Jorge Corrales Quesada
27/08/2017, 20:36
Por Jorge Corrales Quesada
Ciertamente en nuestro medio se habla muy poco acerca de las exoneraciones de impuestos, que el estado otorga a ciertos grupos, personas o entes específicos. Es evidente que uno esperaría tal silencio de parte de algunos beneficiarios, pues posiblemente no desean que se sepa que gozan de un trato preferencial, en comparación con el resto de los ciudadanos, pero, también, llama la atención que el tema no se trate públicamente, en momentos en que las finanzas gubernamentales muestran más hoyos, que las calles de muchas partes del país.
Por eso es importante conocer algo, al menos un poco, de lo que podría ser un tema que merezca mayor interés por parte de la ciudadanía, a lo cual La Nación hace una contribución valiosa, con su artículo del 19 de noviembre, titulado “Congreso aprueba mayoría de exoneraciones sin fijar límites: Asamblea tramitó 133 nuevas exenciones de impuestos en 10 años, en medio de deterioro fiscal.”
Dichas exoneraciones son simplemente una concesión que las autoridades del estado les da a grupos específicos, para exonerarlos del pago de impuestos, los que sí son aplicados a la generalidad de los ciudadanos, pues constituyen una base imponible sobre la cual, alternativamente, se les aplicarían los tributos. Son, para decirlo con claridad, un privilegio que unos disfrutan y que con frecuencia no lo goza la plena generalidad de los ciudadanos del país. Usualmente los políticos los conceden acudiendo a las más diversas razones que uno se pueda imaginar: premiar a algo o a alguien, permitir que ciertos entes extranjeros y sus empleados no tengan que pagar los tributos que, en circunstancias normales, sí lo deberían; incentivar a alguna empresa debido a las razones que sean, pero que se traducen en un beneficio neto para un ente en particular y que no necesariamente se otorga al resto de empresas o para que haya una mayor producción de ciertos bienes o servicios que se consideran “socialmente” convenientes (salud, cierta educación, etcétera).
Lo interesante es que, si un grupo de políticos considera viable otorgar tal privilegio, por la razón que sea, lo hacen así, pues, sin duda, que con ello intentan “comprar” el voto o apoyo político de los beneficiados. Esto es, el quid pro quo es bien claro: se les da la exoneración tributaria, a cambio de un apoyo al partido político o al gobierno que los ha otorgado. Una simple compra….
Creo que hoy nadie afirmaría que la situación fiscal del país es boyante. Hoy vivimos la presión de políticos, tanto en el Poder Ejecutivo, como en sectores del Legislativo y, no dudo, que, tal vez, hasta en el Judicial, pues también podrían beneficiarse con ellos, para gravar a los ciudadanos con nuevos y mayores impuestos. Por tal razón, uno esperaría que, si en verdad a esos políticos de turno les interesara sanear las finanzas estatales, las exoneraciones comentadas deberían ser excepcionales, rígidamente delimitadas y claramente definidas en su alcance, tanto en el ámbito de aplicación, como en la duración o vigencia de las mismas. Esto último significa se puede concebir alguna exoneración, como solución temporal a una situación que, de verdad, la requiere, pero no a otorgar una preferencia impositiva eterna a ciertas personas, entes o grupos, en comparación con quienes sí son eternos contribuyentes al fisco.
Informa el medio, en el comentario citado, que actualmente se tienen 1.292 indulgencias del pago de impuestos, generadas tan sólo a partir de 1953. En la última década, las exenciones se dieron a 133 beneficiarios nuevos. Lo peor es que fueron bridadas “en su mayoría, sin precisar cuáles tributos deseaba eximir, al determinar en los textos (de la ley) la exoneración ‘de todos los impuestos’ y no aclarar por cuánto tiempo tendría efecto su decisión ni sobre quiénes.” Estamos en presencia de un sistema de exoneraciones que ni siquiera define su alcance, sus beneficiarios ni su duración. Esto es, un libramiento de privilegios sumamente difuso, jugoso y extendido.
Los montos de las exoneraciones que se suelen consignar, obviamente señalan cuánto se habría recaudado si el estado no las hubiera otorgado y supone que la base, sobre la cual se otorgó, no habría disminuido si no se hubiera dicha exoneración. Así, la estimación cita no sería más que el monto mayor posible, pero, en verdad, dicho costo no incorpora los efectos que las exoneraciones pueden tener -buenos y deseables, así como malos e inconvenientes- sobre la economía como un todo. El costo pleno de la distorsión, así causada, ni siquiera se conoce; tan sólo cifras estimadas que dejan de ingresar al estado, al no cobrarse los tributos exonerados.
Según la información presentada, “se estima que las exoneraciones cuestan poco más de ₡1.427.197 millones al año (más sencillo: algo más de ₡1.4 millones de millones al año): un dato del 2015 que equivaldría al 4.96% del producto interno bruto (PIB) o 17.9% del Presupuesto Nacional de ese año.”
