Jorge Corrales Quesada
28/08/2017, 16:42
Por Jorge Corrales Quesada
La única trocha del país no es la infame de la frontera norte. Hay otra trocha y mocha no muy lejana; tan sólo un poco al sur de aquella frontera: me refiero a la nueva carretera -ya anciana en su construcción- que va de San Ramón a San Carlos.
Resulta que en diciembre del 2013, la dependencia del MOPT, el CONAVI, adjudicó un tramo de 7 kilómetros de esa carretera -denominada “punta norte,” que va de La Abundancia a Florencia- a la empresa Consorcio CEINSA-TRAGSATEC para construir una vía de dos carriles y de tres en los tractos de ascenso, en la suma de ₡7.700 millones de colones. Pero, apenas 15 meses después, el CONAVI ordenó modificar la obra de dos a cuatro vías, según al MOPT, basándose “en un criterio técnico emitido por LANAMME de la Universidad de Costa Rica, consultas públicas a la comunidad y un análisis de la demanda de la vía.” Es sorprendente que eso no se hizo desde un principio al hacer la contratación, sino poco tiempo después. Esos nuevos diseños costaron $150.000 adicionales. Ahora del costo inicial de ₡7.700 millones se pasará a costar ₡20.950; esto es, casi tres veces más.
La información la presenta La Nación del 10 de marzo del 2017 en su artículo “Ley permitió triplicar costo de vía a San Carlos sin licitación: Punta norte pasó de dos a cuatro carriles sin nuevo concurso” y fue objeto de un comentario editorial del 14 de marzo del mismo año, bajo el título “El contrato mutante de San Carlos.”
Eso no es nada: la ampliación de ese contrato se otorgó sin licitación alguna a la misma empresa que había obtenido el anterior. En efecto, el 19 de marzo del 2015 esa empresa empezó a esbozar el diseño nuevo y sólo cinco días después “recibió el mandato de empezar la construcción”. En ese momento el estado no tenía la plata para esa ampliación ni el BID -el que otorgó el préstamo inicial- le había dado el visto bueno. De hecho, el MOPT tuvo que paralizar la obra en enero del 2017, porque ya habían usado los ₡7.700 millones iniciales del préstamo y no fue sino hasta el mes pasado, cuando el BID dio el visto bueno para ampliar el financiamiento de la obra.
No obstante, no hubo licitación pública alguna para el nuevo diseño y simplemente se le amplió el contrato. Al ser financiado por el BID, la Contraloría no tenía papel alguno en la revisión del asunto, en opinión del MOPT. En sencillo, por una simple decisión administrativa del MOPT, se pasó de un contrato debidamente licitado de manera pública de ₡7.700 millones, a otro casi tres veces mayor (₡20.950 millones).
El ministro del MOPT dice que no hubo licitación pública porque sería imposible dividir el proyecto entre dos contratistas: “¿Cómo lo dividimos? ¿Longitudinalmente o transversalmente? ¿Cómo hago para decirle a un contratista que haga dos carriles y al otro que haga los otros dos? El origen está en la torpeza inicial de no haber consultado con LANAMME, consultado a la comunidad y hacer un estudio del análisis de demanda, razones que fueron señaladas para ampliar el monto contratado de la obra hecho 15 meses atrás. Faltó planificación apropiada, adecuada y oportuna y faltó la vigilancia de la Contraloría General de la República, pues no parece ser conveniente contratar inicialmente por un monto relativamente pequeño, siguiendo las reglas de la contratación administrativa mediante una licitación pública, para, poco después, ampliarla a casi tres veces el monto inicial, mediante una simple adición al contrato.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de abril del 2017.
La única trocha del país no es la infame de la frontera norte. Hay otra trocha y mocha no muy lejana; tan sólo un poco al sur de aquella frontera: me refiero a la nueva carretera -ya anciana en su construcción- que va de San Ramón a San Carlos.
Resulta que en diciembre del 2013, la dependencia del MOPT, el CONAVI, adjudicó un tramo de 7 kilómetros de esa carretera -denominada “punta norte,” que va de La Abundancia a Florencia- a la empresa Consorcio CEINSA-TRAGSATEC para construir una vía de dos carriles y de tres en los tractos de ascenso, en la suma de ₡7.700 millones de colones. Pero, apenas 15 meses después, el CONAVI ordenó modificar la obra de dos a cuatro vías, según al MOPT, basándose “en un criterio técnico emitido por LANAMME de la Universidad de Costa Rica, consultas públicas a la comunidad y un análisis de la demanda de la vía.” Es sorprendente que eso no se hizo desde un principio al hacer la contratación, sino poco tiempo después. Esos nuevos diseños costaron $150.000 adicionales. Ahora del costo inicial de ₡7.700 millones se pasará a costar ₡20.950; esto es, casi tres veces más.
La información la presenta La Nación del 10 de marzo del 2017 en su artículo “Ley permitió triplicar costo de vía a San Carlos sin licitación: Punta norte pasó de dos a cuatro carriles sin nuevo concurso” y fue objeto de un comentario editorial del 14 de marzo del mismo año, bajo el título “El contrato mutante de San Carlos.”
Eso no es nada: la ampliación de ese contrato se otorgó sin licitación alguna a la misma empresa que había obtenido el anterior. En efecto, el 19 de marzo del 2015 esa empresa empezó a esbozar el diseño nuevo y sólo cinco días después “recibió el mandato de empezar la construcción”. En ese momento el estado no tenía la plata para esa ampliación ni el BID -el que otorgó el préstamo inicial- le había dado el visto bueno. De hecho, el MOPT tuvo que paralizar la obra en enero del 2017, porque ya habían usado los ₡7.700 millones iniciales del préstamo y no fue sino hasta el mes pasado, cuando el BID dio el visto bueno para ampliar el financiamiento de la obra.
No obstante, no hubo licitación pública alguna para el nuevo diseño y simplemente se le amplió el contrato. Al ser financiado por el BID, la Contraloría no tenía papel alguno en la revisión del asunto, en opinión del MOPT. En sencillo, por una simple decisión administrativa del MOPT, se pasó de un contrato debidamente licitado de manera pública de ₡7.700 millones, a otro casi tres veces mayor (₡20.950 millones).
El ministro del MOPT dice que no hubo licitación pública porque sería imposible dividir el proyecto entre dos contratistas: “¿Cómo lo dividimos? ¿Longitudinalmente o transversalmente? ¿Cómo hago para decirle a un contratista que haga dos carriles y al otro que haga los otros dos? El origen está en la torpeza inicial de no haber consultado con LANAMME, consultado a la comunidad y hacer un estudio del análisis de demanda, razones que fueron señaladas para ampliar el monto contratado de la obra hecho 15 meses atrás. Faltó planificación apropiada, adecuada y oportuna y faltó la vigilancia de la Contraloría General de la República, pues no parece ser conveniente contratar inicialmente por un monto relativamente pequeño, siguiendo las reglas de la contratación administrativa mediante una licitación pública, para, poco después, ampliarla a casi tres veces el monto inicial, mediante una simple adición al contrato.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 20 de abril del 2017.