Jorge Corrales Quesada
28/08/2017, 09:34
Por Jorge Corrales Quesada
En las viejas películas de gánsteres y vaqueros que veíamos en el cine cuando niños, una frase de moneda corriente era ver al asaltante, pistola en mano, espetándole a la víctima potencial la impactante y demoledora frase “¡Manos Arriba!” Era la advertencia clara de que, a los buenos, los forajidos les iban a robar sus haberes, sus pertenencias, lo que tuviera algún valor ante los ojos del asaltante.
Claro, no importaba cómo era que la víctima había adquirido las cosas que le eran propias, incluso, tal vez, después de un arduo esfuerzo y trabajo. El ratero simplemente dejaba indefenso al asaltado y arreaba con todo… y salía corriendo sólo o con su gavilla a disfrutar lo que tomó y que hizo suyo. Siempre había la posibilidad de que el “bueno” salvara a la víctima y ese “bueno” solía ser el sheriff, el representante de la ley, el “estado”, por así decirlo.
Pero, ¿y qué pasa si quien lo amenaza a uno con asaltarlo es el propio estado? ¿Qué hacer? No lo sé: ¿añorar a Fuenteovejuna?, ¿resucitar a la vieja dama de Dürrenmatt, Clara Zachanassian, para que revisite el pueblo de Güllen y acabe con un arrogante enriquecido a costas de los ciudadanos?, o ¿pedirle a John Wayne o, tal vez, al también desparecido Chapulín Colorado, que me defiendan? Honestamente, ante el asalto que vislumbro, sólo anhelo que sea posible que el pueblo levante airado su voz: que ojalá le escuchen quienes se suponen lo representan dentro del estado, sus diputados, y que frenen las pretensiones del salteador.
Le ha de haber costado mucho, pero mucho, casi hasta extinguir cualquier racionalidad latente, al burócrata de las pensiones de la Caja, para sugerir que, a fin de resolver la insuficiencia a plazo de los fondos para cumplir con las pensiones acordadas a los participantes obligados de tal régimen, la solución está en despojar a otros ciudadanos. A aquellos quienes, producto de su esfuerzo y trabajo, hayan cotizado, sacrificando la satisfacción momentánea, para su régimen personal de pensiones. Tal es, la abrumadora y fulgurante sugerencia de atracar las pensiones voluntarias privadas, propiedad de ciudadanos, para usarlas en subsanar la insuficiencia del sistema oficial obligatorio. Exactamente equivale a que alguien me diga “Manos Arriba” y así tomar mi billetera de mi bolsillo y llevarse el dinero descaradamente para su uso preferido. [Igual hubiera sido si ese pillo decidiera tomar la plata de mi chequera, sin problema alguno, y trasladarla al fallido financiamiento de las pensiones públicas].
Claro, habría sido posible buscar soluciones alternativas al sistema hoy casi insolvente, a la de tan sólo tomar la pistola y apuntarla al primero que pasa cerca, para conseguir la plata requerida. Si bien podría aliviar a los que ya tienen su pensión en la picota, empobrecería a otros que no son responsables de esa insuficiencia y cuyo delito, argüiría el forajido en su defensa, constituyó en ahorrar voluntariamente para su vejez.
Esa visión de “tomemos lo que es de otros, para llenar el bache con otros” no requería de mucho esfuerzo mental: a cualquier burócrata de tercera se le podría ocurrir algo así. Tal vez menos complicado habría sido simplemente apropiarse de las cuentas corrientes, duplicar los marchamos, aumentar los impuestos a las propiedades, tal vez un nuevo impuesto al amor, destinado a financiar los regímenes insuficientemente financiados y que incluso las personas aceptarían de buena gana… hay tantas bases imponibles en la humanidad, como para no tener que acudir simplemente a apropiarse de manera directa de lo que es ajeno. Es sólo un asunto del imaginario estatista.
La sugerencia del burócrata no es única en su naturaleza. Recientemente escuché en televisión una propuesta de parte de un miembro de la Junta Directiva de la Caja, quien la formuló antecedida de palabras sabias. Ante la sugerencia de aumentar la cotización de los trabajadores o de los patronos para resolver parte del problema del régimen de pensiones de la Caja, su respuesta lógica inicial fue la de un buen economista. Más o menos dijo que tal propuesta elevaría el costo de la mano de obra. Que ello aumentaría los costos de producción, lo cual afectaría negativamente tanto la actividad económica, como al empleo. Pero, ¡lástima!, inmediatamente propone que el aumento sea en la cotización que el estado hace para dicho régimen.