Un detalle interesante consignado en la información periodística es que “durante la administración Solís se registra la mayor proporción de exoneraciones indefinidas de la historia; es decir, las que pretenden eximir a un proyecto o entidad ‘de todos los impuestos’, sin especificar cuáles. Esta omisión está en el 84% de las exoneraciones de esta administración.” En justicia, la mayoría (27) de las 31 exoneraciones aprobadas en esta administración, “fueron propuestas antes de este mandato (de la administración Solís.)” Esto es, el desorden va hacia más atrás, como suele suceder con muchas cosas relacionadas con las políticas públicas del país.
De las 133 exoneraciones aprobadas por las administraciones Arias, Chinchilla y Solís, 65 no señalan los impuestos exonerados. Los beneficiarios principales son los siguientes: 27 a organismos internacionales o funcionarios de dichos entes, 26 a organizaciones sociales, religiosas o de interés público; 21 para el deporte y salud, educación, cultura y ciencia, 17 a empresas privadas y las 42 restantes a otras categorías, como empresas estatales e instituciones públicas, organismos financieros, infraestructura de energía y acueductos, diplomáticos y familiares y a toda la población.
Concuerdo en que algunas de estas exoneraciones podrían ser indispensables por el alto beneficio social que pueden tener, pero dudo que lo sean muchas de ellas. En todo caso, el que haya grupos, sectores o personas quienes gozan de tales exoneraciones, ante un estado que supuestamente maximiza, en lo posible, la recaudación impositiva, hace que, para compensar esos ingresos no percibidos de los exonerados, se carguen más impuestos a quienes ya pagan gravámenes (independiente de si las exoneraciones favorecen a unos a costa de otros).
Urge que se frene inmediatamente en la Asamblea Legislativa el otorgamiento de exoneraciones que incumplan con tres requisitos esenciales: que se definan los impuestos que se exoneran, que se indique taxativamente a quiénes se les otorgan las exenciones y por cuánto tiempo son otorgadas. Además, al implicar una reducción de ingresos tributarios, cualquier nueva ley que apruebe exoneraciones debería indicar cómo, de dónde, se obtendrán los recursos que permitan reponer los no percibidos. En general, es crucial que, en las circunstancias fiscales tan difíciles que tiene el país, se haga una revisión profunda de las 1.292 exoneraciones hoy vigentes, a ver si lo ameritan o no. No dudo que, al hacerse, habrá sorpresas muy interesantes.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 28 de diciembre del 2016.
Ciertamente en nuestro medio se habla muy poco acerca de las exoneraciones de impuestos, que el estado otorga a ciertos grupos, personas o entes específicos. Es evidente que uno esperaría tal silencio de parte de algunos beneficiarios, pues posiblemente no desean que se sepa que gozan de un trato preferencial, en comparación con el resto de los ciudadanos, pero, también, llama la atención que el tema no se trate públicamente, en momentos en que las finanzas gubernamentales muestran más hoyos, que las calles de muchas partes del país.
Por eso es importante conocer algo, al menos un poco, de lo que podría ser un tema que merezca mayor interés por parte de la ciudadanía, a lo cual La Nación hace una contribución valiosa, con su artículo del 19 de noviembre, titulado “Congreso aprueba mayoría de exoneraciones sin fijar límites: Asamblea tramitó 133 nuevas exenciones de impuestos en 10 años, en medio de deterioro fiscal.”
Dichas exoneraciones son simplemente una concesión que las autoridades del estado les da a grupos específicos, para exonerarlos del pago de impuestos, los que sí son aplicados a la generalidad de los ciudadanos, pues constituyen una base imponible sobre la cual, alternativamente, se les aplicarían los tributos. Son, para decirlo con claridad, un privilegio que unos disfrutan y que con frecuencia no lo goza la plena generalidad de los ciudadanos del país. Usualmente los políticos los conceden acudiendo a las más diversas razones que uno se pueda imaginar: premiar a algo o a alguien, permitir que ciertos entes extranjeros y sus empleados no tengan que pagar los tributos que, en circunstancias normales, sí lo deberían; incentivar a alguna empresa debido a las razones que sean, pero que se traducen en un beneficio neto para un ente en particular y que no necesariamente se otorga al resto de empresas o para que haya una mayor producción de ciertos bienes o servicios que se consideran “socialmente” convenientes (salud, cierta educación, etcétera).
Lo interesante es que, si un grupo de políticos considera viable otorgar tal privilegio, por la razón que sea, lo hacen así, pues, sin duda, que con ello intentan “comprar” el voto o apoyo político de los beneficiados. Esto es, el quid pro quo es bien claro: se les da la exoneración tributaria, a cambio de un apoyo al partido político o al gobierno que los ha otorgado. Una simple compra….
