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Jorge Corrales Quesada
28/08/2017, 11:30
Por Jorge Corrales Quesada

RECOPE no deja de sangrar a los ciudadanos. Ahora solicita un nuevo aumento en el precio de los combustibles, no sólo por entendibles aumentos en los precios internacionales en colones devaluados, sino porque ha pedido a la ARESEP que le apruebe un aumento ordinario en los precios para cubrir su convención colectiva.

Aunque relativamente es ahora más pequeña que la anterior, la nueva convención colectiva de RECOPE recientemente negociada, redujo sus privilegios, según indica La Nación en un artículo del 11 de enero, bajo el título “RECOPE pide alza en gasolinas para su convención colectiva: Entidad solicitó en diciembre ajuste de ₡7 para litro de gasolina y ₡5 en diésel.” La nueva se rebaja en un monto de ₡1.155 millones. La convención colectiva “habría costado el año anterior ₡25.814 millones distribuidos entre esos 1.742 empleados. Cada uno habría recibido ₡14 millones en beneficios por ese acuerdo laboral.” En contraste, la convención colectiva en el 2017 sería de ₡24.179; esto es un promedio de ₡13.8 millones por cada trabajador. Es decir, significaría una reducción del 6.5%. Esta es la “buena” noticia.

Pero, resulta que una decisión dividida del 10 junio del 2016, por 4 votos contra 3, de la Sala Constitucional, se decidió -en perjuicio directo de los consumidores- anular una decisión de la ARESEP –afortunada, en mi opinión- para que el cálculo de los costos para fijar los precios a los consumidores, no se incluyera una partida que estaba en el presupuesto de RECOPE por ₡4.784 millones. Ahora, RECOPE, ni lerda ni perezosa, ante al ayudadita de la Sala Constitucional, pide un aumento en los precios a los consumidores al pedir que se incorporen esos ₡4.784 millones que se le excluyeron en el 2015 de la convención colectiva.

O sea, RECOPE, por el lado que sea, siempre nos sale costosa. Se nos fue lo comido por lo servido: se ahorraron ₡1.155 millones por la nueva convención colectiva, pero se nos pasa el cobro -lo que adicionalmente tendremos que pagar los consumidores pues se excluyó de la convención colectiva del 2015- por la suma de ₡4.784 millones. ¡Qué rico, verdad!

Pero, repasemos brevemente, cómo se distribuirá ahora la nueva convención colectiva de ₡24.179 millones y la cual se incorpora en los precios que todos pagamos, para beneficio de 1742 empleados de RECOPE:

Anualidades: ₡9.292 millones.
Aporte al Fondo de Ahorro: ₡3.832 millones.
Pasos: ₡3.822 millones.
Cesantía: ₡2.720 millones.
Vacaciones extraordinarias y horas extra fijas: ₡1.277 millones.
Peligrosidad: ₡789 millones.
Calificación: ₡725 millones.
Suplencias: ₡553 millones.
Subsidio de enfermedad: ₡492 millones.
Vales para comida: ₡372 millones.
Trabajo expuesto a temperatura: ₡114 millones.
Méritos: ₡82 millones.
Otros (auxilio para compra de lentes, fallecimiento de familiar, mantenimiento del oleoducto, transferencia sindicatos, pago de útiles, congresos, grupos, becas a funcionarios y servicios médicos): ₡68 millones.
Trabajo por altura: ₡41 millones.

Queda a juicio de cada ciudadano lector su opinión respecto a la procedencia y virtud de estos “beneficios” a los 1.742 empleados de RECOPE. Y que cada uno medite si esos gastos deben ser parte de lo que se nos cobra por los combustibles que adquirimos.

Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 16 de febrero del 2017.