Esto último es un sinsentido por varias razones: no sólo las mismas que antes señaló para, correctamente, oponerse al aumento en las cotizaciones de la parte laboral y empresarial, sino porque, ante la sugerencia, hay que hacer una pregunta elemental: ¿de dónde vendrán los ingresos suficientes para que el estado haga ese aporte adicional? ¿Aumentando los impuestos? Eso reduciría los ingresos netos de las familias y de las empresas, ocasionando una seria afectación a los mismos grupos que antes pidió no afectar. Los impuestos tienen un efecto negativo sobre la producción, que se traduce en una menor inversión y una menor demanda de trabajadores.
La otra alternativa para el estado es aumentar la inflación, para financiar su contribución mayor (pidiéndole al Banco Central que emita más dinero), pero, ya bien sabemos que el aumento generalizado de los precios reduciría los ingresos reales de las personas, físicas y jurídicas, además de alterar negativamente la asignación de recursos e incluso hasta afectar nuestro tipo de cambio.
Y la última posibilidad es que el gobierno se endeude para obtener los recursos para hacer el pago adicional. Pero, eso significa que, a futuro, tendrán que aumentarse los impuestos para que el estado haga frente a la deuda incurrida, incluyendo el pago del principal, los intereses y comisiones de rigor. Todo eso lo descuenta rápidamente el mercado, el cual, en consonancia, actuaría desde ahora como si se hiciera un aumento de los impuestos (con los efectos negativos que antes señaló el propio directivo de la Caja mencionado).
Lo que el gobierno sí puede hacer es reducir al máximo, en lo posible, el enorme gasto de la Caja y los recursos así ahorrados, usarlos para aliviar, aunque sea en parte, a un régimen desfinanciado: al menos sería un alivio, aunque posiblemente pequeño, ante la magnitud del problema.
La equivocación en la propuesta del directivo de la Caja está en que olvida que el estado vive -obtiene sus ingresos- de lo que genera el sector privado de la economía, tanto físico como legal, tanto trabajadores como empresarios capitalistas. El estado no es un ente milagroso que puede abstraerse de disponer de recursos efectivos, tales que le permitan usar fondos para las preferencias de los políticos que gobiernan en un momento dado. Pretender que la plata venga del “estado” es, simplemente, decirle a las personas y a las empresas, con menor crudeza, “manos arriba”, para sacar de sus billeteras la plata necesitada. El maná no cae de los Cielos…
Publicado en mi sitio en Facebook el 20 de enero del 2016.
En las viejas películas de gánsteres y vaqueros que veíamos en el cine cuando niños, una frase de moneda corriente era ver al asaltante, pistola en mano, espetándole a la víctima potencial la impactante y demoledora frase “¡Manos Arriba!” Era la advertencia clara de que, a los buenos, los forajidos les iban a robar sus haberes, sus pertenencias, lo que tuviera algún valor ante los ojos del asaltante.
Claro, no importaba cómo era que la víctima había adquirido las cosas que le eran propias, incluso, tal vez, después de un arduo esfuerzo y trabajo. El ratero simplemente dejaba indefenso al asaltado y arreaba con todo… y salía corriendo sólo o con su gavilla a disfrutar lo que tomó y que hizo suyo. Siempre había la posibilidad de que el “bueno” salvara a la víctima y ese “bueno” solía ser el sheriff, el representante de la ley, el “estado”, por así decirlo.
Pero, ¿y qué pasa si quien lo amenaza a uno con asaltarlo es el propio estado? ¿Qué hacer? No lo sé: ¿añorar a Fuenteovejuna?, ¿resucitar a la vieja dama de Dürrenmatt, Clara Zachanassian, para que revisite el pueblo de Güllen y acabe con un arrogante enriquecido a costas de los ciudadanos?, o ¿pedirle a John Wayne o, tal vez, al también desparecido Chapulín Colorado, que me defiendan? Honestamente, ante el asalto que vislumbro, sólo anhelo que sea posible que el pueblo levante airado su voz: que ojalá le escuchen quienes se suponen lo representan dentro del estado, sus diputados, y que frenen las pretensiones del salteador.
Le ha de haber costado mucho, pero mucho, casi hasta extinguir cualquier racionalidad latente, al burócrata de las pensiones de la Caja, para sugerir que, a fin de resolver la insuficiencia a plazo de los fondos para cumplir con las pensiones acordadas a los participantes obligados de tal régimen, la solución está en despojar a otros ciudadanos. A aquellos quienes, producto de su esfuerzo y trabajo, hayan cotizado, sacrificando la satisfacción momentánea, para su régimen personal de pensiones. Tal es, la abrumadora y fulgurante sugerencia de atracar las pensiones voluntarias privadas, propiedad de ciudadanos, para usarlas en subsanar la insuficiencia del sistema oficial obligatorio. Exactamente equivale a que alguien me diga “Manos Arriba” y así tomar mi billetera de mi bolsillo y llevarse el dinero descaradamente para su uso preferido. [Igual hubiera sido si ese pillo decidiera tomar la plata de mi chequera, sin problema alguno, y trasladarla al fallido financiamiento de las pensiones públicas].