Creo que hoy nadie afirmaría que la situación fiscal del país es boyante. Hoy vivimos la presión de políticos, tanto en el Poder Ejecutivo, como en sectores del Legislativo y, no dudo, que, tal vez, hasta en el Judicial, pues también podrían beneficiarse con ellos, para gravar a los ciudadanos con nuevos y mayores impuestos. Por tal razón, uno esperaría que, si en verdad a esos políticos de turno les interesara sanear las finanzas estatales, las exoneraciones comentadas deberían ser excepcionales, rígidamente delimitadas y claramente definidas en su alcance, tanto en el ámbito de aplicación, como en la duración o vigencia de las mismas. Esto último significa se puede concebir alguna exoneración, como solución temporal a una situación que, de verdad, la requiere, pero no a otorgar una preferencia impositiva eterna a ciertas personas, entes o grupos, en comparación con quienes sí son eternos contribuyentes al fisco.
Informa el medio, en el comentario citado, que actualmente se tienen 1.292 indulgencias del pago de impuestos, generadas tan sólo a partir de 1953. En la última década, las exenciones se dieron a 133 beneficiarios nuevos. Lo peor es que fueron bridadas “en su mayoría, sin precisar cuáles tributos deseaba eximir, al determinar en los textos (de la ley) la exoneración ‘de todos los impuestos’ y no aclarar por cuánto tiempo tendría efecto su decisión ni sobre quiénes.” Estamos en presencia de un sistema de exoneraciones que ni siquiera define su alcance, sus beneficiarios ni su duración. Esto es, un libramiento de privilegios sumamente difuso, jugoso y extendido.
Los montos de las exoneraciones que se suelen consignar, obviamente señalan cuánto se habría recaudado si el estado no las hubiera otorgado y supone que la base, sobre la cual se otorgó, no habría disminuido si no se hubiera dicha exoneración. Así, la estimación cita no sería más que el monto mayor posible, pero, en verdad, dicho costo no incorpora los efectos que las exoneraciones pueden tener -buenos y deseables, así como malos e inconvenientes- sobre la economía como un todo. El costo pleno de la distorsión, así causada, ni siquiera se conoce; tan sólo cifras estimadas que dejan de ingresar al estado, al no cobrarse los tributos exonerados.
Según la información presentada, “se estima que las exoneraciones cuestan poco más de ₡1.427.197 millones al año (más sencillo: algo más de ₡1.4 millones de millones al año): un dato del 2015 que equivaldría al 4.96% del producto interno bruto (PIB) o 17.9% del Presupuesto Nacional de ese año.”
Un detalle interesante consignado en la información periodística es que “durante la administración Solís se registra la mayor proporción de exoneraciones indefinidas de la historia; es decir, las que pretenden eximir a un proyecto o entidad ‘de todos los impuestos’, sin especificar cuáles. Esta omisión está en el 84% de las exoneraciones de esta administración.” En justicia, la mayoría (27) de las 31 exoneraciones aprobadas en esta administración, “fueron propuestas antes de este mandato (de la administración Solís.)” Esto es, el desorden va hacia más atrás, como suele suceder con muchas cosas relacionadas con las políticas públicas del país.
De las 133 exoneraciones aprobadas por las administraciones Arias, Chinchilla y Solís, 65 no señalan los impuestos exonerados. Los beneficiarios principales son los siguientes: 27 a organismos internacionales o funcionarios de dichos entes, 26 a organizaciones sociales, religiosas o de interés público; 21 para el deporte y salud, educación, cultura y ciencia, 17 a empresas privadas y las 42 restantes a otras categorías, como empresas estatales e instituciones públicas, organismos financieros, infraestructura de energía y acueductos, diplomáticos y familiares y a toda la población.
Concuerdo en que algunas de estas exoneraciones podrían ser indispensables por el alto beneficio social que pueden tener, pero dudo que lo sean muchas de ellas. En todo caso, el que haya grupos, sectores o personas quienes gozan de tales exoneraciones, ante un estado que supuestamente maximiza, en lo posible, la recaudación impositiva, hace que, para compensar esos ingresos no percibidos de los exonerados, se carguen más impuestos a quienes ya pagan gravámenes (independiente de si las exoneraciones favorecen a unos a costa de otros).
Urge que se frene inmediatamente en la Asamblea Legislativa el otorgamiento de exoneraciones que incumplan con tres requisitos esenciales: que se definan los impuestos que se exoneran, que se indique taxativamente a quiénes se les otorgan las exenciones y por cuánto tiempo son otorgadas. Además, al implicar una reducción de ingresos tributarios, cualquier nueva ley que apruebe exoneraciones debería indicar cómo, de dónde, se obtendrán los recursos que permitan reponer los no percibidos. En general, es crucial que, en las circunstancias fiscales tan difíciles que tiene el país, se haga una revisión profunda de las 1.292 exoneraciones hoy vigentes, a ver si lo ameritan o no. No dudo que, al hacerse, habrá sorpresas muy interesantes.
Publicado en mis sitios de Facebook, jorge corrales quesada y Jcorralesq Libertad, el 28 de diciembre del 2016.