferior, que pasó de costar inicialmente $75 millones a $361 millones (casi cinco veces de incremento...) y el Parque Eólico Valle Central, cuyo costo inicial se estimó en $21 millones y terminó costando $54 millones (más de dos veces y media el costo proyectado al principio...).
Ahora ni pena les da a quienes nos quieren cobrar los desechos de su ineficiencia. Ese aumento aseguraría, según Víctor Julio Solís, gerente de la CNFL, tanto atender las obligaciones de la empresa, su liquidez y su rentabilidad (desmadradas por las actuaciones ineficientes mencionadas), como poder continuar sus planes de inversiones y de comercialización de la energía.
Sólo pregunto: ¿Dónde están los funcionarios responsables de esas malas decisiones por las que nos aumentan violentamente nuestros recibos por electricidad? ¿Ya las autoridades actuaron para responsabilizar a los culpables de esa ineficiencia? ¿Por qué se ha tardado tanto la Contraloría en sentar responsabilidades? Considero que el país debe revisar a profundidad toda la política estatal en torno a la producción de energía eléctrica, hoy lamentablemente reflejada en aumentos que golpean fuertemente a los presupuestos de los hogares de muchos ciudadanos.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de mayo del 2017.
Desde mediados de marzo a la fecha en que esto se escribe -fines de abril- se han visto varios intentos de aumentarles a una gran cantidad de ciudadanos los costos por el servicio de la electricidad.
En primer lugar, una rebaja, que existía desde el primero de enero del 6.7%, fue echada para atrás por decisión de la ARESEP. Así aparece consignado en un comentario de La Nación del 17 de marzo, titulado “ARESEP deja sin efecto rebaja de 6.7% en electricidad: Ajuste regía desde el 1⁰ de enero.”
Según la información, el ente regulador más bien decidió aumentar la tarifa que el ICE cobra en un 8% a partir del 1⁰ de abril. Inicialmente, ARESEP había rechazado trasladar a los consumidores los costos de la planta hidroeléctrica Reventazón, medida que fue apelada por el ICE y ahora, como gran cosa, la ARESEP dice que aceptará trasladar a los abonados sólo más o menos una quinta parte del costo total del proyecto, para “velar por el equilibrio financiero de la empresa” y por considerar que “existe justificación”.
Francamente, el costo de la planta del Reventazón resultó ser el doble de lo que inicialmente se consideró y en ese momento se dijo que operaba en un 25%. Pero, el punto más importante es qué beneficio trae a los consumidores esa nueva planta, si significa un aumento en los costos que tenemos que pagar. Uno esperaría que un proyecto nuevo fuera conveniente por reducir los costos ante alternativas, pero no que más bien salga más caro a los consumidores. Así, los responsables del desaguisado -el doble el costo de lo estimado- no tendrán que pagar por ello, sino que seremos nosotros, los consumidores cautivos.
Aún hay más: según ARESEP falta que luego venga otro aumento en la tarifa que pagan los consumidores, en el momento en que el ICE le explique las dudas que tiene acerca de los costos. En síntesis: entre más caro un proyecto, mayor costo habrá en las tarifas a los consumidores, lo cual hace casi que uno le tenga que rogar al ICE que, por favor, no haga más proyectos, porque con ello nos encarecerá la electricidad.
En segundo lugar, aquí no termina esto de los aumentos en las tarifas eléctricas. En esa misma semana se anunció otro aumento, esta vez de un 1.82%, correspondiente a la estimación de gasto trimestral de combustible utilizado para producir electricidad. O sea, si lo sumamos al porcentaje anterior, el aumento que actualmente se cobra por la tarifa eléctrica será de un 9.82% adicional.
Se dice que “al que no quiere caldo, que le den dos tazas”. Pero a nosotros nos van a dar más de dos tazas. Esto porque, en tercer lugar, a los 540.000 usuarios de Fuerza y Luz en el país se nos quiere cobrar un incremento del 41% -usted leyó bien, no se asuste- de un 41% adicional en la tarifa eléctrica. Como concesión graciosa, eso sí, será un aumento en dos partes: uno del 26.6% que empezará en el segundo semestre de este año -o sea, a partir del 1⁰ de julio- y el resto, un aumento adicional del 13.75%, será a partir del 2018. La información aparece en La Nación del 6 de abril del 2017, bajo el título “CNFL pide alza de 40% en luz para los próximos 9 meses: Entidad propone dos ajustes: uno en julio y otro en enero del 2018.” ¿Se acuerdan cuando se nos dijo que en esta administración se rebajaría el costo de la electricidad a los consumidores?
En justicia es crucial señalar que, en un derecho de respuesta de la CNFL a esa información de La Nación publicada el 28 de abril, señala que lo del 41% de aumento es un error, porque esos dos aumentos no son acumulativos ─si es cierto lo que dice la CNFL, La Nación debió disculparse por el grave error incurrido. Ello porque el segundo aumento del 13.75% regiría en el 2018, pero con base en el monto vigente antes del alza del 26.6%. Esto es, no son acumulativos. Pero, al final de la jornada, tenga o no tenga razón La Nación o la CNFL, en conjunto se tendrá aumentos muy superiores a la tasa de inflación del período relevante, debido a las razones de ineficiencias citadas. Un aumento tan alto, cual sea, sigue siendo un crimen sobre las finanzas personales.
En el 2015, el déficit de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) fue de ₡27.155 millones y, para el 2016, de ₡589 millones. Ahora, la amable ARESEP simplemente nos aumentará los costos de la energía eléctrica para rellenar esos faltantes financieros de la CNFL. En última instancia nos están pasando la factura a los consumidores por el fracasos estruendoso de dos proyectos en que se vio involucrada la CNFL (no pregunte por los responsables de ello) como fueron el Balsa Inferior, que pasó de costar inicialmente $75 millones a $361 millones (casi cinco veces de incremento...) y el Parque Eólico Valle Central, cuyo costo inicial se estimó en $21 millones y terminó costando $54 millones (más de dos veces y media el costo proyectado al principio...).
Ahora ni pena les da a quienes nos quieren cobrar los desechos de su ineficiencia. Ese aumento aseguraría, según Víctor Julio Solís, gerente de la CNFL, tanto atender las obligaciones de la empresa, su liquidez y su rentabilidad (desmadradas por las actuaciones ineficientes mencionadas), como poder continuar sus planes de inversiones y de comercialización de la energía.
Sólo pregunto: ¿Dónde están los funcionarios responsables de esas malas decisiones por las que nos aumentan violentamente nuestros recibos por electricidad? ¿Ya las autoridades actuaron para responsabilizar a los culpables de esa ineficiencia? ¿Por qué se ha tardado tanto la Contraloría en sentar responsabilidades? Considero que el país debe revisar a profundidad toda la política estatal en torno a la producción de energía eléctrica, hoy lamentablemente reflejada en aumentos que golpean fuertemente a los presupuestos de los hogares de muchos ciudadanos.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de mayo del 2017.