Claro, habría sido posible buscar soluciones alternativas al sistema hoy casi insolvente, a la de tan sólo tomar la pistola y apuntarla al primero que pasa cerca, para conseguir la plata requerida. Si bien podría aliviar a los que ya tienen su pensión en la picota, empobrecería a otros que no son responsables de esa insuficiencia y cuyo delito, argüiría el forajido en su defensa, constituyó en ahorrar voluntariamente para su vejez.
Esa visión de “tomemos lo que es de otros, para llenar el bache con otros” no requería de mucho esfuerzo mental: a cualquier burócrata de tercera se le podría ocurrir algo así. Tal vez menos complicado habría sido simplemente apropiarse de las cuentas corrientes, duplicar los marchamos, aumentar los impuestos a las propiedades, tal vez un nuevo impuesto al amor, destinado a financiar los regímenes insuficientemente financiados y que incluso las personas aceptarían de buena gana… hay tantas bases imponibles en la humanidad, como para no tener que acudir simplemente a apropiarse de manera directa de lo que es ajeno. Es sólo un asunto del imaginario estatista.
La sugerencia del burócrata no es única en su naturaleza. Recientemente escuché en televisión una propuesta de parte de un miembro de la Junta Directiva de la Caja, quien la formuló antecedida de palabras sabias. Ante la sugerencia de aumentar la cotización de los trabajadores o de los patronos para resolver parte del problema del régimen de pensiones de la Caja, su respuesta lógica inicial fue la de un buen economista. Más o menos dijo que tal propuesta elevaría el costo de la mano de obra. Que ello aumentaría los costos de producción, lo cual afectaría negativamente tanto la actividad económica, como al empleo. Pero, ¡lástima!, inmediatamente propone que el aumento sea en la cotización que el estado hace para dicho régimen.
Esto último es un sinsentido por varias razones: no sólo las mismas que antes señaló para, correctamente, oponerse al aumento en las cotizaciones de la parte laboral y empresarial, sino porque, ante la sugerencia, hay que hacer una pregunta elemental: ¿de dónde vendrán los ingresos suficientes para que el estado haga ese aporte adicional? ¿Aumentando los impuestos? Eso reduciría los ingresos netos de las familias y de las empresas, ocasionando una seria afectación a los mismos grupos que antes pidió no afectar. Los impuestos tienen un efecto negativo sobre la producción, que se traduce en una menor inversión y una menor demanda de trabajadores.
La otra alternativa para el estado es aumentar la inflación, para financiar su contribución mayor (pidiéndole al Banco Central que emita más dinero), pero, ya bien sabemos que el aumento generalizado de los precios reduciría los ingresos reales de las personas, físicas y jurídicas, además de alterar negativamente la asignación de recursos e incluso hasta afectar nuestro tipo de cambio.
Y la última posibilidad es que el gobierno se endeude para obtener los recursos para hacer el pago adicional. Pero, eso significa que, a futuro, tendrán que aumentarse los impuestos para que el estado haga frente a la deuda incurrida, incluyendo el pago del principal, los intereses y comisiones de rigor. Todo eso lo descuenta rápidamente el mercado, el cual, en consonancia, actuaría desde ahora como si se hiciera un aumento de los impuestos (con los efectos negativos que antes señaló el propio directivo de la Caja mencionado).
Lo que el gobierno sí puede hacer es reducir al máximo, en lo posible, el enorme gasto de la Caja y los recursos así ahorrados, usarlos para aliviar, aunque sea en parte, a un régimen desfinanciado: al menos sería un alivio, aunque posiblemente pequeño, ante la magnitud del problema.
La equivocación en la propuesta del directivo de la Caja está en que olvida que el estado vive -obtiene sus ingresos- de lo que genera el sector privado de la economía, tanto físico como legal, tanto trabajadores como empresarios capitalistas. El estado no es un ente milagroso que puede abstraerse de disponer de recursos efectivos, tales que le permitan usar fondos para las preferencias de los políticos que gobiernan en un momento dado. Pretender que la plata venga del “estado” es, simplemente, decirle a las personas y a las empresas, con menor crudeza, “manos arriba”, para sacar de sus billeteras la plata necesitada. El maná no cae de los Cielos…
Publicado en mi sitio en Facebook el 20 de enero del 2016.