Jorge Corrales Quesada
28/08/2017, 14:23
Por Jorge Corrales Quesada
Hay cosas en el estado que, sin duda, hacen que el título de mis columnas usuales en Facebook, “El Estado Ineficiente”, resulte ser más que apropiado. Porque, ¿qué más ineficiente puede ser el estado, cuando paga dineros por pedir plata prestada y, luego, no los usa, ya sea debido a que no puede hacerlo así, pues no había tomado todas las acciones requeridas del caso, o porque, una vez con la plata emprestada, se echa para atrás, para ver cuándo es que lo va a hacer?
Un artículo reciente -22 de diciembre del 2016- en el periódico La Nación, “País pagó $17 millones por préstamos viales sin uso: Bancos internacionales cobran comisiones por reservar dineros al Gobierno”, retrata esta tragedia, pues es plata que los ciudadanos tendremos que pagar en algún momento.
Vean cómo es la cosa: el estado pide prestado los fondos a un ente bancario multinacional (BCIE, BID, Corporación Andina de Fomento, por ejemplo). Las entidades separan esos fondos para ser usados a partir de ese instante por el país que los pidió prestados. Pero, resulta que, en nuestro caso, se hizo así y el gobierno no hace uso de esos fondos inmediatamente, porque no tenía todo lo que se requería para poder hacerlo (permisos, presupuestos, contrataciones, lo que sea). Como el banco separó esos fondos para que Costa Rica los usara en los proyectos para los cuales pidió prestado, no puede usar esos mismos recursos como préstamos a otros países y por ello incurre en un costo (dejar de ganar), el cual es cobrado a Costa Rica como comisión por mantener esos préstamos aprobados, pero no se utilizados.
Entre el 2010 y el 2015 el país -esto es, los ciudadanos, los contribuyentes- tuvimos que pagar a esos bancos dichas comisiones por un total de $17 millones (más de ₡9.000 millones, aproximadamente).
Así fue como al BCIE se le pagaron $7.7 millones, como comisión por un empréstito de $340 millones para construir la Circunvalación Norte, el puente de la ruta 32 sobre El Virilla, la radial Lindora y para la platina (hasta en la sopa nos aparece el desaguisado). Así como para las rotondas de las Garantías Sociales, la de la Bandera y la intersección a Guadalupe. Al menos se ha trabajado en el de la platina y el resto está ahí, empantanado en alguna incapaz e ineficiente entidad (o entidades) del gobierno. De este préstamo ya se ha desembolsado un 50% y el resto duerme el sueño de los justos.
Asimismo, se pidieron $52 millones prestados a la Corporación Andina de Fomento para la ruta Chilamate- Vuelta Kooper, por los cuales se ha pagado una comisión de $1.3 millones.
Igualmente, se han pagado comisiones por $8 millones al BID, por un crédito de $810 millones, usado en la carretera Liberia-Cañas y para la rehabilitación de ciertas vías, entre otros.
Y está programado pagar otros $5,3 millones, como comisiones por fondos emprestados no ejecutados.
Por otra parte, “de los $1.591 millones que solicitó el país, desde el 2009, en seis préstamos para construir carreteras,” únicamente se han amortizado $21.2 millones al capital, $22.85 millones en intereses y $17 millones por comisiones. “Del dinero disponible solo se ha ejecutado el 34%; es decir, $551 millones.” Pero, el pago total que se deberá hacer por esos seis préstamos ascenderá a $2.111, sumando principal, intereses y comisiones; esto es, $ 520 millones en intereses y comisiones. Por supuesto, no se toman en cuenta los beneficios que las personas han dejado de percibir por la no ejecución plena de los fondos emprestados, pues tan sólo en algunos casos se han aplicado los recursos y concluido las obras.
De paso, el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, en su momento señaló que ya el nivel de endeudamiento del país llega a niveles preocupantes (hoy día a un 45% del PIB). Y por tal razón indica que “hay que buscar mecanismos alternativos de financiamientos (diferentes del endeudamiento del estado) con alianzas público-privadas.” Pero, por ejemplo, no se ha avanzado y mejorado (esto es, evitando errores del pasado) en esquemas de concesión de obra pública, que permitirían obtener los recursos escasos, pagar la infraestructura así financiada con su operación y evitar el endeudamiento tan elevado del estado costarricense (esto es, deudas que nosotros tendremos que pagar).
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 17 de marzo del 2017.
Hay cosas en el estado que, sin duda, hacen que el título de mis columnas usuales en Facebook, “El Estado Ineficiente”, resulte ser más que apropiado. Porque, ¿qué más ineficiente puede ser el estado, cuando paga dineros por pedir plata prestada y, luego, no los usa, ya sea debido a que no puede hacerlo así, pues no había tomado todas las acciones requeridas del caso, o porque, una vez con la plata emprestada, se echa para atrás, para ver cuándo es que lo va a hacer?
Un artículo reciente -22 de diciembre del 2016- en el periódico La Nación, “País pagó $17 millones por préstamos viales sin uso: Bancos internacionales cobran comisiones por reservar dineros al Gobierno”, retrata esta tragedia, pues es plata que los ciudadanos tendremos que pagar en algún momento.
Vean cómo es la cosa: el estado pide prestado los fondos a un ente bancario multinacional (BCIE, BID, Corporación Andina de Fomento, por ejemplo). Las entidades separan esos fondos para ser usados a partir de ese instante por el país que los pidió prestados. Pero, resulta que, en nuestro caso, se hizo así y el gobierno no hace uso de esos fondos inmediatamente, porque no tenía todo lo que se requería para poder hacerlo (permisos, presupuestos, contrataciones, lo que sea). Como el banco separó esos fondos para que Costa Rica los usara en los proyectos para los cuales pidió prestado, no puede usar esos mismos recursos como préstamos a otros países y por ello incurre en un costo (dejar de ganar), el cual es cobrado a Costa Rica como comisión por mantener esos préstamos aprobados, pero no se utilizados.
Entre el 2010 y el 2015 el país -esto es, los ciudadanos, los contribuyentes- tuvimos que pagar a esos bancos dichas comisiones por un total de $17 millones (más de ₡9.000 millones, aproximadamente).
Así fue como al BCIE se le pagaron $7.7 millones, como comisión por un empréstito de $340 millones para construir la Circunvalación Norte, el puente de la ruta 32 sobre El Virilla, la radial Lindora y para la platina (hasta en la sopa nos aparece el desaguisado). Así como para las rotondas de las Garantías Sociales, la de la Bandera y la intersección a Guadalupe. Al menos se ha trabajado en el de la platina y el resto está ahí, empantanado en alguna incapaz e ineficiente entidad (o entidades) del gobierno. De este préstamo ya se ha desembolsado un 50% y el resto duerme el sueño de los justos.
Asimismo, se pidieron $52 millones prestados a la Corporación Andina de Fomento para la ruta Chilamate- Vuelta Kooper, por los cuales se ha pagado una comisión de $1.3 millones.
Igualmente, se han pagado comisiones por $8 millones al BID, por un crédito de $810 millones, usado en la carretera Liberia-Cañas y para la rehabilitación de ciertas vías, entre otros.
Y está programado pagar otros $5,3 millones, como comisiones por fondos emprestados no ejecutados.
Por otra parte, “de los $1.591 millones que solicitó el país, desde el 2009, en seis préstamos para construir carreteras,” únicamente se han amortizado $21.2 millones al capital, $22.85 millones en intereses y $17 millones por comisiones. “Del dinero disponible solo se ha ejecutado el 34%; es decir, $551 millones.” Pero, el pago total que se deberá hacer por esos seis préstamos ascenderá a $2.111, sumando principal, intereses y comisiones; esto es, $ 520 millones en intereses y comisiones. Por supuesto, no se toman en cuenta los beneficios que las personas han dejado de percibir por la no ejecución plena de los fondos emprestados, pues tan sólo en algunos casos se han aplicado los recursos y concluido las obras.
De paso, el viceministro de Hacienda, don José Francisco Pacheco, en su momento señaló que ya el nivel de endeudamiento del país llega a niveles preocupantes (hoy día a un 45% del PIB). Y por tal razón indica que “hay que buscar mecanismos alternativos de financiamientos (diferentes del endeudamiento del estado) con alianzas público-privadas.” Pero, por ejemplo, no se ha avanzado y mejorado (esto es, evitando errores del pasado) en esquemas de concesión de obra pública, que permitirían obtener los recursos escasos, pagar la infraestructura así financiada con su operación y evitar el endeudamiento tan elevado del estado costarricense (esto es, deudas que nosotros tendremos que pagar).
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 17 de marzo del 2017.